Argentina ha sido y es, dentro de la región, un campo de experimentación para las empresas transnacionales, y hoy coexisten, aquí y en gran parte del mundo, dos formas antagónicas y conflictivas de concebir lo agrario: las cadenas agroindustriales del agronegocio, y los sistemas alimentarios campesinos, indígenas y de la agricultura familiar que aspiran a la construcción de la Soberanía Alimentaria.

En este cuadernillo intentamos traducir la complejidad de estos sistemas antagónicos de producción, distribución y consumo de alimentos: descifrar sus principales características y dinámicas y, sobre todo, hilvanar los impactos concretos, materiales de esos sistemas en la vida de los pueblos.

Autores: Marcos Filardi y Fernando Frank
Coordinación: Patricia Lizarraga
Diseño e infografías: Sebastián Damen

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El propósito de escribir este libro es el de compartir, una parte, un fragmento de la historia de vida, trayectoria de más de 30 años, del Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo. 

“Prácticas emancipadoras hacia el Buen vivir, tiene la esperanza que se cumpla su utopía, el de ser conocido, compartido y multiplicado en las familias, en los grupos y las comunidades. Quiere acompañar las experiencias grupales y comunitarias en los territorios, valorizando las practicas saludables que circulan en los espacios locales, fortaleciendo las redes y movimientos que defienden y protegen a las/os cuidadores de la salud y la vida”. (Extracto del Prefacio)

 

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Red de Agricultura Orgánica de Misiones y Laicrimpo – Movimiento Nacional de Salud. 

Con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Este recetario nace inspirado en la calle, entre verdurazos y donaciones para comedores comunitarios, avanzado el otoño de 2020, en plena cuarentena por la pandemia del Covid 19. El material busca recuperar la calidad del alimento, la valorización de los productos locales y de las culturas culinarias de los países de origen de gran parte de las mujeres y hombres que producen y que cocinan en los barrios. 

Quiénes aparecen con sus recetas, son compañeros y compañeras de los barrios y de las ollas populares, las cocineras y los cocineros que compartieron sus recetas, para, sobre todo, para hablar y reflexionar sobre cómo nos queremos alimentar.

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Las centrales hidroeléctricas en la matriz eléctrica argentina representan un 27% de la electricidad consumida en el país. A partir de 1993, 19 centrales hidroeléctricas, representantes de casi 6 mil megawatts de potencia financiadas exclusivamente por las arcas estatales, fueron concesionadas a sociedades anónimas integradas por grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Son un activo neurálgico que define buena parte de los pilares de la seguridad energética y de la soberanía nacional. A continuación, una serie de argumentos de índole económica, ambiental-tecnológica, político-social y proyectiva que justifican el retorno a manos públicas.

Economía

-El Estado invirtió cerca de U$S 20 mil millones en la construcción de las centrales, concesión de las cuales los privados se hicieron por un monto menor que se aproxima a los U$S 2 mil millones. La renta bruta anual que recibe el conjunto de los concesionarios es cercana a montos que fluctúan entre los U$S350 y U$S400 millones. El Estado invirtió en su construcción y los privados recaudaron con su gestión.

-Las represas posee un promedio de amortización de 30 años, el Chocón o Cerros Colorados se hubieran recuperado en 2007 y 2010 respectivamente. Este hecho no sucedió debido a que para ese entonces ambas centrales ya registraban más de una década en manos de empresas privadas. Más llamativo es el caso de Piedra del Águila, cuya obra fue concluida en simultáneo con su privatización, lo que devendría en un plazo de amortización recién en 2023, cuando vence su concesión privada.

-En todos estos años, la renta hidroeléctrica no redundó en inversiones de peso en torno a fuentes energéticas que posibilitaran diversificar la matriz nacional, tampoco en el crecimiento de nuevas centrales hidroeléctricas.

-La privatización no contribuyó a la creación de un mercado abierto y a una reducción de tarifas, sino a un oligopolio energético-financiero, exportador de divisas.  

-Los vencimientos de esas concesiones se presentan como una oportunidad histórica para desandar los mecanismos de desregulación neoliberal en general y contribuir a la desprivatización del sistema energético en particular.

-Resulta preciso desandar el marco jurídico-político que regula la liviandad de mercado oligopólica de la argentina, y la despivatización contribuye a resituar activos estratégicos en este sendero.

 

Ambiente

-El cambio ambiental global se ve acompañado por el declive constante de la producción fósil que, en gran parte, lo produce, de modo que la cuestión energética reviste una importancia crucial ha ser manejado como un activo estratégico, de modo integral y de planificación de Estado.

-En este marco, se evidencia una creciente “electrificación” de las matrices energéticas, convirtiendo a la energía, principalmente a la “renovable”, en un recurso estratégico a ser integralmente gestionado con una visión de largo plazo y en manos públicas.

-Las represas son captadoras de energía en potencia, constituyendo un punto nodal a la hora de pensar el respaldo que podrían tener fuentes renovables no convencionales tales como la solar-fotovoltaica y la eólica, signadas por los problemas de la intermitencia.

-El país, más aun a partir de la estatizada IMPSA, posee capacidades tecnológicas para desplegar en el marco de la energía hidráulica.

-La gestión del agua y de las cuencas, a la luz de la pérdida de glaciares y a la bajante del rio Paraná a causa de la deforestación, se muestra notoriamente como un elemento presente y futuro que reclama una regulación pública.

-El manejo del agua es un recurso vital y estratégico de primer orden en condiciones de cambio ambiental global que no puede estar librado al arbitrio mercantil, al tiempo que este “bien común” es el “combustible” fundamental de las represas. 

-Las nuevas energías se producen a partir del flujo natural que recircula en la biósfera, lo cual lo convierte en un activo a ser considerado un patrimonio y que demanda una gestión estatal.

-El hecho de que hoy los criterios de erogación y regulación de los caudales sean definidos unilateralmente por los concesionarios conlleva el predominio de estrategias especulativas para con el recurso hídrico, obturando el desarrollo de otras actividades y generando, en ocasiones, múltiples trastornos aguas abajo.

-Desde un punto de vista ambiental, la retención de cuantiosos volúmenes de agua necesariamente altera el régimen hidrológico e hidráulico de las corrientes de agua, lo que transforma los ecosistemas y genera afectaciones en la producción y en los modos de vida de las poblaciones. 

Política

-En el marco del retiro general del Estado se transfirieron a manos privadas decisiones estratégicas, todo lo cual se expresó en fenómenos como la implosión de la exploración y explotación hidrocarburífera, y la producción de electricidad térmica, de rápida amortización.

-El proceso de concesiones llamaba a tener un rol destacado para los trabajadores, sin embargo hoy poseen una participación minoritaria en algunas centrales por medio del Programa de Propiedad Participada. Indudablemente podrían tener mayor influencia económica y de gestión en un futuro re-estatizado. Asimismo, se trata de resituar el trabajo en función de un empeño público, colectivo, antes que a la labor ofrecida a la ganancia de una empresa privada, particular.

-El carácter multipropósito de los complejos hidroeléctricos las coloca más allá de una simple infraestructura energética, pues también opera en una amplia red de servicios sociales, culturales, recreacionales y residenciales.

-Posibilidad de manejar la gestión de la energía de manera participativa bajo criterios ambientales, respetuoso de los territorios y con principios éticos de economía socio-ecológica.

-La órbita de incumbencia de las represas tiende a ser variada, siendo que las infraestructuras hidráulicas se hallan en terreno provincial, el recurso hídrico es inter-provincial y las obras son de concesión y financiamiento nacional, de modo que una potencial vuelta al estado obliga a la gestión mancomunada de diferentes escalas de gobierno

-Se presenta como un modo de revivir una necesidad estratégica de planificación energética abordada por el Estado, hecho que en la Argentina es de por sí débil. 

-La presencia decisiva del Estado en tanto representante público se asienta en que la energía es un derecho, un bien estratégico, y que para ser tratado como tal no debe considerarse un commodity.

 

Transición energética popular

-En este punto, la energía constituye un componente propio de la soberanía geopolítica, energética, ambiental, económica, tecnológica, y natural, al manejar un recurso como el agua

-Dado el discurso acerca de la supuesta restricción externa y a la ausencia de fondo para la inversión pública, la renta producida por la energía hidráulica desprivatizada podría ser de enorme importancia proveyendo recursos económicos para encarar una transición hacia fuentes renovables en el marco de una matriz energética fuertemente fosilizada como la argentina.

-La presencia de una mayor proporción de activos públicos en la cartera de gestión energética permite tener un mayor dominio y capacidad de acción al interior del sistema energético.

 

Podcast

El hecho de que la matriz eléctrica argentina esté  compuesta en un 27% de generación hidráulica coloca a las centrales  hidroeléctricas como activos fundamentales para la seguridad energética y  la soberanía nacional. Pese a ello, el gobierno  neoliberal de los noventa concesionó gran parte de ellas, favoreciendo  el negocio privado. A casi treinta años de ese episodio, en 2023  empiezan a caducar los contratos de concesión y la titularidad  revierte al Estado nacional.

En el marco de una investigación realizada por el  Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, este podcast busca  desandar los mecanismos de desregulación neoliberal, alumbrar las  posibilidades de desprivatizar el sector hidroeléctrico  y proyectar los beneficios de una gestión pública de la energía.

