Por Silvia Federici, Verónica Gago, Luci Cavallero

Compartimos la introducción y descarga gratuita del libro «¿Quién le debe a quién? Ensayos transnacionales de desobediencia financiera», que compila artículos de distintas partes del mundo para dar cuenta de una historia de movimientos contra la deuda. Un archivo práctico de no-pago de una deuda ilegítima.

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La pandemia ha acelerado la crisis planetaria. La amenaza a la vida se expande, evidenciando políticas destructivas que llevan muchos años. Sin embargo, queremos señalar que hoy es la deuda la verdadera plaga que afecta a millones de personas en todo el mundo, y en especial a las mujeres, lesbianas, travestis y trans. La deuda expresa un momento de gran concentración del capital y de su salto hacia adelante. Aun en la pandemia, en medio de la suspensión de la mayoría de las actividades, el capital financiero no se detuvo. El endeudamiento de los hogares que ya se venía observando durante los últimos años, se diversificó e incrementó frente a la emergencia del COVID19, ya que las deudas “no bancarias” por alimentos, medicamentos, alquileres, y servicios de luz, agua, gas y acceso a conectividad crecieron a ritmo acelerado, lo cual se hace aún más fuerte en los hogares monomarentales, con mujeres a cargo de niñes, convirtiendo al endeudamiento en otra de las formas de intensificación de las desigualdades de género. El capitalismo hoy busca, como lo ha hecho desde sus inicios, producir nuevos cercamientos sobre la comida y la salud; y empresas como Amazon están dispuestas a cerrar el cerco, abalanzándose sobre los circuitos de distribución, de logística y de datos. A esto se suma la máquina financiera sobre el suelo y las viviendas: el aumento del costo de los alquileres va en paralelo a una valorización urbana empujada por dinámicas expulsivas gracias a la especulación inmobiliaria. No solo el costo de un alquiler se vuelve equivalente a un salario (en el caso de tenerlo), sino que, con la pandemia, tomar deuda para pagar el alquiler se ha convertido en una forma de “salvataje” para evitar momentáneamente los desalojos.
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La deuda funciona como la máquina más grande de acumulación de riqueza para el capitalismo actual y, simultáneamente, como una forma de control social. La deuda es una herramienta política del capital para explotar y confiscar la vitalidad social y determinar el tiempo futuro. Queremos decir que la financierización no es un proceso que se despliega en sí mismo, sino que responde, lee y captura un deseo de autonomía que las luchas expresaron en los distintos ciclos de organización. Así, la invasión de las finanzas en la reproducción social que se dirige especialmente a economías feminizadas responde a la disputa feminista por el reconocimiento de tareas históricamente devaluadas, mal pagas e invisibilizadas y a un deseo de autonomía económica. De esta manera, el endeudamiento doméstico masivo de los últimos años es una respuesta a un protagonismo político feminista en los distintos ámbitos laborales, sindicales y territoriales. Se trata de un modo particular de moralización que busca limitar y contener el desafío hacia los mandatos de género en las tareas de reproducción social y a la responsabilización familiar para asumir los costos de la crisis. En esta línea deben leerse las propuestas de convertir a las jefas de hogar, a las trabajadoras precarizadas y a las desempleadas en “empresarias de sí mismas” y/o emprendedoras a través del endeudamiento. Y, para otro sector social, lo que vemos son propuestas de endeudamiento con “banca de mujeres”, una línea que algunos bancos identifican como traducción del “deseo” de cambio en deseo de crédito. Las mujeres entendidas como “naturales” emprendedoras, deudoras responsables y consumidoras compulsivas (según segmentaciones de clase) aparecen así codificadas por la lengua de las finanzas. Durante la pandemia, el incremento del trabajo de reproducción ha sido brutal: desde hacerse cargo de la escolaridad de lxs niñxs al interior de los hogares hasta los cuidados, pasando por mayores exigencias de limpieza y teletrabajo. Ese incremento del trabajo reproductivo, paradójicamente, ha generado más deuda. El trabajo no reconocido en los hogares se traduce en una desigualdad de ingresos que, a la vez, se transforma en engranaje de endeudamiento. Es esta situación, además, la que produce una relación directa con el crecimiento de las economías ilegales como oferentes de empleo en situaciones de alta vulnerabilidad y, por tanto, contribuye al incremento de las violencias.
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Llamamos a este proceso colonización financiera de la reproducción social, ya que sitúa como territorio de conquista a las poblaciones más empobrecidas y precarizadas y las hace dependientes de la deuda para su economía cotidiana. Cuando la relación de deuda se derrama hacia abajo, se difunden los efectos de la deuda tomada por los Estados a modo de cascada. Es decir, los despojos y privatizaciones a los que obliga el endeudamiento estatal se traducen como endeudamiento compulsivo hacia los sectores subalternos, que pasan a acceder a bienes y servicios a través de la mediación de la deuda. Esto tiene el efecto, tanto de modificar la relación entre ingreso y deuda, como también entre deuda y acceso a derechos. El propósito es convertir la vida en una suma de deudas: la que pagamos por nuestros países y la que pagamos personalmente.El capital –y las ofensivas patronales y financieras en las que se expresa– busca aprovechar la situación de crisis para reconfigurar las formas de trabajo, los modos de consumo, los parámetros de ingreso y las relaciones sexo-genéricas. Más concretamente, podemos pensar que estamos ante una reestructuración de las relaciones de clase que toma como escena principal el ámbito de la reproducción social. Esto incluye a los hogares, pero también a los trabajos reproductivos que se hacen más allá de los muros de la vivienda.
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Si, como mencionábamos anteriormente, el endeudamiento es una respuesta a una secuencia específica de luchas, lo es también como mecanismo de explotación del trabajo y de extracción de tiempo de vida. Podemos hablar de un “extractivismo financiero” en la medida que, ampliando la noción de extractivismo, queremos evidenciar las formas de extracción de valor que practica la deuda ya sin necesitar de la mediación salarial, pero operando sobre las formas múltiples y heterogéneas de la fuerza de trabajo contemporánea. Pero queremos además visibilizar de modo concreto de qué tiempo y de qué trabajos se nutre la deuda. Quiénes son las que se endeudan y qué mandatos de género refuerza la obligación financiera. No es casual, creemos, que es desde el movimiento feminista que se vienen impulsando acciones contra la deuda. Hay ahí una batalla por la reapropiación y liberación del tiempo para nosotres, contra la extracción financiera y la desvalorización de los trabajos feminizados.5

Es necesario decir ¡ya basta! Frente a la riqueza desmedida, tenemos que poner fin a las nuevas formas de esclavitud por deuda y la servidumbre involuntaria a la que somete el capital financiero.

La obligación de la deuda, el mandato que hace que no nos quede otra opción que endeudarnos para vivir, demuestra que la deuda funciona como herramienta productiva. Nos pone a trabajar. Nos obliga a trabajar más. Nos lleva a tener que vender nuestro tiempo y esfuerzo a futuro. Propone como horizonte que paguemos hasta morir. Quiere comandar nuestro esfuerzo por décadas y prolongarse por generaciones. Deudas para toda la vida. Alimentadas como obligación gracias al sentimiento de culpa que nos habla de nuestra responsabilidad como deudoras, de nuestro fracaso como emprendedoras, de nuestras cargas como cuidadoras, de nuestras exigencias frente a la falta de servicios públicos. La deuda vampiriza nuestra energía vital.

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Existe una historia de movimientos contra la deuda. Hay un archivo práctico del no-pago. Cuando decimos que vivas, libres y desendeudadas nos queremos, cuando decimos que no debemos, no pagamos, cuando decimos strike debt! (huelga/golpe a la deuda), cuando decimos que somos nosotras contra la deuda, hacemos voz colectiva de un reclamo y de una desobediencia concreta. En este libro, que es también un libro-manifiesto, reunimos experiencias que analizan, problematizan y activan contra el endeudamiento, inventando formas de visibilizar y confrontar la obligación financiera.

Son maneras prácticas de investigar la deuda y de declararla ilegítima. Empezamos entonces por invertir la cuestión y dar vuelta la pregunta: ¿Quién le debe a quién? Hay que presentarles la cuenta de lo que ellos deben. La cuenta de lo que no han pagado históricamente y reapropiarse de la riqueza colectiva que hemos producido.

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Este libro coral y transnacional surge como continuidad de los debates abiertos después de la publicación de Una lectura feminista de la deuda. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! (primera edición en 2019, Fundación Rosa Luxemburgo y en coedición con Tinta Limón, en 2021) y de la conversación transfronteriza de La Internacional Feminista. Luchas en los territorios y contra el neoliberalismo (Tinta Limón, 2019). De modo más amplio, aquí buscamos dar cuenta del repudio de distintos movimientos feministas, antirracistas y populares al endeudamiento, haciendo de la lucha contra la deuda externa y doméstica una consigna en varias geografías.

La situación de la pandemia atraviesa los textos de un modo u otro. Así, al contrario de la idea extendida de que la cuarentena global implicó una pausa más o menos generalizada, denunciamos que la extracción de renta financiera nunca se detuvo. Más bien lo opuesto: la pandemia significó un incremento de las deudas e incluso la aparición de otras nuevas, intensificando los mecanismos de despojo y extracción.

Creemos que una lectura que profundiza y pluraliza la comprensión de lo que significa el endeudamiento permite también ampliar lo que entendemos por luchas contra la deuda. Confrontar la deuda, externa y doméstica, es problematizar y desnaturalizar la mediación financiera para acceder a los bienes necesarios para la reproducción social. Confrontar la deuda, externa y doméstica, es también luchar por salud, por educación, por jubilaciones y por vivienda a la vez que reclamar la investigación de las deudas ilegítimas que toman los estados. Confrontar la deuda, externa y doméstica, no puede dejar de lado el desafío de inventar formas de financiamiento por fuera de los circuitos usurarios de bancos y financieras. Confrontar la deuda es también desarmar el sentimiento de culpa y vergüenza que implica estar endeudadas y la moral de “buenas pagadoras”: es decir, los mandatos de género que nos fijan al ámbito doméstico y a trabajar sin remuneración.

Para hacer este mapa de experiencias y análisis de desobediencia financiera, reunimos textos de Argentina, Puerto Rico, Chile, Ecuador, Guatemala, Marruecos, España, Estados Unidos, Italia y Brasil.

Empezamos este recorrido con un texto fundamental de Silvia Federici, por primera vez traducido al castellano, donde sienta las bases históricas de un análisis feminista de la relación de las mujeres con el dinero y la deuda como respuesta a la crisis de los años 70. Luego, Shariana Ferrer y Zoán Tanis, de la Colectiva Feminista en Construcción, narran su militancia contra la deuda en Puerto Rico, haciendo una secuencia de acciones y conceptualizaciones en clave anticolonial. A continuación, un manifiesto escrito en conjunto entre el colectivo NiUnaMenos y la organización Inquilinos Agrupados de Argentina durante la pandemia da cuenta de la imbricación entre deuda por vivienda y violencia de género, a lo que sigue un texto de Luci Cavallero y Verónica Gago sobre el concepto de “violencia propietaria”; luego, hacia el final del libro, las mismas autoras relanzan esta reflexión en un texto sobre cómo opera la llamada “inclusión financiera” desde una lectura feminista de la deuda. La discusión sobre la financierización del acceso a la vivienda sigue en la intervención de Lotta Meri Pirita Tenhunen de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), en el estado español, que narra la organización de las vecinas para evitar ser desalojadas durante la pandemia. La antropóloga y activista Hannah Appel, cofundadora del Debt Collective de Estados Unidos, propone pensar formas de organización a la altura de la “ubicuidad” de la deuda, explicando las estrategias de abolición de deuda que ponen en juego. Desde Ecuador, la organización feminista Mujeres de Frente, que reflexiona y lucha contra los impactos nocivos de la prisión en la vida de las mujeres penalizadas y les niñes a su cargo, junto con la experiencia de la Caja de Ahorro 1 de Mayo, nos ayudan a imaginar posibles “comunidades de cooperación” para desviarnos de los circuitos usurarios y organizar otras lógicas vinculadas al trabajo en las economías populares de calle.

Desde el corazón de la revuelta latinoamericana, Juan Pablo Rojas, del colectivo Deuda Educativa de Chile, nos cuenta el lugar central que tiene el endeudamiento en el modelo impuesto por la dictadura de Pinochet, y las distintas estrategias que se están llevando a cabo para enfrentarlo, desde el litigio judicial a la acción directa.

Los investigadores y militantes Eduardo Codiani y Pedro Biscay desde Argentina dan cuenta de la estrategia jurídica para avanzar en la investigación de la deuda externa récord asumida durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), detallando las acciones aún en marcha. Luego, Omar Aziki, del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) desde su sede de Marruecos, narra las protestas de las mujeres pobres de su país, sobreendeudadas con microcréditos.

En conversación con Marta Malo de La Laboratoria, las integrantes del colectivo de trabajadoras de hogar migrantes Rafaela Pimentel, Costanza Cisneros y Amalia Caballero de Territorio Doméstico, con Myriam Espinoza y Lotta Tenhunen de la PAH Vallekas y con la abogada sevillana y gitana Pastora Filigrana, reflexionamos sobre las claves para pensar un sindicalismo feminista y migrante contra la deuda.

La investigadora Gladys Tzul Tzul, desde Guatemala, analiza cómo luchar por la tierra es también luchar contra la deuda y contra el despojo de las tramas comunitarias. Michele Spanó, investigador de Italia, nos habla de la necesidad de repensar la idea del “contrato” de la deuda a la luz de la situación excepcional de la pandemia. Desde Brasil, Graciela Rodríguez y Paula Sarno nos comparten la situación de endeudamiento familiar en ese país latinoamericano durante la pandemia. Cierra el libro, un texto de Silvia Federici que historiza el debate sobre el ingreso garantizado, poniendo en perspectiva sus orígenes y las tensiones que desde hace décadas reemergen sobre su sentido político.

El momento en el cual aparece este libro es en cierto sentido auspicioso. El levantamiento que está en marcha en Colombia así como los resultados de las elecciones constituyentes en Chile, son grandes escenas de desobediencia financiera. América Latina es un continente que se rebela una y otra vez a los planes que las finanzas internacionales tienen para el empobrecimiento de las mayorías.

Más información del libro en el nuevo micrositio #ViolenciaEconómica: https://violencia-economica.rosalux-ba.org/quien-le-debe-a-quien-ensayos-transnacionales-de-desobediencia-financiera/

También puedes descargarlo aquí.

