Germán Romeo Pena

 

La “coope” como la llaman los vecinos del barrio la Loma es una de las miles de cooperativas de trabajo que perduran en las barriadas. Surgidas de la necesidad de convertir los planes sociales en trabajo para sobrevivir ante la desocupación, estas agrupaciones de trabajadores volcaron su quehacer en tareas abandonadas por el Estado. Pero la instauración de la cuarentena volvió el debate sobre la seguridad sanitaria. A las pandemias de dengue y de covid-19 se suma el trabajo cotidiano de limpiar arroyos que son vertederos de desechos industriales, de aguas servidas o que funcionan como inmensos basurales en barrios que también se inundan. 


“Otra vez esta discusión de cuidarse”, dice una de las casi ochenta trabajadoras que se organizan en la Cooperativa Lucha y Dignidad, Trabajo y Esfuerzo. Ahora el grupo se ha reducido a doce, en su mayoría mujeres, que parten desde la ex sociedad de fomento en el barrio La Loma en Lomas de Zamora. En el pañol, Cheri nos explica que son muy rigurosos para cuidarse de la pandemia. Son las 8 de la mañana y el mate está vedado. Sandra, que parece una encargada reparte barbijos y guantes y llevan un rociador con agua y alcohol. Mientras tanto van subiendo al micro naranja que espera en la puerta y que los llevará al arroyo Mugica. “Van a ver lo que es eso, es el más contaminado”, nos había anticipado Pocho Díaz, viejo activista de Cuartel Noveno y fundador de la “coope”. La cuadrilla se mantiene reducida por las medidas de seguridad sanitarias, por eso se sientan uno por hilera lo más distanciados posible.

Lo que hoy es una cooperativa de vecinos organizados, en el 2001 era un comedor barrial en donde se brindaba un almuerzo para los vecinos. “Nos cagábamos de hambre así que empezamos a hacer comidas colectivas y luego conseguimos unos planes. Pero nosotros queríamos trabajo y empezamos a limpiar las calles del barrio y el arroyo porque estaba todo abandonado”, comenta Pocho que en aquel entonces era militante del MST y había perdido el trabajo como muchos vecinos. Las cooperativas de trabajo nacían con el desempleo estructural que habían traído las políticas neoliberales en la década de los 90. Primero, como una maniobra del capitalismo para precarizar y bajar costos a través de las “tercerizadas”, luego como necesidad ante la apremiante carestía que reinventaba a la cooperativa como resguardo ante el desempleo y proyección del trabajo genuino perdido. El epicentro de esta lógica fue en el 2003 con el lanzamiento del programa “Techo y Trabajo” que fomentó las cooperativas de construcción a pequeña escala para la construcción de viviendas y mejoramiento barrial.

Para el 2010, se contabilizaban unas 20 mil organizaciones de este tipo. A la par, crecían las cooperativas producto de las “fabricas recuperadas”, autogestionadas por los propios trabajadores tras la quiebra o abandono de sus dueños. El caso emblemático fue Cerámicas Zanon que bajo control obrero pasó a denominarse Fábrica Sin Patrón (FaSinPat).

Germán Romeo Pena

Cuando se decretó el aislamiento social y obligatorio el 20 de marzo, la “coope” se paralizó realizando sólo trabajos de limpieza y reparación de herramientas en la sociedad de fomento. Pero el 6 de abril el municipio ordenó seguir con las tareas de saneamientos en arroyos como si no hubiese cuarentena. El micro debía salir de lunes a viernes y repartir en un solo viaje a unas 60 trabajadoras entre el arroyo Mugica en el barrio Santa Catalina y el arroyo Quiroga en el barrio Olimpo para cumplir cuatros horas laborables. En asamblea se discutió cómo avanzar, “surgía el debate si obedecer y seguir trabajando por miedo a perder el único sustento, o pararnos firmes y decirles que no podíamos hacer como si nada pasaba y que debíamos tener un protocolo de seguridad ante el riesgo de contagiarnos”.

En la asamblea también se planteo la necesidad de resguardar a embarazadas y madres de niños pequeños. También incluir a los que entraban en “el grupo de riesgo”. Entonces, comenzaron los reclamos ante el Ministerio de Infraestructura de la provincia. “Los reclamos eran vía mail porque estaba todo cerrado por la cuarentena. Tuvimos que insistir mucho para lograr acordar un protocolo de seguridad y resguardarnos ante la epidemia”. La “coope” tiene una composición con mayoría femenina. La socióloga Gabriela Roffinelli explica que a partir de la re-activación que se dio en el 2004 muchos de los trabajadores con experiencia dejaron las cooperativas ante un puesto laboral de mayor ingreso quedando un amplio predominio femenino.

El micro estaciona en una placita del Barrio Obrero Santa Catalina. Hay un potrero para jugar al fútbol y a un costado, unos caballos atados junto a un carro. Mucha gente se gana la vida juntando chatarra. Al llegar al arroyo, Javier nos indica que el pequeño puente hecho con troncos de las palmeras y pallets fue construido por la cooperativa. “Había troncos de árboles, era un peligro. Nosotros trajimos lo que pudimos e hicimos este puente que antes tenía barandas pero se las llevaron”. Las aguas están colmadas de basura, animales muertos y chatarra de todo tipo, “sacamos lo que podemos y embolsamos. La gente sabe que venimos y entonces deja sus bolsas de basura a un costado. En esta zona no hay recolección de residuos, entonces, todo va a parar al arroyo”, comentan mientras lanzan ganchos para atrapar el plástico y las botellas que flotan en la superficie.

Germán Romeo Pena

El trabajo imposible es la limpieza del arroyo, “somos pocos y tampoco nos proveen de herramientas necesarias. Hace mucho estamos pidiendo una balsa para poder movernos y juntar más basura pero nunca llegó. Hasta algunos compañeros trataron de hacer una con heladeras viejas pero no funcionó”, recuerdan entre risas que la aventura terminó con más de uno embarrado en el arroyo.

Desde el comienzo, la proyección de trabajo de las cooperativas en estos barrios en Cuartel Noveno estuvieron vinculadas al padecimiento de las inundaciones. Ha sido un histórico eje aglutinador el reclamo por obras hidrícas. La “coope” protagonizo muchas acciones en las calles como parte activa del Foro Hidríco de Lomas de Zamora.

Sandra llegó a romperse la rodilla mientras caminaba por el arroyo: “Estaba con el water en medio del arroyo y se me hundió la pierna en el fango y giré, se me trabó la rodilla y tuve un dolor tremendo. Estuve varios días sin poder caminar. Hicimos los reclamos para que se hagan cargo del tratamiento médico pero nunca respondieron”. Descuentos imprevistos, falta de elementos de seguridad fueron los motivos para elevar reclamos, movilizar y a veces hasta bloquear calles. “Logramos que nos traigan el camión con cola de pato porque antes teníamos que revolear las bolsas a la caja del camión y una vez una bolsa se rompió y resulta que era un perro muerto que cayó sobre un compañero. Desde esa vez dijimos basta”.

Para la “coope” la amenaza del covid-19 es una más. Se trabaja en zonas de alta contaminación, “el arroyo a veces viene de diferentes colores y olores, son los desechos químicos que tiran las fábricas”. Pegadito al cauce del arroyo hay algunas precarias casas edificadas que se mezclan con otras hechas de chapa. La pobreza es extrema. La cooperativa funciona hace diez años y ha pasado por muchas situaciones que merecen atención. Hace unos años la asamblea exigió un análisis de sangre para todos los integrantes. El resultado fue el esperado, un 60% tenía plomo en sangre, algo común para habitantes de barrios contaminados. “Hemos tenido a compañeros con sarpullidos, granos, infecciones y sabemos que es por limpiar el arroyo. Desde hace años exigimos que nos den vacunas y lo hemos conseguido, pero este año no han llamado para las vacunaciones”.

Germán Romeo Pena

Con los años la cooperativa dejó de depender de Aysa y paso a la órbita de Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) ente encargado, desde el año 2006, del plan de saneamiento de la cuenca. En ese camino, la “coope” consiguió mejorar las condiciones laborales a partir de sus continuas exigencias, como el manejo de un mínimo de presupuesto para herramientas y seguridad. “Nosotros siempre tratamos de concientizarnos de que somos trabajadores, por eso exigimos y logramos tener 15 días de vacaciones y un aumento de días según los años trabajados. Las vacunaciones, los implementos de seguridad también lo logramos reclamando y marchando”, explica Pocho. La movilización ha sido una constante en la cooperativa, que en varias oportunidades también realizó actividades de solidaridad con conflictos obreros o voluntariados como fue las jornadas de trabajo cuando se sucedieron las terribles inundaciones en 2013 en La Plata. “El 80% de los compañeros se ofrecieron para ir a ayudar a las personas inundadas. Fue un momento muy emotivo para todos”.

 

Con el pasar de los años muchas cooperativas se fueron desarticulando. La necesidad de salir de la desocupación fue el principal motivo para su fundación a la par que se hicieron intentos a través de programas que condujeran a las cooperativas hacia espacios de trabajo genuino. La lógica del punterismo arraigada en las prácticas políticas, sirvió como puntapié para organizar a muchas de las cooperativas pero luego se convirtió en un obstáculo que imposibilitó la autogestión de sus trabajadores y trabajadoras. Los casos que perduraron con esfuerzo y precariedad se debieron a cierta vinculación con organizaciones sociales y políticas que conservaron márgenes de independencia con respecto a los vaivenes del Estado. Pero muchas otras, como es el caso de la “coope”, lograron permanecer y tejer redes en los barrios, fortaleciéndose como espacios que algunos llaman de la “economía popular”, revalorizándose como formas de trabajo y como trabajadores cuando el ciclo económico se presenta con una nueva crisis.

Germán Romeo Pena

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Germán Romeo Pena

 

* Esta nota forma parte de la cobertura especial “Emergencia del Trabajo” frente al COVID-19 realizada con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Prensa FOL TucumánEn tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación de contagios ocasionados por el virus COVID 19 se tejen redes de solidaridad impulsadas desde los movimientos sociales. Desde una política de cuidados y saberes territoriales, las organizaciones sociales ponen a disposición de la comunidad y los centros de salud, la producción de insumos necesarios en este contexto de crisis sanitaria. Las organizaciones piqueteras han desarrollado históricamente estrategias de autocuidados basadas en un profunda solidaridad de clase. Desde las ollas populares hasta la confección de barbijos en plena pandemia. Organizarse para cuidar, una decisión política que prioriza el bienestar colectivo. 


La lucha de los movimientos sociales contra la precarización de la vida que organiza a las personas provenientes de los sectores más vulnerables de la sociedad ha desarrollado diversas estrategias de trabajo colectivo tendientes a sostener una economía comunitaria. El aprendizaje acumulado, sobre todo en épocas de crisis económica y social, donde se hace visible que la “salida es colectiva”, las organizaciones populares dan el ejemplo a la hora de tejer redes de solidaridad que tienden al cuidado, priorizando el bienestar grupal por sobre el individual.

En este contexto de crisis sanitaria que obliga al aislamiento social para evitar los contagios masivos del virus COVID-19, los movimientos sociales han brindado respuestas prácticas a la falta de insumos en el sistema de salud, resultado de las políticas de precarización en el sector por parte del Estado.

En este sentido, algunas organizaciones han conformados comités de prevención del contagio de coronavirus y dengue, abocados a la producción de barbijos y repelentes, con una política contraria a la especulación del mercado en relación a dichos insumos.

Nuestra salida sigue siendo la organización y solidaridad”

En Amaicha del Valle, provincia de Tucumán, el movimiento social Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) diseñó como política solidaria: la elaboración de barbijos esterilizados, en conjunto con la Policlínica de Amaicha y con la colaboración de la Comunidad Indígena, para que sean usados por trabajadores y trabajadoras de la salud, agentes sanitarios y población en riesgo. De esa forma, las redes de cooperación entre trabajadores ayuda a contrarrestar la falta de insumos en el sistema de salud, resultado de las políticas de precarización en el sector por parte del Estado.

“Remarcamos que en el contexto de crisis sanitaria, en poblaciones como Amaicha no hay elementos de protección en el sistema público ni en la población, por lo que intentamos aportar solidariamente nuestro trabajo”, expresaron integrantes del FOL en sus redes sociales.

“Necesitamos que el Estado en sus distintos niveles esté presente por esta situación de crisis sanitaria y de cuarentena, que está generando no sólo problemas económicos para un gran sector que vive de su trabajo diario, sino que hay problemas de aumentos de precios desproporcionados, falta de plata en cajeros e imposibilidad de cobrar de ninguna forma a quienes no tienen tarjeta (como el correo, que se encuentra cerrado), falta de transporte público, sin agua en algunos barrios y problemas para comprar con la tarjeta alimentaria en pueblos cercanos, entre otros conflictos que con el correr de las semanas pueden agudizarse”, agregaron.

 

Estrategias similares implementaron en el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), que frente a la imposibilidad de trabajar en la cooperativa y el agravante de que muchas fábricas para las que trabajan suspendieron los pagos hasta que se reactiven las ventas, muchos costureros y costureras empezaron a confeccionar barbijos desde sus casas.

“Empresas textiles y de insumos médicos empezaron a producir millones de barbijos en talleres familiares, pagando precios excesivamente bajos. El precio de confección de un barbijo varía de $0,90 a $8 por barbijo, según la zona (CABA, Lomas de Zamora, Matanza, La Plata), mientras que la unidad se vende entre $25 (por mayor) y $100 (por menor), generando ganancias millonarias para unos pocos y trabajo precarizado para miles. Sin mencionar el riesgo al que nos exponemos los costureros y costureras ante la circulación de materiales y personas en nuestros barrios y nuestras casas”, señalaban en un comunicado militantes del MTE, al exponer la especulación del mercado en la producción de un elemento fundamental en esta situación, como el barbijo.

Y agregaron:  “por todo esto, decidimos reabrir nuestras cooperativas, garantizando todas las condiciones necesarias para la prevención y el cuidado ante el virus para volver a trabajar en condiciones seguras y por un precio que reconozca y dignifique el trabajo de quienes realizamos un esfuerzo enorme por una remuneración muy baja dentro de la industria textil. Asumiendo también la responsabilidad de poner a disposición nuestras cooperativas en la producción de insumos esenciales para la comunidad”.

