Cuatro activistas y referentas sindicales cuentan cómo viven la cuarentena y cómo impacta el aislamiento en mujeres, lesbianas, trans y travestis.

Aldana Somoza para Tiempo Argentino. Fotos: Gala Abramovich

 

La llegada de la pandemia desconfiguró al mundo: detrás de los números de personas muertas e infectadas se abrieron discusiones en torno al rol del Estado, las políticas sanitarias, económicas y sociales, y también sobre quiénes tienen que «poner más» para sortear la crisis. A la hora de discutir la nueva reorganización temporal del mundo, con cuarentena de por medio, se califican los empleos y se expone más que nunca lo obvio: los trabajadores y trabajadoras como garantes de que el mundo siga girando y que todo no colapse. Sin embargo, son ellos y ellas quienes más sufren las consecuencias económicas y sociales de esta crisis.

Para darle dimensión a lo que se espera, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), calcula que se perderán 195 millones puestos de trabajo a causa de la pandemia en todo el mundo. Según un informe del organismo, en “las Américas, el 43,2% del empleo está en situación de riesgo”.

Pero el efecto de la cuarentena no pega igual en todos lados: las mujeres e identidades femeneizadas son las más afectadas. Son ellas quienes desempeñan la mayoría de los trabajos no registrados o enmarcados dentro de la economía popular, -donde el “quedate en casa” implica no poder garantizar la comida del día-, las que tienen peores salarios (ganan en promedio un 29% menos que los varones), y quienes además realizan el 76% de las tareas de cuidado -la llamada “segunda jornada laboral”-, que en contexto de aislamiento y con la suspensión de clases, aumentan.

La angustia, incertidumbre y el desborde son algunas de las muchas emociones compartidas por Jacky Flores, referenta del MTE-UTEP, Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Virginia Bouvet, metrodelegada del subte, y Florencia Guimaraes, activista travesti y coordinadora del centro de día “La Casa de Lohana y Diana”. Las cuatro referentas sindicales y activistas cuentan cómo están viviendo la cuarentena y de qué modo impacta en su sector el aislamiento y, en particular, a las mujeres, lesbianas, trans y travestis.

Jacky Flores atiende el teléfono para dar su tercera nota del día: “Acá andamos, esta situación extrema me choca de frente, sin entender mucho”. La referenta del MTE y UTEP representa a un sector donde el 75% son mujeres, y la mayoría jefas de hogar. “La vida de las compañeras se está complicando muchísimo. No tenemos políticas públicas claras en cuanto al reconocimiento del trabajo de la economía popular y el cuidado, las compañeras no tienen nada reconocido, el desahogo era la escuela pública, y ahora con la suspensión de las clases están desbordadas”, cuenta y reclama la necesidad del sector de discutir trabajo. “Las compañeras” de las que habla son las cooperativistas de los barrios populares, las feriantes, las campesinas, las recolectoras. “Son las trabajadoras que sostienen la situación crítica de los barrios populares”, aclara.

Así como Jacky describe la situación de emergencia que se vive en el sector, también analiza la importancia de la organización a través de la cual muchos trabajadores y trabajadoras hoy lograron un reconocimiento y mejores condiciones de trabajo: “En la Ciudad logramos ser parte del sistema de reciclado con inclusión social. A pesar de los intentos que hubo por boicotearlo, pudimos discutir salarios y de alguna manera ahora estamos más resguardados y nos permite estar a disposición del trabajo colectivo”.

Otros de los conflictos que trae el aislamiento es la dificultad para la organización gremial, justo cuando los empresarios, que nunca quieren perder sus ganancias, arremeten contra los trabajadores con despidos, suspensiones, reducción de horarios y pago de salarios en cuotas.

Carla Gaudensi, delegada de Télam y secretaria de FATPREN, lo identifica como un claro problema: “La cuarentena nos afecta a todes, desde la salud, los vínculos, la organización de les trabajadores y en un momento en el cual la situación se empieza a poner complicada porque hay sectores patronales que aún con la medida del ejecutivo para prohibir los despidos y el subsidio a las Pymes para el pago de salarios, quieren generar una crisis en los trabajadores, sin respetar los derechos laborales, propiciando el cierre de medios, la baja de salarios o el pago en cuotas”.

Como vienen denunciando hace años los trabajadores y trabajadoras de prensa, el gremio está fuertemente precarizado, y en contexto de pandemia -donde la actividad es considerada esencial-, se dificulta doblemente llevar adelante la tarea. “En la mayoría de los medios gráficos se está usando la modalidad de teletrabajo, cosa que nosotros entendemos que debe ser excepcional en el marco de la pandemia. Obviamente el teletrabajo hace que uno trabaje más por eso muchas empresas antes de la cuarentena ya querían implantarlo, es como una disposición full time, una relación individual del trabajador con el empresario”, apunta Carla.

En relación a las trabajadoras, señala que el aislamiento las afecta más que a los hombres, y más aún a quien tienen hijos e hijas, porque las tareas de cuidado recaen más sobre las mujeres. “Si bien hay algunas familias que asumen tareas compartidas, las tareas reproductivas siempre recae sobre nosotras, muchas no dejamos de realizar nuestro trabajo y con los chicos y chicas en casa se complejiza más el escenario”.

“Estoy en mi casa, con mi hijo y mi nuera. Con un poco de ansiedad por el encierro y porque se vienen las semanas más complicadas en cuanto a los contagios”, cuenta la metrodelegada Virginia Bouvet a Tiempo a través de un mensaje de WhatsApp. Virginia, como todas las trabajadoras y trabajadores de actividades esenciales, continúa yendo a su lugar de trabajo dos veces por semana, donde realiza tareas gremiales mientras el subte presta un servicio mínimo para seguir trasladando al resto de empleados y empleadas a sus respectivos trabajos exceptuados de la cuarentena.

El período de aislamiento obligatorio encuentra a los trabajadores y trabajadoras del subte con un saldo organizativo acumulado con el que enfrentan este contexto de un piso medianamente alto en relación a otros sectores: “Nuestro sindicato logró reducir al mínimo la exposición, consensuando con la empresa un sistema de francos extras que permiten que no haya amontonamientos de personal en los lugares de trabajo. Logramos que la empresa reconozca las licencias extraordinarias que resultaron de la cuarentena y a los que prestan servicio se les va a pagar normalmente”, explica Virginia, y agrega la preocupación en relación a otros trabajos “sabemos que no es la realidad de todas las actividades, hay despidos y rebajas salariales, lamentablemente avaladas por un sector de la CGT; que nosotros no compartimos, ni en el Subte ni desde la CTA”.

Virginia agrega que, producto de la organización, las trabajadoras del subte lograron obtener la licencia por cuidado de sus hijos e hijas. “El resto se enfrenta a la misma problemática que los varones: discutir en cada puesto para que nos garanticen los materiales de higiene como guantes y alcohol”. Y agrega: “Creo que las mujeres resultamos más afectadas por situaciones de violencia de género, agudizados en este aislamiento obligatorio”. En lo que va de la cuarentena hubo al menos 20 femicidios, 21 travesticidios (en lo que va del 2020), mientras que los llamados a la línea 144 aumentaron un 30%.

En la cadena de la precarización de las vidas, las personas travestis y trans son quienes enfrentan una situación aún más crítica: «Hoy queda expuesto para gran parte de la sociedad lo que realmente pasa con nuestra comunidad. La mayoría con el aislamiento no tiene ni para comer, porque el 90% está en situación de prostitución, y el sustento diario pasa por pararse en una esquina todas las noches», cuenta a través del teléfono Florencia Guimaraes, quien cumple la cuarentena «a rajatabla» en su hogar en La Matanza y solo sale una vez por semana a llevar mercadería al centro de día donde milita. El hogar, destinado a alojar a personas travestis y trans hoy se encuentra cerrado por la cuarentena pero lo abren para repartir bolsones de comidas y viandas. “Por lo menos nos miramos a los ojos, ya vendrán los abrazos”, dice.

Expulsadas a los márgenes de la sociedad, las personas travestis y trans ni siquiera son pensadas como trabajadoras: «Nunca se nos ve como fuerzas productoras de trabajo, ni siquiera como parte de la clase trabajadora», explica Florencia, y apunta a un reclamo clave e histórico para la comunidad: la ley de cupo laboral trans, impulsada por la activista travesti Diana Sacayán, asesinada brutalmente en octubre de 2015. «Necesitamos acceso al trabajo. Si tuviésemos la ley de cupo sería muy diferente el contexto de la comunidad. Hoy tendríamos una cuenta sueldo, una obra social, los derechos de cualquier persona trabajadora, pero el único espacio en donde se nos piensa es en una esquina».

Hacia el final de la charla, Florencia comparte su anhelo de que todo esto sirva como un quiebre y cambio de paradigma: «En este contexto aflora la miseria humana, la gente se transforma en policía. Esperemos que eso cambie y esto nos fortalezca como sociedad. Yo siempre apuesto a un mundo mejor, a que todo sea transformado».

Fotos: Gala Abramovich

Recorrida en un desconocido tren carguero que pasa por debajo de la Casa Rosada. Una actividad declarada esencial, en la que se conjugó la actualidad con pinceladas de la historia ferroviaria y política de nuestro país a través de la vivencia del maquinista Leonel Mazzeo.

Pablo Maradei para Notas Periodismo Popular

Foto: Matías Baglietto

 

Cinco días atrás el tren había salido de la provincia de Mendoza. Ni bien ingresó a su vecina San Luis se detuvo en la estación Beazley para cambiar la yunta. La yunta es la dupla que conduce la formación: un maquinista y su ayudante. El convoy de Trenes Argentinos Cargas (TAC) atravesará este distrito hasta detenerse en el límite oeste justo antes de entrar a Córdoba, en la parada Justo Daract. En esa localidad nuevamente renovará al personal de conducción.