Locución: Bruno Fornillo
Grabación y edición: Colectivo La Tribu
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo

o en Spotify.

Artículos y contribuciones de Argentina, Brasil, Camboya, India, Italia, Filipinas, España, Estados Unidos y Zimbabue.

Los autores y las autoras de esta publicación presentan alternativas para los sistemas alimentarios y agropecuarios pos-COVID-19 desde una perspectiva política de izquierdas. Debaten las consecuencias de la pandemia prestando especial atención a los pequeños productores de alimentos, de cuyo trabajo depende la alimentación de la mayor parte de la población mundial, y a los trabajadores agrícolas invisibilizados que cultivan, cosechan y empaquetan la comida que se vende en supermercados y otros puntos de venta de alimentos. A través del registro de las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en nuestros sistemas alimentarios en diferentes regiones del mundo, esta publicación se propone explicar de manera global las características de los sistemas alimentarios y sus efectos, así como reflexionar sobre las experiencias y las perspectivas de las comunidades que han sido más duramente golpeadas en entornos rurales y urbanos.

La publicación es el resultado de la iniciativa colaborativa del Grupo de Trabajo sobre Políticas Agrarias de la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL). El contenido de esta publicación conjunta proviene de varias oficinas regionales de la FRL y de autores y autoras de diversos países, como Argentina, Brasil, Camboya, Alemania, India, Italia, México, Filipinas, Sudáfrica, Estados Unidos y Zimbabue.

El enfoque y el alcance son dobles. La COVID-19 dejó aún más al descubierto la inequidad y la gran concentración que caracterizan a los sectores de distribución y comercialización de alimentos. Por eso, los artículos que se presentan en esta publicación, en primer lugar, analizan las consecuencias de la pandemia de COVID-19 para el acceso a los alimentos y, en segundo lugar, examinan los modos en que la pandemia dejó al desnudo las profundas contradicciones de las cadenas agroalimentarias desde perspectivas múltiples. Los artículos observan las consecuencias socioeconómicas, los ataques a los trabajadores agropecuarios, las violaciones del derecho a la alimentación, la agresiva apropiación del sistema de producción y comercialización de alimentos por parte de las grandes corporaciones, los niveles de concentración en los sistemas alimentarios, la inequidad en la fijación de los precios de los alimentos, la incoherencia en las políticas alimentarias, y el papel del Estado y de las organizaciones sociales que producen y distribuyen alimentos. Cabe destacar que las experiencias de los movimientos sociales y las organizaciones campesinas durante la pandemia muestran que es necesario y posible crear sistemas alimentarios diferentes. En medio del desastre y la angustia que provocó la pandemia de COVID-19, surge un rayo de esperanza cuando se advierte que, para sostener la vida, las nociones de comunidad, cuidado y reciprocidad son esenciales. Los artículos ofrecen vistazos a los posibles sistemas alimentarios y agropecuarios pos-COVID-19 a través de la indagación de los pasos y estrategias que serían necesarios para promover este cambio. Además, los autores y las autoras revelan los riesgos y los peligros de la dominación corporativa en el ámbito de nuestros sistemas alimentarios.

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Esta serie reconstruye algunos de los debates que organizaciones y movimientos populares en América Latina están impulsando en torno a una transición socioecológica justa desde América Latina. El extractivismo, las políticas del capitalismo verde, las implicaciones de la transición energética corporativa para los territorios del Sur Global, contrastan con las experiencias populares de gestión comunitaria de bienes comunes, de los feminismos como herramienta para imaginar otras posibilidades de vida, producción y consumo alejadas del lucro y la violencia.

Las posibilidades de imaginarse una transición socioecológica desde los territorios latinoamericanos pasa por comprender la manera en la que la estructura de acumulación capitalista se ha afianzado en esta región. Así como también es relevante abordar los dilemas a los que nos enfrentamos al plantear esquemas sustentables, democráticos y populares para abastecer las necesidades de grandes poblaciones que históricamente han sido excluidas de la toma de decisiones y de derechos básicos como la alimentación, la salud, la autodeterminación, entre otros.

Por último, pensamos que estos temas tienen que formar parte de una discusión pública, por lo que esperamos que la información compartida en esta serie pueda servir de apoyo para la formación y debates que desde las izquierdas plurales convocan cada vez más a una salida desde el Sur Global a la crisis civilizatoria y ecológica que enfrentamos.


EP: 01 “Chile como prisma para el análisis del modelo energético-extractivo”

La coyuntura política que detonó el estallido popular en octubre de 2019 en Chile derivó, plebiscito mediante, en la conformación de una Convención Constituyente para ponerle fin a la Constitución impuesta por la última dictadura y darle paso a la elaboración de una nueva Carta Magna. 

Este proceso abrió paso, entre otras cosas, a alternativas y cambios necesarios para la construcción de escenarios post fósiles que promuevan la desmercantilización de los bienes comunes y su posibilidad de comprenderlos desde una perspectiva feminista y anticapitalista.

Junto a Francisca Fernández Droguett, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y Lucio Cuenca, director de OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, en este primer episodio analizaremos los avances del extractivismo minero energético en Chile, su relación con la propuesta de transición energética y la defensa de los territorios.

Puedes escucharlo en Spotify y Anchor FM.

Producción: Carla Vázquez Mendieta y Elisangela Soldateli Paim
Locución: Flavia Medici
Guión y realización: María Eugenia Waldhüter

Este primer episodio retoma los debates abordados en el último encuentro de la Red Energía y Poder Popular en América Latina. Este espacio fue impulsado por organizaciones de Argentina, Chile y Uruguay que luchan por la soberanía energética desde perspectivas de izquierda y que desde 2018 se reúne para pensar las claves de una transición energética popular. En el encuentro de 2021 se amplió la convocatoria a organizaciones del resto de los países de América Latina.


EP: 02 “Transiciones socioecológicas: dilemas y debates”

Sandra Rátiva Gaona es doctorante en sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y forma parte de la Cooperativa Onergía en México. Bruno Fornillo es investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires e integra el Grupo Geopolítica y Bienes Comunes en Argentina.

Sandra y Bruno nos aportarán en este episodio las claves para comprender de qué hablamos cuando hablamos de transición socioecológica en y desde América Latina. Desde allí también reflexionan sobre el modelo energético, sus límites y necesidades de cambiar el actual sistema de producción y consumo impuestos por el capitalismo.

Producción: Carla Vázquez Mendieta y Elisangela Soldateli Paim 
Locución: Flavia Medici
Guión y realización: María Eugenia Waldhüter 

 

La serie de podcasts “Energía y Poder Popular en América Latina” cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.


EP:03 «Hidrógeno verde, mercancía energética y falsas soluciones»

Debido a su versatilidad de fuentes y utilidades para el consumo el Hidrógeno es promocionado por el lobby energético como la promesa de energía limpia y el camino hacia la descarbonización. Por sus cualidades el Hidrógeno se puede reconvertir en electricidad o combustible, tal es el caso del Hidrógeno Verde, una de las variantes de producción más difundidas actualmente por el mercado energético.

¿Pero es tan verde y limpio como se lo promociona? En este contexto, ¿la descarbonización es posible o se trata de una fantasía?

 

 

Periodistas de todo el país, organizados sindicalmente, analizan las estrategias informativas de los medios de comunicación, el avance del extractivismo y de las grandes empresas sobre la soberanía de los bienes comunes.

Para la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (Fatpren) este material es parte de un trabajo conjunto entre la Fundación Rosa Luxemburgo y quince periodistas afiliades a ocho sindicatos de prensa de diferentes regiones del país (Comodoro Rivadavia, Esquel, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Salta). El dossier es una novedad y un valor en sí mismo. Constituye un salto cualitativo en nuestro foco de interés, porque los debates e intercambios entre trabajadores y trabajadoras de prensa sindicalizados, las instancias de coordinación y articulación, en general se limitan a lo estrictamente gremial: las paritarias o a la vida institucional de cada organización. Con la pandemia y la virtualidad, los cursos de capacitación federales permitieron nuevos intercambios de carácter profesional. La defensa de la libertad de expresión y la lucha por democratizar el acceso a la información también son cuestiones que para nuestra actividad tienen una importancia no sólo en lo relativo a la disputa profesional sino además político-sindical, en la que muchos sindicatos de prensa intervienen cotidianamente.

Esperamos que el conjunto de estos materiales sea un pequeño aporte para disparar nuevos debates y estrategias en pos de la defensa de la libertad de expresión como valor colectivo y de un periodismo libre de presiones políticas, económicas y junto a las luchas de nuestro pueblo.


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El gobierno argentino llega alineado con el agronegocio a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas. Aunque la convocatoria diplomática internacional propone, en lo discursivo, “introducir cambios” en el modelo agropecuario, la Cancillería y el Ministerio de Agricultura adoptaron las propuestas del sector empresario con nula participación de pequeños productores, campesinos e indígenas. Los cambios de Gabinete no modifican la posición.