 

Mejorar las condiciones de habitabilidad y salud

La salud está en estrecha relación con el entorno. Pensar en barrios saludables requiere también reflexionar sobre el cuidado del ambiente. En este sentido, el FOL en la ciudad de La Plata ha organizado una comisión ambiental conformada por cuadrillas. La novedad que presentó esta organización fue la elaboración de un repelente natural para repeler insectos, especialmente el mosquito transmisor (el Aedes Aegypti),  para evitar los contagios de dengue.

“Hace rato venimos observando en la región la problemática con el dengue, que este año se ve agravada, pero que históricamente es invisibilizada. Lo vemos como una problemática cercana porque además muchas compañeras vienen de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Paraguay, donde la situación es bien compleja. Como las acciones del municipio son muy deficientes vimos la necesidad de organizarnos y buscar una solución para protegernos en nuestros barrios”, contó Ramiro, militante del FOL y uno de los impulsores del proyecto.

Las cuadrillas ambientales están conformadas por militantes que habitan los barrios y desde allí impulsan huertas agroecológicas en las que producen verduras sanas y frescas sin agrotóxicos con el objetivo de mejorar la dieta de los comedores comunitarios. Asimismo, realizan la recolección de materia orgánica para realizar el compost y de esta forma contribuir al reciclaje de los suelos, altamente contaminados en las zonas urbanas producto de los basurales y la recolección ineficiente de desechos. “La situación en los barrios en cuanto a la contaminación es muy complicada. Cada vez que llueve se inundan y no hay un sistema de cloacas ni de acceso al agua potable, lo que genera que haya muchos mosquitos. A su vez, las zanjas estancadas actúan como un reservorio para el insecto, por lo que no alcanza con vaciar los tachos en nuestras casas como dicen en la radio o en la tele, los mosquitos en los barrios populares van a seguir estando”, explicaron.

La sabiduría sobre el entorno permite el diseño de estrategias para elaborar un repelente utilizando los recursos a mano: “muchas compañeras usan las plantas aromáticas de manera medicinal, que es un conocimiento ancestral popular que traemos de nuestros antepasados, y así decidimos empezar a armar nuestros repelentes con esas plantas, que usaron nuestras abuelas. También como respuesta a otra problemática, que es el precio de los repelentes comerciales, que hacen imposible su acceso para los sectores populares”, afirmó Ramiro.

En ese sentido, desde el movimiento realizaron un video explicativo para socializar la receta del repelente para que pueda ser divulgada.

En tiempos de crisis y miedo social que ocasiona el aislamiento, la construcción de redes que asuman como política el cuidado pueden configurarse en una salida colectiva frente al individualismo del “sálvese quien pueda”.

Históricamente los movimientos sociales han tejido alrededor de las ollas populares su distintivo en la organización de políticas de cuidados, al compartir el alimento cuando escasea entre las mayorías empobrecidas y así, entre otras acciones, poder luchar contra el hambre y la miseria que generan los Estados con sus políticas de ajuste.

Hoy, asumiendo el mismo rol, sosteniendo los comedores y haciendo uso de sus saberes acumulados, de su trabajo sobre el medio ambiente y en el diseño de políticas en clave comunitaria, su organización nos ofrece un ejemplo de alternativa de mundo, en este momento, en donde las mayorías estamos reflexionando, como dice la artista travesti Susy Shock que “no queremos ser más esta humanidad”.

* Esta nota forma parte de la cobertura especial “Emergencia del Trabajo” frente al COVID-19 realizada con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Germán Romeo Pena

La irrupción del virus covid-19 y las políticas de aislamiento social generalizadas, pusieron en evidencia la contradicción entre los intereses de los capitalistas, que producen para no dejar de producir ganancias, y los intereses del pueblo trabajador que produce para subsistir. Las personas que dependen de su puesto de trabajo también necesitan de políticas públicas que permitan el cuidado colectivo de la salud. Millones de trabajadores y trabajadoras enfrentan el doble desafío de llevar adelante las medidas de prevención relativas al COVID 19 y, a la vez, pelear para garantizar sus condiciones de vida.


La pandemia y la crisis como fenómenos globales

Las políticas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) o “cuarentenas” más o menos extensivas con las que los Gobiernos enfrentaron la pandemia de covid-19 precipitaron una gigantesca paradoja: la necesidad de detener el flujo de mercancías y personas en un mundo que depende crecientemente de la agilidad del funcionamiento de circuitos globales de capital -como dinero o como mercancías- y de trabajo. El activista Kim Moody describe las dificultades que provoca la desestructuración de las cadenas globales de suministro en la provisión de insumos y equipos sanitarios básicos para enfrentar la pandemia, como barbijos o respiradores), rubro en el que incluso renacieron, renovadas, las prácticas de “piratería”. Esto impacta directamente en las condiciones con que cuenta cada país para controlar la enfermedad.

La desestructuración de los circuitos globales por la paralización de la producción de bienes y servicios es absolutamente contraria a los intereses de los empresarios particulares, que descargan sobre los trabajadores los costos que les imponen las restricciones. Así, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las políticas de confinamiento afectan la situación del 81% de los trabajadores en el mundo y prevé un importante incremento de la desocupación y la informalidad.

Al mismo tiempo, la pugna para continuar produciendo se convierte en presión sobre los Estados para aliviar el alcance de la cuarentena. El caso paradigmático es el lobby de CONFINDUSTRIAS en Italia para evitar que las medidas de aislamiento alcanzaran a las fábricas, y numerosas denuncias sobre las muertes y contagios en la región de las maquilas mexicanas responsabilizan también a los empresarios que se niegan a parar la producción. Presidentes como Donald Trump o Jair Bolsonaro son activos voceros de esta línea de acción, aunque las medidas de aislamiento debieron implementarse a escala regional o local en los países que dirigen.

En tiempos de funcionamiento “normal” del capital, parece funcionar el dogma liberal que reza que el mercado – en función de la oferta y la demanda – es el mecanismo más adecuado de asignación de recursos y que tiende, a través de la oferta y la demanda, a que lo que se produce coincida con “lo que se necesita consumir”. La idea de que la producción caótica de bienes y servicios – atomizada en varios capitales individuales que compiten entre sí – coincide con la satisfacción de las necesidades sociales no se cuestiona. La crisis desatada por la rápida expansión del COVID 19 pone en evidencia que necesidades sociales (para la reproducción de la vida) y producción con vistas a obtener ganancias no sólo no coinciden sino que se contradicen en muchos aspectos. Mientras millones de trabajadores y trabajadoras se ven en enormes dificultades para compatibilizar la prevención de la salud con la obtención de los medios de vida – a través del salario o los ingresos por changas y trabajos eventuales – los empresarios presionan para retomar la producción, imponiendo peores condiciones a los trabajadores incluso a costa de la salud del conjunto.

Germán Romeo Pena

Políticas de aislamiento y clase trabajadora en Argentina

El gobierno de Alberto Fernández decretó tempranamente la cuarentena general – el número de casos positivos no había alcanzado la centena. Aunque existe un importante consenso sobre la eficacia de esta medida para controla y ralentizar el contagio del COVID 19, también se hizo evidente el empobrecimiento y las condiciones de vulnerabilidad a las que se ven sometidos vastos conjuntos de la clase trabajadora. Los empresarios trasladaron la presión hacia el Gobierno desde el inicio del Aislamiento a través de distintas vías: por un lado, muchos argumentaron que su producción es “esencial” y, que por ende debía ser exceptuada del cumplimiento de la cuarentena. Por otro, presionaron sobre el mercado, aumentando los precios de los productos básicos, advirtiendo sobre el desabastecimiento y encarecimiento de otros productos; y a través de reducciones salariales, suspensiones y despidos masivos.

Entonces, la cuarentena general enfrentó a los trabajadores a tres tipos de problemas: en primer lugar, un conjunto de actividades consideradas esenciales fueron exceptuadas del cumplimiento del aislamiento. En estos sectores, cientos de delegados gremiales y representantes de base dieron peleas cotidianas para establecer condiciones de trabajo tan seguras como fuera posible.

Al mismo tiempo, y en segundo lugar, el peso de la paralización en aquellos sectores no exceptuados comenzó a hacerse sentir pronto. Un decreto presidencial a inicios de abril prohibió los despidos y habilitó las “suspensiones con causa de fuerza mayor” con rebaja salarial contempladas en el artículo 223 de la Ley de Contratos de Trabajo. El 29 de abril la UIA (Unión Industrial Argentina) y la CGT junto al Ministerio de Trabajo rubricaban un acuerdo que habilitaba el recorte salarial en los sectores paralizados por el aislamiento social. Los acuerdos sectoriales se sucedieron en efecto dominó. En pocos días, se habilitaban recortes salariales a los empleados de comercio, a los trabajadores de las automotrices, los metalúrgicos y los textiles, y se prolongaban los que habían firmado los sindicatos petroleros. El Observatorio de Despidos estima que más de dos millones de trabajadores se vieron afectados por suspensiones y rebajas salariales. Es decir que una proporción significativa del total de trabajadores asalariados, unos 11 millones, verá reducidos sus salarios en el contexto de la crisis desatada por la pandemia.

En tercer lugar, la prohibición de actividades comerciales y en los espacios públicos privó a un amplio conjunto de trabajadores precarizados – unos 12 millones de monotributistas de diversos tipos, cuentapropistas registrados y trabajadores no registrados – de la posibilidad de generar los ingresos necesarios para sobrevivir. En este último grupo heterogéneo de trabajadores y trabajadoras anidan formas productivas emergentes de procesos de lucha, que quedaron relegadas al universo de la precarización y que hoy podrían cumplir un rol en suplir las necesidades sociales.

 

Germán Romeo Pena

Tareas de cuidado: invisibles y precarizadas

Una de las consecuencias de la pandemia covid-19 y las políticas de ASPO ha sido la visibilidad que alcanzaron los llamados trabajos de cuidado – salud, educación, cuidado de niños y adultos mayores, limpiezaMuchas de estas tareas se corresponden con los empleos más precarizados y con salarios más bajos. Consideradas como áreas “auxiliares” del centro económico, han sufrido procesos de ajustes presupuestarios vaciamiento y subcontratación. En la situación de crisis, el gobierno tuvo que priorizar las tareas que realizan los y las trabajadores de la educación, de la salud, del cuidado, de limpieza y reparto entre otras. Todos ellos fueron considerados “esenciales” y exceptuados del cumplimiento del Aislamiento desde el primer momento. Para los trabajadores, el contexto de emergencia sanitaria significó la pelea para poder prevenir sus propias condiciones de salud y a la vez, poder cumplir con sus tareas adecuadamente.

Los y las trabajadores del sector salud rechazan el apelativo de “héroes” y se organizan para visibilizar y denunciar las condiciones en las que trabajan. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) ha denunciado que los trabajadores de la salud en Argentina presentan una de las tasas de contagio más altas del mundo, un 16% del total de los contagios registrados.

En los Hospitales Públicos del AMBA hubo numerosas asambleas, conferencias de prensa y ruidazos denunciando la falta de insumos y elementos de protección personal. En la Ciudad de Buenos Aires, los residentes y concurrentes resistieron el intento de profundizar la precarización de sus condiciones de trabajo sobre fines del año pasado y se mantienen organizados para reclamar mejores salarios. Mientras que en el sector privado las condiciones para la organización y visibilización de los conflictos son más difíciles, algunos colectivos de trabajadores han denunciado la falta de protocolos o el incumplimiento de los existentes; la extensión de las jornadas laborales y la falta de insumos para garantizar las condiciones de salud y seguridad. Desde un punto de vista general, la situación de emergencia plantea la necesidad de centralizar los recursos sanitarios y administrarlos en función de la evolución de la pandemia y de la situación sanitaria. El peso de los intereses de lucro y rentabilidad privados en el sistema de salud atenta contra esa posibilidad, con el único resultado de profundizar los problemas estructurales del sistema y obstaculizar una administración racional de los recursos e insumos.

Otro sector de trabajadores que adquirió visibilidad desde el primer momento del Aislamiento fueron los trabajadores de aplicaciones específicamente los de reparto. Unos 60 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país, que forman parte de ese vasto conjunto de asalariados a destajo, clasificados bajo las figuras de monotributistas y no-registrados – formas patronales y estatales de eludir el reconocimiento de la relación de dependencia. Han recorrido un intenso camino de organización y lucha, marcado por el crecimiento del sector. Su reivindicación de fondo es el reconocimiento de la relación de dependencia que los vincula a las empresas que comandan las plataformas. El sector ha crecido sustancialmente a escala global en los últimos años y la demanda por el reconocimiento de la relación laboral ha crecido con él. Ante la relevancia que estas tareas adquirieron para poder mantener el aislamiento – la movilidad de los repartidores reemplaza la movilidad de miles de personas – y el incremento de la demanda, la reacción de las empresas fue empeorar las condiciones de trabajo para aumentar sus ganancias: no sólo los salarios y los ingresos de los repartidores se mantuvieron congelados, sino que también sufrieron el recorte de bonos y plus salariales. Por supuesto, no garantizaron ni la calidad ni la cantidad de insumos de desinfección e higiene, dejando el problema en manos de los propios trabajadores. La pandemia generó el contexto común para que los trabajadores de las APP de reparto coordinaran sus esfuerzos organizativos en una huelga regional. La fuerza que logren los procesos de organización y lucha de los trabajadores de las Apps será fundamental para mejorar las condiciones de trabajo en un contexto en que todo indica que va crecer la importancia de las actividades comerciales a través de plataformas y canales electrónicos.