San Luis, una suerte de Cataluña con aires independentista de la Argentina, vaya a saber por qué, funciona como si fuese la última frontera dentro del país: su gobernador, Alberto Rodríguez Saá, metió de prepo un per saltum a la norma nacional que nomencla al transporte de cargas como esencial. Basándose en la emergencia sanitaria obliga a realizar cuarentena a los ferroviarios que, entre otras cosas, distribuyen agua y alimentos. Excentricidades que exacerba la pandemia del Covid-19 y que despertó un fuerte rechazo por parte de los gremios del sector. En este caso lo que se transporta es vino con destino a Europa; y en épocas de crisis sanitaria y economía aniquilada, exportar y generar divisas genuinas es algo que también hay que considerar vital.

***

Este cronista junto a un fotógrafo nos subimos a la travesía en el tramo final del sexto día, jornada que terminará en la playa ferroviaria ubicada en Retiro, a metros de la Torre de los ingleses cuya luz punzante perfora la espesura de la noche. Vaya curiosidad: terminar donde empezó todo, porque fueron ellos quienes impulsaron los ferrocarriles en el país. El reloj marca las 23.20 y los motores se apagan. Recién al día siguiente, cuando habiliten la descarga en puerto, los contenedores serán apilados uno arriba del otro en un buque de ultramar: tardarán una veintena de días en llegar al viejo continente.

Por estas tierras, para ese entonces, quizás seguiremos “aplanando la curva” de infectados o, en el peor y más temido de los vaticinios, el sistema médico habrá entrado en un coma inducido por el colapso. No hay dictamen sobre ese futuro cercano. Lo que sí es seguro, es que sobre las vías argentinas que resistieron otras tantas implosiones, los trenes seguirán rodando.

Dos horas antes del arribo iniciábamos un viaje corto, de apenas 15 kilómetros desde la base de Haedo a Retiro, en el que este tren nos llevó por las entrañas de la Ciudad de Buenos Aires. Nos condujo Leonel Mazzeo, de 57 años y 35 de ferroviario y a quien habíamos conocido esa misma mañana. Lo acompaña Facundo Amado, su ayudante de 22 años.

Lenoel Mazzeo y su ayuante Facundo // Crédito: Matías Baglietto

Nos trepamos a la locomotora y entramos a la cabina: huele a desinfectante, una huella indeleble de los tiempos actuales. Encienden el motor y las luces; y eso es todo. No hay algo que informe o simplemente haga de fondo como puede ser una radio: es un “mute” que permite abstraernos de la excesiva y confusa información noticiosa que marea con relatos disímiles. Viajamos en silencio o conversando.

Avanzamos a una velocidad que nunca superará los 30 kilómetros por hora, hasta casi llegar a la estación Plaza Miserere. Epitafio: en esa fatídica plataforma de Once, el 22 de febrero de 2012 un tren de pasajeros se estrelló contra el final del andén convirtiéndose en el cementerio de 52 personas.

Pero ahora nos toca desviarnos un kilómetro antes de aquella herida histórica por un túnel de una sola vía que se abre a nuestra izquierda: la hoja de ruta indica que circularemos en paralelo a la avenida Rivadavia, solo que a 30 metros de profundidad. Pasaremos por debajo del Congreso Nacional, la Plaza de Mayo y la Casa Rosada y nadie de los pocos que caminan por la superficie va a enterarse.

“En los ochentas recorrí varias veces este túnel con la Policía porque era muy frecuente que el Gobierno recibiera denuncias de bomba”, cuenta Mazzeo. Eran los albores de la recuperación democrática y los militares mancillaban con este tipo de operaciones -y muchas otras- la estabilidad del entonces presidente radical, Raúl Alfonsín.

Serpenteamos unos veinte minutos en la oscuridad subterránea hasta desembocar en el más chic de los barrios porteños: Puerto Madero. Nos recibe su luminosidad generosa que no sabe de tarifas y la geografía de una ciudad transparente: sin autos, ni turistas. Ni noctámbulos. En cierto modo, la postal de la pandemia es trágicamente bella, es una foto “de revista” donde no sobra ni falta nada. Ni nadie. Y por eso percibimos nuestra realidad como ciencia ficción.

Una indicación en el tablero me saca de la abstracción: un pitido nos indica que debemos aguardar treinta minutos al relevo policial que cortará los cruces vehiculares, aunque no cruce ningún auto. Para nosotros los visitantes, la espera en la cabina de no más de 3 x 3, complota contra el paso del tiempo. Pero no para los maquinistas, habituados a largas horas de viaje. De hecho, el veterano conductor que nos guía llegó a pasar, allá lejos en el tiempo, 24 horas arriba de una locomotora.

Crédito: Matías Baglietto

“El minuto ferroviario puede durar horas”, describe Mazzeo mientras prende su primer Camel del viaje. Su compañero Amado activa otra yerba: se prepara unos mates que pedirá disculpas por no compartir, una costumbre tan arraigada en nuestra cultura, pero extirpada en un santiamén por el Covid-19.

Cumplidos los 30 minutos nos liberan la vía: solo restan recorrer 15 cuadras hasta estacionar el tren en el patio ferroviario de Retiro.

Ajustando cuentas de su pasado, Mazzeo me contabiliza que fumaba unos 20 cigarrillos por turno. El turno ahora es de 8 horas y desde este milenio se cumplen a rajatabla: los gremios son fuertes y se hacen respetar.

***

A propósito de los gremios, en el planeta ferroviario, que se divide en empresas de pasajeros, de cargas, infraestructura y recursos humanos, coexisten cuatro sindicatos. Los de mayor porte son La Fraternidad, que justamente representa a los maquinistas y lo conduce Omar Maturano; y la Unión Ferroviaria, que siendo el más frondoso en cuanto a cantidad de afiliados lo maneja Sergio Sasia. Completan el mapa gremial los señaleros y el personal superior.

La gran mayoría de los casi cuatro mil empleados de TAC está afiliado a alguna entidad sindical. De hecho, el presidente de esta empresa estatal, Daniel Vispo, que es un ferroviario de longeva trayectoria con más de 30 años de servicio a cuestas, está afiliado a la Unión Ferroviaria.

***

La jornada había comenzado esa misma mañana del sexto día en el predio ferroviario de Alianza ubicado en la localidad de Santos Lugares, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Hasta acá le había pegado el tren desde Mendoza recorriendo casi 1.200 kilómetros y habiendo consumido unos 7.000 litros de gasoil.

Fue en Alianza -un playón de 90 hectáreas donde conviven vagones con distintos tipos de carga con viejos coches abandonados y comidos por la maleza- donde nos conocimos con Mazzeo y su ayudante, Alexis Canosa, de 23 años y cuatro en TAC. Con barbijo y anteojos nos saludamos con el codo. Nos explican que a consecuencia del virus no se está haciendo el test de alcoholemia como se hizo siempre para evitar contacto con ese instrumental. En cambio, firmarán una declaración jurada en la que perjuran no haber consumido ni una gota de alcohol.

Este primer paso que realizan es, en época de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, su logueo al empleo: a diferencia del sistema virtual en el que la mayoría de los trabajadores del mundo se debe loguear en la PC de su casa para dar cuenta de que está trabajando, los ferroviarios se apersonan a sus puestos.

Crédito: Matías Baglietto

Por estos minutos de salutaciones, la fatigada locomotora 9413, que fue desprendida de los 60 vagones que trajeron vino desde la localidad de Palmira, en Mendoza, está siendo abastecida de gasoil. En este taller en el que también se hacen reparaciones livianas trabajan unas diez personas; aunque actualmente el plantel está reducido a siete porque hay personal que pertenece a los grupos de riesgo. Y no solo eso: el coronavirus cortó hasta lo más elemental para la idiosincrasia latinoamericana, amante de los encuentros: los viernes dejó de haber asado.

Nos subimos a la locomotora junto a Mazzeo y Canosa para completar lo que será el segundo tramo: llevar la formación hasta Haedo. Nos cuenta Mazzeo que su recorrido laboral se inició en 1983 y al poco tiempo fue delegado sindical. Arrancó en el tren de pasajeros y luego continuó en cargas. Los noventas representaron, bajo la presidencia de Carlos Menem, el ocaso del ferrocarril: “Ramal que para, ramal que cierra” fue la chapa patente de su gestión para con el sector. Mazzeo cayó en la volteada: lo despidieron en 1991 y recién reingresó en 2003 al Belgrano Cargas y Logística SA. Paradojas de un destino atado a la conducción, en esos 12 años de destierro fue jockey.

Crédito: Matías Baglietto

La formación avanza sobre el oeste del conurbano y nunca superará los 20 kilómetros por hora; aunque estas locomotoras importadas de China pueden alcanzar los 80. Antes de llegar a Haedo atravesamos un asentamiento que está en proceso de formación, aunque nadie frenará su expansión hasta volverse populoso y veo que nadie usa barbijo. Esa alerta roja se suma a otra: que un niñe cruce las vías corriendo; tensión que se nota en las caras de los conductores.

“Tengo tres suicidios a cuestas y coches a los que arrollé ya perdí la cuenta”, enumera Leonel y con acto reflejo de dolor se frota la frente con la palma de la mano: estos accidentes fatales nunca traspasarán el límite de la angustia a la anécdota.

Sus personalidades marcadas por el desarraigo y la soledad sobrellevan sin mayores sobresaltos el aislamiento, que en cierta forma es el ADN de su trabajo. En algún punto el encierro forzoso por la cuarentena es monocorde a la rutina laboral de estos trabajadores. Y la paciencia y la templanza que cultivaron dentro de esas confinadas cabinas, sus palancas de mando para transitarla.

 

 

El grupo empresario comandado por Paolo Rocca y radicado en Luxemburgo no sólo ha actuado de manera irresponsable en Argentina, si no también en Italia donde -además de empresas- posee una red de clínicas privadas.

Por Ezequiel Dolber para Notas Periodismo Popular

 

Paolo Rocca es uno de los hombres más ricos de la Argentina con un patrimonio superior a los U$D 3.300 millones. Según la revista norteamericana Forbes, ocupa el «top ten» de los mega o billonarios de este país. Su fortuna personal es la acumulación alcanzada como uno de los prominentes empresarios (ítalo-)argentinos, que influye -con sus momentos de auge y retroceso- en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en la Unión Industrial Argentina (UIA), en las Cámaras empresariales del acero y la construcción entre algunas.