 

Foto: MNCI-Somos Tierra

Por Nahuel Lag | Agencia Tierra Viva

“Fortalecer los Sistemas Alimentarios para el Desarrollo Sostenible”. Con ese título, la Cancillería, encabezada por el ex canciller Felipe Solá, convocó en mayo pasado a tres jornadas de “diálogos” preparativos para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios que ocurrirá este jueves 23 de septiembre. El 14 de septiembre, en su último llamado a la acción, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló de “introducir cambios en nuestra manera de producir, procesar y consumir los alimentos” y destacó el “notable proceso de participación” del encuentro que ocurrirá en paralelo a la Asamblea General. Las conclusiones de los diálogos ocurridos en la Argentina no se hicieron públicas ni tampoco se conocieron las organizaciones invitadas. A través de un pedido de información pública, Agencia Tierra Viva accedió a los lineamientos surgidos de esos encuentros, que guiarán el debate de la Argentina en la Cumbre: intensificar el modelo agroindustrial con biotecnología y “agtech”; cuestionar el impacto de la ganadería intensiva en la crisis climática y ausencia de las propuestas de los movimientos campesinos e indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil que promueven una transición a la agroecología.

A pesar del énfasis puesto en la comunicación oficial de la ONU para señalar a la Cumbre como “culminación de un proceso global inclusivo”, las denuncias sobre la exclusión del debate y falta de transparencia hechas por los movimientos campesinos, indígenas y de la sociedad civil fueron una constante a lo largo del proceso “participativo” iniciado a fin de 2020. La Vía Campesina y el Relator sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Michael Fakhri, lo hicieron desde un inicio, poco después de que la convocatoria surgiera como parte de un denunciado acuerdo con el Foro Económico Mundial. La otra voz que se alzó contra la organización de la cumbre y decidió desistir de participar de los encuentros oficiales, que se desarrollarán exclusivamente de forma virtual, fue el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas —que integra la estructura del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO—. En julio pasado, cuando se dio la PreCumbre, lanzó la campaña “Sistemas Alimentarios para los Pueblos”, con un duro posicionamiento. En estos días se continuarán desarrollando actividades en oposición a la cumbre.

La posición de la Argentina —conducida por el ex canciller Felipe Solá hasta el fin de semana pasado— no desentonó con las denuncias globales sobre la cooptación de los actores corporativos del agronegocio. Los “diálogos” convocados en mayo como parte de la organización de la Cumbre fueron anunciados, pero no así las organizaciones que participaron ni las conclusiones alcanzadas como parte de los ejes que el país llevará a la cumbre. Esta Agencia solicitó varias veces esa información a la Cancillería, pero solo tuvo respuesta a través de un pedido de información pública.

El resultado de los diálogos son 13 páginas de apuntes sueltos de las jornadas realizadas los días 18, 19 y 21 de mayo, pero en los que se nota la fuerte impronta del sector del agronegocio en los tres ejes propuestos por la Cancillería, a tono con el “greenwashing” (lavado de imagen) que denuncian quienes han decidido no participar de la cumbre:  «El futuro del sistema agroalimentario argentino: oportunidades y desafios», «Prácticas y experiencias de producción sostenible para compartir con el mundo» y «Sistemas alimentarios sostenibles para dietas saludables».

La lista de invitados para los diálogos se trató de medio centenar de cámaras empresarias del sector agroalimentario —como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la Cámara Argentina de Feedlot, y asociaciones y cámaras de cítricos, yerba y vino, entre otros. También participaron representantes de la Mesa de Enlace —como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)—  y asociaciones referentes del actual modelo del agronegocio, como la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociación de la Cadena de Soja Argentina (Acsoja) y Maizar. El sector cooperativo solo estuvo representado por la Asociación Cooperativas Argentinas (ACA). En la lista de convocados al “diálogo” es total la ausencia de los movimientos campesinos e indígenas, las organizaciones sociales y académicas que impulsan la agroecología.

Los objetivos del mismo desarrollo

 

Según la convocatoria del Secretario General de la ONU, la cumbre debería brindar las soluciones para un cambio en los sistemas alimentarios que permitieran avanzar en la concreción de los Objetivos de Desarrollo 2030 y saltar la crisis alimentaria profundizada por la pandemia de Covid-19. Abordar el hambre, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad está en la esencia de los objetivos mencionados. La FAO, en su documento de cara a la Cumbre, reconoció que “el número de personas que padecen hambre ha aumentado en los últimos cinco años y actualmente asciende a 811 millones de personas”.

Sin embargo, y a pesar de emitir un reciente documento para impulsar legislaciones que favorezcan la agroecología en América Latina, la FAO es denunciada por su vínculo con corporaciones como Google, Amazon y Microsoft para acaparar la incorporación de las tecnologías en el agro. “Tecnología, innovación, datos y ‘complementos’”, es la propuesta de la FAP para la Cumbre.

El documento surgido de los “diálogos” en la Cancillería argentina se manifiesta a tono con la defensa del actual modelo y su profundización a través de la incorporación de tecnología. Entre las líneas de acción hacia la cumbre se pueden leer varios fragmentos que rechazan cualquier salida del agronegocio. “El camino que plantea la Cumbre ya lo venimos recorriendo. El proceso empezó en la Argentina a mediados de los años 80, a partir del interés por mejorar los suelos y un progreso importante fue la introducción de la siembra directa (SD) y luego con la sustitución de agroquímicos a través de semillas mejoradas. Hoy, el 90 por ciento de la producción se realiza con SD y un gran porcentaje de la producción con semillas que permiten reducir el uso de agroquímicos”, señala el documento de Argentina.

El análisis sin cuestionamiento al actual modelo planta bandera en el documento surgido de los “diálogos”, a pesar de ser contradictorio con los datos reales sobre sustentabilidad de los suelos, el incremento de uso de agroquímicos y la innovación en semillas como el trigo transgénico HB4, que trae aparejado el uso de agrotóxicos más potentes, como el glufosinato de amonio.

Además el documento plantea una mirada crítica respecto de las posiciones que pueden traer los países europeos, donde se avanza en las prohibiciones del modelo atado al paquete químico, y se pone como objetivo: “Contrarrestar una visión en exceso europea en el marco de la Cumbre y reforzar una visión desde otros contextos geográficos como el que nosotros representamos”.

¿Y cómo sería esa visión? Un modelo agroexportador de commodities que se refleja en apuntes como “consensos públicos-privados que permitan un mejor acceso a los mercados internacionales” y reivindicar las alianzas con países productores de soja como Estados Unidos y Brasil. En este sentido, el documento expone el tono de los diálogos y la defensa del modelo agroexportador por encima del objetivo de paliar el hambre con alimentos saludables.

“El enfoque de Naciones Unidas, en particular de la Cumbre, parece estar orientado a modificar las dietas alimentarias en el mundo. Se considera, en cambio, que la Cumbre debería priorizar el acceso a los alimentos en calidad y cantidad, es decir priorizar la ‘seguridad alimentaria’. Para ello se deben fomentar modos de producción que atiendan la sostenibilidad en los tres pilares: social, económico y ambiental, así como modos de comercialización donde el comercio internacional juega un rol central”, sostiene.

“Nuestra economía necesita dólares. Nuestra producción necesita ser sustentable (siembra directa y producción de bajo impacto)”, insisten en el diálogo del sector del agronegocio, entre otras reflexiones, respecto de un modelo cuestionado sobre su posible sostenibilidad, pero que se defiende sin ocultamientos en el documento: “Se deben eliminar algunos prejuicios sin bases científicas que limitan el desarrollo. Las regulaciones se deben basar en el conocimiento científico y no en cuestiones ideológicas o en intereses sectoriales”.

Y se deja en claro el camino que respaldan las cámaras empresarias para continuar profundizando el actual sistema alimentario: “Incrementar la eficiencia productiva de todo el sistema agroalimentario tanto en lo productivo como en el comercio. Hay que destacar los avances en materia de edición genética y defender el uso de la biotecnología ante los mercados que la cuestionan”. Agricultura digital, con tecnologías blockchain (software para el manejo del campo), para la aplicación de agroquímicos y fertilizantes. Ese es el modelo a futuro que surge de los representantes del agronegocio convocados a los diálogos de la Cancillería de cara la Cumbre.

El ex ministro de Agricultura Luis Basterra sostuvo la postura del agronegocio – Foto: Telam

Una posición oficial previsible a favor del actual sistema alimentario

 

La crisis política generada por el resultado de las elecciones de las PASO decantó en cambios en el Gabinete que inciden en el debate sobre el futuro de los sistemas alimentarios. La Cancillería y el Ministerio de Agricultura son las carteras claves involucradas en estos debates. Felipe Solá fue reemplazado por Santiago Cafiero, tras su salida como jefe de Gabinete; mientras que en Agricultura el nuevo ministro es Julián Domínguez —quien ya ocupó ese rol entre 2009 y 2011— en reemplazo de Luis Basterra. En su primera intervención pública Domínguez anunció “Necesitamos incrementar la producción y calidad con menor huella ambiental, sanidad e inocuidad”.

El objetivo de incrementar la producción fue cifrado en 70 millones de toneladas de soja. El flamante Ministro eligió para su primera aparición pública un conversatorio de la  Asociación de la Cadena de Soja Argentina (Acsoja) —organización presente en los “diálogos” organizados por la Cancillería—. El modelo atado al paquete agroquímico y las semillas transgénicas persiste y Domínguez se encargó ayer de reafirmarlo: «Esta agricultura moderna nos permite mostrar resultados frente al dilema de la seguridad alimentaria, y de atención de múltiples mercados y demandas». La elección de la palabra «seguridad alimentaria» y no «soberanía alimentaría» marca la continuidad de la política agropecuaria.