En el marco de las propuestas y actividades realizadas tras un nuevo aniversario del #NiUnaMenos, se realizó la presentación del Micrositio “#ViolenciaEconómica: Herramientas para la organización feminista”.  El encuentro colectivo convocado por la Oficina Cono Sur tuvo la participación de las diferentes organizaciones que participaron en la iniciativa. Entre ellas, MNCI – Somos Tierra, Asamblea de Mujeres – FOB Autónoma, UST – Campesino y Territorial, La Poderosa, Colectivo Yo No Fui, Colectiva Feminista Tatagua, Grupo de Investigación e Intervención Feminista, Feministas del Abya Yala y DAWN, con la coordinación de la periodista Ana Cacopardo.

 Este micrositio encuentra diversas experiencias feministas de resistencia, reflexión y construcción de alternativas, y nos acerca -desde una mirada amplia e integral de la lucha feminista- a los diferentes territorios. Y es por este motivo que su presentación fue mucho más que la puesta en común de las experiencias. Esta actividad “fue un escándalo” como supo decir una de las coordinadoras del evento, ya que nos acercó a ese cotidiano de los espacios feministas, a sus particularidades territoriales y a sus propuestas en la actualidad de la pandemia por COVID 19. Presentando, a su vez, la diversidad y multiplicidad de experiencias que apoya y acompaña la Fundación desde la oficina Cono Sur.

En ese sentido, esta propuesta trascendió las distancias y encontró, en una misma trama, al movimiento campesino e indígena, organizaciones populares, villeras y urbanas, colectivas feministas y sindicalistas de base en un intercambio sentido y emotivo. Una presentación como el reencuentro de las jornadas, debates e intercambios colectivos de los feminismos, pero esta vez, en la virtualidad. Esos mismos que impulsaron la historia de los feminismos populares, comunitarios, plurinacionales, campesinos, indígenas, entre otros. Feminismos que se encuentran en una misma raíz, que es antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista.

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#Endeudamiento #ViolenciaEconómica

La actividad comenzó con la presentación del libro «Una lectura feminista de la deuda ¡vivas, libres y desendeudadas nos queremos!» realizado por Verónica Gago y Luci Cavallero del Grupo de Investigación e Intervención Feminista. Esta herramienta, no sólo realiza una lectura feminista de la deuda sino que, también, se propone impulsar un movimiento de politización y colectivización del problema financiero. En ese sentido, la investigadora feminista Verónica Gago agregó sobre la publicación del material en el nuevo micrositio: «Es una herramienta política que condensa experiencias colectivas de organización en torno al trabajo y la violencia económica».

La Colectiva Feminista Tatagua es una colectiva feminista de la zona sur del Conurbano bonaerense que, a través del acompañamiento feminista frente a situaciones de violencia machista hacen de la sororidad una práctica cotidiana y continua. A lo largo de su bitácora de trabajo presentada en el micrositio, nos comparten cuáles son los desafíos en la actual coyuntura de pandemia por COVID 19 y cómo esta evidencia aún más a las desigualdades estructurales que cimientan el modelo capitalista. Desde esta experiencia, afirmaron que la Colectiva Feminista Tatagua se busca: «Deconstruir la idea de madre cuidadora para construir la idea de comunidad cuidadora».

Por su parte, las investigadoras feministas Flora Partenio y Alejandra Santillana, que realizaron el libro “Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras” junto a Corina Rodríguez Enríquez, conversaron en torno a la relación del patriarcado, el capitalismo y la colonialidad en las nuevas formas de crisis y endeudamiento donde las mujeres y disidencias son las más perjudicadas. Se preguntan: “¿Cuál es el vínculo entre economía y violencias desde la perspectiva de los feminismos del sur global?”, y proponen pensar a “la producción de violencias como un fenómeno global, no como un hecho aislado, sino que se encuentra anclado territorialmente en el marco de la alianza entre capitalismo, patriarcado y colonialidad”. En su trabajo, las investigadoras dan cuenta de cómo la violencia económica se acentúa en las poblaciones campesinas donde impacta el extractivismo directamente sobre los cuerpos territoriales. Cómo las políticas de Estado, que hacen parte de ese entramado, posibilitan “el desmonte de lo público que obliga a la migración, la precarización laboral, el endeudamiento y, por ende, al desmonte de lo comunitario de los lazos y vínculos”.

A través de su experiencia, el Colectivo transfeminista-anticarcelario Yo No Fui, propone pensar las resistencias como una construcción en red, en consonancia con otras luchas y movimientos políticos y sociales. En ese sentido, en su bitácora de trabajo se proponen reconstruir aquellas «trayectorias de vida ignoradas por el sistema judicial” así como acompañar en la cárcel entendiendo que la misma “funciona como centros de tortura”. En ese sentido, plantean combatir las prácticas carcelarias desde el acompañamiento, y sostuvieron: “La privación de la libertad es una deuda que no se termina de pagar».

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#CuerpoTerritorio

Desde el MNCI – Somos Tierra, presente en Jujuy, Córdoba, Mendoza y Neuquén, acercan su debate -amplio y heterogéneo- sobre el proceso agroproductivo y el rol de la mujer en el ámbito rural. Afirmaron que “en un relato colectivo, reconocimos problemas comunes y estrategias diferenciadas según cada región”. Los conflictos por la tierra y la defensa contra los cercamientos y desalojos son una constante, de forma que el intercambio feminista aparece como una propuesta de complicidad y encuentro. Entre sus reflexiones, sostuvieron que «la tierra no es un bien, es un territorio donde reproducimos la vida campesina y la producción entonces es la manera que encontramos para reproducirla». Por su parte, desde Mendoza, la UST – Campesina y Territorial, se organizan y resisten desde territorios atravesados por las problemáticas del avance del monocultivo de la vid, la expropiación de un recurso elemental como el agua por parte de empresas de la agroindustria, y las consecuentes sequias y pérdida de animales y se preguntan en tono a las estrategias para producir y comercializar desde una perspectiva feminista. Así como sucede con su experiencia territorializada, agradecen las historias y trayectorias de los diferentes territorios presentes en el micrositio, «nos unen en las luchas» afirmaron en el diálogo y sostuvieron su certeza: “Hay que poner en el centro a la vida y no al capital”. Junto al MNCI – Somos Tierra realizaron la campaña «Fuera de registro» que pone en evidencia cómo las mujeres y disidencias campesinas son invisibilizadas y cómo opera la violencia patrimonial que es, también, violencia patriarcal: «Tan sólo el 20% de las mujeres campesinas tienen título sobre la tierra» concluyeron.

En ese marco, la Educadora Popular y Feminista Claudia Korol, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y Feministas del Abya Yala, comparte sus “Registros de Pandemia”: Una serie de entrevistas que registran de manera integral la situación de las mujeres y disidencias en el nuevo contexto social, político y económico que trae la pandemia. En ese marco, propuso reflexionar clave feminista pero también plurinacional «para encontrarnos en los caminos” y afirmó “somos parte de las resistencias y somos cuidadoras de las comunidades, los territorios y los cuerpos»

Como parte de su experiencia feminista, Francisca Fernandez de la Coordinadora Feminista de Chile presentó el libro «Cosechando rebeldías feministas». Esta publicación reúne una serie de reflexiones y elementos que nos acercan a los feminismos en su relación íntima con la lucha anti extractivista. Durante el intercambio sostuvieron que, como feministas «fuimos capaces de trazar las rutas de manera local, así como de romper una suerte de hegemonía liberal del feminismo» y, en ese sentido, afirmaron “ya sembramos bastante es hora de cosechar y ver los frutos de esos caminares».

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#HábitatDigno #FeminismosParaHabitar

La investigadora feminista e integrante del Grupo de Investigación e Intervención Feminista (GIIF) Luci Cavallero, retoma las reflexiones realizadas previamente en clave de violencia económica y nos invita a pensar la relación del hábitat, el acceso a la vivienda y derechos básicos en el entramado de la especulación inmobiliaria y endeudamiento que genera. Esta situación, sostuvo, se acentúa en el marco de la pandemia donde «las lógicas rentísticas del capital se incrementaron. La falta de integremos generó una acumulación de deudas como antesala del desalojo».

Ante esto, desde la Garganta Poderosa afirman en su bitácora de trabajo presentada en el micrositio, que la primera violencia que se vive en los barrios populares es la violencia económica. Hablar de procesos de urbanización y acceso a derechos desde una realidad donde no existe la vida digna resulta un proceso muy complejo para la lucha cotidiana. Ante esto, «proponemos maneras de solucionarlo organizándonos, como por ejemplo el observatorio villero y la resistencia en los comedores populares» explicaron.

Desde la Asamblea de Mujeres de la FOB- Autónoma, acercan su experiencia construida a partir de las redes feministas de apoyo mutuo. Desde su bitácora de trabajo aseguran que las tareas del hogar y de cuidados deben ser reconocidas como tales. Durante el diálogo, nos comentan la pérdida de una de las integrantes, Irinea: «Una gran compañera, todavía tenemos mucho dolor». Y nos comparten el último tejido realizado por ella donde bordó a las integrantes de las asambleas de mujeres trabajando en el marco de la pandemia por COVID 19, el tejido lleva una frase: «Somos esenciales» y sus compañeras entre lágrimas continúan su legado: «Ni la pandemia logró que nos quedemos en la casa, por eso somos mujeres luchadoras». Desde sus reflexiones nos acercan su certeza: “Luchar y organizarse es el único camino para mejorar la vida.”

 

Ingresa al micrositio aquí. 

https://secureservercdn.net/198.71.233.67/26e.9c9.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/03/ladeudacolor.jpgLuci Cavallero y Verónica Gago son autoras de Una lectura feminista de la deuda, un libro que se produjo al calor de la práctica feminista, y que llega a una edición ampliada por Tinta Limón Ediciones. La consigna que está en el libro es aquella con la que se marchó los últimos tres paros internacionales de mujeres, lesbianas, travestis y trans: “¡Vivas, libres, y desendendeudas nos queremos!”

Luci Cavallero es socióloga e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Habló con Agenda Feminista sobre este libro esclarecedor, una producción en medio de un proceso político que invita a cuestionar y desarmar una problemática cuyos efectos concretos parecieran moverse en las sombras: la deuda.

Entrevista publicada en Agenda Revista Feminista

¿Cómo surge la escritura de Una lectura feminista de la deuda?

La escritura de ese libro es producto de dos procesos simultáneos que tienen que ver, en primer lugar, con el encuentro con compañeras con las mismas inquietudes, particularmente con Verónica Gago, en el proceso de organización de los paros internacionales feministas, donde se da un proceso muy virtuoso en la relación entre el pensamiento y la práctica política. Esas asambleas nos permitieron empezar a pensar cuáles son los modos de explotación contemporáneos, qué rol ocupan las finanzas, mientras organizamos los paros en el medio del peor proceso de endeudamiento de la historia argentina. Entonces, por un lado es producto de la inquietud que genera la práctica política, y por otro, ambas ya veníamos investigando cuestiones relacionadas con el mundo financiero, no desde la misma perspectiva, pero creo que la militancia del movimiento feminista hizo que desarrolláramos una perspectiva común sobre ese tema.

Tratan el tema de la deuda desde una perspectiva que no circula hoy en día en los medios de comunicación, una “lectura feminista”. ¿En qué consiste este acercamiento a la deuda y por qué es feminista?

Nosotras decimos que hay una serie de puntos que la economía feminista propone, estudiada como un conjunto de postulados metodológicos y epistemológicos, para pensar la deuda, nacidos de la práctica política. En primer lugar, nos acercamos al mundo financiero desde un punto de vista diferente al que recibimos de la televisión, que lo presenta como una serie de procesos que que se desenvuelven por sí mismos y que están completamente desligados de la vida cotidiana de las personas. Eso es justamente una operación política: hacernos creer que el mundo financiero se despliega por sí mismo, que no tiene vinculación, por ejemplo, con las horas de trabajo de las personas.

Entonces decimos que hay que hacer el movimiento inverso: empezar a preguntarnos de qué se nutren las finanzas. Y ahí marcamos que, por ejemplo, cuando se habla de deuda externa no se habla de lo que implica la deuda externa en relación al incremento de tareas no remuneradas para las mujeres, lesbianas, travestis y trans, cuando el Estado entra en una serie de acuerdos con los organismos internacionales que le exigen retirarse o privatizar servicios públicos que recaen en más trabajo en la vida cotidiana de las mujeres. Hay un fenómeno, no muy estudiado ni debatido públicamente, que tenía que ver con que el endeudamiento externo se estaba traduciendo, a partir del empobrecimiento generalizado, de la inflación y de la pulverización de los ingresos de subsidios y salarios, en endeudamiento privado: tener que endeudarse para vivir. Este es un fenómeno que empieza a aparecer con mucha fuerza a partir de la última crisis económica de 2017-2018, y que no ha desaparecido. El caso del endeudamiento de las mujeres que cobran beneficiarias de la Asignación Universal  por Hijo es paradigmático. Hay un proceso de endeudamiento de las mujeres muy claro, que tiene que ver con privatizar en cada casa los costos de esa crisis económica. Y eso es lo que nosotras queremos visibilizar, que el endeudamiento externo está relacionado con el endeudamiento de las economías domésticas, y hay que pensar la deuda no únicamente como un problema económico, como una transferencia monetaria, sino también como un problema político que tiene consecuencias en la vida cotidiana, y que es un modo de gobierno.

¿Cómo se da la relación entre violencia financiera y violencia machista?

En el último tiempo el endeudamiento usurario de las mujeres ha explicado en muchos casos por qué estuvieron fijas en hogares en donde hay violencia machista. Hay algo ahí que explorar en relación a cómo afecta la deuda a una persona, si bien esa deuda también puede servir para huir o para financiar un proyecto personal. Pensar la deuda relacionada con la violencia es exactamente el proceso inverso al que nos proponen cuando nos hablan de las finanzas, como si no tuviera nada que ver con lo que pasa en cuerpos concretos.

Es un libro muy hijo del paro feminista, en relación a que nosotras pensamos que fue el paro el que permitió pensar cuales son los entramados entre la violencia machista y la violencia económica, a partir de la idea de parar las actividades productivas. Entonces ahí nosotras tenemos una propuesta de pensar al mundo financiero como un entramado, y también como una condición de posibilidad de esta violencia machista que estamos viviendo.

Por eso tuvimos entrevistas en las que las compañeras cuentan cómo, por ejemplo, estar endeudadas hace que se dañen vínculos cotidianos, tanto en los vínculos del hogar, como en los vínculos barriales, y cómo eso se traduce en situaciones de violencia. Lo que buscábamos era explicar ese modo de gobierno del endeudamiento en gestos cotidianos, y cómo eso está relacionado con la fundación o no de una situación de violencia. Entonces la idea de violencia financiera es poner en evidencia que los procesos económicos que se declaran abstractos en realidad están completamente entramados con los modos en los que hoy se expresa la violencia machista. “Violencia financiera” es un término político que busca decir que hay una violencia de lo financiero que nos sujeta a situaciones violentas en la vida cotidiana.

