En su último informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, Naciones Unidas (ONU) reconoció que durante la pandemia 811 millones de personas no accedieron a alimentos suficientes y dio por hecho que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 sobre “Hambre Cero” quedará incumplido. A pesar de este reconocimiento, el 23 de septiembre, el organismo internacional promoverá una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios con la que promete avanzar en aquellos objetivos profundizando el actual sistema alimentario, atado a las políticas corporativas de la “Revolución Verde” promocionada desde los años 60. El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, ofrece una mirada global sobre las presiones de esa política corporativa alrededor del mundo y las estrategias surgidas desde el campesinado y los movimientos de la sociedad civil para enfrentar la pandemia del hambre. Una voz que no será escuchada en la Cumbre.“Necesitamos que se apoye el movimiento sin tierra para que se puedan producir alimentos y comidas saludables. Necesitamos este cambio, cambiar la matriz de producción”, sostuvo Matheus Gringo de Assunção —economista, militante del Movimiento Sin Tierra (MST) e investigador del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales— durante la presentación del libro en el ciclo de charlas  “Nuestra comida, nuestra historia: recuperando las narrativas de los sistemas alimentarios”, organizadas por la Fundación Rosa Luxemburgo para respaldar a las organizaciones campesina, indígenas y movimientos sociales que ya se pronunciaron (contra la Cumbre de la ONU) bajo el lema “Sistema Alimentarios para los Pueblos”.

“Si lo que se plantea en la Cumbre va en contra de los derechos de las personas: no será justo. No va a parar el hambre y no va a respaldarnos como sociedad”, sentenció Qiana Mickie, fundadora y activista en organizaciones de economía solidaria en Nueva York, Estados Unidos, e integrante del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) ante el Comité de Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), una de las principales plataformas desde donde se denuncia lo que ocurrirá en la Cumbre de fin de mes. “No se trata tanto de lo que hablen en la Cumbre si no lo que realmente hace falta. Si los recursos de los Estados siguen yendo a las transnacionales y los privados solo veremos efectos devastadores para el ambiente, la salud y la marginalización de nuestra sociedad”, completó.

El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, editado por la Fundación Rosa Luxemburgo, utiliza la pandemia como catalizador de la crisis de los sistemas alimentarios al señalar cómo puso “al desnudo la fragilidad y las profundas contradicciones del modelo dominante de agricultura y alimentación” —las violaciones del derecho a la alimentación, los niveles de concentración en los sistemas alimentarios, la fijación de precios injustos de los alimentos, las políticas alimentarias incoherentes—. Temas que no aparecerán con la voces de los territorios en la Cumbre convocada por la ONU en alianza con el Foro Económico Mundial y las empresas tecnológicas.

Pero la publicación no se queda en la denuncia sino que reconoce cómo la pandemia potenció las respuestas en defensa de la soberanía alimentaria: “También ha creado el ímpetu para solidaridad entre diferentes clases de personas en todo el Sur y el Norte global”, se destaca en el libro sobre las experiencias de los movimientos sociales y las organizaciones campesinas que sirven como guía hacia otros sistemas alimentarios.

Asegurar el derecho a la alimentación, cuenta pendiente del actual sistema alimentario 

El libro está dividido en tres grandes ejes —“El empuje hacia una opresión. Futuro sombrío y respuestas desde abajo”; “Las políticas deben estar al servicio de las personas: la lucha por los derechos a la tierra y la alimentación” y “Respuestas desde abajo: reimaginando redes entre lo urbano y lo rural”— que permiten hacer un repaso de lo global a lo local sobre las luchas campesinas, indígenas y de la sociedad civil por otro sistema alimentario frente a una política global corporizada, que la Cumbre de los Sistemas Alimentarios propone profundizar.

Las miradas críticas y propositivas de los artículos del libro provienen de los trabajadores de la tierra, de especialistas en agroecología, de movimientos de la sociedad civil de Asia (India, Filipinas y Camboya) y de América (Argentina, Brasil y Estados Unidos).  “Muchos de los actuales sistemas alimentarios y agrícolas del mundo necesitan ser transformados en favor de las personas, el medio ambiente y el clima”, afirmó Patricia Lizarraga, coordinadora de proyectos de Rosa Luxemburgo en Buenos Aires, en la apertura del webinario virtual.