El Gobierno dejó un camino de pistas sobre su posición. Antes de la Cumbre hubo dos debates claves dentro del sistema ONU. Se trató de la aprobación de las Directrices Voluntarias sobre los Sistemas de Alimentación y Nutrición, un debate de cuatro años en el que la Argentina actuó en bloque con los países agroexportadores para bloquear cualquier posibilidad de cambio. En ese debate, la posición oficial fue solicitar ajustar los parámetros de “inocuidad alimentaria” al sistema de comercio internacional —permisivo con los residuos de agrotóxicos— y minimizar el rol de los mercados de producción local para la agricultura familiar.

El otro debate fue el de las “Recomendaciones políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores”. Allí la oposición de la Argentina también fue en bloque con el resto de los países agroexportadores y se notó desde el título de un documento que debía debatir sobre “agroecología” y se forzó a poner “otros enfoques innovadores”, para poder incorporar allí el mercado de las Agtech (nuevas tecnologías del agronegocio). En mayo pasado, pocos días antes de que la Cancillería convocara a los “diálogos” preparativos para la cumbre, una carta firmada por 2600 organizaciones solicitó a Solá y Basterra un cambio de posición.

Basterra tuvo su último participación en torno a la cumbre en julio pasado, cuando viajó a Roma para la PreCumbre organizada por la ONU. Allí la posición del Ministerio de Agricultura fue otra vez actuar en bloque con los países agroexportadores para mantener el diseño del actual sistema alimentario. La posición se consolidó en una presentación conjunta a través del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El documento conjunto resalta que en materia de “estrategias de producción y asuntos ambientales” se debe avanzar en el “aprovechamiento de las innovaciones en ciencia y tecnología, la digitalización y la bioeconomía, entre otros aspectos”.

Todas estas negociaciones estuvieron comandadas por el subsecretario de Coordinación Política, Ariel Martínez, y por el embajador argentino ante la FAO, Carlos Cherniak, quienes hasta el momento continúan en sus cargos. Martínez acompañó el viernes pasado a Basterra en su último acto oficial como funcionario. Fue en la cumbre de Ministerio de Agricultura del G20 en Florencia, Italia. En su intervención, el subsecretario de Coordinación Política resumió la posición del Gobierno: «En Argentina, estamos convencidos que nuestros sistemas son parte de la solución, no del problema, aun cuando haya cosas por mejorar.»

Protesta frente a la cancilleria.
Manifestación frente a la Cancillería por sus políticas a favor del agroneogcio – Foto: Subcoop

 

Sin voz para otro modelo

 

Mientras 2600 organizaciones decían presente en una carta pública para pedir al Gobierno un giro hacia la agroecología, la Cancillería no registraba la existencia de esas organizaciones en sus “diálogos” para la Cumbre. En la lista de convocados a las que accedió Agencia Tierra Viva solo se registran dos excepciones a la amplia convocatoria centrada en el actual modelo del agronegocio.

Una es la del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), presidido desde marzo de 2020 por el coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Nahuel Levaggi, que impulsa un modelo de producción agroecológico, con acceso a la tierra para los pequeños productores y la creación de mercados de cercanía con alimentos sanos y a precio justo del productor al consumidor. Sin embargo, desde la UTT confirmaron que -a pesar de figurar en la lista- no existió participación en esas jornadas de “diálogo”.

La otra excepción de la lista es la del Movimiento de Productores Orgánicos (MAPO), lo que explica que en solo un párrafo de 13 páginas de conclusiones figure la palabra “Agricultura regenerativa”. La palabra “agroecología” está ausente en todo el documento, a pesar de que el Gobierno creó bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, la Dirección de Agroecología.

Entre las pocas concesiones a otros modelos de producción presentes en el documento figura en algunos apuntes como “transición hacia la sostenibilidad en los sistemas productivos”, sobre los que se marca “deben ser graduales” y ponen en el plano de “alternativo” el fomento a las cadenas cortas de comercialización, aunque se reconoce “los aspectos positivos en las dimensiones ambiental, social y económica”.

Al hablar de “dietas saludables”, la impronta marcada por los sectores del agronegocio en el documento otorga esas tareas a la educación y las iniciativas individuales, disociadas de un modelo productivo integral. “Se indicó la importancia de generar huertas en las familias y la capacitación en las escuelas para lograr hábitos saludables para, en alguna medida, complementar la nutrición y la seguridad alimentaria”, concede el documento elaborado por la Cancillería.

Y tampoco se escapa de un debate demorado y transversal a los sistemas alimentarios. “Se remarcó la relevancia de avanzar en un sistema de rotulado frontal en favor de una alimentación saludable”, se reconoce en el documento, donde también se olfatea la presencia de la Copal en aclaraciones cómo “informe adecuadamente sobre las características de los alimentos sin demonizarlos”, frase usado por el lobby de la industria alimenticia que aún resiste la aprobación de la Ley de Etiquetado en el Congreso.

¿Qué Cambió Climático?

 

En otra de sus expresiones al convocar la Cumbre, António Guterres señaló la necesidad de modificar los sistemas alimentarios por tratarse de «una de las principales razones por las que no nos mantenemos dentro de los límites ecológicos de nuestro planeta». Las razones fueron claramente expuestas en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y enumeradas por Guterres: emiten alrededor de un tercio de los gases de efecto invernadero; causan la deforestación y provocan alrededor del 80 por ciento de la pérdida de biodiversidad. El principal gas de efecto invernadero emitido por los sistemas alimentarios está en la ganadería, en particular, la ganadería intensiva: se trata del metano.

Los representantes del agronegocio argentino convocados por la Cancillería rozan el negacionismo. Los documentos preparativos para la Cumbre cuentan con reflexiones como: “Hay que propugnar en ámbitos internacionales, como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climatico (IPCC), por el uso de sistemas de medición de capturas de carbono y no solo de emisiones, lo que contribuiría a limitar la hostilidad contra el comercio y consumo de carnes. Que el metano no se considere como equivalente a dióxido de carbono”.

La idea de “huella de carbono” y “huella hídrica” propuesta por los representantes del agronegocio ponen como ejemplo a la industria forestal que busca sistemas de compensación, pero no de reducción de emisiones. La política es conocida como el “cero neto” y es una estrategia impulsada por la industria petrolera. Según el último inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) local, en la Argentina un 37 por ciento de las emisiones provienen de la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, mientras que el 53 por ciento proviene del sector energético.

“Es necesario que se modifiquen los sistemas de medición en ganadería, que solo consideran emisiones de GEIs y no el secuestro de carbono. En ese caso, el balance sería positivo. Se debe considerar el ecosistema en su conjunto y no solo a la producción animal”, insisten los representantes del agronegocio en el documento de la Cancillería y agregan en otro apartado: “Tenemos muchas demostraciones de que la Argentina tiene muchos servicios ecosistémicos. Lo importante es quién y cómo los miden”.

La misma posición se sostiene en torno a los impactos del modelo de agricultura intensiva atada al paquete agroquímico. “Es necesario revertir una imagen negativa que no tiene fundamentos sólidos, evitando la difusión de falacias o verdades a medias”, señalan. E incluso proponen como objetivo de debate en la Cumbre “armonizar criterios en lo que se considere ‘positivo para la naturaleza’”.

La preocupación por demostrar “sostenibilidad” tuvo un bloque de debate especial a lo largo de las tres jornadas convocadas y se denominó «Prácticas y experiencias de producción sostenible para compartir con el mundo». ¿Qué experiencia se destacaron? La Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (PBA), la Plataforma Agroideal y el Acuerdo entre las estatales INTA y Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con las asociaciones Aapresid y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). Aapresid y Aacrea —pilares del actual modelo de paquete químico— figuran como “referencia” en el documento en los segmentos en los que se puntean las conclusiones respecto de la “producción sostenible para compartir con el mundo”.

Otra referencia particular es una dirección web creada por la ONG estadounidense The Nature Conservancy, que participó de los “diálogos”. La web ofrece datos digitalizados sobre los biomas de la Amazonía y del Chaco argentino para la producción de soja y ganadería. En los últimos 20 años, la Argentina perdió 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos por el avance de la frontera sojera y ganadera. El 87 por ciento en la Región Chaqueño, el segundo foco de desmonte más grande de Sudamérica (luego del Amazonas).

El 23 de septiembre será el momento de la cita en la ONU. La promesa es una “cumbre popular y cumbre de soluciones, que ha reconocido que todos, en todas partes, deben actuar y trabajar juntos para transformar la forma en que el mundo produce, consume y piensa sobre los alimentos”. La Argentina no muestra señales para ir hacia ese camino.

 

 

 

* Este artículo forma parte de la serie «Recuperando la narrativa de los sistemas alimentarios», que cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

La pandemia expuso las debilidades del actual sistema alimentario, que la Cumbre convocada por la ONU promete profundizar junto con las empresas. Especialistas y activistas de la agroecología y la soberanía alimentaria desarman la situación actual y muestran las estrategias que ya están en marcha desde abajo para modificar el modelo en la postpandemia.