El contexto de la pandemia evidenció la importancia de las tareas que garanticen la seguridad sanitaria de la población fundamentalmente en los barrios pobres, que carecen de la infraestructura básica para garantizarla. Décadas de políticas públicas guiadas por el ajuste y la racionalización del gasto, no han priorizado ni la infraestructura ni la salud de las familias trabajadoras que habitan esos barrios. Es por eso que muchas de estas tareas han recaído sobre cooperativas de trabajo, el modo que el Estado encontró para convertir los “planes sociales” en “trabajo” como resultado de los procesos de organización y lucha de los sectores de trabajadores desocupados durante la crisis de 2001/2002. Las cooperativas son sumamente heterogéneas y tienen diferentes dinámicas, de conjunto tienen a su cargo tareas fundamentales para el seguridad sanitaria de los barrios pobres: el saneamiento de arroyos y cursos de agua, el mantenimiento de desagües y zanjeo, el reciclado, el mantenimiento de infraestructura pública (veredas, espacios verdes y baldíos). Surgen de y se articulan con movimientos sociales, barriales y socioambientales para fortalecer las demandas al Estado. Son actores fundamentales para mantener condiciones de seguridad sanitaria en este contexto, al punto que varias de ellas se encuentran exceptuadas de la cuarentena. La pandemia muestra cómo políticas fundamentales para garantizar las condiciones sanitarias en los barrios pobres recaen sobre trabajadoras con salarios por debajo de la canasta básica y con condiciones de trabajo por demás precarias.

Producción de alimentos: lo rentable y lo necesario

La producción de alimentos es uno de los sectores en que se manifiesta más crudamente esa contradicción entre las necesidades sociales y la lógica de la producción por la ganancia. De hecho, varias investigaciones advierten sobre la forma en que los métodos de producción de alimentos (especialmente la cría industrial de animales y los cultivos agroindustriales) producen a su vez las condiciones para la expansión y el contagio humano del virus que desató la actual pandemia. Otros estudios se focalizan en el impacto de los alimentos industriales sobre las condiciones de salud de la población.

En un país como Argentina que participa del mercado mundial aportando productos agroindustriales a las cadenas de producción, la “excepcionalidad” de ciertos sectores está claramente relacionada con la necesidad del Estado de garantizar la “entrada de dólares” – fundamental para sostener las políticas de compensación y contención social anunciadas. Varias comisiones internas y sindicatos del sector han planteado que la producción esencial debería ser aquella necesaria para abastecer al mercado interno, y que deberían suspenderse las exportaciones. Daniel Yofra, Secretario General de la Federación que agrupa a trabajadores del complejo oleaginoso sostiene que sólo deberían estar exceptuadas la empresas que producen para proveer aceite comestible al mercado interno, pero que ante la intransigencia empresaria y gubernamental, el sindicato optó por intentar imponer las máximas condiciones de prevención – especialmente con los trabajadores tercerizados. En esa disputa, algunos empresarios reaccionaron provocando despidos y amenazando a los salarios de los trabajadores. En la industria frigorífica los trabajadores enfrentan una doble presión: por una parte, los empresarios vacían plantas, despiden y frenan la producción que no les resulta inmediatamente rentable, como es el caso del Frigorífico Penta. Por otro lado, las patronales pretenden continuar con la producción sin ninguna consideración por las condiciones de salud e higiene, convirtiendo a los establecimientos en un foco de contagio para los trabajadores y sus familiares, como es el caso de El Federal. Los criterios y las demandas planteados por los trabajadores suponen programar la producción de modo de disminuir la cantidad de trabajadores movilizados y garantizar que la mayor parte pueda cumplir con el aislamiento. Ni los empresarios ni el Estado han tomado en cuenta los criterios planteados por los trabajadores para definir las excepciones

La industria frutihortícola es otro sector de la producción de alimentos orientado a la exportación – especialmente peras, manzanas, vid, cítricos y, en menor medida, té y tabaco. Las cadenas de producción de frutas y alimentos frescos en todo el mundo se caracterizan por el empleo de fuerza de trabajo estacional y migrante, con salarios bajos y arreglos informales que los empresarios se encargan de incumplir sistemáticamente. En Argentina, los trabajadores golondrina son migrantes internos que recorren las zonas productivas, de norte a sur y de sur a norte, siguiendo el tiempo de las cosechas. Una vez decretada la cuarentena, los empleadores los expulsaron de las fincas sin disponer los recursos para garantizar el retorno a sus lugares de residencia y miles quedaron varados en provincias como Río Negro, Neuquén o Mendoza. Fue en virtud de la organización de redes sindicales, de movimientos sociales y de derechos humanos que se lograron aceitar los mecanismos para organizar su retorno. Una vez más, garantizar las condiciones de salud colectiva no estuvo en manos de los responsables de las empresas, que impusieron sus intereses particulares, sino de una amplia red de organizaciones solidarias.

Los trabajadores de la industria alimenticia y sus organizaciones pugnan por lograr condiciones de salud y seguridad adecuadas, enfrentando a un sector empresario altamente concentrado que insiste en continuar la producción y maximizar la ganancia. En contraste, unas diez mil familias y comunidades ocupadas en la producción agrícola a pequeña escala, reclaman visibilidad para lógicas productivas solidarias y demandan al Estado políticas activas de soporte y apoyo. Aún con los evidentes límites de escala y logísticos, estas formas productivas plantean varios elementos en contraste con la lógica industrial de producción de alimentos que ponen el acento en la reconstitución de circuitos regionales y locales de abastecimiento.

Como ha quedado en evidencia ante la crisis COVID 19, el acceso a la alimentación saludable, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento – entre otras condiciones – es fundamental para la prevención de la salud en términos colectivos. El decreto del ASPO reveló el modo en que las crecientes condiciones de precariedad del conjunto de los trabajadores se volvieron a su vez, dificultades para poder cumplir con las medidas prescriptas. Es decir, gran parte de la población no tiene garantizado el acceso a los bienes básicos para reproducir su existencia; lo que atenta contra las posibilidades de prevención y cuidado que se reclaman. En los sectores que continuaron trabajando, los y las trabajadores luchan para que los empleadores inviertan el dinero necesario para garantizar condiciones que les permitan prevenir el contagio del virus. El modo que los empresarios encuentran para resguardar sus intereses particulares (bajar salarios, despedir, suspender) no hace sino profundizar ese problema y deja al descubierto que la lógica de producir para obtener ganancias no permite desarrollar una forma de enfrentar la situación desatada por el virus covid-19, u otras situaciones similares, que priorice la prevención de la salud colectiva.

 

* Esta nota forma parte de la cobertura especial “Emergencia del Trabajo” frente al COVID-19 realizada con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Mientras Lali, Patricia Sosa, Alejandro Lerner y Facundo Arana manifiestan en un video que se mueren de ganas de volver a actuar en vivo –pero recomiendan quedarse en casa–, miles de trabajadores de la cultura se desvelan por encontrar la forma de sobrevivir a la cuarentena.

Por Martín Mazzini en Sur Capitalino

Foto: Unidiversidad

El teatro y la música en vivo fueron las primera actividades en cerrar sus puertas apenas se empezó a difundir el coronavirus. Y los especialistas auguran que serán de las últimas en volver a cierta normalidad. A esa realidad se suman dos características esenciales de ambas disciplinas. Prácticamente es imposible reemplazar el “trabajo presencial” por el teletrabajo. Solo una mínima parte de las clases se puede brindar por videoconferencia. Por otro lado, es un sector con una baja sindicalización y económicamente informal, que no encuentra respuesta en las medidas generales del gobierno para el grueso de los trabajadores.

El censo de obras en emergencia que publicó el 13 de abril la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica (Apdea) registró 285 estrenos y 239 obras en cartel suspendidos, además de cuarenta giras. Les artistas afectades fueron 1.914.

Esto impacta centralmente en el teatro independiente que genera el mayor volumen de trabajo. De las 564 obras censadas, 552 corresponden a ese circuito, ocho al comercial y cuatro al oficial.

La precarización en productoras privadas y el rol del Estado
Con más de 6.000 afiliados, la Asociación Argentina de Actores es el sindicato más importante del rubro, que se divide en cinco ramas: teatro, cine, publicidad, doblaje y TV. La única que venía experimentando cierto crecimiento era la publicidad. En televisión, el gremio rechazó el intento de Pol–ka de retomar las grabaciones de la novela Encontradas durante la cuarentena. Además, denunció que tanto la productora como Telefé deben a la obra social de actores casi 14 millones de pesos, lo que la deja al borde la cesación de pagos. En ese contexto, el sindicato resolvió mantener la obra social para todos sus afiliados, aunque adeuden cuotas, y junto a Barrios de Pie está organizando, a pulmón, la entrega de bolsones de comida para los más necesitados.
Aunque la venta de entradas constituye, si no el mayor, el ingreso más inmediato del teatro, y cubre los gastos cotidianos, el único que puede sostener a los espacios teatrales y sus trabajadores en este momento es el Estado.
El ministerio de Cultura dispuso una batería de medidas para el sector. La más importante es el Plan Podestá. Con un presupuesto de casi $100 millones, ya está otorgando subsidios de entre $90.000 y $120.000 a las 240 salas inscriptas en el subsidio anual. También creó el fondo Desarrollar, con $30 millones para asistir a espacios culturales.
De cualquier manera, Gustavo Uano, director ejecutivo del Instituto del Teatro, encargado del Plan Podestá, reconoció a este medio que “el panorama es poco alentador”. El instituto está tratando de llegar a los beneficiarios “lo más rápido y de la mejor manera posible, para que los recursos sean realmente útiles. A diferencia de la gestión anterior, que perjudicó el entramado económico del teatro alternativo en el país, el Consejo de Dirección está saludablemente activo y cohesionado para atender esta situación extraordinaria”.
Julieta Alfonso, de Proteatro y miembro del consejo, y diversos dirigentes confirmaron que las conversaciones con el ente estatal son cotidianas. Pero las salas no viven de los subsidios sino de los recursos propios que generan. Estos incluyen muchas veces el alquiler del espacio a docentes, también interrumpido.
La Asociación Argentina del Trabajo Independiente (Artei) agrupa a 102 salas independientes de CABA. Casi 60 no reciben subsidios. Y la mitad paga un alquiler de entre $25.000 y $75.000. “Hay una microeconomía que se genera a partir de un espacio teatral. No solo escenógrafos, vestuaristas, coreógrafos, iluminadores y sonidistas sino también desde el barcito de la esquina hasta los que cargan los matafuegos”, dijo Liliana Weimer, presidenta de Artei. Los técnicos y operadores están en el último escalón de la precariedad laboral. Facturan a los distintos teatros donde trabajan y muchos no tienen regularizado el monotributo.
Weimer gestiona El Abasto Social Club, que los fines de semana ofrece cinco o seis obras, además de cursos y seminarios en la semana. La sala recibió $90.000 de subsidio pero no llegó a pagar el alquiler de abril: lo usó para cubrir deudas. “Nos estamos agarrando la cabeza”, afirmó la titular de Artei.
Entre los dueños de salas hay monotributistas, asociaciones civiles, una sola cooperativa formal (Paidós) y muchas personas físicas.
Es entonces que se vuelve real la predicción del empresario teatral Carlos Rottemberg: “El año está perdido”. En 2009, cuando se suspendieron las funciones de vacaciones de invierno por la gripe A, el mundo teatral tardó unos tres meses en volver a cierta normalidad. Antes había pasado Cromañón. “Sabemos lo que es tener gente grande leyendo las etiquetas de los matafuegos”, ilustró Weimer.

 