“El Covid-19 puso de manifiesto, además, que la distribución y comercialización de alimentos está muy concentrada y es poco equitativa”, sentenció Lizarraga, quien también es autora de uno de los capítulo del libro “Solidaridad de clase en la lucha contra el hambre”, junto a Matheus Gringo de Assunção.

En ese capítulo repasan lo que en las conclusiones señalan como “los increíbles ejemplos de solidaridad en la brecha urbana y rural que aseguraron el acceso a los alimentos nutritivos para millones de personas” durante la pandemia de coronavirus. Las experiencias relatadas en ese capítulo son las de “Periferia Viva” —una red solidaria creada entre movimientos sociales de Brasil para garantizar el acceso a alimentos durante la crisis generada por el Covid-19— y la Red de Comedores para una Alimentación Soberana, impulsada por la  Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y que unió a 200 organizaciones populares para abastecer de alimentos agroecológicos a los comedores populares.

“La pandemia fue un problema extra a la crisis económica, social y medioambiental que se incrementó en los últimos años. Las medidas de cuidado que se pusieron en práctica eran necesarias para proteger la salud, pero profundizó la crisis en América Latina. En Argentina y Brasil los números son similares, el 40 por ciento vive en pobreza o extrema pobreza”, analizó Gringo de Assunção sobre la urgente crisis alimentaria.

El militante del MST indicó que en Brasil las redes solidarias fueron imprescindibles frente al desmantelamiento de los programas de alimentación por parte del presidente Jair Bolsonaro, a diferencia de la Argentina donde se relanzaron políticas de asistencia alimentaria, pero marcó otro problema que afecta a ambos países: “La industria agroalimentaria está en manos de las multinacionales y eso convierte a los alimentos en objeto de los inversores y tiene un efecto en los precios”.

La otra experiencia relatada en el libro muestra cómo la pandemia de Covid-19 amenazó la seguridad alimentaria también en Nueva York, en el corazón financiero de la potencia económica y agrícola. En los barrios pobres del Bronx, Qiana Mickie —fundadora de QJM Multiprise e integrante de organizaciones de economía solidaria como Farmers Market Coalition, South Bronx Farmers Market— fue parte de las redes tejidas entre los pequeños agricultores y las comunidades relegadas, que formaron largas filas día tras día para recibir una ración de comida en medio de las políticas de encierro, el incremento de los precios de los alimentos y la pérdida de puestos de trabajo. Un espejo de lo ocurrido a nivel mundial.

“En Harlem vemos cómo las personas mayores y niños en edad escolar están en una situación de inseguridad alimentaria. Entre los niños, alcanza a uno de cada cuatro. El impacto es mayor en ellos, en las personas mayores y en los pueblos indígenas”, describe Mickie y advierte que no es solo un fenómeno urbano ver a filas de personas haciendo colas bajo la lluvia para llevarse un bolsón de alimentos sino que “en las áreas rurales también sucede”.

“Lo que tenemos que buscar son soluciones de largo plazo, modificar el sistema alimentario, potenciar los sistemas de pequeños agricultores y cooperativas. No es posible superar el hambre con obras de caridad”, sentenció la activista e integrante del comité de coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) ante el Comité de Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria (CSA).

Políticas públicas a favor de las corporaciones o sistemas alimentarios más justos

Las redes solidarias de pequeños productores con la sociedad civil organizada en las ciudades son la respuesta a un problema de base y de escala global, pero para poder asegurar alimentos sanos para la población los pequeños productores campesinos e indígenas deben tener asegurado el acceso a la tierra o la posesión de sus tierras ancestrales. El libro expone esta problemática global a partir del capítulo  “El papel del Estado en Garantía del Derecho a la Alimentación”, escrito por el especialista indio PS Vijayshankar, experto en agricultura sostenible y cofundador y director de investigación de Samaj Pragati Sahayog (SPS).