La Compagnia Tecnica Internazionale abarca operaciones en los cincos continentes y 45 países, siendo uno de los holdings más importantes del país. En su sitio informativo, asegura que «cuenta con una fuerza laboral de profesionales experimentados y trabajadores calificados, quienes suman un total de 74.500 empleados, de los cuales 57.100 son de planta permanente». Y agrega que «la facturación anual global del Grupo Techint supera los 23,5 mil millones de dólares estadounidenses».

El conglomerado se compone con Tenaris que produce tubos de acero con y sin costura para la industria del petróleo y gas; Ternium que produce aceros planos; Tecpetrol, un emprendimiento que le ha permitido picar en punta en la promesa de Vaca Muerta; Techint Ingeniería y Construcciones, donde se realizan los proyectos de construcción del holding como los gasoductos; Tenova, la empresa encargada del rubro minero y, por último, el alcance se extiende hasta Humanita, una red de clínicas privadas en las regiones septentrionales de Italia, no casualmente una de las zonas más golpeadas por la del Covid-19, dirigida por Gianfelice Rocca, hermano de Paolo. El holding, controlado por la familia a través de la sociedad San Faustín, tiene su sede en realidad en Luxemburgo para ejecutar las operaciones en los lugares más recónditos del globo como Uzbekistán. Como curiosidad, el otro peso pesado de la industria del acero en nuestro país, el grupo Arcelormittal, que ostenta más de 200 mil trabajadores en todo el mundo y el control de Acindar en nuestro país, también tiene su sede en Luxemburgo.

En síntesis, el grupo Techint abarca transversalmente algunas de las principales ramas y sectores de la economía argentina: petróleo y gas, energía, construcción, minería, siderurgia. El impacto de la recesión económica a la luz del salto producido por la pandemia del Covid-19 en uno de los principales holdings de la región, será sin duda sintomático de algunos de los próximo movimiento en la configuración de la economía.

La defensa del emporio

Paolo Rocca se ha caracterizado, sin duda, por defender con uñas y dientes los intereses de su emporio. Luego de una larga trayectoria en la siderurgia, hoy su principal apuesta pasa por Vaca Muerta, el segundo reservorio mundial de shale gas. El yacimiento situado en la cuenca neuquina en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, tiene una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados.

En Fortín de Piedra, un yacimiento de 243 km2 en la provincia de Neuquén, Tecpetrol invirtió US$ 2300 millones en una primera fase com US$ 1600 millones en perforación y terminación de pozos y US$ 700 millones en instalaciones de tratamiento y transporte de gas. Esa primera fase incluyó la perforación de 150 pozos con 5 equipos, 245 km de ductos y una producción estimada de 14 millones de m3/d de gas hacia 2019. Siendo uno de los más entusiastas precursores en el proyecto Vaca Muerta, Rocca batalló contra el Estado incluso bajo el gobierno de Macri por un subsidio que garantice el retorno de sus inversiones contra todo riesgo. En mayo de 2019, «la compañía aduce que dejó de percibir $ 2500 millones (más intereses) o unos u$s 55 millones por los pagos mal liquidados de agosto, septiembre y octubre de 2018». «En un principio, Tecpetrol informó que sus pérdidas para todo 2018 por este cambio en las reglas de juego llegaría a los $ 5655 millones», aseguró la empresa.

La interpretación de la resolución 46/2017 cuestionada por Techint establecía un precio estímulo de u$s 7,50 por millón de BTU en 2018; u$s 7 para 2019; u$s 6,50 para 2020 y u$s 6 para 2021 para todo el gas no convencional producido por encima de la extracción del último año móvil en los yacimientos que recibieron este subsidio.

Rocca y sus ejecutivos también se vieron salpicados por la llamada «causa de los cuadernos», una investigación judicial surgida de las anotaciones del chofer de un funcionario del Ministerio de Planificación, el secretario de Energía, Roberto Baratta. En esa causa, Luis Betnaza aseguró haber pagado coimas para garantizar «la seguridad» del personal de la empresa que se encontraba en Sidor, la siderúrgica más grande de Venezuela que fue estatizada con un pago millonario a la empresa de los Rocca tras un extenso conflicto sindical. El curso de la investigación por los cuadernos, fuertemente entrecruzada por las disputas e internas político-judiciales y bajo el comando del difunto juez Claudio Bonadío, concluyó con un sobreseimiento para Rocca, Betnaza y otro ejecutivo más.

Para completar a modo ilustrativo la semblanza de un grupo que se ha valido de cada oportunidad para acumular capital económico y político, en 2016, durante el blanqueo de capitales aprobado por el Congreso con el impulso del entonces oficialismo de Cambiemos, los directivos y familiares de Paolo Rocca aprovecharon para blanquear nada menos que $9.100 millones, una cifra extraordinaria para el común de los mortales.

La señal de arranque

Apenas comenzado la crisis sanitaria por la propagación del Covid-19, que implicó un derrumbe bursátil internacional y un freno generalizado de la actividad económica, el gobierno nacional dictó un aislamiento social preventivo y obligatorio que paralizó toda industria o servicio que no fuera considerado esencial. El empresario resolvió despedir a 1.450 operarios de la rama de construcciones del holding vinculados a proyectos de obras y servicios en las provincias de Buenos Aires, Tucuman y Neuquén. Poco le preocupó la lectura social de una medida de ese tipo en medio de un enorme esfuerzo social colectivo bajo el aislamiento social preventivo y obligatorio para la mayoría de la población que trae aparejado también grandes privaciones en el acceso a un ingreso y bienes de primera necesidad.

La respuesta a los despidos masivos fue un fuerte cuestionamiento del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien calificó como «miserable» en un mensaje público y a través de un decreto de Necesidad y Urgencia prohíbe los despidos y suspensiones por 60 días desde el 29 de febrero. Sin embargo, la empresa pudo sortear esta resolución con un acuerdo con el sindicato UOCRA que convalidó las desvinculaciones masivas y el ministerio de Trabajo tuvo que homologar el acuerdo. Los 1.450 despidos ejecutados por Techint se estima que son sólo un emergente de una parálisis más vasta en la rama de la construcción que puede alcanzar hasta los 100 mil despidos.

Previamente a los despidos en el sector construcciones, sin embargo, el holding ya había comenzado a descargar la crisis sobre sus trabajadores. Es el caso de SIAT-Tenaris, la empresa ubicada en Valentín Alsina que produce tubos de aceros para gasoductos. El delegado de la UOM Avellaneda, José Villa, explicó: «El día 19 de marzo cobramos la quincena, y la empresa no pagó un ítem que venimos cobrando desde hace 50 años, que es el ítem premio de producción», denunció.

En el caso de SIAT, los trabajadores estaban con un plan de suspensiones con una reducción salarial al 85% hasta el 31 de julio bajo el planteo de la empresa de falta de producción. Sin embargo, Villa advierte que ahora bajo el impacto recesivo por el coronavirus, esta modalidad se extiende a las distintas plantas del holding. «Desde el 1 de abril con el DNU del gobierno, el grupo Techint salió a operar con un artículo del mismo para imponer suspensiones con reducciones salariales en otras plantas». El delegado puso como ejemplo la planta de Ternium-Siderar en Haedo que pasará a un régimen de suspensiones con el 75% del salario y un acuerdo similar se aplicaría en la planta de San Nicolás (ex Somisa).

El gremialista también advierte que Techint se encuentra aprovechando este escenario en otros países. En el caso de Italia, en la región de Bérgamo, donde se encuentra la planta de Tenaris Dalmine, la empresa mantuvo a la fábrica funcionando hasta el 23 de marzo a pesar que era una de las zonas más afectadas por las muertes por Covid-19. Tras la implementación de la cuarentena, el holding pasó allí también a un esquema de suspensiones con reducciones salariales. Para mayores contrapuntos en esta historia, Bérgamo es una zona donde ha proliferado el avance de la salud privada de la mano de Humanita, la red de clínicas del grupo de Techint. Gianfelice Rocca es quien las dirige, la misma persona que preside Tenaris-Dálmine.

En un contexto donde se avizora una recesión económica comparable a otras grandes crisis y con un estado que no puede hacer frente al pago de la deuda pública, las primeras semanas de abril ganó cierto impulso por iniciativa de organizaciones gremiales y sociales la propuesta de un impuesto a las grandes fortunas para financiar los costos de la crisis socio-sanitaria. La propuesta sería llevada al Congreso con la firma de diputados del Frente de Todos. Ese gravamen a los billonarios de la Argentina, entre los que se incluye obviamente a Rocca, podría aportar entre u$d 3.000 y u$d 4.000 para inyectar tanto a un sistema salud vaciado por el modelo neoliberal como a atender la situación de los sectores más postergados, con un 40% de trabajadores precarizados o no registrados que han perdido sus ingresos por la implementación de la cuarentena.

La aprobación de la iniciativa todavía es incierta y contará con el rechazo cerrado de los representantes de la clase empresaria. Por lo pronto, el CEO de Techint Ingeniería y Construcciones, Carlos Bacher, se defendió luego de los despidos masivos asegurando que el holding aportará u$d 10.000.000 para el Hospital Austral y el sistema de salud de Campana. Esa suma no parece suficiente para cerrar la puja que se avecina.

Segunda parte del informe sobre el transporte de pasajeros durante el aislamiento obligatorio a causa del covid-19. En este caso, la realidad que se vive en los colectivos, el subterráneo y las disputas con las ART

Por Daniel Jatimliansky para Infonews

 

Foto: Radio Mitre

El 6 de abril –cuarto día hábil del mes y último plazo para el pago de salarios según la Ley 20.744, de Contrato de Trabajo-, el delegado de las líneas 540 y 553, Juan Alberto Galeano, recibió un mensaje de WhatsApp, enviado por sus jefes. Por ese medio, le informaban que la empresa pagaría sólo el 80% de los sueldos al personal. Ambas líneas son parte del Grupo Autobuses, uno de los aglomerados empresarios más grandes del país en un sector sumamente concentrado, como es el transporte automotor urbano de pasajeros.