Foto: Notas Periodismo Popular
Las limitaciones de la ayuda estatal
La gran mayoría de los artistas no pudo acceder al Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 que lanzó el gobierno. Muchos tienen algún trabajo formal de pocas horas dando clases en alguna institución. “No conozco a ningún colega que haya podido aplicar, así sea porque trabajan en un centro cultural”, dijo Natividad Martone, de Proteatro.
La situación entre los músicos es similar, con una informalidad más acentuada. “También es heterogénea porque algunos tienen otros laburos aparte de la música: hay desde los que tienen más espalda hasta gente que vive al día de las clases”, contó Juan Ignacio Vázquez, presidente de la Unión de Músicos Independientes (UMI). La UMI dejó de cobrar la cuota social y condonó deudas a sus 7.000 afiliados -la federación (Fami) agrupa a 10.000 músicos-. En un primer relevamiento, registró 200 shows cancelados solo en Capital.
El Instituto Nacional de la Música otorgó $10.000 a los monotributistas categorías C y D, como complemento al IFE. La medida fue cuestionada: pocos músicos facturan más de $40.000 por mes, así sea que se encarguen de los cobros de una banda entera.
El reclamo que hoy se vuelve urgente es la aplicación del artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no fue derogado por el macrismo y obliga a las radios a emitir un 30% de música nacional, la mitad de solistas y bandas independientes. El gobierno anterior, con las modificaciones que hizo a la normativa, dio por tierra con un trabajo de varios años para llevar adelante un banco nacional de música y las planillas para que las radios rindieran su programación. Es una de las pocas medidas que constituiría un aporte real para autores e intérpretes, más allá de los subsidios.
De los 13 músicos de la Fernández Fierro, siete pidió el IFE. “Veníamos muy golpeados estos últimos 4 años, como casi todo el país –contó Yuri Venturin, el contrabajista–. El trabajo cayó prácticamente a la mitad. Diciembre, un mes donde salían muchos shows, fue malo”. La orquesta debió suspender giras por Chile, Uruguay, Europa y festivales en el interior por la pandemia. Pero además, debe sostener el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF), un espacio artístico por el que pagan $70.000 de alquiler. La orquesta es una asociación civil “muy informal”. Ahora planean registrarse como cooperativa.
Su compañero bandoneonista, ‘El Ministro’, dio una pequeña clave esperanzadora: “Ser músico independiente es ser electricista, plomero, pintor, organizador de espacios… Para llegar a ser artista pasamos por muchos oficios que de alguna manera nos preparan para esta supervivencia”.
El CAFF forma parte de Clubes de Música en Vivo (Clumvi), una red de 40 espacios de CABA para menos de 300 personas que reciben un subsidio de BAMúsica de unos $400.000 anuales (a razón de $2.000 por 200 fechas). Están haciendo gestiones para cobrarlo, a pesar de no poder abrir, mucho antes que en la fecha estipulada de fin de año.
Mientras tanto, el club inició un ciclo de shows de solistas, por streaming, con contribuciones voluntarias de $100 a $300. Tuvo buena convocatoria, aunque sufrió algunos problemas de conectividad.
La cultura en el mundo poscoronavirus
La transmisión online es por ahora el único salvavidas para los espacios artísticos. En el primer fin de semana de obras a la gorra virtual, Timbre 4, el espacio teatral de Claudio Tolcachir, tuvo una recaudación mayor a la de un fin de semana con público en la sala.
Alternativa Teatral, la web que consolida la información sobre toda la cartelera teatral del país, hizo suya la iniciativa y la propuso a todo el mundo del teatro. “Es un salvavidas –dijo Javier Acuña, director de Alternativa–. Hay problemas con los derechos de autor, por lo cual solo sirve en principio para producciones propias, y en general las obras están filmadas con cámara fija. Pero lo veo como una buena posibilidad a futuro para salas de poca capacidad, que pueden ver multiplicado su público y llegar a audiencias de todo el mundo”. Sin embargo, “a la mayoría le cuesta pensarlo como posible. Hay mucho pesimismo”, dijo Acuña.
El año pasado, según la plataforma, hubo en CABA 501 espacios con actividad teatral. Se realizaron 5.764 espectáculos de los que participaron 31.567 artistas y técnicos. Hoy hay espacios que se transformaron en delivery de bebidas alcohólicas. Otros reciben donaciones y venden a futuro cursos y pintas de cerveza.
“El agua ya nos tapó –resume Sergio Rower, fundador de Libertablas, del Grupo de Espacios Teatrales Independientes y presidente de la filial argentina de la Unión Internacional de la Marioneta–. Lo que nos une es que estamos todos enojados, aunque me pregunto hasta cuándo va a durar esta ´unidad ideológica´”. Rower teme que se repitan experiencias en las que alguno proyecta que su “sellito” es más importante que el de al lado. Por eso insiste en una idea con la que acuerdan muchos colegas: “Somos trabajadores y formamos parte de la misma situación desgarradora que todos los profesionales independientes, desde pintores y autopartistas hasta jardineros. Por más que tengamos una especificidad como artistas y la derecha pueda tener el prejuicio banal de pensar ´cómo querés cobrar si sos un hippy´, estamos igualmente castigados por el neoliberalismo”.
Frente a eso, “los más viejos tenemos experiencia y debemos pensar cómo nos vamos a insertar en el nuevo mundo poscoronavirus”.
Es una incógnita cuánto tardará el público en volver al teatro. La gripe A ya llevó a replantearse el valor del arte. “Puso en duda si era tan necesario llevar a los chicos a ver un espectáculo. Y no tiene punto de comparación con la catástrofe que estamos pasando. ¿Cuánto falta para hacer un show en el patio de una escuela? ¿Cómo quedarán los bolsillos de los trabajadores? ¿Y la clase media acomodada, que manda a sus hijos a la escuela privada, cuándo va a volver a pagar por un micro y una entrada al teatro?”.
Frente a esta experiencia inédita, según Rower, hace falta “un replanteo absoluto. Barajar y dar de nuevo”.

La vida de la clase trabajadora uruguaya está presa de dos fenómenos que se acompasan en un mismo movimiento. Por un lado, la asunción el 1º de mayo del gobierno por parte de una coalición de fuerzas políticas de derecha autodenominada “Coalición Multicolor”, por el otro la crisis sanitaria, económica y social desatada por el COVID-19. Son dos fenómenos separados (no se le puede achacar al gobierno la llegada de la pandemia), no obstante es claro que se está utilizando la ventana de posibilidad que abre la emergencia sanitaria, para procesar modificaciones estructurales sobre la vida de la clase fuera y dentro del ámbito laboral.

Por Cooperatuva COMUNA, Uruguay.

Foto: Germán Romeo Pena de ANRed

El impacto inmediato de la coyuntura en la clase trabajadora.

El impacto inmediato de la crisis por el COVID-19 expuso las desigualdades entre las distintas clases sociales para lograr mantener mínimos niveles de bienestar, así como diferencias a la interna de la clase trabajadora.

Una primera constatación tiene que ver con los distintos grados de vulnerabilidad laboral que se desprenden de la cobertura de la seguridad social. En Uruguay, una cuarta parte (25%) de la población ocupada trabajaba sin aportar al régimen de la seguridad social. La pérdida de la fuente laboral por este segmento de la clase trabajadora se traduce en una inmediata pérdida de ingresos dado que no son amparados por prestaciones como el Seguro de Desempleo.

Observando la categoría de ocupación del empleo principal, podemos ver que el 32% son asalariados privados, y el 64% son cuentapropistas. Los principales sectores de actividad que concentran trabajadores y trabajadoras informales son el comercio (básicamente cuentapropismo, vendedores ambulantes, feriantes), construcción, la industria (que en especial la frigorífica aumentó los envíos al seguro de paro, incluso previo a la declaración de Emergencia Sanitaria), el servicio doméstico (que por su propia dinámica, es contrario a las recomendaciones sanitarias de evitar el contacto social). A su vez, estas actividades tienen altas tasas de informalidad en su interior (41% de las trabajadoras del servicio doméstico, 51% de los trabajadores de la construcción, 29% de trabajadores y trabajadoras del comercio y el 24% de la industria son informales).

Todas estas actividades redujeron drásticamente su actividad, además que cuentan con formas de retribución diaria (jornales, o la venta del día), por lo tanto el impacto de no poder trabajar se siente inmediatamente.

Otro de los factores que marca diferencias a la interna de la clase es la capacidad de transformar las tareas dentro del paradigma del teletrabajo. Investigadoras de la Universidad de la República, elaboraron un índice que contempla una variable que observa la necesidad de proximidad física con otras personas para trabajar, y dos variables indicativas de la posibilidad de teletrabajar. Según sus estimaciones, el 69% de los trabajadores y trabajadoras informales no pueden continuar trabajando en un contexto de distanciamiento social dada la naturaleza de su actividad. Esta situación es mayor en relación a los trabajadores y las trabajadoras formales, dado que el 48% de las mismas no puede realizar su actividad o modificarla para poder continuar trabajando en un contexto de distanciamiento social.

A su vez, además de las características propia de la actividad, es necesario tener en cuenta la infraestructura y las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras para poder examinar su capacidad de teletrabajar. Una de las condiciones primordiales para poder trabajar desde el hogar, tiene que ver con las características de la vivienda. Del grupo de trabajadoras y trabajadores informales que pueden realizar trabajo desde su casa, 13% vive en condiciones de hacinamiento, mientras que dicha situación es del 5% para el grupo de trabajadores formales pasibles de realizar tareas desde el hogar. El 20% de trabajadoras y trabajadores informales con posibilidad de teletrabajar tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha relativa a su vivienda, mientras que dicha característica es del 6% en los trabajadores y trabajadoras formales. En cuanto a la conectividad, el 42% de los informales con posibilidad de trabajar a distancia no cuenta con conexión a internet en el hogar, y el 36% no cuenta con computadora mientras que estas características son del 11% y 15% respectivamente para los formales1.

A su vez, las desigualdades a la interna de la clase trabajadora están atravesadas por el género, dejando a las mujeres en peores condiciones para adaptar trabajo remunerado desde el hogar. La carga de trabajos no remunerados de producción y reproducción de la vida en los hogares es desigualmente distribuida entre géneros, cargando las mujeres con la amplia mayoría de estas. Por eso, además de las condiciones infraestructurales, es necesario atender la composición de los hogares, dado que las personas y sobre todo las mujeres tienen que compatibilizar tareas remuneradas y no remuneradas en el mismo espacio y, a veces, al mismo tiempo. El 35% de los trabajadores informales con posibilidad de trabajar a distancia vive con al menos un menor de 12 años en el hogar. Para el caso de las mujeres trabajadoras informales de las mismas características, el 41% vive con al menos un menor de 12 años en el hogar, y el 17% lo hace con más de uno.

Las trabajadoras y los trabajadores formales que no pudieron reconvertir sus actividades, o que las consecuencias de la súbita caída de demanda hizo que pararan sus actividades, se dividen en dos grupos. Quienes cumplen los requisitos mínimos para acceder a la prestación por seguro de desempleo -permanecieron en planilla de trabajo 180 días en los 12 meses previos a configurarse la causal de desempleo, y además para las y los empleados jornaleros haber computado 150 jornales trabajados- y quienes no. Aquellas trabajadoras y trabajadores que no tuvieron estabilidad laboral en el último año (por ejemplo, quienes comenzaron a trabajar formalmente hace menos de seis meses, o las y los jornaleros que no llegan a computar los jornales requeridos) quedan en la misma situación que los trabajadores informales ante la pérdida momentánea o total del puesto de trabajo.

En cuanto al grupo que sí cumple con los requisitos, entre el 1° de marzo y el 23 de abril, el Banco de Previsión Social recibió 177.246 solicitudes de subsidios por desempleo (aproximadamente el 10% de la población ocupada). De este total, 117.693 fueron por suspensión de actividad, 14.256 por reducción, 10.350 por despidos y 34.947 por la nueva causal de subsidio especial por desempleo parcial creada para paliar la crisis laboral. Si bien estos datos indican que el 94% de las solicitudes responden a subsidio por desempleo donde no se interrumpe el vínculo laboral, la gran mayoría de estas personas pierden hasta la mitad de sus ingresos

A su vez, en cuanto a los subsidios por enfermedad, en el mes de marzo se registraron 105.697 certificaciones de enfermedad.

Este escenario de caída abrupta de los ingresos de la clase trabajadora se da en un contexto inflacionario, que tiene como una de sus causantes la depreciación de la moneda nacional a pedido de las gremiales agropecuarias. Por lo tanto se está configurando una redistribución de ingresos desde los sectores asalariados que pierden poder de compra, a los exportadores que tienen ganancias extraordinarias por la diferencia en el precio de la divisa.

Por último, esta coyuntura permite una reconfiguración en varias áreas laborales. Esto deja abierta la posibilidad de modificaciones en el mundo del empleo concordantes al escenario de la doctrina del shock, que en su versión uruguaya se llama “nueva normalidad”. La falta de regulación del teletrabajo, genera mecanismos de aumento de explotación de los trabajadores y las trabajadoras al tener que estar permanentemente conectados realizando tareas. El Whatsapp y el Zoom se han convertido en herramientas de explotación. Por otra parte, la supervivencia del sector de la economía gig (Pedidos ya!, Uber eats!, Glovo!, etc) marcan un escenario donde las relaciones laborales precarizadas puedan cobrar un nuevo empuje (los “héroes” que llevan las cosas a domicilio exponiendo su salud para que la población no salga a la calle no es lo suficientemente importante para tener un contrato formal y estable de empleo).

El primer movimiento y las perspectivas del mundo del trabajo

El primero de marzo de este año, asumió el gobierno una coalición de partidos políticos de derecha autodenominados “Coalición Multicolor”. Su programa de gobierno tenía como objetivo una contrarreforma autoritaria neoliberal. En ella figuraba la rearticulación de la relación público-privado (favoreciendo los espacios privados y mercantiles en detrimento de lo público y lo estatal); de los roles de los distintos sectores sociales en el escenario político (en particular, el aumento del peso de influencia de las cámaras empresariales y en especial las vinculadas al sector agropecuario); el disciplinamiento social a través del autoritarismo y la represión en los territorios y los lugares de trabajo.

El punto de partida para las reformas, se dará con la salida de la crisis, y en particular con las consecuencias de la actual distribución social de la carga de la crisis económica. La estrategia de distribución de cargas se ha realizado expresamente sobre la clase trabajadora2. Para ello pueden citarse tres ejemplos. En primer lugar la generación de un impuesto especial a los funcionarios y funcionarias del Estado -excluyendo únicamente a personal de la salud- con un ingreso mensual mayor a $80.000 nominales (USD 1.860), para financiar el fondo que sustentará los gastos motivados por la emergencia sanitaria. Si bien este impuesto recae sobre salarios altos en la economía, este sector de asalariados y asalariadas no agrupa las personas que tienen mayor ingreso en la sociedad, ni siquiera tienen los mayores salarios en la economía. A su vez, el aporte en términos de recaudación del impuesto es marginal para las necesidades de financiamiento del fondo. Su aplicación, tiene que ver con el gesto simbólico de colocar a funcionarios públicos como privilegiados y colocar divisiones a la interna de la clase trabajadora.

En segundo lugar, el 11 de Marzo (dos días antes de declararse la emergencia sanitaria en Uruguay), el Poder Ejecutivo emitió una serie de decretos que implican el aumento de las tarifas públicas (a excepción de sectores agropecuarios específicos), recorte del gasto público (imposibilidad de llenar vacantes laborales en las instituciones públicas, recorte del 15% del gasto en funcionamiento e inversiones), y reducción de exoneraciones impositivas al impuesto al valor agregado.

Sobre la clase trabajadora, estas medidas significaron: aumento en el costo de los servicios públicos por un lado (en un marco inflacionario generado a raíz de la devaluación de la moneda local en favor de los sectores agroexportadores), pero también recortes presupuestales en áreas sensibles para su reproducción como el presupuesto en políticas sociales. Por ejemplo implicó la reducción en el alcance de programas sociales como el de Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF) que se encarga de la atención especializada en trabajo de proximidad con las familias que presenten mayor índice de carencias críticas y de vulnerabilidad socio-familiar.

Por último, y como medida más ejemplar de distribución social del ajuste, se encuentra el caso de la vivienda. Por un lado, el Ministerio amplía las exoneraciones fiscales para un plan de construcción de vivienda a través de empresas privadas favoreciendo a las empresas constructoras y la especulación inmobiliaria, y por el otro (pocos días de la resolución anterior) reduce el cupo de construcción anual de cooperativas de vivienda (forma de adquisición de vivienda destinada sobre todo a familias trabajadoras, que entre otras cosas cuenta con mecanismos que evitan la especulación inmobiliaria y garantizan el derecho a la vivienda digna) a la mitad.