Estas entrevistas que mencionas conforman la segunda parte del libro: mujeres que cuentan experiencias relacionadas con la deuda. Pareciera haber una intención fuerte de ponerle imágenes a una violencia que permanece oculta. 

Sí, el principal objetivo político del libro es llenar de imágenes, de contenido, de palabras un modo de explotación que se presenta oculto. A diferencia de lo que antes era el jefe, que podíamos decir ahí está el jefe, ahora no lo podemos ver. Sin embargo, tiene acciones concretas sobre nuestras vidas, toma decisiones por nosotras. Por eso, es importante pensar que la deuda también está relacionada con la precarización laboral, porque lo que aparece muy claro en las entrevistas es cómo ante el endeudamiento, una agarra cualquier trabajo aunque sea en malas condiciones. Queremos ponerle imágenes y cuerpos concretos a lo que significa estar endeudada, y más en este contexto histórico, porque no siempre la deuda actúa de esa manera. Ponerle cuerpo a eso que a veces también es una intuición política. Yo hablo con muchas militantes referentes que hablan de cómo hay algo en los modos en que se refinaron las formas de explotación que nosotras todavía no estamos a la altura de conceptualizar.

¿A qué se refieren cuando hablan de la “moral de las buenas pagadoras”?

Lo que nosotras decimos es que no hay un sistema financiero que actúe por fuera de los mandatos de género. Hay una relación ahí, en el sentido en el que el sistema financiero explota esos mandatos, por eso se habla de que las mujeres tienen tasas de devolución de los préstamos más altas. Están seguros de que esa mujer endeudada va a hacer cualquier cosa para pagar la deuda, aún si tiene que trabajar una triple jornada laboral.  Es concretizar aún más esta idea de que no hay finanzas que actúen por fuera de los cuerpos concretos que se endeudan. Las investigaciones sobre “mujeres buenas pagadoras” son anteriores a este libro, ya ha sido estudiado por otras compañeras, pero nosotras lo vimos muy claramente en esta relación entre la asignación universal por hijo y el endeudamiento. Ahí hay algo muy concreto en cómo a esas mujeres a las que, de alguna manera, se les reconocen las tareas de reproducción, al mismo tiempo se las endeuda para que puedan acceder a los bienes más básicos con la convicción de que lo van a devolver.

¿Cuál es la relación que encuentran entre la falta de implementación de la ESI y la discusión sobre una Educación Financiera en las escuelas?

Creo que esa es una de las cosas que más me interesan de todo lo que pusimos en el libro. Fue una investigación en la Ciudad de Buenos Aires, donde suceden tres cosas: por un lado, la educación sexual se comienza a privatizar (siempre estuvo en manos de ONG vinculadas a grupos religiosos); por otro lado,  se empieza a hablar de modificar el plan de estudios para poner en el último tramo de la currícula una especie de educación que prepara para las pasantías; y en tercer lugar, se empieza a instalar cada vez más la idea de la necesidad de una educación financiera para los chicos. Lo que vemos es a qué tipo de modulación de la subjetividad apunta la escuela en el neoliberalismo, sobre todo la escuela de Larreta. Al mismo tiempo que se nos priva de la ESI – bien aplicada, porque también puede ser pensada solo en su dimensión preventiva- que es un espacio para pensar lo que una quiere, los infinitos devenires posibles, se nos enseña a ser buenos usuarios financieros. Ahí vemos una relación, sobre cuáles son las maneras en que se nos modula la capacidad de imaginar un futuro.

Con la frase “las acreedoras somos nosotras” el feminismo plantea un cambio de roles. ¿Son las mujeres en realidad a las que se les debe? ¿A qué llaman prácticas de la desobediencia? 

Es una de las ideas más fuertes del libro. No solo hacer una conceptualización del modo en que funcionan las finanzas, que ya es una forma de desobediencia, porque implica desarmar este modo opaco de funcionar, sino también imaginar formas en las que se pueda pensar en otras maneras de financiamiento, de producción, de reproducción. Y no solo eso, otra de las apuestas del libro es pensar que si las finanzas están relacionadas con tantos aspectos, como la privatización de los servicios públicos, oponerse a todos esos procesos son formas de desobediencia financiera. Pedir servicios públicos es desobedecer el mandato de las finanzas, ya que necesitan la seguridad de que el Estado no va a dar más servicios para poder valorizarse en el hoy, contar con que va a haber cada vez más recursos destinados a pagar la deuda. Oponerse a eso es una manera de confrontar con lo financiero. Y en otro nivel, ponemos en el libro una serie de ejemplos de modos de pensar el autofinanciamiento de proyectos productivos, o de la misma reproducción. Como el caso de las compañeras del barrio de Lugano, la Asamblea de mujeres de la FOB (Federación de Organizaciones de Base), que organizaban una práctica ancestral llamada pasanaku para desendeudar a la que estaba más endeudada. Son varios planos en los que nosotras decimos que se puede pensar una desobediencia, para que no quede todo tan alejado en una idea del “ no pago al FMI”, que es muy importante, pero es importante remarcar a que, a la vez, hay luchas en las que se confronta el mundo financiero en la vida cotidiana.

Entrevista por Julieta Henrique

Arte por Matilde Néspolo

Por Luci Cavallero y Verónica Gago 

Compartimos un adelanto de la edición ampliada de «Una lectura feminista de la deuda. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!» (Tinta Limón y Fundación Rosa Luxemburgo). Esta investigación impulsa un movimiento de politización y colectivización del problema financiero. Es una herramienta de debate y formación en sindicatos, universidades, ferias de pequeñxs productorxs, organizaciones de base y asambleas feministas.

Emergentes
Emergentes

Interrupción Voluntaria de la Deuda

La asunción del nuevo gobierno de Alberto Fernández (diciembre de 2019) está marcado por dos cuestiones: el impacto del feminismo en los debates y la discusión sobre la “renegociación” de una deuda externa caracterizada socialmente como “impagable”. Proponemos una consigna que enlaza el reclamo feminista multitudinario de la “marea verde” y la deuda: Interrupción Voluntaria de la Deuda. Es una fórmula de síntesis para plantear que además del desendeudamiento es necesario políticas de reconocimiento del valor del trabajo doméstico que nos convierte directamente en “acreedoras” de una riqueza que hemos ya creado gratuitamente. Decimos que es hora de la reapropiación, de una interrupción legal de la deuda.

Hoy, los efectos del endeudamiento recaen sobre áreas de lo más sensibles y políticamente delicadas porque explotan directamente la capacidad de reproducción social: el endeudamiento doméstico y los precios de los alimentos, ambos al galope inflacionario de los últimos años, que sigue sin poder frenarse.

Como una de las primeras medidas de urgencia, el nuevo gobierno lanzó un plan titulado “Argentina contra el hambre”. Tengamos en cuenta que la situación actual es que, en el país que es el cuarto productor mundial de harina de soja, el 48 por ciento de lxs niñxs son pobres.

El plan consiste en la entrega de tarjetas alimentarias que pretenden llegar a dos millones de personas. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a cargo de la medida, al explicar por qué el plan se instrumenta por medio de un sistema de tarjetas alimentarias y no entregando directamente dinero en efectivo, respondió con cruda empiria: cualquier efectivo que ingresara a las familias en la medida en que éstas están completamente endeudadas se usaría para pagar deuda (formal o informal). La conclusión salta a la vista. El modo de garantizar acceso a alimentos está hoy determinado por la deuda de los hogares, que literalmente ha parasitado todo tipo de ingreso: de las jubilaciones a los subsidios, donde las beneficiarias de la asignación universal por hijx cumplen un rol protagónico, de los salarios a los ingresos por changas.

Este vínculo entre deuda y alimentos es clave porque lleva al extremo los efectos destructivos de la precariedad: endeudarse para comer, primero; y, en la otra punta de la cadena, ahorcarse por deudas para llegar a producir alimentos desde las economías populares; finalmente, el embudo monopólico de los supermercados. Vemos así cómo el diagnóstico sobre lo que significa la colonización financiera sobre nuestros territorios es mucho más amplio que la herencia de la deuda externa, aunque está directamente relacionada con ella. La deuda externa se derrama, como sistema capilar de endeudamiento, en la deuda doméstica y se refuerza por la baja del poder de compra de los ingresos y la restricción de servicios públicos. El combo es explosivo. O mejor dicho: sólo alimenta más deuda.

Las luchas de lxs productorxs de la tierra han transformado e impactado sobre el diseño actual de política pública para combatir el hambre. Gracias a ellxs, se ha buscado incluir a la agricultura familiar y campesina y a sus circuitos de ferias en las formas de provisión de alimentos de calidad. “Eso se logró a través de los verdurazos”, dicen desde la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT), para referirse a la acción política de descargar enormes cantidades de verduras en las plazas y hacer como acto político su entrega gratuita a la vez que se denunciaba la insostenibilidad económica de lxs pequeñxs productores frente a la inflación.

Aquí el desafío queda dibujado. Si, por un lado, las tarjetas alimentarias son un intento de institucionalizar las ferias populares y de caracterizar el problema del hambre desde el diagnóstico de los movimientos sociales, por otro, el endeudamiento y el sistema de bancarización heredados producen situaciones de equivalencia insostenibles entre los grandes supermercados y las ferias populares.

Las condiciones de producción y de superexplotación que hoy están en la base de la agricultura familiar revelan dos problemas estructurales: los límites que impone no tener acceso a la tierra (y por tanto el pago de arrendamientos caros); y luego el trabajo no reconocido de las campesinas. Un cuádruple nudo angosta posibilidades y complejiza el cuadro: la cuestión tributaria, la propiedad de la tierra, la financierización de los alimentos y la cantidad de trabajo feminizado no reconocido e históricamente desvalorizado que funciona, de hecho, como variable de abaratamiento. Agrega Rosalía Pellegrini, secretaria de Género de la UTT: “Nuestra comida está subsidiada por la autoexplotación de nosotras, que estamos endeudadas para poder competir en un modelo de producción dependiente”.

Hambre y mandatos de género

Hay otra arista en las declaraciones públicas que anunciaron la implementación de la tarjeta alimentaria: la insistente interpelación a la responsabilidad materna en la alimentación de lxs hijxs, aun cuando la tarjeta está destinada a madres o padres. La perspectiva feminista aporta y exige que no se naturalice, en un contexto de crisis extrema, el mandato de género en las políticas sociales. La responsabilización de las madres híper-endeudadas tiene el riesgo de reinstalar formas de merecimiento patriarcal en la ayuda social.

Si los recortes de servicios públicos y la dolarización de las tarifas y de los alimentos durante el gobierno de Mauricio Macri han trasladado a la responsabilidad familiar los “costos” de la reproducción social, es necesario reponer servicio público para desfamiliarizar la obligación de alimentos y cuidados. Sobre todo porque el movimiento feminista ha puesto en debate lo que es la familia cuando se la reduce a su norma heteropatriarcal y porque ha valorizado las redes comunitarias en su capacidad de producir vínculo social y mediación institucional. “La tarjeta alimentaria es una medida importante ante las necesidades extremas en las que están nuestras compañeras, pero no reemplaza la ración de comida que se entrega en cada comedor, ahí donde se hacen las ollas populares, y es sobre ese trabajo comunitario que pedimos reconocimiento”, plantea la dirigente del sindicato de trabajadorxs de la economía popular Jackie Flores (UTEP).

Una lectura feminista de la inflación

La explicación sobre cuál es la causa de la inflación es una batalla política. Distintas autoras han aportado elementos que nos permiten hacer una lectura feminista de la inflación, ese mecanismo que acelera la toma de deuda compulsiva y obligatoria.

A las explicaciones monetaristas (la emisión) de la inflación se le suman históricamente argumentos conservadores que caracterizan la inflación como enfermedad o mal moral de una economía. O sea, no se trata sólo de explicaciones técnicas y economicistas, sino directamente vinculadas a las expectativas de cómo vivir, consumir y trabajar. Así lo argumentó el famoso sociólogo de Harvard, Daniel Bell, quien ubicó al quiebre del orden doméstico de la familia tradicional como la principal causa de la inflación en los Estados Unidos en la década de los años 70. También Paul Volcker, el jefe de la Reserva Federal estadounidense entre 1979 y 1987, conocido por su propuesta de disciplinamiento de la clase trabajadora como método contra la inflación, instaló el tema como una “cuestión moral”.

El análisis que hace de estas explicaciones la investigadora Melinda Cooper, que estudia por qué tanto neoliberales como conservadores se ensañaron contra un programa de poco presupuesto dedicado a las madres afroamericanas solteras, es una pista fundamental: en ese subsidio se concentraba la desobediencia de las expectativas morales de sus beneficiarias. Estas madres afroamericanas solteras producían una imagen que no cuadraba en la estampa de la familia fordista. Es decir, desde la óptica conservadora, quienes recibían ese subsidio eran “premiadas” por su decisión de tener hijxs por fuera de la convivencia heteronormada, y la inflación reflejaba la inflación de sus expectativas de qué hacer de sus vidas, sin ninguna contraprestación obligatoria.

Entonces, al clásico argumento neoliberal de que la inflación se debe al “exceso” de gasto público y al aumento de los salarios cuando hay poder sindical, los conservadores le agregan una torsión: la inflación marca un desplazamiento cualitativo de lo que se desea. Más recientemente, ambos argumentos se han aliado de forma decisiva.

Para nuestro contexto: ¿cómo discutir la inflación desarmando una imagen conservadora del gasto social, muy afín al gobierno saliente, que moraliza a las mujeres, lesbianas, travestis y trans de sectores populares en sus posibles gastos a la vez que perdona a la élite financiera local e internacional haber fugado 9 de cada 10 dólares de la deuda externa?

Si hay unos vínculos que expresan el rechazo (o la fuga de hecho) al contrato familiar, el devenir deudoras es –como argumenta Silvia Federici– un cambio en la forma de explotación que arrastra otra pregunta: ¿cómo se vigila y castiga por fuera del salario y por fuera del matrimonio? Las reformas punitivas de los derechos sociales (como argumentamos en relación a la moratoria jubilatoria) intentan inventar esos dispositivos reponiendo un orden de merecimientos patriarcal por fuera del salario y por fuera del matrimonio.

Booktrailer

La pandemia llevó a una enorme población a un proceso acelerado de precarización. A ella están dirigidas mayoritariamente las nuevas formas de inclusión financiera a través del cobro de subsidios de emergencia. Las políticas denominadas de “inclusión financiera” conforman así una segunda ola de financierización de las poblaciones más precarizadas luego de la era de los microcréditos. La inclusión financiera es generalmente de sujetos ya endeudades. La necesidad de generar información de endeudamiento privado con perspectiva de género y diversidad.
Publicado en Página/12
La pandemia generó una explosión de las deudas domésticas. Entonces la inclusión financiera se hace sobre una población que ya se encuentra endeudada.
La pandemia generó una explosión de las deudas domésticas. Entonces la inclusión financiera se hace sobre una población que ya se encuentra endeudada. 

