Deuda y violencia propietaria
Las medidas adoptadas por el gobierno para proteger a lxs inquilinxs no alcanzan para frenar la especulación inmobiliaria ni las amenazas de los dueños que también es necesario leer en clave de género.
Defendemos los derechos humanos y promovemos la construcción de conocimiento colectivo y debate sobre las experiencias de las izquierdas del pasado y presente; su rol y los desafíos frente al ascenso de las derechas.
Promovemos articulaciones para hacer frente los autoritarismos, la militarización y la criminalización, el despojo, las prácticas discriminatorias y las desigualdades sociales y económicas. Y apuntalamos las alternativas y contra-estrategias que surgen de los movimientos sociales en la región.
Desde los territorios, apoyamos las resistencias a la represión institucional y la criminalización de la niñez y la juventud; la defensa del derecho a la ciudad y la vivienda; y proyectos de comunicación y formación popular que promueven la reflexión-acción crítica y emancipatoria.
Creemos indispensable poner en juego las fortalezas políticas, organizativas y de interpelación del movimiento feminista, el conocimiento de los territorios de las organizaciones de base, el caudal organizativo del sindicalismo y la experiencia de lucha de los históricos organismos de derechos humanos que luchan y lucharon por la democracia.
Las medidas adoptadas por el gobierno para proteger a lxs inquilinxs no alcanzan para frenar la especulación inmobiliaria ni las amenazas de los dueños que también es necesario leer en clave de género.
La Casa Bertolt Brecht, la Cooperativa Comuna, el SERPAJ-Uy y AUTE han realizado distintos posicionamientos, estudios, y publicaciones sobre el la Ley de Consideración Urgente, con el fin de promover un debate fundamentado.
En homenaje al gran escritor, republicamos su última columna del diciembre pasado sobre el estallido social.
Feliz vuelta al sol, o en su caso a la tierra, porque seguramente dará este año una nueva vuelta al planeta acuerpando resistencias.
«El acuerdo recorta la capacidad de política pública y política comercial de los Estados, ya que las reglas ahora las pone el tratado, y los gobiernos deben ajustarse a ese esquema».
«Los gobiernos de la Concertación, Ricardo Lagos que estuvo hasta el 2006, y luego Michelle Bachelet, no tocaron el modelo impuesto en dictadura»,