El plan reformador del gobierno descansa en cuatro pilares, tres de los cuales se generarán este año. En primer lugar una Ley de Urgente Consideración3 que contiene 502 artículos, en los cuales se dan reformas en los planos de la seguridad pública, el educativo, el económico (fiscal, empresas públicas y financieros), las relaciones laborales y la seguridad social, y más ámbitos del Estado. En segundo lugar la ley de Presupuesto, donde se establece la financiación de las distintas políticas y áreas del Estado para el quinquenio. En tercer lugar (y último de este año), para cerrar el ciclo anual será la convocatoria a una ronda de Consejos de Salarios (mecanismo que adopta la negociación colectiva en Uruguay donde trabajadores, empresarios y el Estado discuten y resuelven asuntos salariales y de condiciones de trabajo). Por último en cuarto lugar, habrá otro pilar del proyecto de gobierno en 2021 o 2022 que será la reforma de la Seguridad Social.

La primera de estas leyes tiene como cometido generar las condiciones para que se profundicen cambios estructurales. Tal es así, que por ejemplo en la sección dedicada a la economía los artículos van en la línea de permitir ajustes fiscales sucesivos sin incremento del gasto público; los de empleo recortar el derecho de huelga en nombre del derecho a la libre circulación y al trabajo; y los de seguridad social crear instituciones que generen insumos para su reforma.

La ley de presupuesto será un pleno ataque al gasto público social (gasto que financia los servicios sociales básicos para la población trabajadora, como salud, educación, o vivienda). Además impondrá un ataque a los funcionarios y funcionarias públicas, que cada vez tienen que cumplir más tareas con la misma carga horaria y el mismo salario dado el aumento de vacantes laborales sin reponer en el Estado.

La convocatoria a Consejos de Salarios tiene como antecedente las promesas de campaña de flexibilización de las condiciones para la negociación. Esto permite el mayor descuelgue de empresas de los acuerdos colectivos por rama de actividad. A su vez, se dará en un marco negativo para la clase trabajadora, dado que se verá golpeada por el aumento del desempleo, y de aprobarse la Ley de Urgente Consideración, con posibilidades tácticas de respuesta.

En síntesis, el proyecto contrarreformista, autoritario, neoliberal, precarizador y excluyente, adquiere un nuevo impulso en la fragilidad causada en la clase trabajadora, producto de la forma en que se desarrolla el reparto social de los costos de las múltiples crisis desatadas por la pandemia.

Con motivo del 1º de mayo, la Fundación Sol coparte histórica de la Fundación Rosa Luxemburgo Oficina Cono Sur en las luchas contra la precarización y el deterioro de los derechos laborales y por la organización de la clase trabajadora, pone de manifiesto esta lectura del estado de cosas, ante la pandemia, la crisis y la rebelión que de todos modos no cesa.

Por Fundación SOL

 

 

Estamos ante una nueva conmemoración del 1° de mayo y esta vez será diferente; no podremos salir a marchar masivamente como lo hemos hecho siempre debido a la pandemia por COVID-19, que tiene a gran parte del mundo en vilo.

Este hito histórico, especialmente en este contexto, nos lleva a preguntarnos sobre el estado del mundo del trabajo asalariado y su valoración. Esto no obsta la necesidad de considerar, en un análisis más profundo, el trabajo en su sentido amplio, es decir, incluyendo el trabajo no remunerado, las labores domésticas, de cuidado y la producción para el autoconsumo.

Nos enfrentamos a una situación turbulenta y a una fisonomía de los ocupados que ha sentido las repercusiones de las medidas de emergencia que han buscado dar más certezas al capital. Así, más de medio millón de trabajadoras y trabajadores se han visto afectados/as por la suspensión de su contrato o la disminución de jornada; otras personas han sido despedidas y la gran mayoría de quienes trabajan en la informalidad o a honorarios no tendrá ingresos suficientes para reproducir su vida en condiciones de seguridad.

Pero además de este impacto inmediato, cabe recordar un escenario estructural de precariedad arrastrada por décadas. Antes de la pandemia y del estallido de octubre de 2019, teníamos un mercado del trabajo que, bajo la apariencia de formalidad, escondía una serie de factores precarizantes que hoy sólo se han agudizado. Por ejemplo, del total de empleos generados entre 2010 y octubre de 2019 un 34,7% fueron por cuenta propia y un 30% de asalariados externos, es decir, por subcontrato o suministro. Cabe considerar que la mayoría de los trabajos por cuenta propia en nuestro país corresponde a categorías no profesionales, de baja remuneración, con jornadas insuficientes y casi nula seguridad social. Por su parte, los empleos externos se asocian a remuneraciones más bajas, mayores riesgos laborales y a dificultades para organizarse colectivamente.

Junto con esto, tenemos que Chile es uno de los países que más trabaja, con 1990 horas al año, según cifras de la OCDE. Este es un fenómeno que combina dos realidades: una parte de la población trabajando en jornada completa o más y un tercio que labora en jornada parcial. Esto último, que ha sido presentado como una buena alternativa de flexibilidad, no ha dejado buenos resultados: la mitad de las personas part-time está disponible para trabajar más, lo que se conoce como subempleo horario.

Estas características del trabajo se combinan con bajos salarios para la gran mayoría, donde el 70% gana menos de $550.000 líquidos, según datos de la última Encuesta Suplementaria de Ingresos. Esta situación es aún más crítica para los subempleados ya que la mitad gana menos de $150.000 ($200.000 para los hombres y $120.310 para las mujeres). Estas cifras, unidas a la privatización de los derechos sociales y al costo de la vida en nuestro país (según la Encuesta de Presupuestos Familiares el gasto promedio de los hogares supera el millón 200 mil pesos), hacen que la gran mayoría de los hogares tenga que endeudarse, incluso para la alimentación. Actualmente, la deuda promedio de los hogares equivale a un 75% de su ingreso disponible, llegando a superar el 50% del PIB a fines de 2019

Por último, la organización de los y las trabajadoras ha sido debilitada en estos 45 años, ya sea por razones sociopolíticas y/o por una estructura normativa que ha promovido su pulverización: hoy existen más de 11 mil sindicatos donde más de la mitad cuenta con 40 o menos socios y gran parte tiene menos de 5 años de vigencia.

En vista de estos desafíos, el gobierno ha cerrado filas ideológicamente con la fórmula de trabajo ultra flexible, para que en parte sean los asalariados los que paguen esta desaceleración mundial, que tiene carácter de crisis sistémica. Se promulga una ley sobre teletrabajo y seguramente se continuará con la agenda instalada en mayo de 2019 de “modernización” del empleo que busca modificar 16 materias en torno a la flexibilidad, además de crear nuevos tipos de empleo, como el trabajo en plataforma y el contrato de “formalización”, sin suficiente protección laboral.

Uno de los ataques más frontales al mundo del trabajo será entonces la multiplicación de instancias individuales para negociar condiciones de trabajo incluso desde la casa, desarticulando el derecho del trabajo y las posibilidades de acción colectiva.

Y no es sólo el trabajo asalariado el que está pagando esta crisis, sino que es el conjunto de hogares el que asume estos costos. En contexto de pandemia y con una crisis económica desarrollándose es aún más crucial levantar la bandera de la organización autónoma de los y las trabajadoras, con iniciativa y proponiendo sus propias agendas alternativas para combatir estructuralmente el peso de un sistema que nunca fue pensado para garantizar una vida digna para todos quienes viven del trabajo.

En un contexto de pandemia mundial por la expansión del coronavirus (Covid-19) fueron declarados servicio escencial. Pero sus salarios no aumentan y las empresas que los emplean no les proveen los elementos de higiene y seguridad necesarios. Ante esa actitud patronal, con la consigna “Yo no reparto”, el 22 de abril repartidores y repartidoras de apps como Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Uber Eats y Deliveroo, realizaron un paro internacional de 24 horas en Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica y España. La medida de lucha, anunciaron, es el comienzo de “un frente único internacional de lucha”. En Argentina hoy realizarán una asamblea virtual para debatir los pasos a seguir e, incluso, se plantean la posibilidad de luchar por ser reconocidos como trabajadores en relación dependencia, con todos los derechos. Un balance de la jornada de lucha y las perspectivas de un sector laboral que se organiza, a poco de un nuevo aniversario del 1 de mayo.

Por Fernando Ruffa para ANRed

Foto: Antena Negra TV

“Estamos como en el siglo XIX, donde el movimiento obrero no tenía nada que lo proteja y regule la jornada laboral”

El paro internacional del 22 fue para visualizar cómo “la pandemia en curso puso de manifiesto e incluso profundiza cada día más las condiciones de super explotación y precarización laboral de los trabajadores de reparto en todo el mundo”, sostuvieron en un comunicado conjunto trabajadores y trabajadoras repartidoras de las apps de Rappi, Glovo, Perdidos Ya, Uber Eats y Deliveroo, entre otras, nucleados en la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) y Glovers Unidos, de Argentina, Glovers Costa Rica, Glovers Elite Guatemala, Repartidores Perú y Ecuador y Glovers Unidos de España.

La cuarentena obligatoria fue determinada por casi todos los gobiernos del mundo ante la expansión de la pandemia. En ese marco, su sector fue declarado un “trabajo escencial”, por su función de distribuir alimentos. Pero las empresas que los emplean mantienen congelados sus ingresos (un promedio de entre $50 a $100 por entrega) y no cumplen con las medidas de seguridad e higiene necesarias para realizar el trabajo: “las patronales de las plataformas tuvieron el mismo método en todos los países: dejar librada a su suerte a todos los riders. No han entregado elementos de seguridad e higiene, y si alguna de las empresas lo ha hecho eran elementos insuficientes y precarios para enfrentar largas jornadas de trabajo que rondan entre las 8 y las 12 horas”, denunciaron. Por ese motivo, anunciaron el comienzo de “un frente único internacional de lucha” por sus reivindicaciones de “un 100% de aumento del pago por pedido, y elementos de seguridad e higiene que sean de calidad y cantidad acorde a las jornadas laborales y la crisis sanitaria en curso”.

En relación a los dos reclamos centrales, Mauro, repartidor de Pedidos Ya desde hace un año e integrante de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR), amplió: “tenemos que pagar de nuestro bolsillo lo que es alcohol en gel, barbijo y guantes, seguro y personal de la moto, y el monotributo (que el mínimo es de 2 mil pesos por mes). Como referencia, Pedidos Ya tiene el mínimo congelado desde hace 18 meses, un año y medio,  pagando $55 pesos por pedido en Capital”.

Lucas, repartidor de Rappi y también integrante de ATR, agrega: “estamos bajo la figura del monotributo, que encubre la relación de dependencia con las empresas. Reclamamos que se reconozcan esa relación, sino estamos en una situación como en el siglo XIX, donde el movimiento obrero no tenía nada que lo proteja y regule la jornada laboral. Una de las publicidades de las empresa dice que somos ‘RappiHéroes’. Nosotros decimos que somos ‘RappiExplotados’”.

Balance del paro del 22/4: “las empresas acusaron el golpe de la medida”

“El proceso de organización data ya de hace un par de años – rememoró Maximiliano, repartidor de Glovo e integrante de la ATR – Hemos lanzado una medida nacional luego de dar medidas de luchas parciales en Buenos Aires, Neuquén y Mar del Plata, sobre todo con los compañeros de Pedidos Ya, pero entendiendo que la problemática es común, tanto en Glovo, Rappi, Uber Eats y Pedidos Ya, hemos logrado una unidad de los trabajadores de reparto”, señaló, con respecto a un sector en el que estima que se emplean, al menos, entre 18 mil y 25 mil trabajadores y trabajadores en todo el país.

En Argentina la medida del paro, aunque no logró colapsar la aplicación – que es la herramienta virtual a través de la cual las empresas reparten y asignan los pedidos-, sí logró que en algunas ciudades se logró trabar las aplicaciones en algunas franjas horarias. “Esto, por experiencia, sabemos que nos muestra el alto acatamiento que ha tenido el paro – remarcó Maximiliano – Sin embargo, hay que entender que en algunos lugares fue desigual porque recién lanzamos actividades como Corrientes o Rosario. Pero en primera medida el balance para nosotros es más que positivo, donde hemos logrado encolumnar trabajadores no sólo en Argentina sino en otros países”.

Foto: Antena Negra TV.

Por su parte, Lucas, balanceó: “el mismo miércoles 22 tanto Rappi como Glovo largaron notificaciones de que iban a estar entregando los elementos de seguridad e higiene, que los entregaron a cuentagotas y de manera insuficiente. Y durante este fin de semana agregaron bonificadores por pedidos (más dinero). Tuvieron que responder de alguna manera, porque es una bronca entre todos los trabajadores esta situación. Es una muestra de que las empresas acusaron el golpe de la medida”, remarcó.

Asimismo, nos informó que el paro se hizo efectivo “en Mar del Plata, La Plata, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Corrientes, Córdoba y Bariloche, además de Quito (Ecuador), Madrid, Santander y Sevilla (España), Perú, Costa Rica y Guatemala, además de un paro todo el fin de semana Chile contra Pedidos Ya, y el lunes previo al paro del 22, un paro en Brasil”.

Foto: cuenta de Instragram de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR)

En ese sentido, Maximiliano expresó: “venimos con un proceso de articulación con compañeros que dieron hace tres días una lucha espectacular en Chile, donde posterior a la movilización hubo despidos. En España se logró colapsar la aplicación. En Guatemala las movilizaciones han sido masivas. El día 17, previo al paro internacional, hubo movilizaciones muy grandes en Brasil. Lo mismo en Panamá. Es todo un nuevo tejido de relaciones internacionales para lograr una convocatoria superior a los seis países que hicimos el paro el 22”.

En cuanto a las perspectivas de esta lucha, Maximiliano remarcó que llaman a realizar asambleas en cada país para evaluar las medidas a seguir, y anunció que hoy a las 17 la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) y Glovers Unidos Argentina realizarán una asamblea virtual nacional de trabajadores de reparto en la plataforma Zoom. “Uno de los debates más ricos que se han abierto, más allá del aumento del dinero y los elementos de higiene en cantidad y calidad por la pandemia, es sobre el reclamo por la relación de dependencia y qué tipo de organización nos damos. Nosotros planteamos la conformación de un sindicato de simple inscripción real que nos represente. Porque entendemos que es un gremio atomizado”.