Por Nahuel Lag | Agencia Tierra Viva

En su último informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, Naciones Unidas (ONU) reconoció que durante la pandemia 811 millones de personas no accedieron a alimentos suficientes y dio por hecho que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 sobre “Hambre Cero” quedará incumplido. A pesar de este reconocimiento, el 23 de septiembre, el organismo internacional promoverá una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios con la que promete avanzar en aquellos objetivos profundizando el actual sistema alimentario, atado a las políticas corporativas de la “Revolución Verde” promocionada desde los años 60. El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, ofrece una mirada global sobre las presiones de esa política corporativa alrededor del mundo y las estrategias surgidas desde el campesinado y los movimientos de la sociedad civil para enfrentar la pandemia del hambre. Una voz que no será escuchada en la Cumbre.“Necesitamos que se apoye el movimiento sin tierra para que se puedan producir alimentos y comidas saludables. Necesitamos este cambio, cambiar la matriz de producción”, sostuvo Matheus Gringo de Assunção —economista, militante del Movimiento Sin Tierra (MST) e investigador del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales— durante la presentación del libro en el ciclo de charlas  “Nuestra comida, nuestra historia: recuperando las narrativas de los sistemas alimentarios”, organizadas por la Fundación Rosa Luxemburgo para respaldar a las organizaciones campesina, indígenas y movimientos sociales que ya se pronunciaron (contra la Cumbre de la ONU) bajo el lema “Sistema Alimentarios para los Pueblos”.

“Si lo que se plantea en la Cumbre va en contra de los derechos de las personas: no será justo. No va a parar el hambre y no va a respaldarnos como sociedad”, sentenció Qiana Mickie, fundadora y activista en organizaciones de economía solidaria en Nueva York, Estados Unidos, e integrante del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) ante el Comité de Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), una de las principales plataformas desde donde se denuncia lo que ocurrirá en la Cumbre de fin de mes. “No se trata tanto de lo que hablen en la Cumbre si no lo que realmente hace falta. Si los recursos de los Estados siguen yendo a las transnacionales y los privados solo veremos efectos devastadores para el ambiente, la salud y la marginalización de nuestra sociedad”, completó.

El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, editado por la Fundación Rosa Luxemburgo, utiliza la pandemia como catalizador de la crisis de los sistemas alimentarios al señalar cómo puso “al desnudo la fragilidad y las profundas contradicciones del modelo dominante de agricultura y alimentación” —las violaciones del derecho a la alimentación, los niveles de concentración en los sistemas alimentarios, la fijación de precios injustos de los alimentos, las políticas alimentarias incoherentes—. Temas que no aparecerán con la voces de los territorios en la Cumbre convocada por la ONU en alianza con el Foro Económico Mundial y las empresas tecnológicas.

Pero la publicación no se queda en la denuncia sino que reconoce cómo la pandemia potenció las respuestas en defensa de la soberanía alimentaria: “También ha creado el ímpetu para solidaridad entre diferentes clases de personas en todo el Sur y el Norte global”, se destaca en el libro sobre las experiencias de los movimientos sociales y las organizaciones campesinas que sirven como guía hacia otros sistemas alimentarios.

Asegurar el derecho a la alimentación, cuenta pendiente del actual sistema alimentario 

El libro está dividido en tres grandes ejes —“El empuje hacia una opresión. Futuro sombrío y respuestas desde abajo”; “Las políticas deben estar al servicio de las personas: la lucha por los derechos a la tierra y la alimentación” y “Respuestas desde abajo: reimaginando redes entre lo urbano y lo rural”— que permiten hacer un repaso de lo global a lo local sobre las luchas campesinas, indígenas y de la sociedad civil por otro sistema alimentario frente a una política global corporizada, que la Cumbre de los Sistemas Alimentarios propone profundizar.

Las miradas críticas y propositivas de los artículos del libro provienen de los trabajadores de la tierra, de especialistas en agroecología, de movimientos de la sociedad civil de Asia (India, Filipinas y Camboya) y de América (Argentina, Brasil y Estados Unidos).  “Muchos de los actuales sistemas alimentarios y agrícolas del mundo necesitan ser transformados en favor de las personas, el medio ambiente y el clima”, afirmó Patricia Lizarraga, coordinadora de proyectos de Rosa Luxemburgo en Buenos Aires, en la apertura del webinario virtual.

“El Covid-19 puso de manifiesto, además, que la distribución y comercialización de alimentos está muy concentrada y es poco equitativa”, sentenció Lizarraga, quien también es autora de uno de los capítulo del libro “Solidaridad de clase en la lucha contra el hambre”, junto a Matheus Gringo de Assunção.

En ese capítulo repasan lo que en las conclusiones señalan como “los increíbles ejemplos de solidaridad en la brecha urbana y rural que aseguraron el acceso a los alimentos nutritivos para millones de personas” durante la pandemia de coronavirus. Las experiencias relatadas en ese capítulo son las de “Periferia Viva” —una red solidaria creada entre movimientos sociales de Brasil para garantizar el acceso a alimentos durante la crisis generada por el Covid-19— y la Red de Comedores para una Alimentación Soberana, impulsada por la  Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y que unió a 200 organizaciones populares para abastecer de alimentos agroecológicos a los comedores populares.

“La pandemia fue un problema extra a la crisis económica, social y medioambiental que se incrementó en los últimos años. Las medidas de cuidado que se pusieron en práctica eran necesarias para proteger la salud, pero profundizó la crisis en América Latina. En Argentina y Brasil los números son similares, el 40 por ciento vive en pobreza o extrema pobreza”, analizó Gringo de Assunção sobre la urgente crisis alimentaria.

El militante del MST indicó que en Brasil las redes solidarias fueron imprescindibles frente al desmantelamiento de los programas de alimentación por parte del presidente Jair Bolsonaro, a diferencia de la Argentina donde se relanzaron políticas de asistencia alimentaria, pero marcó otro problema que afecta a ambos países: “La industria agroalimentaria está en manos de las multinacionales y eso convierte a los alimentos en objeto de los inversores y tiene un efecto en los precios”.

La otra experiencia relatada en el libro muestra cómo la pandemia de Covid-19 amenazó la seguridad alimentaria también en Nueva York, en el corazón financiero de la potencia económica y agrícola. En los barrios pobres del Bronx, Qiana Mickie —fundadora de QJM Multiprise e integrante de organizaciones de economía solidaria como Farmers Market Coalition, South Bronx Farmers Market— fue parte de las redes tejidas entre los pequeños agricultores y las comunidades relegadas, que formaron largas filas día tras día para recibir una ración de comida en medio de las políticas de encierro, el incremento de los precios de los alimentos y la pérdida de puestos de trabajo. Un espejo de lo ocurrido a nivel mundial.

“En Harlem vemos cómo las personas mayores y niños en edad escolar están en una situación de inseguridad alimentaria. Entre los niños, alcanza a uno de cada cuatro. El impacto es mayor en ellos, en las personas mayores y en los pueblos indígenas”, describe Mickie y advierte que no es solo un fenómeno urbano ver a filas de personas haciendo colas bajo la lluvia para llevarse un bolsón de alimentos sino que “en las áreas rurales también sucede”.

“Lo que tenemos que buscar son soluciones de largo plazo, modificar el sistema alimentario, potenciar los sistemas de pequeños agricultores y cooperativas. No es posible superar el hambre con obras de caridad”, sentenció la activista e integrante del comité de coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) ante el Comité de Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria (CSA).

Políticas públicas a favor de las corporaciones o sistemas alimentarios más justos

Las redes solidarias de pequeños productores con la sociedad civil organizada en las ciudades son la respuesta a un problema de base y de escala global, pero para poder asegurar alimentos sanos para la población los pequeños productores campesinos e indígenas deben tener asegurado el acceso a la tierra o la posesión de sus tierras ancestrales. El libro expone esta problemática global a partir del capítulo  “El papel del Estado en Garantía del Derecho a la Alimentación”, escrito por el especialista indio PS Vijayshankar, experto en agricultura sostenible y cofundador y director de investigación de Samaj Pragati Sahayog (SPS).

Vijayshankar escribe sobre la producción de alimentos en la India en un momento crítico. Las políticas neoliberales del gobierno de Narendra Modi le abren las puertas a las empresas multinacionales para el control de la producción, comercialización y fijación de precios de los alimentos, alejando el rol histórico que mantuvo el Estado indio en la regulación de las compras, almacenamiento y distribución de los alimentos producidos por los pequeños productores. Lo que generó movilizaciones históricas para frenar las políticas a favor de las corporaciones de la industria alimenticias y respaldadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para eliminar las subvenciones estatales.

Durante la pandemia el Estado se ha retirado de muchas actividades y la protección legal de los pequeños productores es cada vez peor. Muchas multinacionales están interviniendo directamente en la producción con el arrendamiento de tierras”, resaltó Vijayshankar sobre el avance corporativa en la India y agregó que también alcanza a la regulación de precios y el sistema de financiamiento: “Las grandes corporaciones están fijando los precios, con objetivos de explotación para los pequeños productores, que poseen pequeñas parcelas y, en muchos casos, deben tomar préstamos de las propias corporaciones para seguir produciendo”.

El especialista y docente sostiene que el rol del Estado para proteger a los pequeños productores y la producción de alimentos para la sociedad se hizo evidente y confió en que la lucha social continuará: “La seguridad alimentaria se ha conseguido mediante la presión popular y no queremos se dé marcha atrás”.