Vijayshankar escribe sobre la producción de alimentos en la India en un momento crítico. Las políticas neoliberales del gobierno de Narendra Modi le abren las puertas a las empresas multinacionales para el control de la producción, comercialización y fijación de precios de los alimentos, alejando el rol histórico que mantuvo el Estado indio en la regulación de las compras, almacenamiento y distribución de los alimentos producidos por los pequeños productores. Lo que generó movilizaciones históricas para frenar las políticas a favor de las corporaciones de la industria alimenticias y respaldadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para eliminar las subvenciones estatales.

“Durante la pandemia el Estado se ha retirado de muchas actividades y la protección legal de los pequeños productores es cada vez peor. Muchas multinacionales están interviniendo directamente en la producción con el arrendamiento de tierras”, resaltó Vijayshankar sobre el avance corporativa en la India y agregó que también alcanza a la regulación de precios y el sistema de financiamiento: “Las grandes corporaciones están fijando los precios, con objetivos de explotación para los pequeños productores, que poseen pequeñas parcelas y, en muchos casos, deben tomar préstamos de las propias corporaciones para seguir produciendo”.

El especialista y docente sostiene que el rol del Estado para proteger a los pequeños productores y la producción de alimentos para la sociedad se hizo evidente y confió en que la lucha social continuará: “La seguridad alimentaria se ha conseguido mediante la presión popular y no queremos se dé marcha atrás”.

Vijayshankar resaltó además la importancia de que los pequeños productores avancen hacia formas de cooperativismo para “tener una posición más fuerte de los pequeños agricultores frente al mercado”. “Desde los años 60 se busca imponer una agricultura a gran escala e intensiva —la llamada “Revolución verde”—. Eso es lo que hay que poner en discusión y reformar”, sostuvo el especialista indio y docente universitario.

El modelo para hacer frente al actual modelo hegemónico impuesto por las corporaciones, la OMC y los Estados es con acceso a la tierra y fomento a la agroecología, plantea Vijayshankar. “La reforma agraria, la tenencia de la tierra es fundamental para cualquier cambio, poder tener los títulos de los agricultores que las tienen de forma ancestral”, asegura y agrega que un modelo que frene la sobreexplotación de los suelos y el agotamiento de las aguas debe estar asociado a la agroecología y a los modelos locales ancestrales.

Las estrategias, la resistencia, otro modelo alimentario 

El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, permite abrir ventanas al mundo, observar cómo las peleas por otro modelo de producción enfrentan las mismas políticas corporativas, y regresar a la realidad regional. “Las personas que producen los alimentos que terminan en los platos de la población brasileña se ven atacados, perseguidos por los empresarios del agronegocio y por el gobierno de Bolsonaro, que suspendió cualquier proceso que lleve a la reforma agraria. Y legalizó el acaparamiento de tierras”, denunció Gringo de Assunção.

Brasil sintetiza la crudeza del actual sistema alimentario. El nivel de deforestación del Amazonas avanzó hasta un 40 por ciento de su superficie total para ampliar la frontera de los cultivos de soja que van a alimentar la producción ganadera y la exportación de commodities. Los que sufren el avance de esa frontera agropecuaria de forma inmediata y violenta son las comunidades indígenas y campesinas, pero el impacto de la deforestación del Amazonas genera consecuencias globales, entre ellas, las sequías y bajantes de los ríos, como ocurre en el Río Paraná.

En paralelo, Bolsonaro eliminó los programas de alimentación denominados “Hambre cero” —uno de los objetivos propuestos por la ONU y que admitió que incumplirá— que no solo ofrecían asistencia alimentaria si no que eran una política destinada a los pequeños productores a partir de la compra pública para abastecer organismos estatales y hospitales públicas con alimentos agroecológicos. “Desde 2016 esos programas quedaron desfinanciados. Habíamos llegado a cubrir el 30 por ciento de las escuelas del país con alimentos sanos provenientes de la agricultura familiar”, destacó el integrante del MST.