Perú: “Son muy precarias las formas de trabajar de estas empresas”

El paro de repartidores del 22 también se dio simultáneamente en otros países, como Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Perú y España. Logramos comunicarnos con Manuel, repartidor de Glovo y Rappi, quien nos explicó que a quienes trabajan en ese país para aplicaciones, el contexto de pandemia los afecta de otra manera, dado que las aplicaciones o “aplicativos” como Glovo, Rappi y Uber se encuentran bloqueadas por el gobierno de Martín Vizcarra, porque son muy irregulares, precarizadas y poco claras en sus condiciones laborales y de salubridad.

“En Perú a los aplicativos no los están dejando trabajar, por tema de salubridad por la pandemia. El mismo gobierno está pidiendo bastantes requerimientos tanto en seguridad para el trabajador como para el cliente. Y los aplicativos no han cumplido esas observaciones para trabajar, por lo tanto, no les han dado la autorización. Por eso, por el momento, los aplicativos no están funcionando”, cuenta Manuel. De esa manera, lo que es un reclamo de los y las trabajadores en Argentina y otros países – donde las apps no están bloqueadas gubernamentalmente, y explotan irregularmente a los y las trabajadoras – en Perú es el motivo que deja sin trabajo e ingresos a miles de personas. En ambos casos, la negligencia e incumplimiento empresarial como característica común: “son muy irregulares, no hay nada que asegure que haya seguridad para trabajadores y clientes. Son muy precarias las formas de trabajar de estas empresas”, señala Manuel.

Con respecto a los reclamos de los repartidores en Perú, nos cuenta Manuel: “nosotros pedimos que se hagan tarifas justas y una planilla donde nos den salud, relación de dependencia, entre otras cosas. Estar formalmente como todo trabajador requiere. Desde que Globo empezó a quitarnos nuestros beneficios, como bajarnos las tarifas, empezamos a hacer esto de parar y las protestas. Esta empresa se aprovecha de la necesidad de la gente, de la necesidad que uno tienen de llevar un pan a sus casas. Para estas empresas somos un número, una cifra, que pueden borrar con un simple botón, ponen un anuncio y luego habrán detrás de ti 200 que querrán entrar”. En cuanto al impacto global de la pandemia, señala: “nos afectó a la mayoría. Todos los que somos independientes estamos afectados a nivel laboral. Hay muchas familias que dependen del día a día. Acá el gobierno de Perú está dando bonos a quienes están en extrema pobreza, pero no a todos les ha tocado, es desigual. Y si no trabajan, no se come”, relata, en una muestra más de una realidad que afecta por igual a la clase trabajadora en todos los países.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio implementado por el gobierno nacional para disminuir la propagación del COVID-19 ha tenido un impacto contundente en la esfera productiva, sobre todo en aquellas fábricas que han sido recuperadas por sus trabajadores. Bajo una la lógica económica alternativa a la del capital, muchas de las empresas recuperadas se mostraron dispuestas o han decidido directamente reconvertirse, pasando a producir algunos de los bienes y servicios que hacen a las necesidades populares y del sistema de salud en este momento crítico. En medio de la crisis sanitaria, los obreros han desarrollado estrategias de producción que contienen un sentido de profunda solidaridad de clase, pero que requieren de la atención de organismos estatales para poder funcionar, los cuales por ahora se han mostrado ausentes. Producir bajo gestión obrera en tiempos de coronavirus es una lucha diaria por subsistir.

Por Leticia Corral para ANRed

Fotos: German Rodrigo Pena

 

Las fábricas recuperadas en Argentina constituyen una particular experiencia de la clase trabajadora. En numerosos países de Latinoamérica, como Brasil, Uruguay, Venezuela, etc. y de Europa, como Italia, Francia y Grecia, e incluso en los Estados Unidos, el ejemplo argentino ha servido para potenciar procesos de recuperación en empresas que cierran o son vaciadas por sus patrones.

En nuestro país, estas empresas han adoptado en su gran mayoría la figura legal de cooperativa de trabajo. La denominación de “recuperadas” viene dada por los propios trabajadores del sector, asociándose al objetivo de recuperar el trabajo dejado de lado por la antigua patronal.

Según datos recabados por el Programa Facultad Abierta – Centro de Documentación de Empresas Recuperadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a fines de octubre del 2018 lasempresasrecuperadaseran384entodoelterritorionacional,ocupandoa15.525 trabajadores y trabajadoras . De este total, 37 habían surgido con posterioridad al cambio de gobierno, es decir durante el mandato de Mauricio Macri y en condiciones extremadamente difíciles. Algunas de estas empresas aún se encuentran en etapa de ocupación, luchando para estabilizar la cooperativa y retomar la producción.

Hoy funcionan más de 400 empresas de este tipo, dando lugar a más de 18.000 puestos de trabajo autogestionado , repartidos en los más diversos rubros de la industria nacional. A su vez, el movimiento de fábricas recuperadas supo asociar el resurgir del ámbito laboral con un entramado social que permitió albergar y desarrollar espacios populares de acceso a educación, cultura, cuidados, formación e inclusión. Así, junto y dentro de las fábricas crecieron centros culturales, bachilleratos populares, centros de salud, salas teatrales y radios, entre otros espacios.

Las empresas recuperadas desde el derrumbe económico del 2001 se encaminan hacia lasdos décadas de autogestión en medio de una crisis desatada inicialmente por las políticas de los últimos cuatro años, que incluyen tarifazos, apertura de importaciones y devaluación. Coyuntura que se agrava en la actualidad con la parálisis total de más del 80% de estas unidades productivas por las medidas de aislamiento social.

Producir en medio de la pandemia

En este contexto, en distintas empresas y ramas de la economía, se están desarrollando conflictos protagonizados por trabajadores, delegados y organizaciones sindicales, que ponen en cuestión qué actividades deben ser consideradas “esenciales” en esta pandemia y cuáles no. Poniendo en discusión además cuáles son las condiciones de higiene y salubridad que deben primar en los espacios de trabajo.

En esta situación excepcional donde se exponen los intereses empresariales sobre la salud y el bienestar de los trabajadores, los obreros de empresas recuperadas debieron debatir qué se debe producir, a qué costos y en qué condiciones.

Inmediatamente después de la declaración de la emergencia sanitaria, muchas de las fábricas recuperadas se mostraron dispuestas o han decidido directamente reconvertirse, pasando a producir algunos de los bienes y servicios que hacen a las necesidades populares y del sistema de salud como por ejemplo alcohol en gel, envases para alcohol en gel, barbijos, mascarillas, etc. Otras tantas continúan sosteniendo espacios vitales para las necesidades de los barrios y comunidades como los comedores y ollas populares.

Sin embargo, todas estas estrategias que tienen a conformar redes solidarias entre trabajadores sólo pueden subsistir con la atención del estado. A pesar de la creación de una Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, y del paso del INAES al Ministerio de Producción; el estado sigue sin evitar los desalojos, o impedir los cortes de suministro de energía , medidas que no son contempladas. La gravedad de la situación empeora el presente crítico de muchas empresas recuperadas, con riesgo de quiebras generalizadas y a sus trabajadores enfrentando la pérdida de sus derechos y su salario.

“Nosotros podemos producir muebles para hospitales”

Trabajadores de la fábrica Gotan Trading del Parque Industrial de Burzaco, empresa metalúrgica que fue cerrada por sus dueños el año pasado, dejó sin trabajo, sueldos y aguinaldo a todos sus empleados. Los obreros decidieron luchar por sostener la fábrica, y hoy tejen estrategias para sobrevivir en medio de la crisis sanitaria. En este marco de carencias y falta de infraestructura, uno de los trabajadores afirma: “nosotros podemos producir muebles para hospitales”.

El objetivo manifestado por los trabajadores de la ex-Gotan Trading es autogestionar la producción y formar una cooperativa, para ello solicitan el apoyo al municipio pero las respuestas de los funcionarios no llegan y las propuestas de los productivos no prosperan, aún teniendo las herramientas y las condiciones para producir.

“Estamos haciendo barreras sanitarias, y las estamos publicando por Mercado Libre. Comenzamos hace poco porque nadie nos tiró una línea en la iniciativa de hacer mobiliario hospitalario. Ningún municipio nos tiró una soga y ni nos dijo cuáles son los requerimientos. Nuestra situación es crítica porque sólo estamos cobrando el fondo de desempleo que son cinco mil pesos. La patronal presentó quiebra estafándonos y no recibimos ningún tipo de ayuda. Si no trabajamos obviamente no cobramos, no estamos bajo patrón y eso se nos complica. Estamos yendo a la fábrica y nos turnamos con los compañeros, aunque no podemos trabajar en la planta porque no tenemos los permisos, pero nos gustaría poder comenzar a producir las barreras sanitarias. De parte del municipio no tenemos respuestas, llamamos y no nos atienden, este es nuestro panorama. Sí nos ayudan compañeros de distintas organizaciones con el tema de la mercadería para garantizar nuestra comida y nada más que eso”, explica un trabajador de la ex-Gotan Trading.

“Esto de las barreras sanitarias se le ocurrió a un compañero” agregó, “estamos tratando de publicarlas y tener una entrada económica. Por supuesto que priorizamos la salud y estamos haciendo guardia en la fábrica. No estamos yendo todos y no estamos trabajando”.

Producir y resistir

“Seguramente nos encontremos, después de la pandemia, con un montón de empresas que no vuelvan a abrir, con despidos masivos y vaciamientos. Lo que estamos proponiendo es una ley que facilite la recuperación de las empresas que hoy en día está librada a la capacidad de lucha, organización y resistencia que tengan los trabajadores en las fábricas, que se hace difícil a veces. Esta ley supone que la empresa sea expropiada por el Estado y sea dada en comodato a una cooperativa de trabajadores que tenga la voluntad de continuar con la explotación” , sostiene Bruno Di Mauro, presidente de la cooperativa Farmacoop, ex laboratorio Roux Ocefa, quienes recientemente consiguieron la aprobación de la ANMAT para volver a producir y han montado una línea de producción de alcohol en gel.

A principios de marzo, bajo un convenio firmado con la provincia de Buenos Aires, los y las trabajadoras de Farmacoop se pusieron en marcha para colaborar con el abastecimiento de alcohol en gel en hospitales e instituciones públicas de salud y hacer su aporte ante la emergencia sanitaria. Mientras esperaban las habilitaciones acondicionaron la planta, adaptaron una línea de producción para elaborar el alcohol en gel, reunieron un equipo técnico con ingenieros, farmacéuticos y bioquímicos e iniciaron una campaña de financiamiento para comprar los insumos necesarios.

“ El trabajo es un bien muy escaso en el mundo y tenemos que defenderlo. Tenemos que defender cada puesto de trabajo en Argentina y es posible hacerlo. Hemos demostrado durante más de 20 años que con este método de lucha se puede recuperar una empresa, la pueden gestionar los trabajadores, es sustentable y rentable . A los compañeros y compañeras les diría que se organicen y se larguen a la lucha que se puede salir adelante”, alienta Di Mauro, quien, junto a sus cien compañeras y compañeros, sostuvieron la continuidad de la empresa y hoy, tras tres años de lucha, comienzan a ver los frutos.

La cuarentena “un palo en la rueda” para Canale

La larga lucha que llevaron los trabajadores de la metalúrgica Canale, para recuperar la empresa, encontró un nuevo traspié. En medio del aislamiento obligatorio, la delicada situación económica que atravesaba la cooperativa era sostenida por una parrilla en la puerta de la fábrica y una primera tanda de pedidos relacionados al rubro que habían llegado en marzo.

“Después de que aparecieran algunos clientes y comenzáramos a trabajar en los primeros días de marzo, llegó el coronavirus y el aislamiento social y nos partió al medio. Lamentablemente nuestra situación económica sigue siendo muy delicada por no decir catastrófica, pero siendo coherentes con las medidas tomadas decidimos cerrar la fábrica y la parrilla (hoy prácticamente nuestro único ingreso) para no exponer a nadie”, explicó Nicolás, uno de los trabajadores.

“Como la mayoría sabe”, continuó, “venimos resistiendo desde octubre de 2018 cuando fuimos despedidos sin un peso y tres meses de sueldo adeudado. Gracias a la ayuda de todos los que estuvieron hemos llegado hasta aquí pero hoy nos vemos en la necesidad nuevamente de pedir ayuda para pasar este duro momento. Ojalá todo esto pase pronto y podamos decir que el objetivo final ha sido cumplido”.

“Nos ayudamos entre trabajadores”

Trabajadores de la papelera Ansabo del barrio Villa La Florida, al sur del conurbano bonaerense, ylaComisióndeMujeresdelaPapelera,tambiénsesumanalalistadefábricas recuperadas que en medio de la pandemia se encuentran tejiendo redes solidarias junto a organizaciones, políticas y estudiantiles. Su larga lucha por mantener la fuente de trabajo encuentra una nueva dificultad, que los trabajadores enfrentan con respuestas colectivas.

“Podemos producir elementos esenciales como alcohol en gel para la población, como así también los insumos básicos para producir cajas que pueden ser utilizadas para el embalaje de alimentos, medicamentos y elementos sanitarios. También ponemos a disposición el predio de la fábrica dónde podemos ayudar con alimentos a todo nuestro barrio que, al igual que nosotros y gran parte de la población, está pasando hambre”.

Los trabajadores de la papelera y la Comisión de Mujeres exigen al gobierno que garantice los elementos y presupuesto necesarios para poder llevar estas propuestas adelante “ Los trabajadores de las fábricas recuperadas estamos mostrando en todo el país la potencialidad que tenemos para poder ayudar en esta dura situación”.

“Bajo las medidas de la cuarentena y ante la crisis económica que se avecina creemos en la solidaridad entre los trabajadores para poder llevar la comida a casa”, explicaron los trabajadores de la papelera en la previa a las ollas populares que realizan en el predio para compartir los alimentos con las personas que lo necesiten.