Vijayshankar resaltó además la importancia de que los pequeños productores avancen hacia formas de cooperativismo para “tener una posición más fuerte de los pequeños agricultores frente al mercado”. “Desde los años 60 se busca imponer una agricultura a gran escala e intensiva —la llamada “Revolución verde”—. Eso es lo que hay que poner en discusión y reformar”, sostuvo el especialista indio y docente universitario.

El modelo para hacer frente al actual modelo hegemónico impuesto por las corporaciones, la OMC y los Estados es con acceso a la tierra y fomento a la agroecología, plantea Vijayshankar. “La reforma agraria, la tenencia de la tierra es fundamental para cualquier cambio, poder tener los títulos de los agricultores que las tienen de forma ancestral”, asegura y agrega que un modelo que frene la sobreexplotación de los suelos y el agotamiento de las aguas debe estar asociado a la agroecología y a los modelos locales ancestrales.

Las estrategias, la resistencia, otro modelo alimentario 

El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, permite abrir ventanas al mundo, observar cómo las peleas por otro modelo de producción enfrentan las mismas políticas corporativas, y regresar a la realidad regional. “Las personas que producen los alimentos que terminan en los platos de la población brasileña se ven atacados, perseguidos por los empresarios del agronegocio y por el gobierno de Bolsonaro, que suspendió cualquier proceso que lleve a la reforma agraria. Y legalizó el acaparamiento de tierras”, denunció Gringo de Assunção.

Brasil sintetiza la crudeza del actual sistema alimentario. El nivel de deforestación del Amazonas avanzó hasta un 40 por ciento de su superficie total para ampliar la frontera de los cultivos de soja que van a alimentar la producción ganadera y la exportación de commodities. Los que sufren el avance de esa frontera agropecuaria de forma inmediata y violenta son las comunidades indígenas y campesinas, pero el impacto de la deforestación del Amazonas genera consecuencias globales, entre ellas, las sequías y bajantes de los ríos, como ocurre en el Río Paraná.

En paralelo, Bolsonaro eliminó los programas de alimentación denominados “Hambre cero” —uno de los objetivos propuestos por la ONU y que admitió que incumplirá— que no solo ofrecían asistencia alimentaria si no que eran una política destinada a los pequeños productores a partir de la compra pública para abastecer organismos estatales y hospitales públicas con alimentos agroecológicos. “Desde 2016 esos programas quedaron desfinanciados. Habíamos llegado a cubrir el 30 por ciento de las escuelas del país con alimentos sanos provenientes de la agricultura familiar”, destacó el integrante del MST.

“Bolsonaro frenó cualquier tipo de reforma agraria y nos llevó a una situación en la que no hay acceso a la tierra, pero tenemos un movimiento de resistencia activo, somos el primer frente contra las políticas neoliberales que propone”, reivindicó Gringo de Assunção y convocó a que los movimientos sociales mantengan una actitud de “solidaridad no pasiva”, o sea, promover acciones que combatan el hambre al mismo tiempo que se le reclama y recuerda al Estado que “no está cumpliendo con su deber de garantizar derechos”. Y aseguró que esas acciones deben comprometer a las comunidades para que “sean los protagonistas en las políticas públicas”.

Desde Nueva York, allí donde los representantes de los estados miembro de la ONU se reunirán para proponer un supuesto cambio en la Cumbre de los Sistemas Alimentarios, la integrante del MSC y activista por la soberanía alimentaria comparte la necesidad de renovar la forma en las que se definen las políticas públicas: “Necesitamos un enfoque para edificar un sistema resiliente de cara al futuro, que penetre en el sistema alimentario y en el sistema político, ampliando los actores y tomadores de decisiones”.

En ese sentido, Mickie insistió con que “la financiación del gobierno para el sistema de bienestar no debe ser sólo para la asistencia sino para generar soluciones”. ¿Cómo generamos un control democrático sobre la explotación de los recursos? ¿Cómo generamos alternativas para incluir a las comunidades locales? ¿Cómo mejoramos la logística para conectar a los productores regionales con las ciudades? ¿Cómo redistribuimos la tierra de forma equilibrada? ¿Cómo creamos en lo urbano espacios con prácticas agroecológicas? La activista neoyorkina dejó desafíos flotando. “Tenemos que hablar de modelos que hay que transformar no solo trabajar en la supervivencia sino trabajar en un modelo que genere resiliencia y perdure en el tiempo”, sentenció.

—¿Se puede esperar alguna línea de acción que surja de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU que modifique los problemas de producción, comercialización y acceso a la alimentación sana que describen?— preguntó Tierra Viva a Qiana Mickie   

—En la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se va a hacer un greenwashing de los conceptos que no funcionan. Lo que necesitamos es movilizarnos, hacer escuchar las voces de las poblaciones, necesitamos menos cooptación de las corporaciones, necesitamos fomentar lo que sabemos que sí funciona y necesitamos el respaldo de las organizaciones y de la sociedad civil. Si lo que se plantea en la Cumbre va en contra de los derechos de las personas no es justo, no va a parar el hambre y no va respaldarnos como sociedad. Tenemos que crear presión sobre la cumbre para que escuchen la voz del pueblo y los retos presentes, necesitamos desarmar el poder. No se trata tanto de lo que hablen en la cumbre si no lo que realmente hace falta y necesitamos, en la práctica, los fondos para que se lleven a la práctica los modelos que sabemos que funcionan.

—¿Qué soluciones se podría proponer en materia de comercialización y distribución de alimentos a partir de las respuestas que dio la economía solidaria en el marco de la pandemia?

—Se trata de desmantelar el capitalismo dentro del sistema alimentario. Pasar de una política agroglobal a una de nivel local. Apoyar modelos y soluciones que se basen en la solidaridad y de soporte directo a los pequeños productores. Construir políticas públicas para asegurar la seguridad alimentaria, que está relacionado a las comunidades locales y a través de la agricultura regenerativa. Necesitamos un cambio en la relación de poder, porque si los recursos del Estado siguen yendo a  las transnacionales y los privados, solo vemos efectos devastadores para el ambiente, la salud y la marginalización de nuestra sociedad. Hay que apoyar a estos modelos que son viables, aumentar las investigaciones, apoyar a los pequeños productores y hacerlo de manera conjunta. Tenemos los líderes, tenemos las estrategias, necesitamos más solidaridad para quitar poder a los grupos concentrados. Ya sabemos lo que hay que hacer, solo tenemos que insistir y encontrar los recursos.

 

Descargá el libro en su versión en inglés:https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2021/09/Crash-Barriers_Brochure_web_20210824.pdf

El Relator sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Michael Fakhri, denunció que la Cumbre responde a los intereses de multinacionales que son, en gran parte, responsables de la crisis alimentaria. En una entrevista con Tierra Viva, advirtió sobre los posibles impactos en los territorios y propuso alternativas. La agroecología como herramienta de cambio.
 Michael Fakhri, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas

 
Por Lucía Guadagno
 
Promovida por el Foro Económico Mundial, empieza este 23 de septiembre la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde su anuncio, en octubre pasado, llueven las críticas desde diferentes sectores, entre ellos, integrantes de la propia ONU. Relatores especiales y ex funcionarios del organismo internacional advierten sobre la influencia cada vez más preocupante del sector privado concentrado -empresas como Unilever, Bayer, Nestlé, Coca Cola, Pepsico, Google, Amazon, Microsoft- en este tipo de cumbres, donde se acuerdan líneas generales que luego inciden en las políticas públicas de los países.Una de esas voces críticas es la de Michael Fakhri, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas. Para Fakhri esta Cumbre será una pérdida de tiempo y dinero para los Estados miembros de la ONU, y no beneficiará en absoluto a los pueblos del mundo, menos aún a las millones de personas que padecen hambre. En cambio, sí sacarán provecho un puñado de multinacionales que buscan garantizar sus negocios en el futuro, algunas ONG y los grupos de consultores que trabajan como asesores y en la organización de este tipo de eventos internacionales.

Lo que sí sentirán las personas comunes, tanto en las ciudades como en el campo, son los impactos de esta cumbre en los próximos años. Para Fakhri, lo que se acuerde en la Cumbre influirá en los futuros planes alimentarios que pongan en práctica gobiernos nacionales. Planes que, de acuerdo a cómo se vienen dando los acontecimientos, “es muy probable que violen los derechos humanos”, advirtió el relator.

Le preocupa que la ONU ceda a las multinacionales el poder de influencia y decisión sobre cómo enfrentar la crisis alimentaria en un mundo donde el hambre aumenta desde 2015, según datos de la FAO. Y en un momento en que la pandemia por Covid empeoró todo: se calcula que en 2020, entre 700 y 800 millones de personas pasaron hambre.

Junto a dos relatores anteriores, Fakhri denunció que los organizadores de la Cumbre pasaron por alto órganos ya establecidos y más transparentes para debatir los sistemas alimentarios, como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. “De manera flagrante -y quizás deliberada-, la Cumbre desvía la atención de los gobiernos hacia fuera del Comité”, sostuvieron. Y señalaron que las reglas y la agenda de la Cumbre fueron establecidas por un pequeño sector que responde a los intereses de las multinacionales. Por lo tanto, las propuestas que salgan de allí serán “sistemas agrícolas controlados por Inteligencia Artificial, edición génica y otras soluciones de alta tecnología orientadas a la agroindustria a gran escala”, advirtieron.