No lo vamos a aceptar”, fue la respuesta inmediata de Galeano. Tras el intercambio infructuoso con el representante de la empresa, los trabajadores se comunicaron entre sí a través de las redes virtuales y convocaron a una asamblea a primera hora del día siguiente.

El 7 a la mañana, la imagen que presentó el playón de la empresa, sobre la avenida Ejército de Los Andes de Villa Fiorito, parecía salida de un film de ciencia ficción. Unos cien trabajadores –casi la totalidad de quienes estaban activos por no conformar alguno de los “grupos de riesgo”- permanecían al aire libre en una ronda ampliada, separados a más de un metro uno de otro. Algunos portaban barbijos, otros se colocaban alcohol en gel en las manos cada cierto tiempo. Ninguna unidad había salido ese día cuando llegó un mensaje de la empresa, a las 10.20, que informó que la suma faltante de los sueldos había sido depositada. La asamblea continuó hasta pasadas las 11, cuando los trabajadores levantaron la medida.

Venimos de una organización gremial con todos los compañeros de hace casi 30 años, jugar con la desorganización de nuestra línea les va a costar un montón”, advirtió el delegado.

El aspecto sanitario fue otra de las mayores preocupaciones de los trabajadores cuando se confirmó la presencia de la pandemia en el país. Según aseguró Galeano, la empresa no se ocupó de la higiene de las unidades: “tuvimos que hacer una asamblea e implementar nuestro propio protocolo”, manifestó. Entre las medidas, se anuló la puerta delantera y se colocó una cinta de seguridad detrás de las primeras filas de asientos para distanciar al conductor de los pasajeros (más tarde, en lugar de la cinta se adoptó un denominado “plástico cristal”, una suerte de film grueso que aísla todo el espacio).

La primera respuesta de la empresa fue preguntar por qué hacían ingresar a los pasajeros por la puerta trasera. Luego de algunas discusiones, la patronal accedió a eso y otorgó elementos de seguridad como alcohol en gel, barbijos y guantes, entre otros. No obstante, Galeano consideró que el transporte público debería paralizarse por completo para evitar el contagio de los trabajadores.

Foto: Nico Kobane, en Infonews

Condiciones precarias y aprietes pandémicos

Los problemas se extienden mucho más allá del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En Neuquén, la línea 12, también concesionada al Grupo Automotores, realizó un paro parcial –por horarios- el 8 de abril porque sus trabajadores no percibieron la totalidad de los salarios. En algunos casos, la suma abonada fue inferior al 50% de lo que corresponde. De manera previa, la compañía había recibido 3,3 millones de pesos por parte de la Municipalidad de Neuquén para pagar los sueldos. Por parte de la empresa, el gerente local, Leandro Franco, envió un mensaje al gremio con agravios y hasta un texto referido al paro que sonó a amenaza: “Eso no es gratis. Abz”.

La medida de fuerza fue interrumpida tras el dictado de conciliación obligatoria por parte de la cartera de Trabajo provincial pero fue retomada el 14 de abril a las 12, tras extenderse la falta de pago. Al cierre de este artículo, la situación permanecía en ese estado.

En esa compañía, el conflicto salarial parece ser una extensión de otros problemas precedentes. Entre ellos, la situación sanitaria es preocupante: “exigimos que haya agua en las cabeceras porque hay baños químicos, y también tenés que pelear con el empresario para para que desagoten el baño; en el taller no hay calefacción, el baño está a 100 metros y no lo limpian seguido, se inunda, hay dos inodoros, dos duchas y una pileta para más de 50 trabajadores por turno”, detalló el secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) regional Neuquén, Claudio Coronel. La temperatura de los conductores, por su parte, no es controlada al comenzar los turnos, tal como establece el protocolo de transporte de pasajeros y cargas del Poder Ejecutivo, fechado el 17 de marzo.

En la misma provincia, la firma Ko-Ko, que pertenece al grupo empresario Vía Bariloche, despidió a 100 conductores en medio de la prohibición de hacerlo, según publicó Noticias Neuquén. Por su parte, Transporte Rincón, una compañía interurbana, abonó el 50% de los salarios e hizo renunciar a su personal con la promesa de reincorporarlo más adelante.

Las compañías donde los empleados lograron organizarse, realizar asambleas y tomar medidas en conjunto fueron los que más soportaron los embates.

En Salta, el delegado de UTA de la empresa Transal, Diego Corvalán, consideró que se vive una situación complicada y que, como trabajadores, se sienten desamparados: “si bien tenemos un gobierno presente, los empresarios hacen caso omiso a varias cosas”. Las condiciones de higiene, según denunció, son mínimas.

Muchos empresarios ponen el pretexto de no poder pagar los sueldos. Años (hace) que vienen juntándola con pala a la plata y ahora, que les toca perder un mes, son pobres. En la riqueza no formábamos parte y, ahora que no hay, quieren hacernos formar parte. Gratis no vamos a trabajar”, reafirmó.

Foto: Infonews

Los trabajadores a la vanguardia de los protocolos

Focalizada en el AMBA, Dota es otra de las grandes jugadoras del sector. De acuerdo con un informe de la Auditoría General de la Nación publicado en 2019, esa compañía concentró el 46% de los pasajeros transportados en el sistema urbano de la región durante 2014 y 2017, y recibió el 48% de las compensaciones que dio el Estado Nacional a las empresas del rubro en la zona. Para 2017, la sociedad contaba con 77 empresas, de las cuales 67 se dedicaban al transporte de pasajeros, con un total de 180 líneas urbanas (de un total de 389). De acuerdo con fuentes de fábricas automotrices, el grupo cuenta con 4.500 unidades. Sin embargo, si se considera que en el AMBA circulan 18 mil colectivos, la cifra puede ser mucho más elevada.

Entre las líneas que gestiona está la 60, que viene de un prolongado conflicto. El mismo incluyó el cierre de 12 de sus 19 ramales el año pasado, hecho que fue impugnado por los trabajadores y debe ser revisado por el Ministerio de Transporte. “Fuimos los primeros, junto con las líneas 540 y 533, en anular la puerta de adelante y poner el plástico cristal. La empresa hizo informes pero, finalmente, los levantó. Fue una situación de emergencia en la que la empresa hizo la vista gorda”, relató uno de los delegados de esa línea, Santiago Menconi.

Los trabajadores realizaron una asamblea –al igual que ocurrió en otros lugares, sucedió en el playón y separados por una distancia prudencial- y exigieron la provisión de alcohol en gel, mascarillas para el personal de desinfección, lavado de las unidades con agua caliente, entre otros aspectos que la patronal cumplimentó.

El subte es otro de los servicios cuyos trabajadores están muy expuestos al contagio en la situación actual. No obstante, los pedidos de artículos de sanidad fueron cubiertos de manera rápida por la empresa: “armamos el protocolo en base a lo que venía diciendo el Gobierno y a nuestros médicos, ya que teníamos un equipo muy fuerte que habíamos armado por el tema del amianto (n de la r: en 2011, la Ciudad de Buenos Aires compró vagones con ese material, cuyo uso está prohibido por ser considerado cancerígeno).

Si bien en ese medio de transporte metropolitano no se produjeron conflictos de importancia durante la pandemia, el centro de atención estuvo en exigir que el covid-19 sea declarado enfermedad laboral. Para eso, el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, conformado por organizaciones de la CTA y la CGT, sumado a numerosos gremios y organizaciones de trabajadores, exigió al Estado una regulación en ese sentido. El 13 de abril, tras largos debates que incluyeron un gran lobby por parte de las administradoras de riesgos de trabajo (ART) para dilatar o frenar la medida, se publicó el decreto 367, que le da carácter profesional a la enfermedad covid-19, mientras dure la medida de aislamiento, para las y los trabajadores excluidos. De esa manera, las ART están obligadas a dar cobertura ante casos positivos.

Los grupos concentrados económicos mandan a la gente a laburar. Y enfrente está la resistencia, con los diferentes problemas que se plantean. Para nosotros, es central esto (la consideración de enfermedad profesional) porque, si no, iban a tener que pagar las consecuencias las obras sociales o la salud pública”, resumió el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Beto Pianelli, quien también está al frente de la Secretaría de Salud Laboral de la CTA.

 

El transporte de pasajeros es una de las actividades consideradas esenciales durante el aislamiento obligatorio decretado a causa del covid-19. A continuación, la primera parte de un informe especial de lo ocurrido hasta el momento en el sector.

Por Daniel Jatimliansky, en Infonews

El 3 de marzo se conoció el primer caso positivo de coronavirus en el país. Se trató de un argentino que había volado de Milán a Ezeiza dos días antes. Cuando se anunció la primera muerte, el día 7, los casos ya eran 8 y todos “importados”. El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini era, hasta entonces, la principal vía de entrada al país del covid-19.

En consecuencia, el Gobierno suspendió el 12 de marzo los vuelos provenientes de las denominadas zonas de riesgo: Europa, Japón, China, Irán, Estados Unidos y Corea del Sur. Días más tarde, se sumaron a la lista Chile y Brasil. Ya el 18, en la jornada previa a la publicación del decreto 297/2020, sobre el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio –que, entre otros aspectos, suspendió todos los vuelos regulares internacionales y de cabotaje-, partió el primer vuelo de “repatriación” de argentinos varados en el exterior.

Un Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas despegó a las 8.30 con destino a Miami. A diferencia de las operaciones convencionales, en que la tripulación pasa la noche en un hotel de la ciudad de destino antes del regreso, la nave volvió el mismo día que había partido para minimizar el tiempo de estadía en el país del norte. Para contrarrestar los efectos del cansancio provocado por el recorrido de ida y vuelta sin pausa, se reforzó la tripulación. La misma se conformó con 10 personas, en lugar de las habituales 4 o 5. Al aterrizar en Ezeiza a la madrugada siguiente, los 270 pasajeros debieron aislarse por 15 días. Lo mismo ocurrió con los trabajadores aeronáuticos que los fueron a buscar.