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Frente a este panorama y en este momento crucial en el que los grandes empresarios continúan recibiendo enormes subsidios, mientras despiden y suspenden trabajadores, y extorsionan para levantar la cuarentena, los y las trabajadoras de empresas recuperadas tejen redes de solidaridad y de autocuidados como posición política, que prioriza el bien común y da respuestas colectivas frente a la crisis. Sin embargo, para que los proyectos puedan prosperar, sin ser condenados a la quiebra total el estado debe dar una serie de pasos firmes para sostener a las empresas que, dirigidas por sus propios laburantes, no lucran con las necesidades populares y pueden producir y dar los servicios que el pueblo trabajador necesita.

Exceptuados de la cuarentena obligatoria, trabajadores y trabajadoras de prensa continúan realizando sus tareas en un contexto en el que se profundizó la precarización y el ajuste que venían sufriendo desde hace años.

Santiago Mayor para Notas Periodista Popular

 

 

Diario Popular, Metro, Revista Pronto, Editorial Perfil, Infobae, Editorial Atlántida, El Cronista Comercial. La enumeración de cuenta de algunas empresas periodísticas conocidas y de alcance nacional. Todas tienen en común haber atravesado o estar atravesando distintos tipos de conflictos laborales desde que empezó la cuarentena.

Sin embargo se trata solo de los lugares -en la Ciudad de Buenos Aires- donde la patronal avanzó deliberadamente en reducciones salariales, despidos y mayor precarización del trabajo. Pero la crisis sanitaria no hizo más que profundizar y magnificar una problemática que ya es estructural en todo el sector.

Exceptuado del aislamiento obligatorio, el gremio de prensa -uno de los más golpeados durante los cuatro años de macrismo con más de cuatro mil puestos de trabajo perdidos- es nuevamente perjudicado, ya sea por la caída de las ventas, la reducción de la pauta publicitaria (pública y privada) o la voracidad empresarial. Y quienes pagan el costo son, otra vez, los trabajadores y trabajadoras.

Paradójicamente, en este escenario de crisis casi permanente, existe un saldo positivo. Un trabajo paciente, constante, muchas veces invisible, que ha logrado consolidar una cada vez mayor organización sindical para defender los derechos laborales de manera transversal y coordinada ante las distintas patronales que -históricamente- han actuado en conjunto para defender sus propios intereses.

La conformación y consolidación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), nacido en 2015, y la reciente asunción de la nueva conducción de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), que elevó al cargo de secretaria general a Carla Gaudensi -delegada de la Agencia Télam durante el histórico conflicto de 2018-, dan cuenta de este proceso.

No obstante, el escenario de cuarentena obligatoria plantea nuevos desafíos. “El sindicato trata de unificar las luchas en un contexto muy difícil porque al no poder estar en la calle cualquier conflicto se torna más cuesta arriba”, explicó el secretario de Organización del SiPreBA y delegado de la TV Pública, Agustín Lecchi. “De todas maneras estamos permanentemente en contacto con las comisiones internas y las asambleas para llevar adelante los reclamos necesarios, las denuncias al Ministerio de Trabajo y promover las medidas de salud, seguridad e higiene en todas las empresas”, añadió.

 

 

“Las estrategias de organización y solidaridad entre laburantes están siempre pero hubo que repensarlas”, agregó Paula Sabatés, delegada de Página/12 y periodista en Futurock.

Desde su punto de vista, mejorar la difusión y la llegada, es fundamental. “Vi eso, por ejemplo, en el caso de Metro que varios medios cubrieron ese conflicto”, remarcó. Lo mismo sucedió en el caso de revista Pronto en el que las redacciones “jugaron un rol, por supuesto con el amparo del sindicato que a cada paso muestra que es imposible hacerlo de otro modo”.

“Es imposible atravesar los grandes conflictos y las épocas de crisis sin la organización colectiva”, subrayó la trabajadora de prensa.

Seguir trabajando en cuarentena

Al ser un sector considerado “esencial”, los trabajadores y trabajadoras de prensa debieron continuar con sus tareas cotidianas. Sin embargo, esto no implicó no tomar los resguardos necesarios.

“Hubo cambios, se adoptaron medidas de higiene sobre todo y de distanciamiento entre las pocas personas que tienen que ir al diario”, explicó Sebastián Díaz, delegado de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA – Clarín). Asimismo, la gran mayoría pasó a realizar sus tareas por teletrabajo.

Fue el caso del diario deportivo Olé, donde trabaja Díaz. Primero los redactores, después los encargados, después los jefes de sección “y ahora todo el diario se está haciendo íntegramente de manera remota”.

“A las personas que no tenían computadoras les dieron, pero la empresa no garantizó el pago del celular, el servicio de internet, el cable”, explicó el delegado de Olé y subrayó que eso “es un montón de plata y es vital para hacer el trabajo desde casa”.

Asimismo recordó que la última paritaria para prensa escrita “fue del 15% con una inflación del 50%”. “Que tengamos que trabajar desde nuestras casas poniendo nuestra internet, nuestro cable, nuestra luz sin que la empresa se haga cargo de nada, es una batalla que hay que dar”, opinó y subrayó: “Los sueldos no alcanzan y encima terminamos gastando plata para llenar el diario de la empresa”.

 

 

Sabatés, que realiza tareas como colaboradora estable de Página/12, destaca que para ella la situación no cambió demasiado. “Para quienes estamos en situación de precarización, trabajo a destajo y remoto, no varió mucho”. Aunque destacó que “por primera vez” se igualaron “las condiciones concretas de realización del trabajo (no los derechos laborales)”.

“Quienes están efectivos cobran su sueldo fijo hagan la misma cantidad de notas o no. Quienes laburamos a destajo, en un contexto donde la mayoría de las cosas para cubrir están cerradas, sufrimos una disminución de trabajo y por lo tanto de salario”, apuntó.

Frente a eso, la Comisión Interna del diario elevó un petitorio para que la empresa garantice a las y los colaboradores permanentes el mismo volumen de trabajo que venían teniendo y, de ser imposible, que pague “una suma fija para poder mantener el ritmo” que existía pre-pandemia. Asimismo se reclamó por la actualización de lo que se pagan las colaboraciones externas.

Trabajadoras y tareas de cuidado

Como en otros aspectos, la situación en cada rama de prensa o en cada empresa no es la misma. Sin embargo, en líneas generales las trabajadoras han sufrido una recarga de sus tareas debido a la presencia constante de la familia en el hogar y sobre todo de chicos y chicas que no están asistiendo a la escuela por las disposiciones sanitarias.

“Este combo de pandemia, con cuarentena y la excepción de prensa acentúa una problemática que ya existía que es que en las compañeras recaen la mayoría de las tareas de cuidado y eso no está remunerado”, puntualizó Sabatés. “Incluso si tenés que trabajar en casa se nota mucho porque hay que hacer dos tareas al mismo tiempo”, remarcó.

Sin trabajo y sin derechos no hay salud

“Estamos teniendo problemas en muchas empresas con los salarios, que con la excusa de la pandemia pagaron en cuotas o realizaron algún tipo de reducción salarial”, reforzó Lecchi en este punto. “Esto es un problema muy grave porque en definitiva termina siendo una presión patronal para que se levante la cuarentena”, analizó.

Es el caso de Diario Popular que arrastra este problema desde hace meses pero ahora se ha profundizado. Pero también algo que se repitió en radio Metro, Noticias Argentinas o con les colaboradores de Editorial Perfil.

Las empresas que llevan adelante estas políticas “están incumpliendo con las resoluciones del Ministerio de Trabajo y del gobierno que plantearon que la licencia o el teletrabajo no deben afectar las condiciones salariales”, denunció el delegado de la TV Pública. Y opinó que el Ejecutivo “debe ponerse firme, multar a estas empresas y no asignarles pauta oficial”.

“Los medios pregonan la solidaridad hacia afuera de manera hipócrita pero hacia adentro pretenden avanzar sobre los salarios y derechos de les trabajo. Por eso decimos, sin salarios dignos ni trabajo estable no hay salud. Y no hay solidaridad si se ataca la salud en un contexto como éste”, completó.

En la misma sintonía Sabatés recordó la “tapa compartida de todos los diarios” que fue leída como “la primera acción conjunta de todas las empresas de prensa escrita de Capital Federal y no es así”. “Ahí evidenciaron una unión que tienen en la forma de operar sobre sus trabajadores que viene de hace muchísimo tiempo”, aseguró.

 

 

Por eso la solidaridad y organización gremial emergen como la respuesta. Si la patronal golpea de conjunto, los trabajadores y trabajadoras defienden sus derechos de la misma manera.

“Queda claro que el sindicato es la única herramienta capaz de tratar de desarticular esa unidad tan poderosa y -en su conjunción con lo legal- responder a los distintos conflictos que se van abriendo”, sostuvo la trabajadora de prensa.

Por su parte Díaz analizó que “el sindicato es clave porque es el que permite tomar medidas en conjunto y no solamente como empresa”. Y destacó que está teniendo “un rol muy activo”, en la cuarentena “por ejemplo con la campaña de vacunación para los afiliados en situación de riesgo”.

Para Lecchi va a ser necesario “redoblar la solidaridad y el rol del sindicato porque se vienen tiempos duros, en donde los empresarios de medios pretenden que los costos de la crisis recaigan sobre les trabajadores”. “La única manera de frenarlo es con políticas públicas claras que le pongan un freno y con la organización de les trabajadores para denunciar cada avance y frenarlo”, concluyó.

 

Fotos: Matías Cervilla

 

Durante los últimos años se viene experimentando un crecimiento sostenido del trabajo “no asalariado”. Es decir, por fuera del sistema de contrato formal de relación de dependencia. Según el informe interanual del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el último trimestre de 2019 el trabajo no registrado creció un 2,5% en relación al año anterior, mientras que los puestos de trabajo no asalariados se incrementaron un 7,6%. La suma de ambas categorías ya superaba los 10 millones de puestos de trabajo a finales del año pasado antes de la pandemia. Diversas tareas, desde repartidores, ilustradores, peluqueros/as, artistas, vendedores ambulantes, editores o periodistas por mencionar sólo algunas, se vieron afectadas de manera drástica por la cuarentena, mermando fuertemente sus ingresos, que en muchos casos directamente pasaron a ser nulos. En muchos de estos casos se dio la imposibilidad de poder acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por distintas situaciones que contrastaban con alguno de los requisitos.

Ramiro Gigante para ANRED

Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández por medio del Decreto 297/2020 – como medida para frenar la expansión del coronavirus (Covid-19) en Argentina – muchos trabajadores y trabajadoras cuentapropistas se quedaron sin su fuente de ingreso, o vieron drásticamente mermada su actividad. En el último trimestre de 2019 los y las trabajadoras no registradas y cuentapropistas crecieron y cayó el trabajo registrado. En diciembre de 2019, según el INDEC**, los trabajadores sin aportes jubilatorios llegaron al 35,9 % y los independientes al 22,6 %.  Mientras el trabajo no registrado creció un 7,6% y el no asalariado un 2,5%, el trabajo registrado asalariado cayó un 0,9%.

Pero la pandemia no solo afectó a quienes ya venían atravesando situaciones de crisis y cuya situación empeoró, sino que también afectó a quienes, a pesar de tener algún tipo de precariedad por falta de garantías sociales, venían generando ingresos con sus trabajos y se sentían conformes con su situación. Trabajos que de un día para el otro pasaron, de generar ingresos aceptables para quien los percibía, a ser prácticamente nulos.

Cuando todo venía bien…

Fernando Angelozzi vive en Morón y trabaja como peluquero en Ituzaingó. Antes había pasado por distintos tipos de empleos: “trabajé de todo, desde técnico en fotocopiadoras, lustrador de muebles, carpintero, vendedor de libros en la calle, y también trabajé en la construcción”, comenta, recordando algunos de los trabajos que había tenido antes de ser peluquero. “Este trabajo está bueno porque te acerca a la gente”, asegura. Desde hace un tiempo Fernando trabaja con este oficio, en una  barbería para niños junto a los propietarios de la peluquería,  con quienes dice tener desde siempre una buena relación. “Se labura cómodo, tranquilo” afirma.

“Esto me liquidó, al igual que a varios colegas. Nos liquidó financieramente. El ingreso es cero desde que se decretó la cuarentena. No agarré un peso”, cuenta el peluquero Fernando Angelozzi.

Su situación laboral, por la tarea que realiza, atraviesa esa situación de “cuentapropista”, si trabaja en una peluquería que no es de él. No tiene un salario sino que cobra por cada corte de pelo realizado. “Nosotros trabajamos como monotributistas A y cobramos comisión por cada corte. Las máquinas, las tijeras, los peines, son todos nuestros, los ponemos nosotros, la peluqueria se encarga de los insumos”, relata Fernando, quien comenta que hasta antes de la cuarentena tenía mucho trabajo: “abundante, se laburaba bastante. Ahora no tengo nada de trabajo, desde que se decretó la cuarentena no estoy trabajando, solo me corto el pelo yo y le corto a mi hijo”. De tener mucho trabajo y buenos ingresos Fernando se quedó repentinamente sin trabajo ni ingresos: “a mí, particularmente, esto me liquidó, al igual que a varios colegas. Nos liquidó financieramente. El ingreso es cero desde que se decretó la cuarentena. No agarré un peso: ni las diez lucas que prometieron, que seguramente hubo gente que la cobró, ni nada”.

Fernando no puede acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por su situación conyugal: “no me lo dieron porque yo estoy casado y mi mujer trabaja en relación de dependencia, y creo que ese era uno de los puntos por los cuales no lo cobrabas”. Ante la consulta sobre si recibió algún otro tipo de ayuda, contó que solo su pareja recibió la ayuda escolar anual por su trabajo en blanco. Angelozzi no tiene ninguna ayuda externa de ningún tipo. Al ser consultado sobre si está pendiente de posibles ayudas y novedades, el respondió que sí, pero que hay mucha desinformación: “estoy pendiente de las noticias todo el tiempo a ver si hay algo. El tema también es que hay desinformación. Tiran muchas cosas. Yo creo que hay gente de poder que quiere que las cosas se levanten más rápido de lo que es”.