Se escucha una y otra vez, en medio de la crisis, hablar de inclusión financiera. ¿De qué se trata? Durante la pandemia la necesidad de hacer efectivo el pago de subsidios de emergencia puso en el centro de la escena la inclusión financiera como herramienta para llegar a poblaciones de las cuales el Estado no tenía registro.

Esta situación actualiza una serie de debates luego de que, en los últimos años, el sistema financiero haya aparecido como parte del problema más que de la solución.

El planteo es a partir de la crítica teórica y práctica a las finanzas que la perspectiva feminista ha desplegado en los últimos años. Nos situamos como parte de ese proceso que ha propiciado el encuentro de experiencias sindicales, organizaciones populares, académicas, políticas, institucionales. Desde una lectura feminista, el paisaje de los números y las líneas (de pobreza, de deuda, de inflación) involucra cuerpos concretos. Queremos problematizar al menos cuatro puntos.

En primer lugar, las herramientas que se proponen como parte de la llamada “inclusión financiera” en el momento actual se inscriben en un contexto estructurado por cuatro años de endeudamiento externo y doméstico (registrado y no registrado) que, no hay que dejar de decirlo, implican cifras de récord histórico que se traducen en capacidad extrema de chantaje de un modelo de valorización financiera. Por eso preguntamos: ¿no debería cualquier tipo de política financiera tener en cuenta que esa “inclusión” se hace al interior de los mismos circuitos de valorización y deuda que producen la situación de pobreza y despojo?

Luego, constatamos de varias maneras que la pandemia llevó a una enorme población a un proceso acelerado de precarización. A ella están dirigidas mayoritariamente las nuevas formas de inclusión financiera a través del cobro de subsidios de emergencia. Una vez que se deja de cobrar ese subsidio excepcional, ¿en qué consistirá la inclusión financiera? Dicho de manera más directa: el subsidio se suspende, pero la cuenta queda y ¿para qué servirá?. ¿Qué significa la producción de una nueva población con inscripción bancaria pero sin ingresos asegurados?

Un tercer elemento es a la vez local y global. La crisis tiene una dimensión geopolítica: ¿cómo se inscriben este tipo de propuestas, financiadas por organismos multilaterales, respecto de la discusión sobre las causas de la crisis?

Finalmente, parece clave cómo el movimiento feminista ha demostrado y politizado la interconexión de violencias económicas y violencias machistas, con especial énfasis en las violencias financieras del endeudamiento doméstico. En esa línea, es fundamental pensar el encuadre amplio de las herramientas financieras, tomando en cuenta el aumento exponencial en la coyuntura actual de la violencia doméstica.

Política global

La llamada “inclusión financiera”, a la vez que tiene una agenda nacional, hay que enmarcarla en un proceso global que señala a la crisis del 2008 como hito fundamental. De este modo, aún si en la actualidad en Argentina estos términos puedan usarse para nombrar procesos variados que van desde la inscripción bancaria para cobrar subsidios sociales hasta el desarrollo de instrumentos financieros para proyectos autogestivos, es importante conocer la dimensión geopolítica en la que surge esta propuesta.

Las políticas denominadas de “inclusión financiera” conforman así una segunda ola de financierización de las poblaciones más precarizadas luego de la era de los microcréditos. Un hito de este avance se puede leer en el documento del Banco Mundial de 2008 titulado Finance for all  (“Finanzas para todos”). Allí se postula la necesidad del desarrollo de mercados “más inclusivos” y un cambio de paradigma con el desarrollo de productos y servicios financieros que incorporan nuevas tecnologías, de modo de llegar a sectores no bancarizados pero que disponen de algún tipo de conexión digital.

En el 2011, en la “Alianza para la Inclusión Financiera” se renueva la retórica ya conocida de la “Alianza para el Progreso” (la que hablaba de las poblaciones fracasadas del Tercer Mundo), ahora versión high tech. A partir de aquí, algunxs autorxs definen a la “inclusión financiera” como un “nuevo consenso de Washington” para ilustrar la confluencia de actores que van desde los funcionarios y diseñadores de políticas públicas hasta los fondos de inversión, con el apoyo explícito del G20.

En América latina, estas políticas funcionaron en algunos casos como respuestas a exigencias sociales y populares que demandaron recursos y servicios. Es decir, la expansión de políticas de subsidios y ayudas -que se hizo a través de la expansión de la bancarización sobre los sectores más precarizados- estuvieron impulsados por agendas antiausteridad que, sin embargo, encontraron en la mediación financiera su clave. Esta situación exige lecturas para poner en relación los momentos de crisis, las dinámicas de protesta y las lógicas financieras.

Laboratorio financiero

La primera acepción de inclusión financiera que hoy circula es la inscripción de nuevxs usuarixs en el sistema. Esto implica incorporar a quienes están por fuera de todo régimen bancario. Nos interesa problematizar qué pasa con esta situación frente a la pandemia. Aquí hay una coyuntura específica: la extensión de subsidios de emergencia a millones de personas en estos meses, muchas de las cuales han tenido que bancarizarse para obtenerlo. Por lo tanto, en un primer nivel de análisis, se constata que la bancarización permitió el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para una amplia población que vio restringidos sus ingresos frente a las medidas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Es decir, que efectivamente la bancarización jugó un rol central en la capacidad del Estado para intervenir en la situación de emergencia y hubo una clara intención del gobierno de favorecer a la banca pública en esta tarea. Sin embargo, a la luz del rol del sistema financiero en el contexto de endeudamiento estructural del que hablamos, hay cuestiones que no pueden pasarse por alto.

La bancarización de les no bancarizades implicó casi 2 millones de personas abrieran por primera vez una cuenta bancaria para poder acceder al pago de IFE. La primera lectura general y con cierto consenso es que estas personas pasaron a estar incluidas financieramente. Aquí no podemos dejar de señalar la aparición de nuevas tecnologías para mediar ese cobro, donde la disputa entre empresas de fintech privadas y bancos públicos es estratégica.

El Banco Provincia y el Banco Nación lanzaron billeteras virtuales sin costo para la población no bancarizada. A su vez, se lanzaron líneas de crédito como política paralela a los ingresos de emergencia (créditos créditos para trabajadorxs registradxs autónomos y monotributistas, para pago de sueldos).

Aquí hay que agregar la medida que tomó el gobierno nacional de suspender el pago de las deudas de Anses y los créditos hipotecarios, lo cual alivia la situación económica de los 5,6 millones de jubiladxs y pensionadxs que tienen deudas con el organismo a la vez que da cuenta de la magnitud del endeudamiento doméstico de los sectores más empobrecidos.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la pandemia generó una explosión de las deudas domésticas como manera de sobrellevar la pérdida de ingresos en esos meses y el encarecimiento de la vida diaria. Aquí entonces es importante destacar que la inclusión muchas veces se hace sobre una población que ya se encuentra endeudada, incluso de maneras no registradas formalmente.

Contextualizar

La llamada inclusión financiera en la pandemia es, en primer lugar, un registro, de quienes se dice que están “por debajo del radar”. Pero, ¿la apertura de una cuenta bancaria es sinónimo de inclusión financiera? El carácter circunstancial de esta medida no garantiza de por sí la “continuidad virtuosa” en el sistema financiero. Si no se corresponde con políticas de servicios públicos gratuitos y de calidad y políticas de transferencias de ingresos mayores que la dinámica inflacionaria, la permanencia en el sistema financiero de una población sin ingresos o con ingresos intermitentes e insuficientes puede convertirse en un mero vehículo para la toma de nuevas deudas personales.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, el endeudamiento llega antes que la cuenta bancaria. Es decir, que la inclusión financiera es generalmente de sujetos ya endeudades. Por otro lado, la bancarización de mujeres y personas trans y travestis está dada principalmente por cobro de AUH, IFE y/o Potenciar Trabajo. Esto refuerza el dato ya conocido de que la inclusión financiera de las mujeres y personas trans se juega en situaciones laborales de informalidad y precarización.

Por esto, es necesario subrayar y contextualizar esa “inclusión”, ya que:

1. Se inscribe en un momento de empobrecimiento y precarización acelerada.

2. Conecta una población con ingresos insuficientes, o directamente sin ingresos, al interior de circuitos bancarios partícipes del endeudamiento privado a tasas altísimas de lo últimos años.

3. A su vez, pone a disposición datos de esta población recientemente bancarizada que podrían ser comercializados y/o utilizados para direccionar nuevas ofertas crediticias.

En síntesis, queremos problematizar la idea de inclusión por lo menos en tres aspectos: adónde se incluye; en qué contexto se efectúa esa inclusión; y en qué condiciones se asegura la permanencia en el circuito financiero de poblaciones fuertemente empobrecidas a la vez que se extraen sus datos. Estos puntos deben abrirse al debate público, en contraposición a la opacidad y el secretismo que caracteriza al sistema financiero.

«Género» 

La incorporación de cierta agenda de género al interior de la inclusión financiera en esta nueva etapa data de 2013 cuando se publica Oecd/infe policy guidance on addressing women’s and girls’ needs for financial awareness and education que es la base que toma el G20 para asumir en su declaración de ese año la necesidad de educar financieramente a mujeres y niñas. Un año después se organiza el “Primer encuentro de discusión sobre inclusión financiera de mujeres” en el Global Policy Forum que tuvo lugar en Trinidad y Tobago. Así, la Red para la Inclusión Financiera de OCDE es uno de los organismos internacionales que construye la política de inclusión/educación financiera para mujeres.

Para el 2015 ya se crea el W20 teniendo entre sus ejes fundacionales, la inclusión financiera. El Women20 es otra de las usinas que construyen los lineamientos internacionales en materia de inclusión/educación financiera de las mujeres que más alcance tiene por su repercusión en medios de comunicación masivos, lo que la amplifica a sectores no especializados.

En 2016 se organiza la Segunda Conferencia sobre inclusión financiera de la mujer en Tanzania y publica el plan de acción DENARAU, entre cuyas acciones se encuentra alentar a relevar informacion de inclusion financiera desagregada por “sexo” e incluir consideraciones de género en los planes de inclusion financiera. Esta es la tercera organización global con más alcance en materia de inclusión financiera de las mujeres.

En 2018 se realiza en nuestro país la cumbre de líderes del G20 y el W20 tiene lugar con su agenda de inclusión financiera basada en apertura de cuentas para las precarizadas y acceso al crédito para las emprendedoras bajo el lema de que las mujeres son mejores pagadoras. También se lanzan una serie de iniciativas privadas que traman las finanzas con las mujeres: aparece en Argentina “Mujer financiera” con una cartera de cursos y “Mujeres en Carrera” que tiene una plataforma de educación financiera y negocios. Se crea “Mujeres en Finanzas Chile” y “Mujeres en Finanzas México”.

El uso de un lenguaje en clave de género en el ámbito internacional se construye entre la Red internacional de educación financiera de OCDE, la Alianza para la Inclusión Financiera y el Women 20.

Una pedagogía financiera feminista

Queremos proponer algunos ejes para la discusión de lo que prefigurativamente llamamos pedagogía financiera feminista, como parte de la apertura del debate.

* La pregunta a desarrollar es cómo nos desendeudamos y qué otros dispositivos serían útiles y necesarios como herramientas de apoyo a iniciativas para la producción y reproducción social en contextos de despojos generalizados.

* Diseñar herramientas financieras en relación a otras políticas públicas. No hay forma de desendeudamiento sin provisión de servicios públicos gratuitos y de calidad, acceso a la vivienda y redes de provisión de alimento y medicamento desdolarizadas. Este punto se reveló de máxima importancia durante la pandemia cuando el dinero proveniente del IFE y de otros subsidios fue mayormente absorbido por los bancos, supermercados, empresas de telecomunicación, empresas de plataformas y pago de deuda por alquileres, evidenciando que esas suman son no sólo insuficientes, sino que van a parar a los actores económicos más concentrados.

* Producir programas de pedagogía financiera involucrando a lxs actorxs de los territorios, relevando los saberes y estrategias existentes y apuntando a las necesidades de recursos concretos y de desendeudamiento al mismo tiempo. Esto implica, en la práctica, confrontar el modelo del “iletrado financiero” (figura que sostiene la idea de “educación financiera”), a la vez que se denuncian los engaños de las corporaciones en los préstamos, tasas de interés.

* Generar nuevos indicadores de inclusión financiera que no se reduzcan a la inscripción bancaria, que registren los comportamientos financieros de LGBTIQ+ (todos los reportes de inclusión financiera actuales sólo registran de manera binaria a varones y mujeres) y relevar otras herramientas disponibles o futuras (créditos de mutuales, cajas de ahorro solidarias).

* Generar información de endeudamiento privado con perspectiva de género y diversidad. Colocación de créditos para consumo desagregado por género, por rango de edad, por situación laboral (formal/informal), por tipo de ingreso, por tipo de garantía, por condición de vivienda, por lugar de residencia. Es necesario registrar de manera más desagregada el endeudamiento en mujeres en situación de trabajo informal y empezar a registrar el endeudamiento en la población trans y travesti. Sin la información real y exhaustiva de endeudamiento no hay manera de avanzar en dispositivos acordes al estado de situación real.

* Reconocer a les trabajadores bancaries como parte decisiva de los dispositivos de pedagogía financiera. Esto se basa en el dato de la cotidianidad de que generalmente la educación financiera se tramita de manera individual entre les trabajadorxs bancaries y las personas usuarias del sistema financiero cuando se acercan a una entidad bancaria.

* Tramar la pedagogía financiera en la lógica de un servicio público y como medida de prevención de las violencias. El diagnóstico de la violencia económica y financiera como clave de las violencias machistas exige una perspectiva que busque generar autonomía económica con horizontes temporales de largo plazo

* Integrante del GIIF-UBA y docente UNTREF.

** Integrante del GIIF-UBA, investigadora Conicet y docente UNSAM.

*** Militante bancaria. A cargo de la Gerencia de Promoción de Políticas de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral-BCRA.

Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de las autoras y no se corresponden necesariamente con la visión institucional del BCRA o de sus autoridades.

Por Verónica Gago, Florencia Puente, Alex Wischnewski | 30 de Septiembre de 2020

Introducción al libro «Rosa Luxemburgo y el arte de la política», de la socióloga y filósofa marxista Frigga Haug. Una clave de lectura que permite articular la vida y la obra de la revolucionaria polaca, donde el axioma lo personal es político se hace método. Se trata de destilar, una vez más, cómo conjuga investigación y elaboración colectiva; educación popular y agitación; reproducción de la vida y revolución.