Estuve 15 días solo, sin ver a mi esposa, ni a mi hija”, recordó el comandante del vuelo, Pablo Biro, quien a su vez es secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). “Aerolíneas es un pedazo de territorio. Así como había que pararle a Macri para defenderla, ahora hay que buscar a los argentinos, no te podés hacer el boludo”, sostuvo. Desde ese día y hasta el 27 de marzo, se realizaron 44 operaciones especiales para traer a más de 14 mil personas desde Río de Janeiro, Florianópolis, San Pablo, Porto Seguro, San Salvador de Bahía, Bogotá, Lima, Madrid, Cancún, Punta Cana y el mencionado Miami.

Cada uno debe cuidar su trabajo”

La cuarentena fue una consecuencia de su trabajo en una situación excepcional. Sin embargo, la mayor preocupación para el gremio que conduce llegó el 19, pocas horas después de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 297: ese día, la empresa Latam Airlines aseguró que bajaría un 50% el salario de sus trabajadores en abril, mayo y junio para hacer frente a la crisis y “garantizar el empleo”, según palabras de la CEO de la compañía en Argentina, Rosario Altgelt.

Me emociona profundamente ver esa gente que se expone a gente que tal vez esté infectada. Agradezco profundamente a todos los que hagan vuelos humanitarios. Y a todos: sean muy responsables respecto a la propuesta económica que estamos haciendo. Es la mejor que podemos hacer y, tal vez, es la única que podemos hacer”, sorprendió Altgelt durante un Comité Ampliado de la empresa, que es una suerte de reunión conformada por representantes de diferentes sectores de directivos y trabajadores de la empresa, que en esa ocasión se realizó de manera virtual. Su discurso, que ocurrió el mismo día que comenzó a regir el aislamiento obligatorio, fue aún más lejos. “No estamos jodiendo. El caldo de cultivo no está para joder. Está para cuidarnos y cuidar a la empresa, y cuidar nuestro trabajo. No depende de mí cuidar nuestro trabajo, cada uno de ustedes debe ser responsable y cuidar su trabajo. No lo deleguen en mí porque no me voy a cargar con esa piedra”, espetó con firmeza.

La intención de ajuste no se achicó. El 2 de abril, la firma presentó, a través de su letrado Sebastián Ahumada, un escrito que pedía la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. Uno de los párrafos sintetiza las nueve páginas del texto: “teniendo como objetivo primordial la protección con mucho esfuerzo de la fuente laboral, entre los meses de Abril y Junio (sic), hemos realizado una propuesta de suspensiones de personal y adecuación temporal de los ingresos por falta de trabajo y evidente fuerza mayor”.

La respuesta de la cartera laboral llegó al día siguiente y, entre otros argumentos, le recordó que el decreto 329, vigente desde el 31 de marzo, prohíbe “las suspensiones por causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo” hasta fin de mayo.

La revolución de los aviones

Los ‘quilombos’ que tenemos tienen que ver con (el ex ministro de Transporte, Guillermo) Dietrich y la ‘revolución de los aviones’: (se) cerró (la compañía aérea) Sol, dejó de operar Avianca, achicó las operaciones Andes y deben meses de salarios… en Aerolíneas resistimos y Latam, con Lopetegui en el Gobierno, hizo crecer al holding extranjero (n de la r: Gustavo Lopetegui fue CEO de Latam en el país entre 2009 y fin de 2015, cuando asumió como vicejefe de Gabinete de la Nación; luego fue asesor presidencial y, por último, secretario de Energía hasta diciembre de 2019)”, sostuvo el representante gremial de los pilotos.

A partir de 2015 y con la aprobación del Gobierno encabezado por Mauricio Macri, la firma que hoy pretende suspender trabajadores y bajar salarios operó en la Argentina nuevas rutas a través de sus filiales de otros países. Así, Latam Chile comenzó a viajar desde Santiago a Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Buenos Aires y Rosario; Latam de Brasil sumó Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza y Buenos Aires a su “hub” –tal es la denominación técnica de los centros de distribución- en San Pablo; Latam de Perú operó rutas desde Córdoba, Rosario, Mendoza, San Juan y Buenos Aires a Lima; y Latam de Colombia incorporó rutas a Bogotá.

A nivel regional, el Grupo Latam tuvo ganancias netas por más de 190 millones de dólares en 2019 (un 5% más que los USD 180 millones del año anterior), según difundió la propia compañía. Sin embargo, su filial argentina manifestó pérdidas en los últimos tres períodos. Claro está que muchas de las rutas que realizó en nuestro país, como se detalló en el párrafo anterior, fueron operadas desde otras filiales.

En 2018, cada uno de los 8 directores del Grupo Latam -que son quienes deciden los gastos de la compañía- embolsó entre 9.780,06 y 57.922,90 dólares por mes en concepto de dietas, respectivamente. El dato no incluye al vicepresidente, ni a un ex director del Directorio, que también recibieron sus “salarios” por cifras similares.

Marco actual

No solo las suspensiones de personal son ilegales en este momento, también lo es la baja de salarios, que únicamente puede aplicarse si es pactada u homologada por la autoridad de aplicación: “la normativa de la emergencia en su conjunto, y las declaraciones del propio Presidente, da cuenta de una voluntad de sostener el salario y eso hay que demostrarlo en los hechos”, sostuvo el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, en declaraciones a Tiempo Argentino.

Si bien el negocio aeronáutico global está en crisis por la reducción drástica de la cantidad de vuelos (en la Argentina, por ejemplo, sólo se realizan viajes de carga y algunas operaciones especiales que debe autorizar la Administración Nacional de Aviación Civil –ANAC-), algunos analistas consultados coincidieron en que esa industria “se recupera rápido”, como se evidenció tras la caída de las torres gemelas en Estados Unidos.

El grupo Latam, como en cada situación que se le presenta favorable, intenta ir por el recorte de salarios o el recorte de personal”, acusó Edgardo Llano, secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), gremio que representa a otra de las actividades de la aviación comercial. “Desde el conjunto de los gremios aeronáuticos hemos rechazado y vamos a seguir rechazando todo intento de precarizar las condiciones de los trabajadores”, agregó.

Como la mayor parte del personal no concurre a sus lugares de trabajo, las redes virtuales se convirtieron en un espacio para intercambiar información. Así, algunos trabajadores conformaron grupos de chat y salas para videoconferencias por aplicaciones como Zoom, donde mantuvieron el contacto entre muchas personas.

Venimos de resistir cuatro años de macrismo. A fuerza de asambleas, paros y otras medidas fuimos capaces de sostener los puestos de trabajo”, consideró la prosecretaria de Prensa, Cultura y Difusión de APA, Cecilia Moccia. Con respecto a los primeros días de la expansión del covid-19 en el mundo, sostuvo que en los aeropuertos la situación sanitaria fue “muy caótica”, sobre todo en las ciudades más pequeñas: “nos organizamos como pudimos y tratamos de hacer prevalecer las licencias para los grupos de riesgo”, afirmó. Con el paso de los días, las empresas dieron respuesta a los pedidos gremiales, como el uso de barbijos, alcohol en gel, vidrios de protección de mostradores, entre otros. Las conversaciones continuaban al cierre de este artículo.

 

Con la consigna de quedarse en casa, no en silencio, Anamuri denuncia la insistencia del gobierno de Piñera en mantener, a como de lugar, el funcionamiento del sistema económico por sobre el resguardo de la salud y la seguridad de la población frente a la crisis del COVID-19. Trabajadores y trabajadoras rurales están expuestos a mayor explotación e indefensión en el contexto de la pandemia. 

Por Anamuri

 

El día 2 de marzo de este año mueren cuatro trabajadores en un incendio en las bodegas de la empresa San Francisco en la comuna de Pudahuel. El día tres de marzo se confirmó el primer caso de Coronavirus en Chile. El día 4 del mismo mes mueren tres jóvenes en la Agrícola Atacama en medio de esta crisis sanitaria, no los olvidamos y vemos con preocupación cuáles son las prevenciones reales para que otros u otras trabajadoras puedan perder la vida en medio de esta pandemia, desde esas fechas y hasta ahora el contexto que presenta esta crisis sanitaria en el país y en el mundo, nos llama a expresar nuestra gran preocupación y a la vez expresarle toda nuestra solidaridad a las y los trabajadores víctimas de medidas económicas que van en beneficio de los empresarios haciendo aún más incierto su futuro laboral y el sustento económico de su hogar. Esto queda claro cuando vemos como las orientación del gobierno de Piñera, centrando la política sanitaria en mantener, a como de lugar, el funcionamiento del sistema económico por sobre el resguardo de la salud y la seguridad de la población.

Hoy con más de 4.000 personas contagiadas aún no cesan las faenas productivas en el territorio, obligando a las mujeres y hombres asalariados a trasladarse en el transporte público hacinados y asistir a lugares de trabajo que no cumplen con el distanciamiento social, práctica que han tomado las distintas entidades de salud en el mundo para evitar el contagio de la población.

De la misma forma la mayoría de los empleadores de nuestros sectores no están cumpliendo con las normativas de entrega de insumos para la seguridad de las y los trabajadores, no entregando mascarillas, guantes o alcohol gel aumentando así las posibilidades de contagios entre las y los trabajadores, más aún cuando las faenas de cosecha son en pleno campo.

El primero de abril se publicó en el Diario Oficial la llamada Ley de Protección al Empleo, que busca impedir los despidos traspasando el costo de la cuarentena directamente sobre los ahorros de las y los trabajadores, más aún, contempla sólo a jornales con contrato desde los últimos seis meses con el mismo empleador, con cotizaciones pagadas. La ley establece que la patronal quedará progresivamente exenta del pago de los salarios, partiendo con el 70% de la remuneración y el resto será completado por el seguro de cesantía. Además, las cotizaciones de pensión y salud sólo serán pagadas al 50%, hipotecando aún más el futuro de los trabajadores/as.

A diferencia de los discursos oficiales, que sindican a la rebelión del 18 de octubre y la pandemia del covid-19 como el origen de la actual crisis, para la clase trabajadora esta situación es la aceleración y agudización de la explotación y opresión que la pandemia ha puesto al descubierto. En este marco ya muchas empresas han realizado despedidos masivos o han procedido a la suspensiones de los contratos de con sus trabajadores y especialmente en las mujeres éstos han ido incrementando exponencialmente con la crisis global lo que deja en una situación aún más compleja a las trabajadoras y a los trabajadores.