Desde el anuncio de la Cumbre, por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en octubre pasado, Fakhri produjo varios documentos en los que insistió en la falta de una perspectiva de derechos humanos para abordar los sistemas alimentarios. Uno de ellos fue un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, otro destinado en especial a los organizadores de la Cumbre, y un reciente reporte para la Asamblea General de Naciones Unidas.

Agencia Tierra Viva conversó desde Buenos Aires, Argentina, con Fakhri, quien vive en los Estados Unidos, donde es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregon.

-¿Tuvo alguna respuesta por parte de las autoridades de la Cumbre a sus críticas y propuestas?

No. Lo último que intenté fue comunicarme con las autoridades y sugerir cómo incluir a organizaciones y movimientos sociales que hasta ahora vienen oponiéndose a la Cumbre. Porque hasta el momento, si bien la Secretaría (autoridad) de la Cumbre se reunió con ellos, en realidad no escuchó sus demandas ni modificó en nada lo que venían haciendo. Pensé que esta era la última oportunidad y les entregué una propuesta, pero la rechazaron. Luego de de esa conversación, mi mensaje es: No es una cumbre de la gente, del pueblo (como había anunciado el Secretario General de la ONU). Esto es una pérdida de tiempo. La Cumbre lleva dos años de organización, aproximadamente 24 millones de dólares gastados y miles de personas que trabajaron de manera voluntaria. Y al final el resultado no va a servir a las personas en los territorios, en el campo, en las fábricas y las ciudades. Las personas que más lo necesitan no se van a beneficiar de esa cumbre.

-¿Y quién se va a beneficiar con la Cumbre?

-Desde el comienzo estuvo claro que las principales personas que idearon la Cumbre estaban todas conectadas con el Foro Económico Mundial. No son necesariamente las multinacionales de manera directa, ninguna empresa figura entre los líderes de la Cumbre. Sino que son organizaciones que trabajan en estrecha colaboración con ellas, que sirven a esas corporaciones y dicen que éstas son parte de la solución. Les pregunté a los organizadores de la Cumbre cómo pueden decir que las multinacionales son parte de la solución cuando en realidad son parte del problema. Y su respuesta fue: ‘Los gobiernos también son parte del problema’. Y esto te dice mucho. Porque los gobiernos no son lo mismo que las corporaciones. Los gobiernos, si bien son parte del problema, al menos en la teoría tienen que rendir cuentas, son responsables. Las multinacionales, no. Por el contrario, tratan de limitar la responsabilidad y generar ganancias. Sabemos lo difícil que es responsabilizar a una multinacional por violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, los sectores que se van a beneficiar son algunos productores agrícolas y de alimentos que quieren dar más poder a las multinacionales y se sienten bien trabajando con ellas. Y las mismas empresas. Lo que no me queda claro es por qué los gobiernos están dispuestos a otorgar poder, a través de las Naciones Unidas, a los asesores, científicos y expertos que trabajan junto a las multinacionales. Quienes también se van a beneficiar son los organizadores de la Cumbre, ese grupo de gente que va a continuar con sus trabajos de consultoría y seguirán siendo tratados como expertos.

-¿Puede dar ejemplos de esas ONGs y empresas, y las soluciones que proponen?

-El presidente de la Vía de Acción 2 (las vías de acción son una especie de comisión dentro de la Cumbre) es Lawrence Haddad, director Ejecutivo de la ONG GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition). Lo que él quiere es crear una iniciativa para que las empresas hagan promesas. Esa es la solución. Que las corporaciones digan: ‘Prometemos arreglar el sistema alimentario y hacer un mundo mejor’. Otro ejemplo: los organizadores de la Cumbre crearon algo llamado palancas (o mecanismos) de cambio transversales… quién sabe lo que significa. Pero en fin, son cuatro: Finanzas, Innovación, Género y trataron de crear una sobre Derechos Humanos pero no funcionó. Finanzas está liderada por el Banco Mundial e Innovación por el Foro Económico Mundial. Por lo tanto, ellos pueden destinar todos sus recursos y ser la palanca transversal que pueda influir sobre toda la Cumbre. Y van a escribir el reporte final que va a influir sobre lo que gente piense acerca de esos temas. Lo otro que hizo el Foro Económico Mundial es organizar una reunión justo antes de que se abra la Cumbre. Esa reunión fue casi un espejo de toda la Cumbre. Los que asistieron fueron todas las multinacionales: Coca Cola, Unilever, Monsanto -o como sea que se llamen ahora-, Bayer y todos los líderes de la Cumbre, y sentaron las pautas antes de que el proceso comience oficialmente. Más allá de esto, es difícil dar ejemplos concretos de las soluciones que proponen porque, a tres semanas de empezar la cumbre, nadie sabe bien cuáles son los resultados que se esperan.

“Compromiso Hambre Cero”. Así se llama la iniciativa de la ONG GAIN a la que hace referencia Fakhri, y que es una de las soluciones que promueve la Cumbre. “El compromiso es una declaración no vinculante de las operaciones y planes de inversión propuestos por las compañías. No tiene la intención de crear ningún derecho u obligación legalmente exigible para las empresas”, explica GAIN en su sitio web. Entre los principales financiadores de la ONG figuran las multinacionales BASF, Unilever y Arla Foods así como la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller.

Manifestación contra Monsanto en Buenos Aires

 

Impacto en los territorios

-¿Cuál será el impacto de la Cumbre en la gente común, en trabajadores, familias campesinas, pueblos indígenas?

-Los impactos no se van a ver de inmediato y eso ya es un problema. El hecho de que no haya impactos positivos inmediatos en una pandemia es un problema. De hecho, la cumbre no se ocupa del Covid de ninguna manera, sino que asume el mundo después del Covid, por lo tanto es una fantasía. Lo que hace la Cumbre es influir sobre los gobiernos nacionales. La mayor parte de las actividades están dedicadas a que los gobiernos anuncien planeas generales de cómo van a cambiar sus sistemas alimentarios. La Cumbre va a conectar a esos gobiernos con inversores y consultores interesados en trabajar con las multinacionales. Y van a asesorar a los gobiernos sobre cómo cambiar sus sistemas alimentarios. Por lo tanto, lo que va a empezar a pasar es que cada vez más países van a desarrollar planes alimentarios.

La mayoría de los países tienen planes agropecuarios, pero no alimentarios. Entonces, habrá cada vez más planes alimentarios diseñados e implementados de una manera que, teniendo en cuenta cómo se han dado las cosas, muy probablemente violarán los derechos humanos. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver los efectos en los territorios en un par de años.

Mientras tanto, la pregunta es cómo las personas que están comprometidas con los derechos humanos van a continuar con la lucha a nivel internacional mientras, al mismo tiempo, animan a las personas a manifestarse a nivel local. Porque hay una esperanza y una oportunidad: si hay suficiente presión a nivel nacional sobre los gobiernos para crear planes alimentarios basados en los derechos humanos, eso puede neutralizar a la Cumbre. Al final, el poder local es siempre el más efectivo.

-En varias oportunidades sostuvo que la Cumbre no se ocupa seriamente de la pandemia. ¿Por qué cree que eso sucede?

-No lo sé. Esa es la pregunta que le hice todo el tiempo a la Secretaría de la Cumbre. Les planteé este punto hace un año y medio, pero evitaron responder. Puedo suponer una razón. El hecho de que no hayan incluido al Covid en la agenda ni hayan explicado públicamente el motivo habla de lo desconectados que están de la realidad, de lo lejos que están de las necesidades inmediatas de las personas. Esto habla de que son una elite que puede darse el lujo de no poner el Covid en la agenda. Porque al resto del mundo, si les preguntás cómo lidian con los problemas alimentarios, tienen que enfrentar el Covid, no tienen elección. Por lo tanto, el hecho de que hayan sentido que podían elegir no ocuparse del tema me da a entender que no tienen idea de las luchas reales de la gente.

Foto: Subcoop

 

Responsables del hambre

-Usted afirma, en declaraciones e informes, que el problema del hambre es más complejo de abordar que la pandemia. Y que no es un problema de escasez de comida sino de fracasos políticos. ¿Puede dar algún ejemplo de esos fracasos?

-El hambre siempre es un fracaso político. Y no es sólo del gobierno del país en donde está ocurriendo. Nuestros sistemas alimentarios, incluso los más locales, son parte del mundo, por lo tanto la economía mundial los afecta. Por ende, el fracaso político puede ser de ese gobierno nacional, pero también de otros países que ejercen influencia. En ese sentido, el hambre siempre es un problema global. Y tiene múltiples responsables. A nivel global, el sistema entero de ONU es responsable en este sentido: la gente está tratando de que los gobiernos se junten y coordinen sus respuestas ante la crisis alimentaria, agudizada por la pandemia. Pero un pequeño número de países poderosos se niega a utilizar los foros multilaterales para hacerlo. El foro más grande, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas, es el lugar ideal para que gobiernos, sociedad civil y otros actores puedan sentarse y coordinar respuestas a la crisis, es muy inclusivo. Pero hay un continuo bloqueo político de los países poderosos que no quieren trabajar con otros. Quieren mantener el poder para ellos mismos. Esto es un ejemplo de un fracaso político.