“Siento que dentro de mí está madurando una forma completamente nueva y original que prescinde de las usuales fórmulas y pautas, y las violenta… pero ¿cómo, qué, dónde? Aún no lo sé, pero te digo que siento con absoluta certidumbre que algo hay aquí, que algo nacerá”

Rosa Luxemburgo, carta a Leo Jogiches, 4 de mayo de 1899.

Publicar, aquí y ahora, este importante libro sobre Rosa Luxemburgo escrito por la teórica alemana Frigga Haug, investigadora del Institut für Kritische Theorie y editora del diccionario histórico-crítico del marxismo feminista, es un gesto para con este momento histórico de las luchas feministas. Publicado originalmente en 2007, tenemos la posibilidad única de leerlo ahora al calor de la marea transfronteriza del movimiento. Rosa Luxemburgo ha señalado continuamente que un movimiento no es predecible ni puede ser simplemente proclamado desde arriba, pero que –una vez que estalló– debe ser desarrollado. Porque sólo en el movimiento mismo, “las masas” buscan y realizan su propia formación, necesaria para la transformación socialista. Pero, ¿las ideas de hace cien años todavía son útiles hoy?

Aunque el título de este libro es afirmativo –“Rosa Luxemburgo y el arte de la política”–, en sus páginas se expresa la naturaleza interrogativa y dilemática que envuelve. Esto se debe a que el arte de la política es indisociable de una actualidad: es decir, de la definición de un presente desde el que situamos la pregunta de la política, de un análisis muy preciso que acompañe también las derivas cotidianas. No hay recetario para la política, ni contornos inmutables de su práctica. Podríamos traducir entonces que el arte de la política, tal como lo propone Frigga leyendo a Rosa, es la posibilidad de intervenir en y desde el tiempo que nos toca vivir.

Este libro se concentra entonces en comprender ese arte como una necesidad vital que anima los textos, los discursos y la militancia de Luxemburgo y que consiste en convertir el querer en acción práctica. O dicho de otro modo: en lograr que el deseo nos mueva, porque conecta la realidad actual y contradictoria con una utopía. Nosotras lo leemos así: ¿qué es este arte de la intervención por medio de discursos y de prácticas en este tiempo y desde este lugar al calor de las claves que leemos en Rosa Luxemburgo?

Al reinventar ese arte luxemburguista desde el feminismo, Frigga da una pista de actualización, a la que apostamos al hacer accesible su trabajo en América Latina, en un momento en que la composición heterogénea de feminismos se revela como el movimiento político con mayor fuerza, creatividad y radicalidad. Rosa –y Frigga leyendo a Rosa– exige potenciar esta dinámica, y reforzar la autocrítica como condición de ese despliegue. Por eso, aquí y ahora, se trata de conectar este texto con el flujo de urgencias colectivas que nutre a las militancias, a su experimentación sensible y a sus maneras de agitación política en los diversos espacios en los que el movimiento feminista se desarrolla cada día.

En estas páginas se tratan tanto cuestiones biográficas de Luxemburgo como sus análisis teóricos e intervenciones políticas (artículos periodísticos, discursos en conferencias del partido y congresos sindicales), pero se lo hace sin dividirlos (como si por un lado estuvieran unos datos de color que ilustran lo verdaderamente serio, que sucede por otro lado). Más bien, la autora pone en marcha una clave de lectura sobre la obra de Rosa, donde la famosa consigna lo personal es político se hace método:

poner de relieve su procedimiento; aprender de Rosa Luxemburgo el modo en que ella estudia los acontecimientos mundiales, en que informa sobre ellos; con qué métodos descompone los sucesos, cómo vincula las teorías con los pensamientos habituales en la población y, de ese modo, estimula a pensar por sí mismo de manera crítica.

Se trata, en fin, de destilar cómo conjuga investigación y elaboración colectiva, educación popular y agitación.

En este sentido, la forma en que Frigga extrae y presenta este modo de trabajo de Rosa es parte también de su decisión política. Porque el libro no ofrece sencillamente una caja de herramientas para intervenir sobre la realidad, sino más bien nos invita a descubrir sus modos de formación y de acción. De esta manera, vemos cómo aplaza las preguntas más remanidas para poner en movimiento una propuesta teórico-política que, a partir del pensamiento de Rosa, interviene en nuestra imaginación de futuro.

Creemos que estas –pedagogía feminista y agitación– son dos claves poderosas del movimiento transfeminista contemporáneo. La forma colectiva de nombrar lo que se desea como horizonte, la acumulación de consignas que son contraseñas de acción y la elaboración común de diagnósticos desde las luchas concretas son características que, al calor de la huelga, se han afirmado como política de masas. ¿Cómo no encontrar ecos entre la huelga de masas que obsesiona a Luxemburgo y un feminismo que hace de la masividad y de la huelga dos de sus componentes clave?

Desde este cúmulo de experiencias que se han impulsado desde el sur del mundo, que implica el sur geográfico pero también los territorios migrantes de las metrópolis norteñas, la lectura de Luxemburgo es hoy apropiación y conversación. Bajo esa modalidad entendemos a quien ha sido pionera en la teorización del expansionismo imperial capitalista, revelando la materialidad colonial que anexa y explota tierras, recursos comunes, fuerza de trabajo y poder de consumo para intensificar la dependencia colonial. Es desde los “cuerpos-territorios” que se declaran en rebeldía que el mapa geopolítico que la revolucionaria judía polaca trazó hace un siglo vuelve a ser útil.

Pedagogía feminista y agitación son dos claves poderosas del movimiento transfeminista contemporáneo

En este momento de crisis ecológica, habitacional, alimentaria, política, económica –de crisis global en todo su sentido, podríamos decir–, hay una agenda feminista, anti-colonial y anti-patriarcal que las luchas vienen produciendo desde abajo frente a las violencias que quedan hoy más evidenciadas que nunca. El vínculo entre el endeudamiento externo y el endeudamiento doméstico, así como la relación orgánica entre las violencias económicas y las violencias machistas; las formas de trabajo invisibilizadas y al mismo tiempo superexplotadas que pueblan los hogares y las ciudades; las tramas de reproducción de la vida que enfrentan las avanzadas neoextractivistas; las formas de politización de los cuidados y el reclamo de servicios públicos gratuitos; el reconocimiento salarial de las tareas domésticas y los derechos migrantes son todas demandas que expresan un programa político feminista contra la precariedad de la vida impuesta como mandato de muerte sobre ciertas poblaciones.

Aquí la Realpolitik revolucionaria que propone Frigga como concepto llave a explorar en Luxemburgo toma todo su sentido. En esas dos palabras reúne un núcleo de reflexiones sobre la acción política que logra ubicar, en simultáneo, reclamos a la política parlamentaria y una perspectiva revolucionaria. Mixtura, de modo estratégico, demandas que solo emergen porque existe la fuerza revolucionaria de ciertas prácticas que abren el espacio de su posibilidad (porque –otra vez– hacer política deviene parte de la formación para la transformación radical).

La lectura de Frigga es situada a la hora de detectar una actualidad feminista en Rosa Luxemburgo. No se trata de llegar a un “veredicto” (era o no era lo suficientemente feminista), sino de poner en juego el propio (de nuevo, personal y colectivo) recorrido teórico y biográfico de Frigga desde los años 70, pasando por la importante declinación de las tesis luxemburguistas sobre la destrucción de las economías de reproducción por parte de las feministas alemanas Maria Mies, Claudia von Werlhof y Veronika Bennholdt-Thomsen en los años 80 que confluirán, a su vez, con las teorizaciones de la feminista italiana Silvia Federici.

Se trata, ahora, de volver a colocar estas reflexiones en posibles nuevas genealogías, manipularlas como herramientas para las experiencias proletarias actuales, usarlas en alianzas aún por venir. En fin, como dice Frigga, es cuestión de poner las palabras de Rosa “en movimiento” y saber que su fuerza expresiva se nutre del estudio y de las relaciones con sus amigas y compañeras, de las dudas y las polémicas, de las asambleas y de la complicidad de lxs amantes, elementos decisivos para la confianza a la hora de imaginar mundos que aún no existen. Ahí encontramos nosotras, en este aquí y ahora, una invitación a conversar entre compañeras, a escuchar unas historias y saberes que se van transmitiendo, de generación en generación, en las que se narra ese arte de la política que sostiene, ahora y siempre, el deseo de cambiarlo todo.

José Nico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis económica que arrastra la pandemia tiene múltiples caras. Una de ellas, fundamental, es la crisis habitacional. En estas semanas, a gran velocidad, muchxs trabajadorxs vieron reducidos sus ingresos de manera drástica y los alquileres y los servicios básicos se empiezan a acumular impagos, en forma de nuevas deudas.

Lo que queda claro es que el imperativo #QuedateEnCasa como fórmula de protección se revela no tan sencilla de cumplir para todes. Las medidas adoptadas por el gobierno nacional como el ingreso familiar de emergencia (IFE) junto con la prohibición de los desalojos y el congelamiento de alquileres buscan dar respuesta a esta situación. Sin embargo, los desalojos siguen produciéndose, evidenciando la falta de mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento. De este modo, el aumento de deudas por alquileres plantea situaciones de violencia en el día a día.

Como venimos diciendo desde los feminismos, el endeudamiento público, acelerado exponencialmente en lo últimos cuatro años, se tradujo en políticas de ajuste que se derramaron en los hogares como deuda doméstica. Así, junto a la inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de subsidios y salarios, se volvió necesario el endeudamiento para acceder a los bienes más básicos como alimentos y medicamentos.

La deuda de los hogares es una bomba de tiempo en las vidas precarias. Hoy, la deuda por razón de la vivienda expresa toda su violencia propietaria en el abuso directo de dueños e inmobiliarias que aprovechan la situación crítica para amenazar, amedrentar, no renovar contratos o directamente desalojar a inquilinxs. Esta es una situación que se agrava aún más cuando se trata de mujeres con hijes, lesbianas, travestis y trans, traduciéndose en formas directas de violencia de género.

Pero esa violencia propietaria también se recrudece en el mercado inmobiliario informal, cuando las casas son habitaciones de hotel o cuartos alquilados en una villa o casas compartidas en asentamientos, donde en general no hay contrato ni recibo de pago de por medio, pero los costos y el ajuste inflacionario de los montos son iguales o mayores a los que implica el alquiler de un departamento pequeño.

Estas deudas, además, pretenden confiscar desde ahora ingresos a futuro: sean sueldos prometidos para el fin de la pandemia, subsidios o, más directamente, obligan a la toma de nuevas deudas con circuitos familiares e informales. Esto también se convierte en un botín para las financieras que están comprando deuda para más adelante ejecutar las propiedades.

No es casual que los barrios que hoy son noticia por el aumento exponencial de los contagios sean las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde la crisis habitacional es una prioridad de la agenda política de sus habitantes. En el caso de la villa 31 y 31 bis, en pleno centro porteño, hace años que las organizaciones sociales vienen denunciando que el Gobierno de la Ciudad no avanza en una urbanización real de esos territorios.

De modo más concreto, la Asamblea Feminista de la villa 31 y 31 bis ha visibilizado los mecanismos de desalojo encubierto a través de deuda que plantea la urbanización, a base de relocalizaciones compulsivas y viviendas nuevas construidas con pésimos materiales que se propagandizan como modelo de modernización del barrio.

Esa misma Asamblea Feminista lo ha dicho de modo claro esta semana en la comunicación de una serie de placas donde explicaba, por ejemplo, que la recomendación “Mantenga el distanciamiento social” es imposible cuando hay más de 40 mil personas que viven en situación de hacinamiento, o que la medida básica de lavarse las manos es impracticable cuando no hay agua en el barrio desde hace una semana.

Otras compañeras dudan de ir a consultas médicas por miedo a que las desalojen mientras van y vuelven al hospital; otras directamente saben que cualquier rumor de sospecha que se haga correr sobre su salud las hará pasibles de chantajes de aumento en lo que pagan, por su supuesto “riesgo”.

Así, además de la mayor cantidad de denuncias por violencia de género que se constata desde el inicio de la cuarentena, debemos sumar la violencia de género de quienes quedan rehenes de sus locadores, sean en el mercado inmobiliario formal o informal, especulando en medio de la desesperación y la angustia, precarizando la vida a niveles ya insostenibles. Ser inquilinx hoy es estar endeudadx. Estar endeudada es quedar obligada a formas más precarias de trabajo y, ahora, a la violencia doméstica se agrega la violencia de género marcada por el abuso propietario.

Sabemos que para muches, la deuda es la antesala del desalojo y, a la vez, la manera de aplazarlo, de postergarlo. Para muches quedarse sin el lugar donde vivir implica irse a vivir directamente a la calle o recaer en casas violentas, de las que han logrado escaparse. Para muches, implica recargar a familiares y producir situaciones de mayor hacinamiento y precariedad.

Esta semana, la organización Inquilinos Agrupados hizo público el aumento de los llamados de inquilinas denunciando situaciones de abuso, maltrato y desalojos violentos. Junto al colectivo NiUnaMenos se reclamó, en un texto compartido, que la casa no puede ser un lugar de violencia machista ni de especulación inmobiliaria porque la vivienda tiene que ser un derecho, no un negocio y porque hoy no es obvio que las casas son lugares seguros para todes.

Se cruzan, de nuevo, en la casa algunos dilemas clave: una des-romantización de que sea un lugar-refugio para todes como ha dejado en claro el feminismo y, a la vez, que unos pocos metros cuadrados hoy cuestan casi un sueldo completo (o todo lo que hay que hacer para “juntar” su equivalente), por causa de una desregulación inmobiliaria que permite excesivos niveles de rentabilidad.

La huelga de alquileres es una medida que está tomando fuerza en varias ciudades del mundo, como parte de una crisis habitacional causada por la colonización del suelo y la vivienda, por parte de grandes fondos financieros.

Queda planteada entonces una agenda común de los feminismos y las organizaciones sociales para extender en el tiempo medidas pensadas de manera transitoria como la prohibición de desalojos y de exigir y asegurar su cumplimiento ya mismo. También la implementación de políticas de desendeudamiento para inqulinxs y de urbanización real de los barrios porque la deuda no puede ser el modo de atravesar la crisis y porque no podemos salir de esta crisis más endeudades.

El movimiento feminista en Chile ha sido, junto a les estudiantes, una punta de lanza para la reactivación de la movilización popular y la conceptualización de una critica sistémica al modelo neoliberal. Las genealogías del 8M y el estallido de octubre, una historia que se entrelaza.