La realidad de las trabajadoras del campo y las orilleras del mar no es diferente, en el caso de las trabajadoras agrícolas que sufren la extrema flexibilidad laboral, en algunas regiones las patronales han optado por apurar el periodo de cosecha, acortando al mismo tiempo, la temporada laboral quedando en mayor desamparo las asalariadas agrícolas, las orilleras de mar se ven completamente desprotegidas por una relación laboral no reconocida, condenadas, a no poder comercializar sus productos ni los medios para trasladarlos a los centros de ventas en los pueblos o ciudades donde generalmente lo hacían de pasar las barreras sanitarias por la emergencia quedando en el más completo desamparo. Por ello el pueblo trabajador debe luchar por imponer, frente a un gobierno que beneficia las ganancias de los empresarios, las medidas sanitarias que correspondan con la seguridad y el resguardo de la salud de las y los trabajadores.

Organismos especialistas como la organización mundial de la salud (OMS) han recomendado tomar medidas concretas como establecer cuarentenas totales, los y las trabajadoras debemos luchar para que esas cuarentenas sean realmente efectivas, para eso hay que:

Reducir o suspender los cobros de servicios básicos; congelar los dividendos y respetar y establecer reales contratos de trabajo. Además, prohibir la disminución o el no pago de sueldos.

Nuestro compromiso es estar atenta y lograr mantener una estrecha comunicación con las trabajadoras agrícolas y las recolectoras del mar, desde el Sindicato Nacional de las trabajadoras de la tierra y el mar, desde ANAMURI las instamos en esta coyuntura tan apremiante a no dejarnos avasallar y a elevar nuestra voz para denunciar las injusticias y los incumplimientos a todas las disposiciones de higiene y sanitaria que exige la prevención para el ataque del virus. Estamos en el trabajo enfrentando los temores de esta pandemia pero no estamos en silencio, Las y los trabajadores somos la fuerza vital para el desarrollo de nuestro país y los empresarios y el gobierno deben hacerse eco de las grandes dificultades que agobia a las mujeres que venciendo temores que dejando en casa a sus hijas e hijos a padres o familia las mujeres deben salir a buscar el sustento de sus hogares y el suyo propio, pero estamos seguras que a pesar de esta adversidad nos sobrepondremos a la epidemia, nada no detendrá en la lucha por nuestros derechos, por una verdadera legislación laboral, por una asamblea constituyente, por una nueva constitución paritaria y plurinacional.

Estamos en nuestros puestos de trabajo. Luchando, resistiendo. No estamos en silencio

 

Cada año miles de trabajadores y trabajadoras viajan lejos de sus hogares junto a sus familias para trabajar durante algunos meses en la cosecha de la vendimia, la yerba mate y otras oportunidades laborales. Duermen en galpones, carpas, gazebos o pequeños cuartos, donde abundan los colchones viejos y la falta de abrigo e higiene. El decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio dejó a muchos con sus trabajos paralizados abruptamente y varados en chacras o terminales de ómnibus de diferentes puntos del país, abandonados a su suerte por gobiernos provinciales y dueños de campos. Otros, en cambio, se vieron obligados a continuar trabajando en condiciones precarias. Se trata de los y las trabajadoras rurales golondrina. Un recorrido por la situación de un sector presente en todo el país que, por su naturaleza geográfica temporal y socialmente móvil, sufre de manera crónica niveles altísimos de informalidad y precariedad laboral. Aquellos que no tienen voz ni derechos, y cuyas condiciones son preexistentes a la pandemia.

Por Fernando Ruffa, ANRed*.

 

 

Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández por medio del Decreto 297/2020 – como medida para frenar la expansión del coronavirus (Covid-19) en Argentina – muchos trabajadores y trabajadoras rurales golondrina vieron abruptamente suspendidas sus tareas, quedando varados en chacras y terminales de ómnibus, abandonados por los dueños de los campos y los gobiernos, sin poder volver a sus hogares para cumplir con la cuarentena. Otros, en cambio, se vieron obligados a continuar trabajando en condiciones laborales y de salubridad precarias.

Un ejemplo de este sector son los miles de peones que migran año a año a Mendoza para emplearse en la cosecha de la uva o por otras “changas”. Este año la cuarentena obligatoria los encontró levantando la cosecha de la uva pero el trabajo continuó. Decretado como tarea esencial, los empresarios no podían perder la fruta y no vender el vino, en un negocio donde la paga a los y las cosecheras es por tacho completo, habitualmente en negro y sin ningún registro, y las jornadas laborales son extensas.

“En Mendoza, a los trabajadores rurales se les permitió trabajar para no perder las cosechas, pero nadie se ocupó de garantizar su regreso. Debería haber habido una coordinación entre los gobiernos de Mendoza, Jujuy y Nación para que los micros estén autorizados a viajar con todas las medidas de seguridad”, reflexionó en entrevista con ANRed Laura Rodríguez, de la Red de Derechos Humanos de Mendoza, que junto a otras organizaciones sociales asisten en estos días a las familias varadas, que en general quieren volver a Jujuy y Salta. “La situación actual es que ha seguido llegando gente a la terminal todos los días, y va a seguir llegando – expresó, preocupada – Hay gente que llega con un pasaje y gente que no, e incluso gente que ni siquiera tiene plata para comprar un pasaje, porque los patrones en las fincas les han estado diciendo que se vayan por el coronavirus. A esto se suma que esta cosecha ha sido mala, la gente a trabajado poco y se le ha pagado poco”.

Río Negro y Neuquén también reciben año tras año a miles de trabajadores golondrina de diferentes provincias del norte argentino, que recorren más de dos mil kilómetros para trabajar en la poda, raleo y cosecha de la pera y la manzana. En el marco de la cuarentena obligatoria, cientos también quedaron aislados y varados en varias localidades. “Nosotros que trabajamos en las chacras no tenemos novedades. Estamos gastando lo poco que nos queda del sueldo que hemos ganado en estos meses. Hay más o menos entre 500 y 600 personas entrerrianas esparcidas en todo el valle. Lo único que pedimos es volver a nuestras casas, con nuestras familias y cumplir la cuarentena tranquilos”, expresó preocupado a ANRed uno de ellos, que estaba trabajando en una chacra de la localidad rionegrina de Cervantes (cercana a General Roca).

 

Los trabajadores golondrina: una situación preexistente a la pandemia

Dar cuenta de la situación global del sector de los y las trabajadoras rurales golondrina resulta un gran desafío, porque por su naturaleza geográfica temporal y socialmente móvil como trabajadores migrantes y temporarios, la información al respecto es muy dispersa y los niveles de informalidad muy altos.

Elena Mingo, socióloga e investigadora del Conicet en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), dentro del programa “Trabajo, hogares y organizaciones en espacios rurales”, dialogó con ANRed y hechó un poco de luz sobre el origen y las características principales de este sector. “La tradición de circulación de fuerza de trabajo migrante transitoria es una de las características históricas en la conformación de las economías regionales para abastecimiento de alimentos al mercado interno argentino, por lo que encontramos antecedentes desde finales del siglo XIX – explica la investigadora – La precarización de las contrataciones y la temporalidad del empleo son las dos características estructurales sobre las que se ‘organizan’ las condiciones laborales para les trabajadores agrícolas estacionales que participan trabajando en las explotaciones intensivas en el uso de mano de obra. Luego hay que tener en cuenta otras dimensiones que modifican estas características estructurales, dando por resultado una diversidad de situaciones dentro de este colectivo. Entre ellas, la condición de trabajadora o trabajador migrante temporario conjuga dos variables que tienden a profundizar y complejizar las ya estructurales condiciones de precariedad”.

“La migración desde la provincia de Santiago del Estero es una de las de mayor antigüedad – destaca Mingo – Las y los trabajadores participan en varios circuitos entre ellos: la desflorada del maíz, para la producción de semilla en la provincia de Buenos Aires. La ‘arrancada’ o cosecha de papas al suroeste de la provincia de Buenos Aires y más recientemente se suma el circuito Santiago del Estero y Catamarca para la cosecha del olivo”.

“Otro circuito también tradicional es el que hacen trabajadoras y trabajadores del norte del país (Tucumán y Salta predominantemente) hacia las provincias de Mendoza y Río Negro. Estos circuitos comienzan en diciembre y se extienden hasta el mes de abril cuando finaliza la vendimia. Otro de los circuitos característicos, pero más reciente, es el de la migración de trabajadores, varones, hacia la provincia de Entre Ríos para la forestación”, detalla la socióloga, que se desempeña desde el 2005 en el CEIL, un equipo de investigación que cuenta con larga trayectoria en el campo de la sociología rural.

Asimismo, la investigadora considera que la historia de las y los trabajadores rurales golondrina se caracteriza por un “contexto general de invisibilización histórica de las condiciones”, además de “escasas intervenciones sobre la regulación de esas formas de empleo y contratación”. Aunque considera que “es importante destacar la sanción de la ley 26 727 de ‘Régimen de trabajo agrario’ en diciembre de 2011, que visibiliza estas formas de contratación, sobre todo aquellas que se repiten año a año, bajo la figura del ‘trabajador permanente discontinuo’, además de proponer en sus artículos la regulación de las condiciones de traslado, vivivienda, alimentación e higiene”. En el marco de dicha ley se creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) que, según detalló la investigadora, “trabajó en la regulación, inspección y visibilización de estas particulares condiciones de trabajo, estrategias de reproducción, vivienda y sanidad”, destacó la investigadora, que aclaró que el ente “fue disuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre del año 2015”.