A pesar de este momento difícil, Fernando no se opone a las medidas de cuarentena, considerando la gravedad de la pandemia, lo que sí espera es alguna medida que le permita poder retomar su trabajo. “Por ahí tomando las medidas de prevención que nos dice el gobierno, como atender una persona por vez y guardar distancias, creo que podría volver a trabajar. El tema de la economía es importante, más para la gente que trabaja en negro o no está registrado”, señala, sobre con quienes se siente identificado en su situación de monotributista. “Somos todos informales. Hay una cantidad de trabajo informal, como en mi caso, que soy monotributista. Es difícil, porque el gobierno tampoco sabe muy bien cuanto sacás vos”, remarca.

En relación al anuncio de créditos para monotributistas, Angelozzi también se siente pesimista desde su situación particular: “tampoco sé si lo voy a cobrar, porque te ponen condiciones que yo creo que también hay un montón de gente que no las reúne, y  los van a dejar sin un mango también. Esto no tiene precedentes”.

Fernando espera ansiosamente recuperar su trabajo, para contactarlo en caso de necesitar un peluquero, su email es: [email protected]

La venta itinerante

Eduardo Malach es editor en Milena Cacerola, una editorial de libros autogestiva. “Lo que yo hago, básicamente, es agarrar un texto digital, leerlo, hacerle correcciones de forma, estilo, contenido y demás, y sobre una serie de pasos, convertirlo de matriz digital de interiores en una matriz digital de tapa, que se envía a la imprenta, que sigue una serie de pasos para transformarlo en un libro físico”. Eduardo también trabaja en la presentación y venta de esos libros, que es lo que le permite tener un ingreso. La cuarentena y todo lo relacionado a la pandemia por el Covid-19 afectó directamente la etapa final de su trabajo. “Yo tenía dos libros para presentar: uno el viernes 13 y otro el sábado 14 de marzo, y solo pudimos presentar el del viernes 13. El del sábado 14 no lo pudimos presentar porque ya cerraron todos los lugares. Nos quedamos con los libros, sin poder venderlos y sin poder pagar la plata de la imprenta. En total debo estar debiendo aproximadamente 70 mil pesos por este tema”.

Eduardo Malach posa con dos de los libros editados por la editorial autogestiva Milena Cacerola, donde trabaja.

En relación a uno de los anuncios del gobierno como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Malach no puede pedirlo porque recibe una pensión no contributiva por discapacidad, de la cual se le retiene gran parte por el pago de un crédito. “Con eso me las arreglo para pagar las cuentas y nada más”, comenta. En estos momentos sobrevive con lo que recaudó con la venta de un puñado de libros los días previos al confinamiento: “pudimos vender algunos libros puerta a puerta antes de que empiece todo y con eso sobreviví hasta el día de hoy. Me queda plata para vivir mañana. Estoy repartiendo libros, pero no quiero tocar esa plata para ir devolviendo cosas”. En relación a sus deudas ironizó: “soy el hommo endeudadus, como nos pasa a todos en mayor o menor medida”.

La prolongación de la cuarentena preocupa a Eduardo: “hay trabajo para hacer pero las imprentas están cerradas. Hoy por hoy es vivir un día a día”. La imposibilidad de realizar presentaciones o de tener mayor circulación complica la difusión y promoción de los libros. “Estamos en un limbo”, concluyó.

Eduardo también se tomó un momento para recordar su trabajo anterior, muy afectado por esta pandemia. Durante tres años trabajó vendiendo biromes en los colectivos: “tuve la suerte de tener una seguidilla de libros y un dinero que me prestaron que me permitió salir de los colectivos y tener este trabajo”. A pesar del momento difícil que atraviesa actualmente, se siente afortunado de que la pandemia no lo encontró con su trabajo anterior. “Pienso en todos los compañeros que conocí trabajando de esto, vendiendo cada uno lo suyo. Hay una solidaridad en los bondis… Cada uno tiene su territorio: el que tiene su parada y vos llegás. El pasa primero, como si vos estás, y llega otro, vas vos primero. Y te saludás y hablás dos minutos sobre cómo está la venta. Siempre la frase para terminar una conversación es ‘buena venta’, que sería algo así como buena suerte, que es una frase que siempre gusta a uno escucharla y a los demás recibirla”, recuerda.

El panorama para ese sector resulta más desolador incluso una vez finalizada la cuarentena. “Una semana antes de la cuarentena ya se había desactivado toda posibilidad de venta ambulante. Los colectivos están blindados, vacíos. Yo creo que, incluso después de esto, va a costar que una persona se pueda subir a vender y que otra persona siquiera agarre el producto. La verdad que me cuesta pensar cómo puede seguir la venta ambulante. Si es que sigue, después de esto. Me da mucha angustia por esa gente que solo tenía eso para vivir.”

Para pedidos y consultas sobre libros, se le puede preguntar por mail a [email protected] 

La organización como respuesta

Desde enero existe un espacio llamado “Monotributistas Organizadxs”, que nuclea a trabajadores y trabajadoras de distintos sectores que comparten esta situación de ser monotributistas. Es decir, cobrar sus tareas facturando con el monotributo. Desde hace años es conocido un uso patronal de dicha característica que es contratar mediante esta figura legal para evitar contratos que respeten lo establecido en los respectivos convenios y así no pagar vacaciones, cargas sociales, o aguinaldos, entre otras conquistas laborales. También son contratos que permiten el trabajo temporario, por lo que en muchos casos se disfraza un trabajo con relación de dependencia de autónomo y de esa forma las patronales se desligan de compromisos y obligaciones. En otros casos, el monotributo cumple la función de tributar a trabajadores y trabajadoras autónomas de distintos ingresos, siendo las categorías a y b las de menor facturación y tributo. También existe el monotributo social y los eventuales. El monotributista muchas veces realiza tareas en donde no es considerado “informal”, pero si “precarizado”, por quedar afuera de las garantías de seguridad social en el mundo del trabajo mientras, a su vez, paga impuestos (aún teniendo ingresos por debajo de la canasta básica).

En este contexto, y luego de diversas experiencias aisladas, surge este espacio. “Surge a comienzos de enero, cuando se decreta el aumento del 51% del monotributo. Ahí fuimos unos pocos trabajadores que nos nucleamos de diferentes espacios. Por ejemplo, prestadores precarizados, ATR que representa a repartidores organizados, personas que trabajan de manera independiente en audiovisuales, o ilustración, edición, periodistas, y también había personas de tránsito del Gobierno de la Ciudad y Músicos Organizados. Venimos de rubros muy diferentes, en donde lo que nos nuclea es que estamos todos en la misma condición de monotributista. En este universo hay dos sectores: quienes están contratados con contratos precarios que se renuevan según la bondad de quien te contrata, que en muchos casos es el Estado, y, por otro lado, las personas independientes que estamos sin contrato alguno y vamos trabajando para diferentes clientes, sea del sector público o privado. Lo que venga. Y que tenemos la obligación de facturar para poder trabajar. En ese marco nos reunimos y nos manifestamos frente al Ministerio de Trabajo y la AFIP tres veces entre enero y febrero, y logramos que nos den una reunión con funcionarios del Ministerio de Trabajo. En dicha reunión nuestras demandas fueron escuchadas pero sin tener una respuesta, más allá de una mesa de trabajo que nunca tuvo fecha”, comentó una trabajadora monotributista integrante de este espacio, que prefirió no dar a conocer su nombre para no poner en riesgo su trabajo.

En el pliego de demandas presentadas, además del rechazo al incremento del 51% del monotributo, exigían derechos laborales básicos para la totalidad de las y los trabajadores, o al menos quienes están contratados: una obra social, días por enfermedad, vacaciones, que no se descuentes horas y una obra social digna. “Vimos que uno de los principales problemas es que la mitad del monotributo que pagamos es para una obra social que siempre tiene algún motivo para no atenderte: tengas un centavo de deuda, no tengas nada, siempre tiene algún motivo”, agregó la entrevistada.

Nunca se desarrolló la mesa de negociación prometida en aquella reunión. A mediados de marzo comenzó la cuarentena. “Todas y todos los monotributistas vimos mermados nuestros ingresos porque en su mayoría no nos podemos asegurar que nuestro trabajo pase a ser digital. En muchos casos, directamente, no es posible. Como cuando se trata de trabajadores de higiene y seguridad, o es posible de manera parcial, cuando se trata de acompañantes terapéuticos y derivados de trabajadores de la salud. Hay muchas cosas que, incluso siendo posible hacer de manera virtual, los trabajos se caen, como una edición para un video para una publicidad, o una ilustración. Los trabajadores independientes están cada uno a su suerte y, por otro lado, los contratados están bajo la decisión individual del patrón porque no hay ninguna normativa a nivel nacional que pueda regular esa situación. Justamente, el monotributo se trata de verte imposibilitado de acceder a los derechos laborales básicos”, contestó la entrevistada, cuando le preguntamos sobre cómo afectó al sector la cuarentena. También mencionó la situación de músicos y otros trabajadores en torno a los espectáculos que de repente dejaron de desarrollarse, y esos ingresos ya no están.

Por su parte, Rodolfo Fucile, ilustrador y también integrante de “Monotributistas Organizadxs”, agregó: “esta crisis pone al descubierto la situación de vulnerabilidad y precariedad laboral en la que estamos las y los trabajadores independientes, que carecemos de derechos y, al no tener un ingreso asegurado, somos las personas más afectadas laboralmente por las restricciones y la recesión”.

En relación a su situación particular, Rodolfo comentó que “en el caso de la ilustración, suele ser una actividad muy fluctuante, en las que pasás tiempo sin trabajar (y además tenés que soportar grandes demoras en los pagos). Desde que empezó la cuarentena esto se agravó. Si bien es un trabajo que se hace a distancia, el parate general repercutió en todos los rubros, como editoriales, medios y publicidad. O sea que no se trata sólo de las restricciones, que sí me afectaron. Por ejemplo, en la participación de eventos, ferias de arte y libros, dictado de talleres. Ahora estoy compensando un poco con mi taller virtual. También la falta de laburo se debe a la recesión general que impacta en todas las áreas, donde se cortó la cadena de pagos y se paralizaron proyectos. Alguna gente cree que si laburás desde tu casa tenés resuelto el tema. Pero eso del ‘home office’ sólo es una solución para un asalariado o para que quien tiene una continuidad de laburo asegurada. Para un ‘freelance’ no significa nada. Si los clientes o empresas no te llaman, no tenés ingresos. Así de simple”.

Monotributistas Organizadxs, en una de las movilizaciones frente al Ministerio de Trabajo, un poco antes de que se declarara el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la expansión del Covid-19.

Así como Fernando Agenlozzi había comentado que por su situación conyugal no pudo acceder al IFE, desde Monostributistas Organizadxs sostienen: “hay muchas personas que están inscriptas en la AFIP como casadas o casados, y que quizás se divorciaron hace dos tres o cuatro años, y todavía figuran como casados porque eso no fue modificado en la base de datos. También hubo casos de ‘falsos positivos’, por así decir, como una persona a la que les salió que estaba empleada por alguna dependencia del Estado, y no era así, sino que estaba desempleada hace por lo menos dos años“, comentaron desde la organización. “Estamos obligados a pagar para trabajar. Aún cuando no tenemos trabajo o nuestros ingresos han caído por la baja actividad, estamos obligados a pagarle al Estado. Si no lo hacemos, no sólo no nos asisten sino que además nos convierten en deudores”, agregó Rodolfo Fucile.

Este espacio está estrechamente vinculado al de “Musicxs Organizados”, cuyos integrantes en su mayoría, son monotributistas y forman parte de ambas organizaciones. El pasado domingo 19 de abril realizaron un festival online para denunciar su situación ante la cuarentena. 

El espacio tuvo un crecimiento a partir de la pandemia, que puso en mayor evidencia la precariedad laboral. Apenas iniciada la cuarentena, este espacio publicó un primer comunicado que se trataba de un petitorio que pedía, entre otras cosas, un salario de emergencia de 30.000 pesos y que fue firmado por más de 130.000 trabajadores y trabajadoras. El espacio tiene sitio tanto en Facebook como en Instagram.

Entre coincidencias y diferencias: algunas conclusiones

Con distintas situaciones coyunturales previas a la pandemia, en distintos sectores, sea el  público o el privado, con tareas tan diversas e incluso distintos niveles de autonomía, un elemento común agrupa a este diverso conjunto de trabajadores: la precariedad frente a esta situación. Desde un peluquero que trabaja en el sector privado, conforme con su situación previa a la cuarentena, hasta quienes venían denunciando y luchando por modificar su situación. “En mi caso, si no tengo monotributo no puedo trabajar”, comentaba Fernando  desde su empleo en el sector privado en el rubro Pymes, donde resulta más difícil una contratación con salario fijo sujeto a convenios laborales, no sólo por la incertidumbre en la recaudación sino por las cargas e impuestos pertinentes. Sin embargo, la forma del monotributo excedió su carácter original siendo incluso un recurso utilizado por el mismo Estado para contratar trabajadores y trabajadoras que realizan tareas en relación de dependencia, pero negando derechos laborales, mientras a su vez deben pagar impuestos ,como fue explicado por integrantes de “Monotributistas Organizadxs”. Lo mismo sucede en grandes empresas que, mediante la forma de monotributo, precarizan a parte de su mano de obra mientras por maniobras de elusión evitan el pago de impuestos que sí recae sobre monotributistas.

Quedaron excluidos de esta nota trabajadores y trabajadoras en negro de distintos sectores que han sido duramente golpeados por la crisis en relación a la pandemia, como en los rubros, hotelero, gastronómico, u otros vinculados al turismo. También sectores informales mencionados en notas anteriores como las y los trabajadores rurales golondrina.

Ya sea por la sobre explotación, lucro cesante o una combinación de ambos factores, la crisis actual vuelve a caer sobre los hombros de las y los trabajadores, entre quienes se encuentran las personas indagadas en esta nota.

 


* Para esta nota fueron consultados los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos durante el último trimestre del año 2019: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/cgi_04_20A63E2A1C14.pdf