¿En qué medida las multinacionales del agronegocio son responsables por el hambre?

-Desde 1960 hasta ahora hemos aumentado la producción de alimentos en un 300 por ciento y, sin embargo, el hambre aumenta. El agronegocio se ha enfocado en producir más, más y más comida sin hacerse ninguna otra pregunta: ¿cómo están produciendo la comida? ¿qué daños están causando? Lo que han hecho, con una influencia creciente sobre los sistemas alimentarios, es promover prácticas con pesticidas, semillas transgénicas y monocultivos. Y condujeron a la reducción de la biodiversidad, que es uno de los principales problemas del cambio climático, no sólo del sistema alimentario. Porque se centran principalmente en las ganancias y en concentrar poder. Ahora están tratando de adaptarse, de ser más “sustentables”, según sus palabras. Pero no hay razón para confiar en que van a solucionar el problema.

Al final el problema no es lo que están haciendo sino el poder, quién tiene el poder. Si le das poder a un pequeño grupo de personas, en cualquier situación, nada va a salir bien. Si se mantiene el poder en manos de la gente, la gente sabe lo que necesita, lo saben mejor que nadie, son capaces de adaptarse a su contexto particular y sus ecosistemas.

La dificultad está en lograr que las personas trabajen juntas, en colaboración. Pero eso siempre es un problema en democracia, y es un buen problema. Un mal problema es tener que enfrentar al poder concentrado. Porque, de nuevo, quienes lo concentran están desconectados de la realidad. Ese es el mayor problema. Por lo tanto, la Cumbre refleja muchos de los problemas de los sistemas alimentarios.

Resistencia y caminos posibles

-¿Cuál es su opinión sobre la contra-cumbre Sistemas Alimentarios para los Pueblos, organizada por activistas y movimientos sociales que denuncian que la Cumbre responde a la agenda de las multinacionales?

-Es una inspiración. Porque estos grupos que se unieron, y que representan a millones de personas, no piensan igual e, incluso, tienen posiciones contrarias. Pero han logrado negociar y superar sus diferencias, y encontrar los puntos en común en solidaridad. Ese espíritu de solidaridad debería ser una inspiración también para los gobiernos. Porque si la gente puede hacer esto por sí misma, los gobiernos tienen que ser capaces de unirse, superar sus diferencias y servir a las necesidades de la gente. Por lo tanto, esta contra-movilización, que la gente está haciendo en circunstancias increíblemente difíciles, en medio de una pandemia, lo veo como una inspiración.

-¿Qué caminos propone como Relator para solucionar los problemas de los sistemas alimentarios?

-En primer lugar, si las personas todavía no están involucradas, que lo hagan. En cada ciudad, comunidad y país, hay movimientos de soberanía o justicia alimentaria, organizaciones campesinas, sindicatos, cooperativas. Cuanta más gente participe activamente en las luchas locales, mejor. En cuanto a los gobiernos, hay que tratar de obtener liderazgos. Necesitamos sólo un pequeño grupo de gobiernos que se unan y presionen contra la agenda de las multinacionales. Que sean los defensores de sistemas alimentarios que respeten los derechos humanos. Hay gobiernos que pueden hacerlo pero todos están esperando que otro se mueva primero. Creo que hay esperanza en convocar a esos países a conformar alguna especie de coalición que inspire y lidere a los otros. Por mi experiencia de trabajo, sé que la mayor parte de los gobiernos quieren hacer las cosas bien. Pero, de nuevo, un pequeño grupo de poderosos bloquean todo. El sistemas de las Naciones Unidas tiene fortalezas y debilidades. Una de sus fortalezas es que cuando una mayoría de países encuentran la forma de unirse, pueden influir en la agenda y pueden hacerlo en el buen sentido. Esto ya ha funcionado en el pasado y puede funcionar de nuevo. Lo tercero, que la gente construya nuevas relaciones. El cambio ocurre a partir de la creación de nuevas relaciones y amistades. Lo que me inspiró, por ejemplo, son los movimientos en la India. Estuvieron liderados por organizaciones de agricultores que luchaban por sus derechos humanos. Y lo que ocurrió fue que los trabajadores y los sindicatos se les unieron en solidaridad. Los agricultores y los trabajadores no siempre se llevan bien, es una relación complicada. Pero fueron capaces de desarrollar un nuevo vínculo. Por lo tanto, creo que nuevas relaciones conducen a una nueva política, nuevas ideas, y así es como sucede el cambio.

-En Sudamérica el modelo de agronegocio que combina cultivos transgénicos, agrotóxicos y concentración de la tierra lleva más de tres décadas y los gobiernos siguen promoviéndolos como una forma de desarrollo. ¿Qué opina sobre eso?

-Hay una desconexión entre las políticas alimentarias y las políticas de comercio. Y esto impacta en cómo los países usan la tierra. Si el país está principalmente orientado a la exportación, hace que la tierra se oriente a la producción de commodities, no de alimentos. Esto responde a un modelo de desarrollo: producimos commoditiescomo si fuéramos una fábrica-, vendemos al mercado internacional, ganamos dinero, lo ingresamos al país y con eso comemos mejor y mejoramos la calidad de vida. Eso es un modelo económico de los años 50. El mundo entero lo implementó. Lo que hemos visto, especialmente en los países del hemisferio sur, es que reorientar el sector agropecuario hacia las exportaciones dio como resultado tres cosas. Lo primero, se reduce la biodiversidad, lo que afecta al ambiente y la salud de las personas, su salud física. Segundo, que no mejoró la condición socioeconómica; solamente algunas personas ricas del país se hicieron más ricas. Vemos esto en la Organización Mundial de Comercio: los países en desarrollo no están conformes con las políticas internacionales de comercio. Y tercero, deja inseguridad alimentaria en el país: exportás alimento, importás dinero, pero la gente pasa hambre. Se crea un absurdo. Tenés un sector agrícola que manda alimentos al exterior mientras tu gente tiene hambre al lado tuyo. Ningún país está haciendo un buen trabajo para conectar el sistema alimentario con el de comercio. Sudamérica puede ser un buen lugar para hacerlo, porque tiene agricultura, tiene una historia de movimientos populares y el comercio siembre ha sido un tema de debate, más que en otras regiones.

Feria de agro. El hambre no se detiene durante la pandemia. Entrevista-fakhri-michael-relator-onu
Foto: Alfredo Luna/Télam/VIC

 

Invertir en agroecología

-Tanto usted como relatores anteriores proponen a la agroecología como una de las soluciones a la crisis alimentaria. ¿Qué les diría a quienes sostienen que la agroecología es algo del pasado, primitivo?

-La agroecología se basa en largas tradiciones de cómo cultivar los alimentos. Tiene el poder del conocimiento de las personas que hacen el trabajo: agricultores, pescadores, pastores, campesinos. Proviene de una tradición particular, pero es dinámica. Y está orientada hacia el futuro. El mundo que vivimos hoy comenzó en 1970, cuando comenzó la Revolución Verde y la agricultura pasó a ser un negocio de grandes multinacionales. Es un fenómeno reciente, pero miren la destrucción que generó en sólo 50 años. Por lo tanto, la agroecología es nueva en el sentido de que todavía no nos hemos comprometido a nivel global para, de forma consciente, desarrollar nuestras políticas alimentarias de una manera integrada a los procesos ecológicos. La agroecología tiene una historia, pero todo tiene una historia. El agronegocio es parte de la historia de la industria. Tomaron la agricultura y la pusieron en la historia de las fábricas, de la industria. No fue cualquier avance tecnológico, fue un avance tecnológico para producir commodities con el propósito de generar ganancias. Traigamos de vuelta a la agricultura a la tradición del conocimientos locales, de los agricultores, de los pueblos indígenas. Pero, de nuevo, se trata de una tradición que es nueva, actualizada. Tenemos que crear nuevas tecnologías, invertir dinero, científicos, escuelas y todo eso, y será algo nuevo. La agroecología tiene técnicas que ya se ha probado que funcionan. Debido al cambio climático, los ecosistemas están cambiando muy rápido. En ese sentido, la agroecología por definición es moderna, porque responde directamente a un ecosistema que será nuevo para nosotros. Es más dinámica y más resiliente que la agricultura industrial.

-En su último reporte usted hace hincapié en la necesidad de invertir en agroecología.

-Hay que dirigir la inversión a aquello que está alineado con los derechos humanos, con la preocupación ecológica, y poner el poder en manos de la gente. No hay suficiente inversión en agroecología. En mi trabajo he visto que muchos gobiernos están interesados. Muchos gobiernos quieren hacer la transformación y es casi una cuestión de cuán rápido quieren hacerlo. Esa es realmente la pregunta. Creo que el problema con la agroecología es que el agronegocio trata de hacer dos cosas a la vez: decir que es irrelevante o no productivo mientras que, al mismo tiempo, dicen: ‘Ah, pero nosotros podemos hacer agroecología’. La redefinen para que sirva a sus propósitos y eso confunde. Pero creo que cuánto más claras tengamos las cosas, más gobiernos haya involucrados y más se invierta en agroecología, más rápido se va a dar el cambio. Se está construyendo, sólo que me gustaría que fuera más rápido.