En cuanto a la situación actual de las trabajadoras y trabajadores varados en las provincias de destino por la cuarentena debido al Covid-19, Mingo remarca que se trata sólo de una coyuntura que visibiliza algo crónico, histórico y preexistente a la pandemia: “expone la enorme variedad de situaciones de desigualdad y precariedad a la que están sometidos y sometidas una enorme porción de las argentinas y argentinos. Son condiciones que no son propias de la coyuntura sino que son históricas y solamente la coyuntura las visibiliza. En este sentido, quedar ‘varados’ es algo habitual para ellos y ellas. Las condiciones de contratación precarias hacen que muchas veces no se cumplan las promesas de pago del pasaje de regreso. También sucede que llegan a los lugares de destino y no encuentran empleo rápidamente. Esta situación los tiene deambulando y viviendo en malas condiciones hasta que logran insertarse. Por otra parte, la estadía mientras dura la temporada de trabajo tiene también complejidades. Algunos arreglos de contratación incluyen la vivienda en casas ‘colectivas’ dentro de las fincas. En otros casos deben alquilar viviendas durante la temporada, estas zonas proveen ese servicio para los migrantes, siendo una fuente de ingreso para las familias locales”.

Finalmente, la especialista destaca que es importante “para generar intervenciones estatales o sindicales, escuchar la experiencia que estos trabajadores tienen sobre los circuitos migratorios y las formas en que crean relaciones con los lugares de destino que les han permitido sostener la reproducción de sus vidas y las de sus familias a lo largo de décadas”.

Del sur al noreste

Yendo hacia el noreste de la Argentina, también se encuentran condiciones laborales similares. Es el caso de los trabajadores y trabajadoras tareferas que se emplean en las cosechas de la hoja de yerba mate en Misiones, algunos de los cuales también a veces alternan un semestre en otras provincias, y luego vuelven a su lugar de origen.

Enso Ortt es un ex trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar. Hoy se encuentra en la Red de Agricultura Orgánica de Misiones y viene trabajando con campesinos y campesinas en ese rubro desde hace 13 años. “Muchos de los trabajadores transitorios, golondrinas o tareferos, son la base o mano de obra de las cadenas productivas – detalla, a modo de panorama general del sector en la provincia – Acá en la provincia hay muchos trabajadores golondrina o changarines que van a otras provincias, generalmente jóvenes, para Entre Ríos y Corrientes, para las cosechas de arándanos y la forestación en el cultivo de pinos y eucaliptos. Allí trabajan entre dos y tres meses en condiciones muy precarias, aislados. Muchos trabajan en negro, y hacinados en campos productivos. Las condiciones en las que trabajan o que viven no les reconoce el lugar importante que tienen en la cadena de la yerba mate. También muchos se emplean en la producción de tabaco”.

Trabajadores tareferos armando bolsones de hojas verdes de yerba mate durante una cosecha | Foto: gentileza Juan Amadeo

“Como muchos viven lejos de la cosecha, en barrios pobres de la provincia, los contratistas que arman las cuadrillas de tareferos los trasladan, y muchos deben quedarse en el yerbal, porque puede durar varios días la cosecha, dependiendo del tamaño. La legislación determina que deben estar en buenas condiciones por eso. Pero eso no sucede. Muchas veces los contratistas tienen a los tareferos debajos de lonas de hule, donde duermen todas las noches, no tienen condiciones de higiene y cocinan a la intemperie, para seguir trabajando toda la semana. El tiempo de trabajo total de la cosecha es de seis meses aproximadamente, y luego no hay trabajo”.

“La situación de los trabajadores golondrina en la zona es muy complicada – nos cuenta Federico Chilavert, Secretario General de la CTA Autónoma de Montecarlo – Hay un grupo de nueve compañeros que estaban varados en la cosecha de manzana en Río Negro. Ellos fueron porque acá en Montecarlo la zafra yerbatera termina en septiembre. Por eso fueron a cosechar manzanas. Terminan de cosechar allá, y vuelven a la zafra yerbatera, que comienza en marzo. Después hay otros trabajadores golondrina que vienen de Paraguay y Corrientes, que vienen a cosechar citrus, que también está en una situación complicada, porque a pesar de estar exceptuados, no podían trabajar mucho porque son trabajadores informales y sobre todo muy precarizados, y los patrones no cumplimentan los requisitos del decreto presidencial”.

 

Se estima que cerca de 20 mil familias están involucradas en el trabajo de la cosecha de yerba mate

En cuanto a la situación de los tareferos, Federico detalla que hay una gran diferencia de condiciones entre aquellos que están registrados en blanco y quienes no: “en Misiones hay 9 mil tareferos y tareferas que están registrados. El gobierno da una cifra de 16 y 18 mil, pero por la cantidad de yerba que se cosecha que declara el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), nosotros creemos que hay entre 20 y 21 mil. En la zona de Montecarlo hay 540 que están en blanco y unos 180 que están en negro. Entre estos últimos están los que son de las comunidades guaraní, que trabajan por menos precio, porque los patrones les dicen que si los blanquean pierden la Asignación Universal por Hijo (AUH), perdiendo beneficios con los que cuenta el trabajador cuando está con el marco legal. Y quedan totalmente desprotegidos. En cambio, los que están en blanco cuentan con un programa que se llama ‘Interzafra’, que antes era nacional, pero ahora se hizo cargo la provincia, porque el macrismo no pagaba. También tienen una tarjeta alimentaria de $2300, adquirida luego de las luchas de las organizaciones sociales y sindicales hace cuatro años atrás”.

También de Montecarlo, Roberto Oscar Meza, trabajador tarefero y referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) cuenta que si bien año tras año la situación fue mejorando, no ha sido suficiente: “seguimos teniendo compañeros que siguen viajando mal arriba de camiones y en vehículos que no son para transporte personal. Es un dolor constante que acá todos los tareferos vivimos en Misiones entero, cosa que tapan los referentes provinciales. Hay una ley que dice que los elementos de trabajo deben ser gratis, pero acá se le está cobrando los elementos de protección a los compañeros, como los serruchos y tijeras, que son los que manda la provincia”. Asimismo, nos relató cómo los afecta la situación de cuarentena: “con esta situación es imposible estar trabajando, porque se te prohíbe salir a trabajar. Llegás a las 12 del mediodía y nuestros chicos nos preguntan ‘pa, ¿qué trajo pa comer?’. Y ‘pa no trajo hoy para comer’, porque no tuvo esos 80, 100 o 150 pesos, que en los galpones de tareferos le están pagando la bolsita a los trabajadores. Tenemos que trabajar con una plata que ya gastamos. Entramos a trabajar con cuenta. Porque estos días que se estuvo en la casa, se saca adelanto y con órdenes de compra, que luego hay que pagar. En eso nos afecto muchísimo”.

Para ampliar la información sobre este sector, consultamos también a Javier Gortari, que es profesor de grado y posgrado de Economía Política Regional de la Universidad Nacional de Misiones. Sus tesis de maestría y doctorado fueron investigaciones en relación a la economía yerbatera. También participó junto con la universidad en el Relevamiento Provincial de Tareferos (2010/12) y en el armado del Plan Estratégico para la Yerba Mate (2011/13), realizó ponencias en congresos y publicaciones de artículos sobre el tema, y junto a otros colegas produjo en coautoría varios libros especializados en la temática yerbatera.∗

Sobre la cantidad de trabajadores y trabajadoras tareferas que hay en la actualidad, Gortari detalla: “se estima que cerca de 20 mil familias están involucradas en el trabajo de la cosecha de yerba mate. Estadísticamente, para una producción de 800 millones de kilos de hoja verde anuales (promedio de los últimos años), un rendimiento diario por cosechero de 450 kilos (dato que viene del relevamiento de tareferos), 7,5 meses de cosecha plena (6 meses de cosecha gruesa – 80% del volumen – y 4 de zafriña -20%-), y un promedio de 15 días por mes (descontando días de lluvia, enfermedades e imprevistos), son necesarios 16 mil tareferos”.

En cuanto a las condiciones laborales y sanitarias de los trabajadores explica: “en términos genéricos, podemos decir que la situación de los trabajadores de la cosecha de la Yerba Mate no ha variado sustancialmente desde aquella descripción que hiciera J.Niklison (contemporánea a la de Bialet Masse) inspector del Departamento de Trabajo de la Nación, hace un siglo. Las condiciones de trabajo: 70% de informalidad, trabajo infantil, explotación familiar, medios precarios de transporte al lugar del yerbal (camiones de carga), falta de condiciones mínimas en los lugares de trabajo: sin sanitarios, sin agua potable, sin electricidad, sin conexión telefónica, sin comedores. Campamentos en carpas de plástico, con colchones en el piso de tierra y con fogones improvisados para cocinar. Sin atención médica para enfermedades o accidentes laborales. Sin obra social. Sin aportes previsionales para una futura jubilación”.

 

Tareferos en medio de un descanso, debajo de un gazebo

En cuanto a la paga que hoy reciben, el investigador detalla: “por Resolución 286 de diciembre de 2019 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario), es de $2,5 por kilo. A 450 kilos diarios y trabajando 20 días al mes, un trabajador promedio estaría cobrando, un jornal de $ 22.500 mensuales (la mitad del equivalente a una Canasta Básica para no ser pobre calculada por el INDEC) (y durante 7,5 meses del año: el resto del año, si está en blanco, cobra un subsidio mensual de $2.500 y bolsones de comestibles provinciales si no está registrado). Esos 450 kilos de hoja verde, una vez secados y envasados, equivalen a 150 kilos de yerba lista para consumo. A $200 el kilo en góndola, eso quiere decir que el trabajador en un día produce la materia prima necesaria para un producto final cuyo valor es del orden de los $30.000 (y en cuyos costos la incidencia de la mano de obra/materia prima es del 70%). Podemos concluir que ese trabajador produce en un día más del equivalente a su salario mensual. En los otros 19 días todo el valor que produce su trabajo es apropiado por el dueño del yerbal, el contratista de la cuadrilla de tareferos, la industria de secado y la molinería, el transporte y la comercialización, y los impuestos”, destaca Gortari.