Por Macarena Segovia para El Mostrador

Foto: Coordinadora Feminista 8M

 

En el 2016, las estudiantas, impulsadas por el movimiento Me Too, se movilizaron en contra del acoso y el abuso en las aulas, formaron secretarías de género, que años más tarde se traducirían en el Mayo Feminista de 2018. Al mismo tiempo se masificó la demanda por el aborto libre, legal y seguro, cruzando la frontera y tendiendo lazos con las feministas argentinas. Las mujeres se levantaron contra la violencia de género, los femicidios, gritaron “Ni una menos”, y el 8M de 2019 protagonizaron la marcha más multitudinaria –hasta entonces– para visualizar el trabajo doméstico y la violencia del patriarcado. Una serie de movimientos que dieron vida a un nuevo tejido social, la antesala del estallido en octubre y que este domingo protestaron contra el “terrorismo de Estado”.

El movimiento feminista ha copado las calles de nuestro país los últimos años. Desde el movimiento por el aborto libre, el Me Too en 2015, las estudiantas movilizadas contra el abuso y acoso en 2016, las históricas manifestaciones y tomas estudiantiles en el Mayo Feminista de 2018 y la gran marcha en la convocatoria a Huelga del 8M de 2019, que reivindicó el reconocimiento al trabajo doméstico, el fin de la violencia contra la mujer y la autodeterminación del cuerpo, han desdibujado la historia que arrastra nuestro país en los últimos años, trazando nuevas demandas, líneas y propuestas contra el sistema político.

Un estallido feminista que desbordó las calles y se convirtió en movimiento y articulación, dando origen a distintas organizaciones de mujeres, a nivel vecinal, estudiantil, sectoriales y de profesionales. Un tejido social nuevo que se movilizó, como una antesala al estallido del 18 de octubre, y se hizo parte de la Revuelta con el canto contra la violencia de Las Tesis, performance que dio la vuelta al mundo con la frase “El violador eres tú”, apuntando directamente contra la violencia ejercida por hombres y por el Estado.

Este domingo 8 de marzo, el movimiento feminista vivió una jornada clave. Más que una prueba –recalcan sus activistas–, lo ven como un momento histórico de un proceso de años, que para este domingo conmemora a la mujer trabajadora, pero también a las violentadas y víctimas de femicidio, que reivindica el valor del trabajo doméstico, que protesta contra la desigualdad y violencia estructural, y que este 2020 llama a manifestarse  “Contra el terrorismo de Estado”.

“Las demandas son propias de la vida cotidiana, se habla de trabajo productivo y reproductivo, la autonomía de los cuerpos, se empiezan a evidenciar los derechos políticos y culturales, justamente porque son las mujeres las más precarizadas, que necesitan del derecho a la vivienda, a la salud, al territorio, de ver a nuestros cuerpos como un territorio”, explica la escritora feminista Sofía Brito.

Una prueba de fuego, que ven con “temor”, reconocen en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Cabe recordar que el Mandatario, junto con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, han sido flancos de críticas y hasta se les ha pedido la renuncia desde el movimiento feminista. A pesar de las advertencias, el Mandatario empezó la semana cometiendo un grave error, al otorgarle parte de la responsabilidad para denunciar a las mujeres víctimas de violencia, en plena promulgación de la Ley Grabriela, que amplía la definición de femicidio, una acción que según personeros de la derecha “encendió la mecha previo al 8M”.

Para Antonia Orellana, parte de la Coordinadora feminista del Frente Amplio, lo que no entienden en estos sectores es que “el 8M ya era contra el Presidente”. Orellana destaca que Las Tesis interpelaron directamente al Estado y a Sebastián Piñera y que las demandas del programa del “II Encuentro Plurinacional de las que Luchan -que sentó las bases para este 8M, son un programa antineoliberal”.

“Las feministas siempre han sido opositoras a Piñera, desde su primer Gobierno, pero la particularidad de este 8M es que se inserta en un proceso creciente de masividad del feminismo y hay que ver cómo eso se consolida en la convocatoria, o en que se estabilicen las coordinadoras feministas, que en la última década suelen implotar en un par de años”, agrega.

 

Foto: Coordinadora Feminista 8M

 

El primer estallido

En mayo del 2018, una furia en contra de la violencia de género se tomó las principales calles, universidades y colegios del país, un mar de capuchas moradas y rojas salieron con los senos libres a protestar. Meses después, miles de mujeres se dieron cita para preparar el 8 de marzo de 2019, en donde académicas, madres, abuelas y estudiantas se encontraron en la –hasta entonces– marcha más grande desde el retorno a la democracia. Fueron la antesala de cómo se encendía una mecha que estallaría en octubre, luego de que estudiantas y estudiantes secundarios protestaran contra el alza del pasaje, convocando a evasiones masivas en las estaciones de las distintas líneas del Metro en Santiago, desatando las jornadas de protesta nacional más grandes en los últimos 30 años.

“Tuvimos ese primer impulso”, destaca Sofía Brito. Según la escritora, la base del movimiento feminista y su rol en el marco de la Revuelta de Octubre está en la lucha del feminismo en contra del sistema neoliberal. “La masividad del feminismo ha logrado interpelar al neoliberalismo en una forma ampliada a cómo se reproduce la vida misma (…). Y este 8 de marzo es un rugido contra la violencia y terrorismo de Estado y la violencia político-sexual que ha ejercido durante años”, agrega.

Línea con la que coincide la abogada feminista Daniela López, quien señala que “el movimiento feminista venía anunciando hace un par de años esta crisis social”, debido a la mercantilización y precarización de la “vida cotidiana, la salud, la vivienda, la vejez, la educación, el agua. Si no tienes cómo pagar, no puedes acceder al mercado de los servicios públicos”.

A juicio de la directora de Nodo XXI, es en esa área vital de la vida en donde “se ubica socialmente a las mujeres, a las cuales se les asigna el trabajo reproductivo (doméstico y de cuidados) no remunerado como una atributo ‘natural’ femenino”. A esto, de acuerdo a López, se suma la división sexual del trabajo y la baja valoración de los trabajos “feminizados”

“Eso cruje hoy: la mayoritaria precarización y endeudamiento versus la extrema riqueza. Esa brutal desigualdad que se agudiza en las mujeres es lo que se impugna en la revuelta del 18 de octubre, donde las mujeres son protagonistas en contra del statu quo”, agrega la abogada.

Paola Palacios, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, resalta que “el feminismo tiene todo que ver con el despertar de conciencia colectivo que tuvo el país desde octubre, pero, antes de eso, las mujeres y disidencias hemos estado históricamente en confrontación con el sistema. De hecho, cabe recordar que quienes iniciaron la revuelta fueron mujeres secundarias que saltaron el torniquete”. Y agrega que las feministas “nunca hemos dejado de lado la lucha contra el sistema capitalista-neoliberal que precariza nuestras existencias, y la causa primaria y base del estallido social es precisamente esa precarización de la vida en todos los sectores sociales”.

La vocera de la Coordinadora 8M subraya que “estamos en un momento histórico de la historia latinoamericana, estamos cambiando el rumbo y soltando nuestras cadenas”, por esta razón la Huelga General Feminista del 8M y 9M se caracteriza como Antirracista,Transfeminista, Lesbofeminista, Disidente , Plurinacional, Intergeneracional, Inclusiva, Anticarcelaria, Internacionalista, Antipatriarcal, Anticapitalista, Antiimperialista, Decolonial y “la particularidad de este año salta a la vista con la revuelta popular que estamos viviendo desde octubre pasado”.

 

En perspectiva feminista

Todas las activistas y teóricas consultadas coinciden en que el movimiento feminista está en una etapa de crecimiento y consolidación en nuestro país, el cual está marcado por el impulso hacia el feminismo interseccional y la disputa por el momento constituyente, más allá de lo definido el 15 de noviembre en el “Acuerdo por una Nueva Constitución”.

Reconocen que el proceso chileno es observado a nivel internacional y que la disputa feminista en América Latina se da de manera colectiva. Antonia Orellana destaca que “el feminismo latinoamericano tiene nexos profundos que se consolidan desde el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1981. Desde el «Ni una menos» del 2015, además, se desarrolla una dinámica latinoamericana en que, sin que haya necesariamente una planificación, las luchas de cada país repercuten muy rápidamente en las feministas de otros países. Pienso en ‘Ni una menos’, la marea verde, Marielle Franco, y desde Chile, por ejemplo, recibimos mucha solidaridad desde octubre en adelante. El anuncio del envío de un proyecto de aborto por Alberto Fernández en Argentina es también un hecho latinoamericano”.

Una potencialidad que se vio con la performance de Las Tesis y “Un violador en tu camino”, una canción que, en el marco de la Revuelta de Octubre y ante los hechos de violación de los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado, denunciados por organismos internacionales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), instaló el rol del feminismo en medio del estallido, hasta para algunos “dio un segundo aire al movimiento” desatado desde octubre. Marcando el encuentro entre mujeres de todas las generaciones y que se replicó en diversos países a nivel mundial.

Respecto a las perspectivas del movimiento, Orellana hace hincapié en que “no existe un movimiento feminista unificado y, por lo tanto, quien pretenda dictar desde un espacio cuáles son las prioridades, lo hace en vano. Lo que sí creo debiera ser prioridad, es recuperar la consigna de unidad en la diferencia, buscando los puntos de acuerdo para avanzar en las necesidades urgentes de las mujeres más allá de los matices de organizaciones que, pese al auge, continúan siendo pequeñas en relación con la cantidad de mujeres que se sienten convocadas por el feminismo”.

Partiendo desde esta diversidad, en el feminismo actualmente se encuentra la discusión por la disputa o no del proceso constituyente. Sofía Brito es una de las autoras del libro Por una Constitución Feminista y hace la distinción entre las feministas que disputan la institucionalidad y aquellas que abogan por la autonomía del movimiento, asegura que “considerando los estrechos márgenes que tiene el acuerdo del 15 de noviembre, es efectivo que las feministas vamos a tener posiciones diversas (…). Ambas posturas son importantes, tanto mantener la autonomía de un movimiento social que puja o condiciona para que se puedan dar cambios institucionales, así como que haya compañeras”.

La directora de Nodo XXI, Daniela López, puntualiza que “sin duda se busca incidir en el proceso constituyente (…). La posibilidad de que nosotras rompamos con ese pacto sexual y que efectivamente abramos un proceso de transformaciones se juega ahora, y en ese ‘ahora’ entra en debate la posibilidad de tener un poder constituyente feminista, dispuesto a pelear no solo la conformación paritaria sino el contenido constituyente”.

Paola Palacio asegura que “buscamos que se redacte una nueva Constitución en clave feminista, plurinacional, antirracista, que esté al servicio de la mejoría de la sociedad y no en amparo de unos pocos. El llamado es a salir a votar Apruebo y Convención Constituyente, a ejercer el legítimo derecho al voto, también p eleado y defendido por una generación anterior de valientes mujeres”.

Decenas de organizaciones políticas, sociales, feministas tomaron las calles otra vez para ponerle el cuerpo a las demandas de un movimiento que se se sigue inventado y desplegando potencia. Un lenguaje claro, que habla desde quienes no tienen miedo de querer cambiarlo todo. Compartimos aquí el documento colectivo del IV Paro Internacional Feminista.

Foto: Ana Cea

Hoy, en esta plaza y en todas las plazas, unidas y unides paramos el mundo y nos movilizamos por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Llevamos en nuestra lucha a las 130 obreras textiles de la Cotton de Nueva York, quemadas por sus patrones dentro de la fábrica cuando hicieron huelga por mejoras en sus condiciones laborales y a las obreras textiles rusas que llamaron a la huelga en 1917 para exigir el fin del hambre y de la guerra y así dieron inicio a una revolución. Sus voces se multiplicaron por millones y cada 8 de marzo revivimos su lucha con nuestro grito global.

Hoy, por cuarto año seguido, volvemos a parar. Este Paro Internacional Feminista Productivo y Reproductivo es una cita internacional, plurinacional, intergeneracional y transversal que viene acumulando fuerza y revolucionándolo todo. Es el método que tenemos para, reinventando una herramienta histórica de la clase trabajadora, mostrar nuestra fuerza cuando nos ausentamos de los espacios cotidianos y nos volvemos presentes en las calles para que nuestras voces se escuchen en cada territorio. Somos un movimiento antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal, anticlerical, antirracista.

Hoy estamos aquí: las mujeres cis y trans, travestis, lesbianas, bisexuales, no binaries, gordes, intersex; las jubiladas, las viejas, las putas, las campesinas, las personas con discapacidad, diversidad funcional y neurodivergentes, las sordas; las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas, negras y afrodescendientes. Desde un transfeminismo unido, popular, antirracista, antibiologicista, accesible e inclusivo, venimos a decir:

La deuda es con nosotras.

La deuda es con nosotres.

Nos ponemos de pie porque estamos contra el chantaje que nos impone la deuda. Hacemos de los feminismos una forma de vida alternativa al capitalismo neoliberal en sus alianzas con los fundamentalismos religiosos y los fascismos que en nuestro país y en toda Nuestramérica explotan, oprimen, e invisibilizan nuestras existencias.

Hoy paramos porque la deuda es con la autonomía de nuestros cuerpos. ¡Por eso el aborto tiene que ser ley, porque es un reclamo histórico y urgente del movimiento feminista que venimos construyendo desde hace años. Queremos que se garantice la Interrupción Legal del Embarazo en todo el territorio nacional, para todos los cuerpos con capacidad de gestar, ¡ya! Para eso es requisito fundamental terminar con la injerencia religiosa en la salud y educación, por lo que exigimos urgentemente la separación de las Iglesias del Estado. En el 2018 un puñado de senadores hizo que no salga nuestra ley, apoyados por los sectores más conservadores de las provincias y las cúpulas de las iglesias. En 2020, vamos a impedir que esto vuelva a suceder, unidas y en las calles tenemos que conquistar que sea ley. Reclamamos la derogación de los decretos de la dictadura que sostienen y financian al clero.

La deuda que el gobierno de Cambiemos contrajo con el FMI fue a costa de las mayorías sociales, a costa de nuestra soberanía, para beneficiar a sus grupos económicos amigos. El macrismo nos dejó una deuda que implica una mayor dependencia y sometimiento, porque elevó los niveles de pobreza, los despidos y el hambre, que hoy son una agenda urgente. Les trabajadores despedidos por la gestión de Cambiemos deben ser reincorporados. La deuda sólo sirvió para fugar capitales y para el enriquecimiento de unos pocos a costa de nuestras vidas.

Reclamamos la investigación y el no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta. Porque con endeudamiento y ajuste no hay Ni Una Menos. Y porque también queremos decir bien fuerte: ¡No aceptamos que la deuda se pague con el extractivismo sobre nuestros territorios! Viva la lucha del pueblo de Mendoza, Chubut, San Juan y Catamarca. No al fracking, no a la megaminería contaminante. ¡Honramos la lucha de Berta Cáceres!

Este movimiento feminista fue clave en la resistencia popular durante los años de saqueo neoliberal más reciente. Fuimos las primeras en hacerle paro a Macri y la cúpula gobernante y vamos a seguir en las calles porque estamos resueltas y resueltes a transformarlo todo.

La deuda es con nosotras y nosotres, las y les que paramos, porque no aceptamos que vivir produzca deuda ni aceptamos vivir para pagar deudas. Porque no nos resignamos a la explotación de nuestras vidas por las tasas de interés usureras de los bancos y de todos los sistemas que se benefician de que lleguemos a fin de cada vez más y más endeudades. ¡Sin desobediencia financiera no hay soberanía!

Paramos porque sabemos que toda deuda pública y externa se traduce en deuda en cada casa y en ajuste para todes. Paramos porque sabemos que las violencias económicas son el engranaje imprescindible de las violencias machistas y femicidas. ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!

Decimos la deuda es con nosotras y nosotres porque nuestros cuerpos son les más perjudicades por la desocupación, la feminización de la pobreza, la brecha salarial, el trabajo precario y la falta de accesibilidad. Somos nosotres las y les que más sufrimos el saqueo capitalista a costa de nuestros cuerpos y territorios.

La deuda es con nosotras y nosotres por el valor incalculable del trabajo de cuidados que se nos asigna obligatoriamente, y que es históricamente invisibilizado. Todos los días realizamos tareas domésticas y de cuidado de niñes y adultes, fundamentales para reproducir la vida. Y no son reconocidas ni remuneradas, ni valoradas en su función política.

Este movimiento tiene historia ancestral, y en nuestra memoria y lucha están vivas todas las rebeldes que lucharon antes que nosotras. Por eso también queremos recordar otro tipo de deuda: la deuda con las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras, también las travestis y trans.

El genocidio y el esclavismo de ayer hacia la comunidad afro e indígena continúa en la violencia racista que persiste al día de hoy. Las luchas por la libre determinación de nuestros territorios son históricas y anti-coloniales: las indias levantiscas comandaron las grandes rebeliones indígenas contra la Colonia; no olvidamos a Bartolina Sisa y Micaela Bastidas, María Remedios del Valle, afrodescendiente argentina, y a Juana Azurduy, guerrera de la independencia.

Nos nutrimos de las luchas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de las trabajadoras que se organizan y luchan desde hace más de un siglo, de las piqueteras, de las activistas que pelean hace siglos por el aborto legal y las que iniciaron en 2005 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, como nuestra compañera Dora Coledesky.

Recordamos y honramos la memoria de las activistas travestis trans que dieron los pasos necesarios para la derogación de los edictos policiales, la conquista de la Ley de Identidad de Género y comenzaron a impulsar las leyes de cupo laboral travesti-trans: Mariela Muñoz, Mocha Celis, Nadia Echazú, Claudia Pía Baudracco, Maite Amaya, Lohana Berkins, Amancay Diana Sacayán. Y recordamos que el sábado 7 de marzo fue el Día de la Visibilidad Lésbica, recordando a la Pepa Gaitán, fusilada por lesbiana hace 10 años y a Marielle Franco, asesinada por negra, lesbiana, favelada y socialista. La deuda también es con ellas, presentes, ¡ahora y siempre!

Hoy paramos porque estamos acá para gritar: ¡Basta de femicidios! ¡Fátima Acevedo, Lucía Pérez, Micaela García, Micaela Gordillo y Valentina Gallina presentes! Recordamos los nombres de todas las pibas asesinadas y no vamos a parar hasta conseguir justicia por todas ellas. Basta de impunidad y complicidad de la justicia clasista y patriarcal.

También gritamos: Basta de travesticidios y transfemicidios. ¡Llevamos doce muertes de compañeras travas y trans en lo que va del año!

I // La deuda es con las trabajadoras.

La deuda es por el reconocimiento de nuestro trabajo productor de riqueza: tanto el trabajo remunerado como el no remunerado. La deuda es con el trabajo llamado formal y con el trabajo de las economías populares, invisibilizado; ambos mal pagos y precarios. Somos las trabajadoras cartoneras, costureras, trabajadoras rurales, trabajadoras golondrinas, vendedoras ambulantes, obreras de la construcción, compañeras que trabajamos en los comedores, merenderos y espacios comunitarios, docentes, trabajadoras domésticas, monotributistas, sindicalizadas y cuentapropistas, y trabajadoras sexuales. Trabajadoras somos las desocupadas y ocupadas. #TrabajadorasSomosTodas.

Somos las que tenemos a cargo las tareas de cuidado, que son la clave de la división sexual y jerarquizada del trabajo y suponen una doble y triple jornada laboral que sostiene al capitalismo todos los días. Por eso exigimos su reconocimiento y remuneración. Para eso es fundamental que Estado cumpla con un plan de infraestructuras públicas que no reponga los principios tradicionales de la familia heterosexual.

La deuda es con el colectivo travesti trans. A pesar de tantas luchas ganadas para visibilizarnos, seguimos sin acceso al empleo formal o registrado. A casi 8 años de la Ley de Identidad de Género, menos del 10% de la comunidad travesti trans accede al trabajo formal. Esta es la continuidad del genocidio que históricamente hemos padecido como colectivo y lo denunciamos así. Exigimos la inmediata implementación de la ley Diana Sacayán de Cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires, sin modificaciones, y su efectiva puesta en vigencia. Demandamos la Ley Nacional de Cupo travesti-trans, y la Ley de Reparación Integral para que las personas que sobrevivimos a este genocidio podamos tener una vejez digna. La deuda también es con el colectivo de lesbianas que llegan a la adultez sin vivienda y familia.

Repudiamos la violencia y estigmatización que reciben las trabajadoras migrantes y todes les trabajadores del espacio público. Basta de persecusión a las colectividades africanas, migrantes, villeres, precarizadas y de la economía popular. Exigimos la derogación del decreto anti-migrante 70/2017 y reclamamos el cupo laboral efectivo indígena y afro y el cumplimiento efectivo del cupo laboral para las personas con discapacidad.

Exigimos que en todos los lugares de trabajo estén garantizadas las condiciones para que todas y todes podamos acceder a un trabajo formal, bajo convenio, y libre de violencias. Exigimos la aplicación efectiva de nuestro derecho a contar con lactarios y centros de primera infancia en nuestros lugares de trabajo y barrios, para maternar y trabajar desde los 45 días, así como instituciones públicas para el cuidado de las personas mayores, con personal profesional y de planta. Necesitamos también que se extiendan las licencias por paternidad y maternidad para que las tareas de cuidado se realicen de forma igualitaria.

Reclamamos por los Centros de Primera Infancia (CPI), hoy sin vacantes, desfinanciados, con riesgo de cierre. La precariedad que atraviesan sus trabajadoras es cada vez mayor, con salarios por debajo de la línea de la pobreza. Necesitamos que el Ministerio de Educación se haga cargo.

Reclamamos la licencia por violencia de género en nuestros trabajos, y personal especializado para implementarlas, sin bloqueos. También la ratificación del Convenio 190 de la OIT contra la violencia en el mundo laboral. ¡Basta de acoso sexual y violencia de género!

Exigimos que se pague igual salario por igual trabajo, e igualdad en las condiciones de acceso, permanencia y ascenso en el ámbito laboral. Exigimos salarios por encima del costo de la canasta familiar para las empleadas de casas particulares, el gremio más grande del país y con los salarios más bajos. No hay justicia social sin equidad y paridad laboral y salarial. Exigimos el salario que reclaman las trabajadoras y trabajadores de la educación y repudiamos cualquier tipo de ataque y represión. ¡Basta de desigualdad y violencia económica!

Para poder despatriarcalizar el ámbito de trabajo necesitamos organizaciones sindicales feministas y democráticas equitativas con representación proporcional a la base, activas en la defensa de los derechos de todas las trabajadoras de cada sindicato. Defendernos la democracia y la libertad sindical y a les que se organizan contra la dictadura patronal. Ante los cierres de fábrica, apoyamos las gestiones obreras y autogestivas, como Madygraf, Ansabo, Zanon, Cerámica Neuquén, Bauen, Impa y la Mutual Sentimiento, entre otras.

Todas y todes tenemos derecho a una jubilación digna porque “los aportes que nos faltan los tiene el patriarcado”. Exigimos la reposición de la jubilación para las amas de casa y de la moratoria previsional, junto con la jubilación especial para las productoras rurales y la reposición de los aportes patronales. ¡Por eso decimos #NiUnaJubiladaMenos!

La precarización laboral y la falta de accesibilidad también atentan contra las mujeres, trans y no binaries con diversidad funcional y discapacidad. Exigimos que se cumpla la Ley 25.689 para que las personas con discapacidad podamos acceder a trabajos dignos.

La deuda es con nuestros territorios. Necesitamos una economía que no dañe la Naturaleza, que cuide nuestros territorios y nuestras vidas. Queremos decidir cómo alimentarnos, cómo reproducir nuestra vida y la de nuestras comunidades. Decimos no al extractivismo minero y vegetal. Repudiamos el genocidio wichi a manos del agronegocio y reivindicamos la lucha de Mendoza y Chubut contra la megaminería por la soberanía sobre sus ríos y sus tierras.

Reclamamos vivienda digna, urbanización real e inclusiva en las villas y asentamientos de todo el país. Reclamamos por el derecho a la tierra, decimos no al latifundio, no a los agrotóxicos y no al monocultivo. Decimos basta de desplazamientos de pueblos en favor de la deforestación y del avance sojero propiciados por los empresarios del campo y los que primarizan la economía a manos del negocio de exportación de la soja. Rechazamos el lockout de las patronales agrarias y le decimos no a la explotación y la precarización laboral en el campo. En esta plaza y en todas las plazas, nuestro movimiento viene a gritar: ¡Sin justicia ambiental no hay justicia social!

II // La deuda es con nuestro derecho a decidir. La deuda es con nuestra salud.

La deuda histórica, hoy más que nunca, es la legalización del aborto seguro y gratuito. Nuestro proyecto está en las calles, es el que venimos construyendo desde hace años de la mano de la Campaña por Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y este año ¡tiene que ser ley! Queremos que se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país,especialmente en las provincias donde las niñas no son respetadas. En un mundo justo, las niñas no son madres, y por eso no son obligadas a llevar a término un embarazo producto de violación. Exigimos la derogación de las ordenanzas antiderechos. Necesitamos producción pública de misoprostol y mifepristona, acceso a ameus y las prácticas adecuadas de segundo trimestre. Desde hace años que estamos resueltas a ser autónomas y libres de decidir sobre nuestros cuerpos. Las lesbianas, bisexuales, varones trans, trans masculinidades, les no binaries también abortamos. ¡Les sordes, las mujeres con discapacidad necesitamos accesibilidad para poder abortar! ¡Que Sea Ley ya!

La personas que sufrimos violencia obstétrica queremos que se garantice el parto humanizado en todo el territorio nacional. Las cesáreas innecesarias atemorizan a quienes decidimos maternar y parir. Condenamos la esterilización sin consentimiento, en especial a las afrodescendientes, sordas y mujeres con discapacidad. Exigimos implementación por parte del Estado de apoyos para el ejercicio de la maternidad de quienes deseen maternar.

Por la salud integral del colectivo travesti trans no binarie. Exigimos el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género: tratamientos de hormonas en todos los centros de salud, intervenciones quirúrgicas, trato digno y no discriminación. Exigimos que el Estado garantice el acceso a las personas con VIH a retrovirales. Exigimos la producción nacional de retrovirales y hormonas. ¡Nuestra salud no puede depender de empresas transnacionales que lucran con nuestras vidas!

La negación de nuestra autonomía y la discriminación atentan contra nuestra salud mental. Denunciamos la precarización y el desmantelamiento de las políticas públicas en salud mental.

Exigimos respeto a la autonomía e integridad de los cuerpos gordos, patologizados y estigmatizados. Basta de discriminación y violencia, no somos un índice ni una epidemia.

Denunciamos todos los procedimientos médicos que mutilan los cuerpos intersex como una forma de tortura y reclamamos el derecho de las personas intersex a la verdad y la reparación.

Las afrodescendientes necesitamos que médiques y el personal de salud estén capacitades en enfermedades de propensión étnica, como la anemia falciforme, confundida con el lupus y mal diagnosticada. Por la creación de un protocolo para pacientes afro.

Les sordes exigimos una ley que reconozca la Lengua de Señas Argentina como idioma de nuestra comunidad. Intérpretes de LSA-Español y asesores sordes capacitades en todos los ámbitos públicos y privados: salud, justicia, educación. La falta de información perpetúa la violencia de género.

Exigimos políticas públicas para la prevención de las adicciones, presupuesto para la SEDRONAR y para las casas de atención y acompañamiento comunitario.

III. // La deuda es con nuestras vidas. La justicia patriarcal también se va a caer.

Hoy paramos porque volvemos a gritar que VIVAS NOS QUEREMOS hasta que no haya ni una muerta más. Desde que arrancó el 2020, hubo más femicidios y travesticidios que días. Hoy decimos: ¡basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio contra travestis, trans, no binaries, lesbianas, bisexuales y todas las identidades sexuales y de género! ¡Exigimos presupuesto para las leyes vigentes para la prevención y erradicación de la violencia machista y patriarcal! Por una Ley de Emergencia en Violencia de Género! Exigimos la implementación de la Ley Micaela en todas las instituciones del país. ¡Basta de violencia machista, sexista, racista!

Exigimos presupuesto para la atención integral de las víctimas de violencia. Exigimos 100 mil promotoras en prevención contra la violencia de género en todo el país, casas de contención y refugio, independencia económica y habitacional. Reclamamos asesoramiento jurídico y psicológico y una política integral de cuidados. Por una Red de Casas sin Violencia y asistencia profesional integral con criterio federal y comunitario.

El Poder Judicial clasista y heterocispatriarcal es responsable. Hoy, nos encarcelan por actos de autodenfesa, por abortar, por portación de cara, por ser migrantes, por ser travas, trans, por ser tortas, por ser putas, por besarnos, por resistir la explotación de los territorios, por reunirnos en asambleas, por ser militantes políticas. Estamos en contra de esta justicia clasista y heterocispatriarcal porque provoca daños incalculables en nuestras vidas y solo tiene al punitivismo como respuesta. Basta de persecución, abusos, hostigamiento policial y violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales y compañeres en situación de prostitución. Derogación inmediata de todos los códigos contravencionales y de toda normativa que criminalice a las trabajadoras sexuales y compañeres en situación de prostitución y políticas activas y eficaces que generen alternativas reales para quienes busquen otras salidas laborales. Trabajar es un derecho.

Exigimos la absolución inmediata de Higui, Luz Aimé, y Marian Gómez. Este sistema quiere convertirlas en presas políticas del hetero-cis-patriarcado y rehenes de la justicia de clase y machista. Reivindicamos todo acto de autodefensa y resistencia lesbo trava trans y marica. Libertad a las mujeres presas por abortar.

La deuda es con las presas, a quienes se las condena también vulnerando su derecho a ser madres. Paramos contra la crueldad en las cárceles, y contra toda forma de encierro y cercamiento.

Exigimos perspectiva de género en los procesos judiciales. Por la erradicación de las prácticas, lenguaje, y procedimientos violatorios de los derechos de las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travesti y no binaries. Pedimos la revisión de las causas irregulares a trabajadorxs propiciadas por un Poder Judicial cómplice de la persecución de los gobiernos.

Libertad inmediata a Milagro Sala, Mirta Guerrero, Graciela López, Gladys Díaz, Patricia Cabana, María Condori, Adriana Condori, Mirta Aizama y Angelina Lesieux. Con presas políticas no hay democracia. Libres las queremos. No más presas por luchar.

Como población afroargentina y afrodescendiente que habita el territorio nacional hemos sido históricamente víctimas del racismo, de la discriminación y la estigmatización desde el tiempo de la trata y tráfico esclavista, acciones que hoy son señaladas como crímenes de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional. Pedimos una ley efectiva contra el racismo. Exigimos que se implemente la Ley de 26.852 para la enseñanza de la cultura y la historia de las y les afroargentines.

Exigimos accesibilidad en la justicia para niñas y mujeres con discapacidad, independientemente del rol que desempeñen en cada proceso: víctimas, victimarias, abogadas, fiscales, juezas, testigas. Exigimos justicia por les niñes sordes alumnes que fueron maltratades, abusades y violades por curas y monjas de las escuelas Próvolo de La Plata, Mendoza y CABA.

El sistema judicial niega nuestra identidad. Exigimos que el RENAPER otorgue YA los DNI a feminidades travestis y personas no binarias. Basta de incumplir con la Ley de Identidad de Género. ¡Nuestra identidad es nuestro derecho!

Volvemos a exigir el desmantelamiento de las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, y de las fuerzas de represivas y judiciales que son cómplices. Las víctimas de trata deben contar con los recursos necesarios para realizar sus vidas sin violencias y sin apremios económicos.

Denunciamos a los medios masivos de comunicación. Por acción y omisión son cómplices del racismo, la invisibilización del colectivo LGBTTIQ+, de los cuerpos diversos, también de los golpes de estado y violencias de los gobiernos neoliberales en Latinoamérica. Por una Ley de Medios que garantice accesibilidad para personas sordas y ciegas.

Las mujeres y disidencias cuidadoras que cultivamos marihuana para la salud, no queremos que se nos criminalice ni a nosotras, ni a nuestras plantas. Inclusión del autocultivo en la ley 27350. Libertad a las mujeres presas por cultivar cannabis, con preventivas por tenencia y/o transporte de drogas. Por nuestros derechos y libertades.

Por la reivindicación de nuestros placeres y goces, y la soberanía de nuestros cuerpos.

IV // La deuda es con nuestra educación pública, laica y gratuita. La deuda es con nuestro futuro.

Las y les estudiantes y docentes llevamos años en las calles porque sabemos que con hambre no se puede estudiar. Hoy paramos como parte de esa gesta colectiva que venimos conjurando, de ollas populares y movilizaciones estudiantiles exigiendo viandas para nuestros comedores. Exigiendo edificios donde no se nos caigan los techos. Exigiendo el salario para nuestros docentes. Y salimos a la calle porque creemos que el Estado debe garantizar un presupuesto educativo que cubra nuestras necesidades mínimas.

Exigimos perspectiva de género en las currículas que forman a les profesionales del futuro y la aplicación efectiva de los Protocolos contra la Violencia de Género en nuestros espacios de estudio y trabajo. Rechazamos un conocimiento heteronormativo y extractivista, exigimos que no formen más a les profesionales de la medicina con un contenido binario y cisexista. Las y les docentes hoy también paramos por las largas horas de planificación, contención y cuidados que no nos pagan ni pagaron nunca. Paramos porque la miseria de los salarios docentes expresa la precariedad a la que nos condenan.

Las y les jóvenes hemos empuñado el pañuelo del aborto como bandera para discutir a la forma en la que construyen nuestras vidas. Las nuevas generaciones vinimos a gritar: ¡queremos ser libres y soberanas! Exigimos una Educación Sexual Integral laica y accesible que desplace al contenido binario y cisheteronormativo de todos los establecimientos educativos. En los profesorados también necesitamos ESI y volvemos a gritar, hoy y todos los días, ¡Abajo la UniCABA de Larreta!

Hoy paramos porque queremos que les niñes puedan construir libremente su identidad sexogenérica, y que las escuelas sean espacios donde las luchas colectivas que llevan adelante, históricamente, las diversidades genéricas, sexuales y plurinacionales por una sociedad más justa, sean parte del imaginario del mundo por venir. De eso son parte les docentes interculturales bilingües. No queremos la moral sexual adultocéntrica que reproduce la pedagogía del silencio y la estigmatización. Hoy también gritamos ¡Abusos sexuales en las infancias nunca más!

Por el acceso al sistema educativo de la comunidad sorde. Les sordes no tenemos accesibilidad de forma eficiente en la educación en los niveles primario, secundario y terciario porque no hay cargos suficientes para intérpretes de Lengua de Señas. Exigimos al Estado una ESI accesible, construida junto con personas sordas, para todos los niveles educativos.

Hoy paramos porque queremos el fortalecimiento y ampliación de los espacios educativos inclusivos y no excluyentes, como el Bachillerato Mocha Celis, que está en peligro. Demandamos de manera urgente polìticas educativas y recursos económicos para su promoción. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es responsable.

Por la instauración en los calendarios escolares de una Jornada Anual de Lectura de la Biblioteca Travesti Trans No Binarie en el mes de junio, en la semana de la Marcha Basta de Travesticidios y Transfemicidios.

Cierre

Las deudas con nosotras y nosotres son muchas, y requieren presupuesto y políticas públicas bajo control de las organizaciones feministas. Necesitamos más compromiso, más organización, más fuerza en las calles. Por eso es que hoy, nosotras y nosotres paramos y nos movilizamos.

Gritamos una vez más y todas las que sea necesario que ¡la deuda es con nosotras y con nosotres!, ni con el FMI ni con las iglesias. Llegamos a esta consigna luego de un largo proceso asambleario, en unidad, en medio de un país arrasado por políticas de hambre y muerte, en medio de una ofensiva fascista-neoliberal y fondomonetarista a nivel global. Reivindicamos la rebelión de los pueblos latinoamericanos contra la avanzada represiva, militar y eclesiástica, contra los ajustes del FMI y las políticas extractivistas, saqueadoras y coloniales de los gobiernos fascistas. Abrazamos al pueblo chileno, boliviano y colombiano que hoy vive una situación crítica con las fuerzas armadas torturando, persiguiendo y matando. Les decimos desde estas tierras que somos sus compañeres, ¡su lucha es nuestra lucha!

El transfeminismo popular, asntipatriarcal, antiracista, anti biologicista, anticapacitista, anticlerical, anticapitalista, antiimperialista y transversal seguirá fortaleciendo las acciones en cada territorio, en cada comunidad, en cada barrio, en las fábricas, en las casas, en los hospitales, en las calles, en el campo, en las universidades, en cada sindicato y en cada conflicto, en cada lugar hasta que todo sea como lo soñamos.

Nos hacemos eco de lo que las compañeras de Chile gritan contra el neoliberalismo deprededador: ¡Nos deben una vida! Con ellas decimos que vamos a luchar ¡hasta que valga la pena vivir!

Celebramos que el feminismo es revolución y, con más fuerza que nunca, que hoy volvemos a estar juntas y juntes para que resuene en todo el mundo:

LA DEUDA ES CON NOSOTRAS Y NOSOTRES, NI CON EL FMI NI CON LAS IGLESIAS

Vivas, libres y desendeudadas nos queremos / ¡Será Ley!

En el marco de la jornada de lucha y movilización autoconvocada para el 8 de marzo, en la Villa 31 las colectivas territoriales, feministas, villeras, de las diversidades, nucleadas en la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 bis, convocaron una poderosa jornada para visibilizar sus reclamos. Reproducimos aquí el diálogo que mantuvieron con Pagina 12.

Por Melisa Molina, en Página 12

 

Foto: Enrique García Medina, en Página 12.

 

La Villa 31 amaneció verde. Decenas de mujeres que viven en el barrio salieron con sus pañuelos de la Campaña por la Legalización del Aborto y con carteles que tenían consignas como: “Eso que llaman amor es trabajo no pago”; “Basta de femicidios” y “La deuda es con nosotras”, a visibilizar sus reclamos durante la jornada del 8M. “Hoy no es un día de fiesta, es un día de lucha”, dijo una de las mujeres por megáfono, y junto con otras vecinas de la Villa 31 y 31 bis contaron, en diálogo con PáginaI12, los problemas puntuales que sufren las mujeres y el colectivo trans y travesti del barrio. Al finalizar el pañuelazo leyeron un documento que afirmaba: “Ya no queremos ser más violentadas por el sistema, por eso creamos redes entre nosotras para acompañarnos y cuidarnos porque a mis amigas no las cuida la policía, nos cuidamos entre nosotras”.

Las mujeres iban llegando al punto de encuentro ubicado frente a la feria que se monta detrás de la terminal de ómnibus de Retiro, con sus nenes y las banderas de las distintas agrupaciones, de las que forman parte: Ni Una Menos, La Diversidad trans Villera, Mala Junta, CTA Autónoma- Géneros; Fol, La Cámpora Villa 31, entre otras, todas nucleadas en la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 bis.

Lourdes Martínez, de la CTA y miembro del bachillerato popular Alberto Chejolán subrayó, en diálogo con este diario, que “es importante participar de este pañuelazo para visibilizar lo que pasa en el barrio porque de otra forma nadie lo muestra”. Luego, indicó que: “Nosotras tenemos que hacer el doble de esfuerzo para mostrar un femicidio que sucede acá. Hace poco mataron a una mujer y no salió en ningún lado porque se tapa todo”. En ese sentido, Martínez denunció que dicho femicidio “sucedió en un lugar muy peligroso y lo hicieron pasar como si hubiese sido producto de una sobredosis. En ningún momento dijeron que a la chica la ahorcó y asesinó un hombre”, agregó. La militante de la CTA también destacó que otro de los problemas cotidianos, con los que muchas mujeres se encuentran, es que, una vez que denuncian un ataque y la policía les brinda un botón anti pánico, no pueden usarlo porque no tienen señal dentro de la villa. “Yo tengo una vecina que hizo una denuncia y le dieron el botón. Cuando vino la ex pareja y la empezó a golpear lo tocó y no funcionaba”, detalló. En ese sentido, enunció que “una no solo sufre violencia de parte del marido, sino también del Estado. Luego de hacer la denuncia y que la dejen esperando horas o días, la mujer se termina cansando y vuelve a su casa con la pareja que la maltrata porque no tiene a donde ir”. “Están cansadas de la violencia en su casa y si el Estado no responde y la ayuda termina asesinada”, opinó.

Otra de las problemáticas en el barrio es el de la urbanización y la necesidad de tener una vivienda digna. Camila Ramos, vive debajo de la autopista y quieren derrumbar su casa. «Soy una de las que se tiene que mudar a las viviendas nuevas y no estoy de acuerdo». «No me parece justo el tema de las escrituras porque terminás hipotecado», detalló y agregó que tienen que pagar 11 mil pesos por construcción y 8 mil por metro cuadrado de tierra. «Van a tirar mi casa y me obligan a mudarme a esa donde voy a tener que pagar y, según la escritura, si tres meses no pago me sacan», afirmó.

Chintia Cuevas, de la agrupación Mala Junta, puntualizó que en la 31 todas las mujeres atraviesan diferentes problemas: «Uno de ellos es el de las vacantes para que nuestros hijos puedan ir a la escuela”. En ese sentido, explicó que por más que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta trasladó el Ministerio de Educación porteño a la Villa 31 y “supuestamente inauguraron una de las nuevas 50 escuelas”, “muchas tenemos a nuestros hijos sin vacante”. La referente indicó que “eso nos atraviesa fuertemente porque al estar el chico sin vacante nosotras no podemos salir a buscar trabajo remunerado fuera del hogar”. Otro de los problemas es que muchas madres consiguen vacantes para sus hijos pero en diferentes escuelas que quedan alejadas de sus hogares, según Cuevas “eso también es un problema por el tema económico y de los traslados”. En ese sentido, para la referente del barrio: “Siempre tenemos el problema del factor económico y por eso decimos que la deuda es con nosotras”.

También estuvieron presentes y sirviendo comida un grupo de mujeres de Villa Fiorito que montaron en su barrio un “Comedor Gourmet” en el que ofrecen, a quienes asisten, alimentos sanos y elaborados. Según ellas “nos pareció justo que los nenes puedan comer algo diferente y no siempre guiso”. En esta ocasión llevaron para las mujeres que participaron del pañuelazo tacos con diferentes verduras y salsas. Julia, una de sus fundadoras explicó que: “Somos 13 mujeres que empezamos a juntarnos en reuniones y a pensar que nuestros chicos también tienen derecho a comer cosas ricas”. Luego agregó que “el comedor gourmet tiene el objetivo de hacerles comer verdura y cosas con menos azúcar”. “En Fiorito algunas tenemos siete u ocho chicos y es difícil comprar cosas sanas, entonces el comedor sirve para que los chicos coman cosas que nunca comieron”, dijo. Con respecto a los costos, Julia detalló que por sábado gastan al rededor de 2500 pesos y hacen alimento para 220 personas. “Vamos caminando y buscando precios para poder llevarlo adelante”, subrayó.

Por su parte, Martina Pelinco, de la agrupación «La Diversidad trans Villera y militantes de la Cámpora Villa 31», remarcó que «la idea de este pañuelazo es visibilizar el problema de las mujeres de la Villa». «Nosotras salimos porque no tenemos vivienda digna, porque somos violentadas por la policía y porque no tenemos trabajo porque por tener dirección en la Villa no te aceptan», señaló. También expresó que por el mismo motivo, tampoco pueden acceder a subsidios habitacionales. En ese sentido, Pelinco indicó que «vivimos a diario toda esa violencia y este día de la mujer salimos para que el Gobierno de la Ciudad vea lo que nos pasa». Para finalizar afirmó que: «Queremos destacar la formación política que tenemos porque sino no podríamos habernos organizado y resistir en estos cuatro años de gobierno que han pasado con la gestión del Macrismo a nivel nacional».