“Bolsonaro frenó cualquier tipo de reforma agraria y nos llevó a una situación en la que no hay acceso a la tierra, pero tenemos un movimiento de resistencia activo, somos el primer frente contra las políticas neoliberales que propone”, reivindicó Gringo de Assunção y convocó a que los movimientos sociales mantengan una actitud de “solidaridad no pasiva”, o sea, promover acciones que combatan el hambre al mismo tiempo que se le reclama y recuerda al Estado que “no está cumpliendo con su deber de garantizar derechos”. Y aseguró que esas acciones deben comprometer a las comunidades para que “sean los protagonistas en las políticas públicas”.

Desde Nueva York, allí donde los representantes de los estados miembro de la ONU se reunirán para proponer un supuesto cambio en la Cumbre de los Sistemas Alimentarios, la integrante del MSC y activista por la soberanía alimentaria comparte la necesidad de renovar la forma en las que se definen las políticas públicas: “Necesitamos un enfoque para edificar un sistema resiliente de cara al futuro, que penetre en el sistema alimentario y en el sistema político, ampliando los actores y tomadores de decisiones”.

En ese sentido, Mickie insistió con que “la financiación del gobierno para el sistema de bienestar no debe ser sólo para la asistencia sino para generar soluciones”. ¿Cómo generamos un control democrático sobre la explotación de los recursos? ¿Cómo generamos alternativas para incluir a las comunidades locales? ¿Cómo mejoramos la logística para conectar a los productores regionales con las ciudades? ¿Cómo redistribuimos la tierra de forma equilibrada? ¿Cómo creamos en lo urbano espacios con prácticas agroecológicas? La activista neoyorkina dejó desafíos flotando. “Tenemos que hablar de modelos que hay que transformar no solo trabajar en la supervivencia sino trabajar en un modelo que genere resiliencia y perdure en el tiempo”, sentenció.

—¿Se puede esperar alguna línea de acción que surja de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU que modifique los problemas de producción, comercialización y acceso a la alimentación sana que describen?— preguntó Tierra Viva a Qiana Mickie   

—En la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se va a hacer un greenwashing de los conceptos que no funcionan. Lo que necesitamos es movilizarnos, hacer escuchar las voces de las poblaciones, necesitamos menos cooptación de las corporaciones, necesitamos fomentar lo que sabemos que sí funciona y necesitamos el respaldo de las organizaciones y de la sociedad civil. Si lo que se plantea en la Cumbre va en contra de los derechos de las personas no es justo, no va a parar el hambre y no va respaldarnos como sociedad. Tenemos que crear presión sobre la cumbre para que escuchen la voz del pueblo y los retos presentes, necesitamos desarmar el poder. No se trata tanto de lo que hablen en la cumbre si no lo que realmente hace falta y necesitamos, en la práctica, los fondos para que se lleven a la práctica los modelos que sabemos que funcionan.

—¿Qué soluciones se podría proponer en materia de comercialización y distribución de alimentos a partir de las respuestas que dio la economía solidaria en el marco de la pandemia?

—Se trata de desmantelar el capitalismo dentro del sistema alimentario. Pasar de una política agroglobal a una de nivel local. Apoyar modelos y soluciones que se basen en la solidaridad y de soporte directo a los pequeños productores. Construir políticas públicas para asegurar la seguridad alimentaria, que está relacionado a las comunidades locales y a través de la agricultura regenerativa. Necesitamos un cambio en la relación de poder, porque si los recursos del Estado siguen yendo a  las transnacionales y los privados, solo vemos efectos devastadores para el ambiente, la salud y la marginalización de nuestra sociedad. Hay que apoyar a estos modelos que son viables, aumentar las investigaciones, apoyar a los pequeños productores y hacerlo de manera conjunta. Tenemos los líderes, tenemos las estrategias, necesitamos más solidaridad para quitar poder a los grupos concentrados. Ya sabemos lo que hay que hacer, solo tenemos que insistir y encontrar los recursos.

Descargá el libro en su versión en inglés:https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2021/09/Crash-Barriers_Brochure_web_20210824.pdf