Asimismo, el especialista detalla que quienes se emplean en las cosechas de yerba son reclutados de asentamientos de las ciudades del interior de Misiones, como Oberá, San Vicente, Montecarlo, Jardín América, Aristóbulo del Valle, Andresito, Apóstoles y San Ignacio, donde “el 80% de las casas es de madera, 40% techos de chapa de cartón y piso de tabla, 60% sin acceso a red de agua potable, el 75% usa letrina y otro tanto leña como combustible para cocinar. Algunos van y vienen todos los días del yerbal, cuando es relativamente cercano. Si el lugar de trabajo es más lejos, lo que encarece el transporte, acampan en el yerbal durante la semana o a veces más días para que rinda el viaje”, detalla Gortari, en base a los datos que arrojó el Relevamiento Provincial de Tareferos.

 

Fotos: Juan Amadeo y AnRed

* Esta nota forma parte de la cobertura especial “Emergencia del Trabajo” frente al COVID-19 realizada con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

∗ Los libros que publicó Javier Gortari en coautoría son: “Economía Regional Yerbatera 2002-2016: logros y limitaciones en 15 años de funcionamiento del INYM (Edunam, 2018)”, “El agro misionero y la represión durante la última Dictadura cívico-militar: testimonios (Edunam, 2018)”, “Tareferos: vida y trabajo en los yerbales (Edunam, 2017)”, “Dinámica agraria y Políticas públicas: desigualdades sociales y regionales (Edunam, 2016)” y “De la tierra sin mal al tractorazo: hacia una economía política de la Yerba Mate (Edunam, 2008)”.

Esta modalidad laboral se amplió con la instalación de la cuarentena. Advierten que estimula tanto la pérdida del control de la jornada de trabajo como de derechos laborales.

Por Jonathan Raed – @JRaed * para Tiempo Argentino

Foto: Tiempo Argentino

El trabajo desde el hogar, conocido como teletrabajo (o incluso como home office) se ha masificado a partir de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus. La Argentina no escapó a esa realidad incentivada por la cuarentena sanitaria impuesta por el gobierno desde el 20 de marzo. Pero hasta ese momento, el concepto avanzaba con pies de plomo. Estudios privados coincidían en que, antes de la cuarentena, alrededor de un millón de personas trabajaba en forma habitual desde su hogar. A partir de la pandemia, el tema aparece con más fuerza en la agenda. Algunos lo ven como un salto evolutivo en la organización del trabajo. Otros, como un caballo de Troya que se mete en el seno de los derechos laborales.

El economista y escritor Eduardo Levy Yeyati advirtió, ante la consulta de Tiempo, que una expansión del teletrabajo es probable «pero modesta». Para este decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, «los cambios disruptivos no son tan comunes en la práctica. El día que levanten la prohibición, la gente querrá volver a la oficina, a estar con otros. Con el tiempo, es probable que mejore la conectividad y la tecnología necesaria para el home office y algunas ocupaciones no manuales convergerán a un régimen mixto, mitad remoto y mitad presencial». En ese sentido, apuntó: «Lo que sí espero es que no sea más visto con recelo por las empresas, como si se tratara de un trabajo a medias».

Guillermo Gianibelli, abogado de distintos sindicatos y docente de Derecho al Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, observó que si bien la pandemia lo impulsa, el teletrabajo abreva en las mismas fuentes que otras modalidades de empleo precarias. «Parece que se descubrió por una emergencia, pero no es así. La cuarentena sí va a determinar una mayor cantidad de desplazamiento hacia el teletrabajo. Pero es una tendencia que viene de lejos. Tiene una reminiscencia, que es el trabajo a domicilio. Cambia la tecnología, pero la lógica es la misma».

Ventajas y desventajas

La empresa de empleo temporal Adecco realizó una encuesta a personas que realizan teletrabajo a partir de la cuarentena. El 56% dijo que seguiría con esta modalidad, aunque «sólo algunos días» de la semana. El 25%, lo haría de forma completa y el 19%, no lo haría.

Entre las ventajas, el 65% destacó el ahorro en viáticos; el 47%, que trabaja más cómodo; el 40%, que se organiza mejor; el 20%; que se concentra más, y el 75%, que come más sano.

Entre las desventajas, el 48% observó que tiene dificultad en trabajar sin equipo; el 38%, que tiene dificultad de trabajar en compañía de la familia; el 42%, que trabaja más horas de lo habitual; el 33%, que nunca se desconecta, y el 12%, que no cuenta con el equipo técnico necesario.

Levy Yeyati se concentró en las ventajas, ya que «complicaciones hay pocas». Según el economista, «es el mismo trabajo, a veces más eficiente, ya que elimina la distracción de espacios comunes y los tiempos muertos. Como beneficio, además de reducir la congestión en los centros urbanos, el costo de transporte del trabajador y el de oficina del empleador, podría mejorar la integración con el trabajo en el hogar, que muchas familias de clase media delegan o tercerizan en las mujeres, alimentando la brecha de género».

Con todo, Levy Yeyati aclaró que el teletrabajo aplica a los empleos que se prestan a la remotización, no al trabajo manual o al de cercanía, como el del cuidado personal.

Pero, para Gianibelli, hay problemas que deben ser explicitados. «En buena medida, son formas de sobreexplotación. No es una mera organización del trabajo o un beneficio para el trabajador», advirtió.

Es que, según el abogado laboralista, la relación laboral que impone el teletrabajo deriva en una serie de desventajas para el trabajador. Gianibelli enumeró: «Hay una mayor precariedad salarial. Generalmente, se paga menos porque permite al empleador tener más opciones al momento de la contratación. A la hora de contratar, las empresas pagan menos a cambio de esas supuestas ventajas. También hay una mayor vulnerabilidad y una mayor situación de disponibilidad del trabajador. Está instalada la idea de que se trabaja menos o se organiza mejor el tiempo, pero no es así. El tiempo se lo organiza el empleador en condiciones de flexibilidad. Son habituales frases como: ‘Quedate conectado. Cuando haya trabajo, te conectás en la máquina’ o ‘Estate atento a cuándo te llega el mail’. En vez de trabajar ocho horas, el empleado queda a disposición diez o 12 horas».

En la óptica de Gianibelli es importante el concepto de disponibilidad, que equivale a decir que el empleado está a disposición del empleador durante toda una franja horaria que en forma habitual supera su jornada laboral remunerada. La consecuencia es que el empleado trabaja horas extra que no cuentan como tiempo de trabajo.

El teletrabajo conlleva, además, una modificación sustancial de la relación entre empleador y empleado. «Los beneficios del teletrabajo implican una mirada desde el empresariado para reducir costos y externalizar las tareas, incluso tercerizarlas. El objetivo es sacar al trabajador de la esfera laboral, quien deja de tener forma de controlar el tiempo de trabajo. Al mismo tiempo, hay una mayor capacidad de control del empleador por medio de los medios digitales».

En ese sentido, el teletrabajo actúa como un mecanismo que desarticula la organización sindical de los trabajadores. Según Gianibelli, «es un mecanismo muy útil para sacar al empleado del proceso de organización colectiva; produce una fractura profunda de la organización sindical».

En este punto, el avance del teletrabajo en su forma de avanzar sobre la vida del trabajador ha dado origen a una respuesta: el derecho a la desconexión. «En Europa hoy se habla de este derecho. Al estar permanentemente conectado, se altera profundamente el ritmo de la vida privada del empleado. La respuesta es el derecho a desconectarse, a partir del cual solamente el trabajador está conectado cuando está trabajando», detalló.

Desde ya, la visión negativa de Gianibelli contrasta con la positiva de Levy Yeyati, para quien «no hay que confundir teletrabajo con precarización: el teletrabajador, generalmente parcial, unos días en casa, otros en la oficina, implica que un empleado hace el mismo trabajo de manera remota y físicamente. No es el freelancer precario que ya existía antes de la crisis, ni el trabajador de plataformas que en la mayoría de los casos no es remotizable».

En épocas de crisis sanitaria, el cuidado de la salud cobra relevancia. Y de acuerdo con Gianibelli, el teletrabajo no mejora los derechos del empleado a gozar de una cobertura de salud. «El teletrabajo se desentiende de la salud, de las condiciones de trabajo, pero se podría responsabilizar directamente al patrón. Como es lugar de trabajo, el empleador debería hacerse cargo de esto, pero es muy difícil». El abogado relató que Foetra, el sindicato que agrupa a los trabajadores telefónicos, estableció las condiciones de higiene y salud en el domicilio a través de protocolos.

¿Y en el periodismo?

La actividad de la prensa escrita es una de las que más vio modificada su rutina tras la cuarentena ya que el trabajo se mudó de las redacciones a los domicilios de los periodistas. Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), observó que ese traslado abrió la puerta a presiones empresarias. «Entendemos al teletrabajo como una excepcionalidad en el marco de la crisis sanitaria y de las medidas que toma el gobierno, pero algunos empresarios de medios que buscaban imponer el teletrabajo se quieren aprovechar de esta situación para precarizar». La dirigenta sindical ejemplificó la situación con lo sucedido en la Editorial Publiexpress, que edita la revista Pronto, la de mayor tirada a nivel nacional. «La empresa buscaba implementar el teletrabajo y cuando el gobierno lo impulsa, despidió al personal a fin de reorganizar la redacción con personal precario y desacatando la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo», detalló.

En la actividad de prensa, el teletrabajo es un viejo conocido de los mal llamados colaboradores o freelance: «Son los más precarizados. No pueden organizarse ni tienen derechos laborales. Les pagan mal y a destiempo. Deben tener dos o tres trabajos para alcanzar un ingreso mínimo. Las empresas no se hacen cargo de los gastos en los que incurren, como la telefonía, las computadoras, el acceso a Internet, el gasto eléctrico. This is a necessary step before using CMD to recovering 0 kb indesign file recover any hidden files. Son muy pocas las empresas que les cubren esos gastos», observó.

A partir de la cuarentena, ahora extendida, una cantidad de trabajadores hará su experiencia con el teletrabajo. Queda claro que las empresas tratarán de promoverlo, mientras que las organizaciones sindicales harán lo contrario. Como dijo Gaudensi: «No podemos verlo como una herramienta más allá de la crisis sanitaria».

 

* Esta nota forma parte de la cobertura especial «Emergencia del Trabajo» frente al COVID-19 realizada con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo