Foto: Acción por la Biodiversidad

La imagen de las llamas arrasando el Amazonas en agosto pasado hizo que la gente en todo el mundo se diera cuenta de la conexión entre agronegocios y crisis climática. La selva ardía para dar lugar a la producción de carne, soja y otras materias primas agrícolas, y aumentar las ganancias de las corporaciones transnacionales de alimentos. Un importante motor de esta devastación es el comercio. Actualmente, un nuevo acuerdo comercial amenaza con fomentar aún más la expansión de los agronegocios en Brasil, con serias consecuencias para el clima.

Tan sólo dos meses antes de los incendios que capturaron la atención de todo el mundo, la Unión Europea y el grupo de países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— anunciaron con orgullo que habían logrado un nuevo tratado de libre comercio (TLC), tras veinte años de conversaciones. El acuerdo se promocionó como un pacto que empujaría a los países miembros hacia estándares ambientales más altos, incluyendo fuertes límites a la tala y la deforestación. La Unión Europea alardeó que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, había renegado de su promesa de campaña de retirarse del acuerdo climático de París, con tal de lograr este acuerdo comercial.

La huella de carbono del TLC Unión Europea-Mercosur

La realidad es que el TLC entre la Unión Europea y el Mercosur originará un importante aumento de las emisiones globales de gases con efecto de invernadero. Aunque hasta donde sabemos no se ha publicado una auditoría completa sobre el impacto climático del acuerdo, GRAIN calculó las emisiones procedentes del sector agrícola, analizando las disposiciones del acuerdo que establecen objetivos cuantitativos para un aumento del comercio en varios productos agrícolas importantes. Calculamos que tan sólo estos compromisos generarán cerca de 9 millones de toneladas de emisiones de gases con efecto de invernadero adicionales al año. Esto es casi tanto como el total de emisiones anuales de la ciudad brasileña de Belo Horizonte, con una población de 3 millones 900 mil personas.

El nuevo TLC UE-Mercosur es descrito como un acuerdo con el que Europa venderá más autos y quesos a América Latina mientras los países del Mercosur venderán a Europa más carne bovina y etanol. Si bien es cierto que el aumento de producción y exportaciones de automóviles y otros bienes y servicios claramente contribuirá a la alteración del clima, nuestro análisis se centra sólo en la agricultura, un componente principal del acuerdo. Analizamos los cambios en el volumen de los mercados de varios bienes agrícolas que producen una alta emisión de gases con efecto de invernadero. La expansión de la oferta corresponde a lo que los gobiernos de ambos lados del Atlántico prometieron a sus agricultores y a quienes defendían los intereses del agronegocio cuando negociaron el acuerdo. Está por verse si estas promesas se cumplen, o incluso se sobrepasan.

Las mercancías para las que medimos el impacto son: carne de res, queso, etanol (de caña de azúcar), fórmula alimenticia para niños, pollos, arroz, leche en polvo descremada y azúcar. La mantequilla y los productos de soja fueron excluidos de los cálculos porque, aunque sus aranceles caerán significativamente bajo el acuerdo, no se establecieron cuotas. En otras palabras, la producción y el comercio de estos productos probablemente aumentará como resultado del acuerdo, pero no podemos señalar cuánto. Las cifras obtenidas serían mayores si se incluyeran, ya que la soja en particular es una gran fuente de emisiones adversas para el clima.Calculamos que el impacto directo del TLC será un aumento de las emisiones de gases con efecto de invernadero de 8 millones 700 mil toneladas por año, procedentes de estos ocho productos agrícolas (ver tablas). Eso es más que la ciudad de Lisboa, Portugal, o Córdoba, Argentina y un poco menos que Bruselas. Puesto de otra manera, es equivalente a casi una semana de emisiones producidas por Royal Dutch Shell, una compañía responsable del 3% de la energía de todo el planeta. Comparado al nivel actual de emisiones procedentes del comercio de estos productos entre la Unión Europea y el Mercosur, el aumento de las emisiones será de un 34%. Éste es un aumento enorme para gobiernos que, al menos en Europa, dicen ser los defensores del clima.

Cómo obtuvimos estas cifras

El aumento en el comercio fue calculado comparando las cuotas nuevas y antiguas (o con los niveles actuales de comercio donde no existían cuotas) una vez que el periodo de transición del TLC se haya completado. Para el aumento de las emisiones, asumimos que el aumento de comercio será logrado con un aumento de producción. Las emisiones en sí fueron calculadas para el nivel actual de comercio y las comparamos con aquéllas producidas bajo las nuevas cuotas, usando la metodología GLEAM de las Naciones Unidas. Esto incluye todas las emisiones procedentes de la producción de ganado, granos para alimentación animal y los insumos asociados, procesamiento de la carne y refrigeración, y el transporte hasta la venta al público, pero sin incluir las emisiones durante la venta al público y las posteriores a la venta que provienen de la preparación en las casas, los desechos de los alimentos, etcétera.

Los productos agrícolas de mayor impacto climático son las carnes, las aves y el etanol, que provienen del Mercosur y los quesos que provienen de Europa. Dos tercios de las nuevas emisiones serán producidas en las fincas, incluidos los fertilizantes y el estiércol, mientras que cerca de un 30% provendrá de los cambios de uso del suelo, incluida la deforestación. Si bien la mayor parte del incentivo para aumentar la producción y el comercio provendrá de las cuotas y aranceles, el TLC también impone reglas sobre denominaciones de origen, lo que creará nuevos derechos de mercado para los productores de queso de Europa en América Latina. Finalmente, es importante notar que aunque el Mercosur generará la mayor parte de estas nuevas emisiones, las emisiones procedentes del crecimiento de las exportaciones de lácteos desde la Unión Europea hacia el Mercosur aumentarán en un increíble 497%.

Otros impactos ambientales, sociales y económicos

Además de agravar la crisis climática, las disposiciones agrícolas del TLC Unión Europea-Mercosur conllevan otras amenazas. Por ejemplo, según lo señala la industria azucarera de Francia, 74% de los pesticidas usados en los campos de caña de azúcar de Brasil están prohibidos en Europa, y Brasil aprobó recientemente una variedad de caña de azúcar modificada genéticamente que está prohibida en Europa. El gobierno de Brasil también permite el uso de glifosato antes de la cosecha para acelerar la maduración, mientras que muchas ciudades y países de Europa están luchando para prohibir el glifosato. Esto significa que es probable que con este acuerdo entren a Europa productos transgénicos y agroquímicos no deseados.

El acuerdo permite la expansión de los mercados para los productos del agronegocio y no contribuye en nada para apoyar a los pequeños agricultores o la producción de alimentos. De hecho, se espera que la apertura de los mercados para la exportación procedente de América Latina, resulte en un aumento de la presión sobre las comunidades indígenas y campesinas que están siendo expulsadas de sus tierras. Otro efecto puede ser el aumento de las disputas por el agua debido a la demanda de riego y la crianza de vacunos y, aún más, debido a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad. En Europa, este acuerdo comercial ayudará a los intereses de los agronegocios y perjudicará a pequeños agricultores, comunidades rurales y a la agricultura sustentable. En una región donde las inversiones y el desarrollo económico promovido por los tratados de libre comercio benefician solamente a las grandes compañías, se avizora que el acuerdo Unión Europea-Mercosur dispare la caída de los precios a los productores, profundizando la deuda y la bancarrota que ya golpea las áreas rurales de Europa.

El acuerdo comercial también enmascara una seria contradicción. Las mayores importaciones de etanol de la Unión Europea a través del TLC serán usadas para alcanzar los objetivos de uso de combustibles del transporte “verde” de Europa y lo mismo puede suceder cuando la Unión Europea aumente sus importaciones de productos de soja más baratos, lo que podría ser una atractiva materia prima para la industria del biodiesel de Europa. De acuerdo con la organización Transport & Environment, esto podría llevar a una mayor deforestación y acaparamiento de tierras en países como Brasil. Los gobiernos de la Unión Europea podrían provocar mayor destrucción del clima en el extranjero con tal de lograr sus objetivos climáticos en sus países.

Combatamos los Tratados de Libre Comercio para salvar el clima

Los acuerdos comerciales son poderosos impulsores de la expansión del sistema de producción industrial de alimentos, la cual, según el International Panel on Climate Change, señala que es responsable de hasta el 37% de las emisiones globales de gases con efecto de invernadero. Los encargados del cabildeo en favor de los diferentes sectores involucrados, desde el sector de semillas al de los supermercados, han estado presionando a los gobiernos para firmar e implementar estos pactos por décadas. Les brindan a las compañías de productos agrícolas y alimentos, y a los agricultores industriales que los abastecen, mayores mercados y mayores derechos de inversión —una oportunidad de obtener mayores ganancias. A su vez, la expansión del sistema de producción industrial de alimentos crea una enorme presión sobre nuestro clima.

Dado que el sistema de producción de alimentos contribuye de modo tan importante a la crisis climática, seguir haciendo más de lo mismo simplemente no es una opción. Por desgracia, los nuevos acuerdos de negocios reflejan viejas formas de pensar —precisamente la forma de pensar que es la principal responsable de la crisis. El TLC Unión Europea-Mercosur no es un caso aislado. La agricultura industrial también es importante en las negociaciones EUA-China, las que, según Trump, duplicarán las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a China. Y el próximo acuerdo Unión Europea-Australia-Nueva Zelanda probablemente aumentará las importaciones europeas de carne de res y lácteos con aumentos en la intensidad de las emisiones de CO2.

Si realmente tomamos en serio la reducción de las emisiones de gases con efecto de invernadero, tenemos que emprender acciones efectivas en torno a los principales mecanismos globales que promueven la expansión de la producción industrial de alimentos y de la agricultura —y los acuerdos comerciales encabezan la lista. Los directores ejecutivos de compañías como Danone y JBS están conscientes del desafío, pues están en juego sus propios modelos de negocio —que producen estas emisiones climáticas y dependen de este sistema comercial. Pero el “cuidado” no se logrará a partir de la compensación por la destrucción, como lo promueven estas compañías. Esto debe provenir de abrir espacio para que participen los sistemas locales de producción de alimentos controlados por las comunidades. Esto significa entregar recursos y la conducción a campesinas y campesinos, procesadores regionales, a los circuitos comerciales cortos y los mercados locales. Para que esto se pueda lograr, necesitamos urgentemente detener  los nuevos acuerdos comerciales como el de la Unión Europea-Mercosur.

*Este artículo fue publicado en la Revista Biodiversidad, Sustento y Culturas #103

Desde su experiencia en el trabajo con la tierra y con comunidades guaraníes en Orán, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) analiza la situación de las comunidades wichí en Salta.

Manuel Facundo Correa, UTT

A un paso de cambiar de década -¡la segunda del siglo XXI!- nos encontramos nuevamente con la expresión terrible del abandono más extremo: morir por desnutrición en un país productor de alimentos. ¿Cómo es posible semejante contradicción? ¿Verdaderamente somos un país productor de alimentos? La distribución de la tierra nos da el dato clave para resolver esta pregunta.

Según los datos preliminares del Censo Agropecuario 2018, en lo últimos 30 años, las unidades productivas agrícolas se han reducido en un 30%, evidenciando una mayor concentración de la tierra destinada a la producción de commodities agrícolas como la soja, un manto verde transgénico fumigado con agrotóxicos, sin familias trabajadoras de la tierra produciendo alimentos. ¿Necesitamos un desarrollo agrario de campos envenenados que no generan trabajo? El resultado está a la vista. Enormes extensiones sin gente, gente sin tierra y comunidades rodeadas de soja y desmonte, sobreviviendo como pueden.

En el norte de Salta, las comunidades wichí conocen la violencia del modelo como si fueran el último eslabón de una cadena de abandonos y vulneraciones sistemáticas. El problema se muestra como lo que es: un proceso estructural, de raíces profundas. El desmonte se transformó en el nombre y apellido del modelo de desarrollo actual. En la provincia de Salta entre 1976 y 2012, se han desmontado 2.074.210 hectáreas de bosque. Sólo en 2018, 20.000 hectáreas más fueron sometidas al monocultivo.

Las familias wichí que habita la zona desde siempre son el vivo ejemplo de esta pérdida de diversidad biológica que es también diversidad cultural. Sin el acceso a la proteína que ofrece el monte y sin el cuidado de los conocimientos necesarios para su aprovechamiento, la supervivencia se hace difícil.

Basta con acercarse a conversar con las personas mayores que recuerdan con nostalgia la fortaleza de sus cuerpos gracias a la dieta diversa que ofrecía y aún puede ofrecer el monte. En su lugar, la alimentación de las comunidades se ha reducido a carbohidratos, aceite y azúcar, con todos los problemas de salud que eso genera.

El desmonte, el monocultivo y el veneno, traen consigo la homogeneización de la alimentación y arroja a las comunidades a una cotidianeidad de dependencia económica. Sus derechos territoriales son vulnerados y las promesas de desarrollo, sin participación real ni análisis profundos, han potenciado su pauperización al punto de llegar al extremo.

¿Qué hacer ante la muerte de niños por desnutrición? Son siete casos en lo que va del año. Dicho así, la alarmante cifra esconde el duelo más duro de cada familia, de cara al modelo irresponsable y cruel que delimitan qué vida merece ser vivida.

Es claro el lugar que les dejó este sistema a las comunidades wichí del Norte, alejadas del acceso a derechos basicos como el agua, una alimentación sana, atención de salud y educación, comunidades que recolectan agua de camiones o de pozos insalubres en bidones de agrotóxicos.

Desde las bases de la UTT en Salta, tomando la experiencia que hicimos junto a comunidades guaraníes en Orán, hacemos esfuerzos por fortalecer la identidad de las comunidades más empobrecidas usando la agroecología como herramienta de transformación.

Creemos que esto es parte de una estrategia a largo plazo para recrear formas de vida digna, sobre todo en las juventudes indígenas que no acceden al mercado laboral fuera de los circuitos de explotación que ofrece el agronegocio.

Salir del flagelo del hambre con autonomía y respeto a la autodeterminación de las comunidades que celebra nuestra Constitución y la legislación internacional, es trabajar la tierra produciendo alimentos para el autosustento familiar y la comercialización de alimentos sanos.

Hay un tejido social que debemos recomponer de manera respetuosa con la diversidad cultural y que está pidiendo desesperadamente la atención de nuestra sociedad, sus organizaciones y del Estado. Desde la UTT queremos construir ese camino, para que el hambre no vuelva a arrebatarnos el futuro de las generaciones venideras.

Entrevista con Maristella Svampa* sobre la problemática del extractivismo en la Argentina y América Latina, al calor de la lucha del pueblo de Mendoza.

Juan Dal Maso, La Izquierda Diario

Maristella Svampa (Foto: La Izquierda Diario)

Con el repudio generado por la votación de la modificación de la Ley 7722 en Mendoza y el retroceso del gobierno tomó mayor notoriedad la lucha contra la megaminería. ¿Cuál es la situación actual en Argentina en cuanto al grado de desarrollo de esta actividad (y daño ambiental que genera) y qué puede pasar de ahora en más?

Desde hace más de tres lustros que en Argentina hay una gran resistencia a la megaminería. Por esa razón la minería avanzó en algunas provincias, pero en otras no, gracias a las movilizaciones sociales. Avanzó en Catamarca, San Juan, Santa Cruz, Salta y Jujuy [ver anexo al final]. Pero son siete las provincias donde existe una legislación que prohíbe la megaminería: Chubut, Mendoza, Córdoba, San Luis, Tucumán, La Pampa y Tierra del Fuego. Tengamos en cuenta que las luchas socioambientales contra la megaminería arrancaron en Esquel, en 2003, de donde proviene la ley más antigua (la ley 5001) y el formato más asambleario que tomaron las luchas.

En 2010 se sancionó la ley de glaciares, que es la única ley protectora a nivel nacional, que prohíbe la minería y la explotación petrolera en zona de glaciares y ambiente periglaciar. En dos provincias se derogó la ley (La Rioja y Rio Negro), pero no se avanzó en proyectos mineros. En realidad, en Río Negro está el proyecto de Calcatreu, en fase de exploración, que tiene en alerta a las asambleas ambientalistas, sobre todo en este contexto de embestida de las mineras.

No se olviden que en 2012 asistimos a la pueblada de Famatina, en La Rioja, que tuvo impacto nacional, y durante todo ese año se expandieron las luchas en Catamarca, donde está la Alumbrera, que tiene un historial muy negro de contaminación. En Neuquén, hubo un plebiscito que prohibió la megaminería en la localidad de Loncopué, un pueblo precordillerano donde hay comunidades mapuches.

En 2015 se dio a conocer el primer derrame de la mina Veladero en la “provincia-modelo”, San Juan, explotada por la Barrick Gold. Hubo dos derrames más y está probado que además de haber contaminado 5 ríos, Veladero afectó a los glaciares. Así que hay un historial muy rico en las luchas socioambientales contra la megaminería. Los embates por abrir la megaminería sobre todo en Mendoza y Chubut han sido constantes y se tornaron más virulentos en los últimos años, al calor del macrismo, que buscó expandir las fronteras de explotación. Las asambleas siempre han estado muy alerta.

Lo que sucedió este diciembre de 2019 en Mendoza es un nuevo punto de inflexión. Hubo otras puebladas, como la de Famatina, en 2012; otras movilizaciones masivas, como la de Gualeguaychú, entre 2003 y 2007, pero nunca habíamos asistido al levantamiento de una provincia entera que salió a las calles, en defensa del agua, una problemática muy instalada en una provincia con escasez hídrica y algunos oasis.

Porque lo de Mendoza es algo más que un movimiento social; es la potencia de la sociedad en movimiento. Esto es algo novedoso; ocurre como con las movilizaciones de mujeres contra el patriarcado y en favor del aborto legal. Aquí asistimos a la sociedad en movimiento, que ante la imposición de la clase política (Cambiemos y Frente de todos), decidió tomar a su cargo la defensa de un bien común, cuestionando de lleno la territorialidad extractivista y colocando en el centro otras formas de valoración, en relación al cuidado del agua.

La lucha mendocina reimpulsa las movilizaciones en Chubut, que es una provincia acosada de modo recurrente por las mineras, que buscan abrir la meseta a la explotación de plomo y plata, además del uranio.

Ojalá estas movilizaciones se multipliquen y marquen un parteaguas, en un país que continúa siendo un laboratorio a cielo abierto, mientras los gobernantes hablan con liviandad del cambio climático. Siempre les digo, la crisis climática no es solo una narrativa global: si la aterrizamos en el territorio, tiene que ver con el extractivismo, esto es, con la quema de combustibles fósiles, con la deforestación, con la generación de pasivos ambientales, con la contaminación de las aguas, entre otros. Tiene que ver con el fracking, con el agronegocios, con la megaminería, con los polos industriales de contaminación…

¿Cómo ves la situación en los países vecinos de América Latina, especialmente Chile, Bolivia y Brasil?

Desde hace años, con otros colegas de la región latinoamericana, en el marco del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo (Alberto Acosta, Edgardo Lander, Esperanza Martínez, entre otrxs), y acá en Argentina con Enrique Viale, Marcelo Giraud, Horacio Machado, Lucrecia Wagner, venimos acompañando luchas y señalando que el neoextractivismo agrava las crisis en los territorios.

En Chile es la crisis hídrica, debido a la consecuencia de la minería y la privatización del agua; en Brasil y Bolivia es la expansión de la frontera del agronegocios y la ganadería para la exportación, que explica gran parte de los incendios en la Amazonía.

En realidad, lo que hemos visto en toda la región latinoamericana las últimas dos décadas es que el capital extractivo, en connivencia con los gobiernos, avanzó sobre otras formas de habitar el territorio, criminalizando comunidades y resistencias, destruyendo la biodiversidad y contaminando toda forma de vida. Los pueblos indígenas son los más perjudicados. América Latina es la región del mundo donde se asesinan más activistas ambientales (el 60 % del total a nivel mundial en 2016 y 2017) y donde el proceso de concentración de la tierra es mayor, pues éste se agravó, en favor de las grandes corporaciones.

El extractivismo: ¿es un modelo, una decisión pragmática, parte de un proyecto? ¿Cuáles son sus características y cómo se define? ¿Y el neoextractivismo?

El extractivismo recorre la memoria larga del continente y sus luchas, define un patrón de acumulación colonial, asociado al nacimiento del capitalismo moderno. Pero su actualización en el siglo XXI, trae aparejadas nuevas dimensiones, a diferentes niveles: globales (transición hegemónica, expansión de la frontera de commodities, agotamiento de los bienes naturales no renovables, crisis socioecológica de alcance planetario); regionales y nacionales (relación entre el modelo extractivo-exportador, el Estado-nación y la captación de renta extraordinaria), territoriales (ocupación intensiva del territorio, luchas eco-territoriales con participación de diferentes actores colectivos); en fin políticas (emergencia de una nueva gramática política contestataria, aumento de la violencia estatal y paraestatal).

El neoextractivismo contemporáneo puede ser caracterizado como un modelo de desarrollo insustentable basado en la sobre-explotación de bienes naturales, cada vez más escasos, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos desde el punto de vista del capital. El mismo se caracteriza por la orientación a la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), así como productos ligados al nuevo paradigma agrario (soja, palma africana, caña de azúcar).

Definido de este modo, el neoextractivismo designa algo más que las actividades consideradas tradicionalmente como extractivas, pues incluye desde la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y otras obras de infraestructura, hasta la expansión de diferentes formas de monocultivos o monoproducción, a través de la generalización del modelo de agronegocios, la sobreexplotación pesquera o los monocultivos forestales.

El método del fracking para la explotación petrolera ¿es comparable al de la megaminería?

Sí, ciertamente. Esta técnica muy riesgosa consiste en la inyección a altas presiones de agua, arena y productos químicos a las formaciones rocosas ricas en hidrocarburos, con el objetivo de incrementar la permeabilidad y, con ello, de mejorar la extracción de los mismos. Pero hay que entender el fracking de modo más general, en el marco de la ampliación de la frontera tecnológica, que permitió buscar otras formas de yacimiento de hidrocarburos, los denominados no convencionales, de extracción técnicamente más difícil, económicamente más costosa y con mayores riesgos de contaminación. Esto es lo que llamamos “energías extremas”, siguiendo la definición del Observatorio Petrolero Sur. Este concepto se refiere no solo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales.

Por ejemplo, en la actualidad, en la cuenca neuquina se produce un promedio de dos derrames por día. Uno de los derrames más impactantes fue el que se produjo en octubre de 2018 en Bandurria Sur (a 11 kilómetros de Añelo), que afectó entre 40 y 80 hectáreas, el cual estuvo 36 horas fuera de control y no fue informado por la empresa sino por los trabajadores. También en Allen, Río Negro, donde el fracking avanza entre plantaciones de peras y manzanas, entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce accidentes, entre explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, y derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras.

Junto con el aumento de la tasa de accidentes ambientales y laborales, una de las mayores preocupaciones es el incremento de la sismicidad, que afecta a la localidad de Sauzal Bonito, en Neuquén. Esto sucede en todos lados. No por casualidad la moratoria (suspensión) más reciente del fracking, la de Inglaterra, se vincula con el aumento de la sismicidad.

Por último, el nuevo ministro del ambiente, Juan Cabandié debería tomar nota de que Vaca Muerta es considerada también una potencial bomba de carbono. El fracking requiere mayor consumo de energía e incluso un mayor volumen de venteo o quema de gas durante la fase de terminación del pozo. Tanto el shale gas como el tight gas generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero que el convencional durante su etapa de producción.

Muchas veces se usa el argumento -esgrimido por igual por neoliberales y “progresistas”- de que los países periféricos no tienen otra alternativa para “desarrollarse”…

Ahí hay varias cuestiones. Lo primero, es que todavía existe en los sectores dominantes una resistencia a pensar las economías latinoamericanas o periféricas por fuera de un modelo productivista y exportador. Predomina una mirada lineal que minimiza los impactos ambientales y socioterritoriales, exagerando las ganancias económicas y la creación de empleo. Hay mucho engaño, muchos mitos, por no decir terrorismo estadístico, cuyo propósito es hacerles aceptar a las comunidades un destino extractivista.

Por otro lado, hay alternativas productivas que proponen superar el neoextractivismo, que no son consideradas ni debatidas, aunque nadie dice que será fácil hacer la transición. Se requiere abandonar la mentalidad colonial que nos convierte en meras economías adaptativas o países exportadores de naturaleza y al mismo tiempo una gran imaginación y coraje político, que vuelque la atención hacia el interior de los territorios.

¡Vean lo que pasa en Argentina con la expansión de la agroecología en los últimos 5 años! Es algo realmente increíble que en el país de la soja, la agroecología avance tan rápidamente mostrando que es posible otra forma de cultivar la tierra y producir sano. Y en no pocos casos avanza con el apoyo de los municipios, como en San Antonio de Areco…

Señalaste en su momento que “a mayor extractivismo, menor democracia”. Con lo que vimos en Mendoza en estos días, parecería irrefutable. Pero más en general: ¿Para vos cómo es esa relación?

El neoextractivismo es una ventana privilegiada para realizar una lectura en términos de crisis de la democracia, esto es, de la relación entre régimen político, democracia y respeto de los derechos humanos. Sin licencia social, sin consulta a las poblaciones, sin controles ambientales y con escasa presencia del Estado o aún con ella, la tendencia actual es la manipulación de las formas de participación popular, con el objeto de controlar las decisiones colectivas. Por otro lado, el aumento de la violencia estatal y paraestatal abre la pregunta sobre los vínculos siempre tensos entre extractivismo y derechos humanos.

La ecuación perversa entre “a más extractivismo, menos democracia” muestra el peligroso desliz hacia el cierre político, vista la creciente criminalización de las protestas socioambientales y el ya aludido incremento del asesinato de activistas ambientales en todo el mundo, muy particularmente en América Latina.

Lo novedoso es que al calor de las luchas, se vienen afirmando otros lenguajes de valoración del territorio, otros modos de construcción del vínculo con la naturaleza, otras narrativas de la madre tierra, pero también otras formas de participación democrática. Estos lenguajes se nutren de diferentes matrices político-ideológicas, de perspectivas anticapitalistas, ecologistas e indianistas, feministas y antipatriarcales, que provienen del heterogéneo mundo de las clases subalternas, y recorren el campo de las ciencias humanas y sociales, el de las ciencias de la tierra, incluso el campo del arte, asociadas a las vanguardias estéticas. Estos lenguajes construidos desde abajo constituyen los puntos de partida ineludibles en el proceso de construcción de una convivialidad democrática, de otros modos de habitar la tierra.

¿Algo más que quieras agregar?

Quisiera agregar algo más sobre lo ocurrido en Mendoza. En estos días en que las calles mendocinas rebasaron y mostraron la potencia de la sociedad en movimiento, los teléfonos ardieron y muchxs amigxs progresistas estuvieron apoyando y moviendo hilos. Y eso nos llena de alegría.

A lxs amigxs progresistas, a aquellos que todavía no se han sumado a esta lucha con quienes queremos seguir manteniendo un puente, un diálogo abierto, les decimos que se sumen a esta lucha por la vida, por la defensa de los territorios, que no toleren ni avalen que su gobierno pacte con el capital extractivo. Ya no es posible mantener como punto ciego las problemáticas ambientales en un país donde se hace fracking, donde se fumiga glifosato a gran escala, donde arrasa la megaminería. Así que a enfrentar con orgullo el 2020 y al gran pueblo mendocinx, ¡salud!

 

*Maristella Svampa es Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Actualmente es investigadora Superior del Conicet y Profesora Titular de la Universidad Nacional de La Plata. Coordina el Grupo de Estudios Críticos e interdisciplinarios sobre la Problemática Energética (www.gecipe.org) y, desde 2011, forma parte del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo.

Investiga sobre los movimientos sociales, la acción colectiva, los problemas del pensamiento crítico y la realidad latinoamericana. Con 20 libros y numerosos artículos publicados, sus últimas obras son Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking (2018) y Las fronteras del neoextractivismo en América Latina (2018).

Anexo

Información aportada por Marian Sola Álvarez

Los informes del Ministerio de Energía y Minería (2016) señalan que son 435 los prospectos mineros existentes, encontrándose la mayoría de ellos (82 %) en la etapa inicial del ciclo minero. Según el documento oficial, el 9.5 % de los proyectos se ubica en las fases de factibilidad y operación, y son alrededor de 20 los proyectos en estado de exploración avanzada.Los principales proyectos de minería metalífera a cielo abierto en funcionamiento son alrededor de 10, entre estos se encuentran [2]:a) los proyectos que inauguraron la megaminería en el país, Minera Bajo la Alumbrera (1997-Catamarca), Cerro Vanguardia (1998-Santa Cruz) y Veladero (2005-San Juan);
b) los proyectos que fueron reconvertidos a la modalidad cielo abierto y a gran escala, Mina Aguilar y Mina Pirquitas, en la provincia de Jujuy. Estos proyectos datan de los años ´30, pero en la primera década del 2000 fueron adquiridos por empresas mineras canadienses para prolongar su explotación;
c) los proyectos mineros que se expandieron a partir del año 2005, en algunos casos, estos proyectos combinan técnicas de explotación a cielo abierto con técnicas subterráneas, tal es el caso de Casposo y Gualcamayo, ambos situados en la provincia de San Juan.

Principales proyectos de minería metalífera en funcionamiento en Argentina [1]

 

Según un informe de la Subsecretaría de Planificación Económica (2016), en el año 2014, el 50 % del valor de la actividad minera fue aportado por los metales; entre ellos, solo cuatro concentran el 46 % del valor de la minería nacional: oro, cobre, plata y molibdeno. En términos de volumen, el cobre es el mineral más extraído, siendo Minera Alumbrera la empresa que mayor tonelaje aporta. No obstante, el oro fue ganando participación en la última década, desplazando al cobre del primer lugar. En gran medida esto se relaciona con la actividad del proyecto Veladero, que en el año 2017 extrajo aproximadamente el doble de oro que los proyectos Cerro Negro, Cerro Vanguardia y Alumbrera (Ministerio de Energía y Minería, 2017). Argentina se inserta en la cadena global como proveedora de mineral en bruto, con escaso nivel de procesamiento. De esta forma, el mineral de cobre, oro y plata extraído en el país es enviado al mercado externo en forma de concentrado o metal doré para su posterior refinación e industrialización.

 

[1] Las fuentes consultadas para obtener la información fueron los siguientes sitios web: http://www.mineria.gob.ar ; Ministerio de Minería de San Juan, http://mineria.sanjuan.gov.ar/, Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) www.caem.com.ar; El inversor Energético y Minero http://www.inversorenergetico.com.ar, http://www.latinomineria.com/ y http://panorama-minero.com/.

 

En Misiones, la actividad hegemónica del sector foresto industrial provoca la pérdida de biodiversidad, contaminación y erosión de los suelos. Pero al mismo tiempo, el sector campesino y las comunidades indígenas desarrollan una economía muy diversificada para el autoconsumo y el mercado como el tabaco, granos, yerba mate, té, mandioca, ganadería vacuna, granja, hortalizas, frutas entre otras.

En Misiones se juntan, de forma paradigmática, el centro de un complejo escenario regional y una extraordinaria diversidad de semillas criollas, en una zona de triple frontera que comparte un ecosistema productivo con Paraguay y Brasil.

Las semillas han traspasado las fronteras políticas, como práctica habitual de las comunidades indígenas y campesinas, que favorece la diversidad de sus cultivos. Estas prácticas cuestionan profundamente los marcos legales de los Estados para el control de las semillas. La biodiversidad es patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Está en manos de los #GuardianesDeSemillas

1. ÑANGAREKOA KUERY MA’ÊTÝRÃRE (GUARDIANES DE SEMILLAS): PUEBLOS DEL MAIZ

Para la defensa de la biodiversidad en #Misiones, la preservación y rescate de las semillas guaraníes tiene una importancia central. Las comunidades no sólo sufren persecución, sino también desalojos, la deforestación de su selva, y muchas han perdido sus semillas nativas. Para estos pueblos las semillas son mucho más que un recurso productivo: son Pueblos del Maiz. Conforman una unidad con su identidad, sus cuerpos y sus modos de vida. Las semillas son parte constitutiva del Teko porã jaguata javy yvy marãe’ỹápy (Buen Vivir hacia la Tierra sin Males). Si se pierden las semillas, desaparecen la cultura y las comunidades.

Defenderlas, es defender la vida de todos.

2. Sembrando Autonomía // UnidosRuta20 

Sin semillas no hay producción de alimentos. Desde tiempos ancestrales y en todo el planeta, millones de familias y comunidades agrícolas #GuardianesDeSemillas han trabajado para criar y cuidar miles de variedades de cultivos. Las semillas nativas son un “patrimonio” heredado dentro de las familias campesinas, y circulan en las comunidades generación tras generación. Estos procesos productivos, sociales y culturales asociados a las semillas propias han dotado al mundo campesino de la posibilidad de mantener espacios de autonomía y resistirse a ser controlado por las multinacionales. En 2019 Misiones fue declarada “Capital Nacional de la Biodiversidad”, y paradójicamente, este mismo año comenzó a implementarse el Plan Maizar, que busca incorporar 235.000 ha al cultivo de maíz transgénico. Un salto gigantesco que se basa en una contradicción: la propuesta de una agricultura familiar basada en el “agronegocio”. Los transgénicos atacan directamente a la agrobiodiversidad local, forman parte de paquetes tecnológicos basados en plaguicidas que envenenan el suelo, el agua y el aire, poniendo en riesgo la salud y la vida de los animales. de las plantas y de las personas. Pero fundamentalmente, son el instrumento estratégico del gran capital para apropiarse y controlar la producción de alimentos.

Cuidemos la semilla criolla y nativa: sembremos autonomía.

3. Cosechando Libertad – cooperativa PIP-UTT (misiones)

Las semillas son patrimonio de la comunidad al servicio de la humanidad. Organizaciones campesinas en todo el mundo se oponen a la propiedad intelectual y a toda forma de despojo y apropiación de la vida – como el patentamiento y la manipulación genética (transgénicos) – con tecnologías controladas por las grandes multinacionales del agronegocio. Mujeres y hombres del campo viven y se educan en una ética basada en conservar, cuidar, sembrar, compartir y celebrar las semillas, que son un don colectivo y como tal, no son propiedad privada ni monopolio de nadie. Las semillas hacen posible el sustento y la soberanía de la comunidad. Por ello, la agrobiodiversidad y el conocimiento asociado es parte fundamental e insustituible de la soberanía alimentaria. Y luchamos por defenderlas, como luchamos por la tierra, por el agua, por la vida. Es una sola la lucha por el territorio.

Cuidemos la semilla criolla y nativa. Sembremos autonomía, cosechemos libertad

***El registro de estas imágenes se realizó en el marco de un proyecto colectivo entre la Fundación Rosa Luxemburgo y la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM) con la intención de rescatar el sentido político de las acciones colectivas de resguardo e intercambio de semillas que vienen sucediendo en Misiones desde hace más de 20 años. Reforzamos la importancia de visibilizar y difundir todas experiencias que día a día, construyen soberanía sobre nuestras semillas.

Con la expansión del complejo del agronegocio hacia el campo de la agroenergía y la producción de biomasa, las disputas sindicales, territoriales y ambientales tanto a nivel local como global se reformulan con nuevos y viejos actores. ¿Qué estrategias de carácter clasista y popular podemos esgrimir frente a los desafíos de la nueva matriz energética e industrial basada en commodities agrícolas?

Estas preguntas (y muchas otras) convocaron el 18.07.2019 a un grupo de delegadxs sindicales de distintas ramas de la industria aceitera y de la caña, grupos de investigación y compañeros de organizaciones del campo, en la perspectiva de analizar los desafíos que nos plantea el proceso de innovación tecnológica que trae aparejada la introducción de los agrocombustibles, que incluye tanto procesos de automatización y digitalización en la producción rural e industrial, como formas de descentralización de la producción y el acopio, y los tipos de afectaciones a los derechos laborales, a la salud, etc. que aparecen como resultado de estos cambios.

1. ¿Qué son los agrocombustibles? – Virginia Toledo del Grupo Ecología Política INDES/UNSE/Conicet explica que son los agrocompustibles y su importancia reciente para la matriz energética, así como también las injusticias socio-ambientales desplegadas en su desarrollo.

2. Agronegocio el modelo detras de los agrocombustibles – Carla Gras del Programa de Estudios Rurales y Globalización UNSAM / Conicet, detalla las dinámicas y estrategias de los actores empresarios del agronegocio, destacando pilares como la financiarización y la utilización de biotecnologías.

3. Condiciones de trabajo en la producción de agrocombustibles – Martín Olivera del Sindicato de Trabajadores Azucareros del Ingenio San Martín del Tabacal, explica las condiciones de trabajo en la producción de bioetanol y los desafíos grandes que están atravesando, donde hoy enfrentan una reducción de los puestos de trabajo como también un incremento del monocultivo cañero.

4. Luchas por la salud y alianzas intersectoriales – Marco Pozzi de la Federación Aceitera comparte su análisis sobre las condiciones de riesgo a la salud en el seno del agronegocio, estrategías de lucha sindical y la necesidad de alianzas intersectoriales.

Santiago de Chile, 6 de diciembre 2019 (Ecocéanos News).-  Francisca Fernández Droguett, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), conversó con Ecocéanos News sobre las demandas y desafíos del espacio en el marco de proceso constituyente en Chile.

El MAT ha demostrado gran capacidad de articulación y movilización de territorios a nivel nacional por la deprivatización del agua y para que el Estado garantice este vital recurso como un derecho humano.

El movimiento nace en 2013 y se define como antiextractivista y anticapitalista, con carácter plurinacional. Está constituido por organizaciones de Arica a Punta Arenas: comunidades indígenas, juntas de vecinos, organizaciones territoriales, ecologistas, de mujeres y feministas, estudiantiles, colectivos culturales, políticos, sociales, ONG’s, asociaciones de agua potable rural, entre otras.

En su declaración de principios, el MAT reafirma que mediante la lucha mancomunada y articulada contra los grandes poderes económicos y políticos, será posible recuperar los bienes comunes naturales y avanzar hacia una relación no-destructiva con los ecosistemas. «Ante la continua ofensiva de la colusión entre los grandes capitales y el Estado, es necesario que nos articulemos bajo un espíritu y un proyecto común que devuelva los bienes comunes a nuestras comunidades y ecosistemas para que éstas los gestionen colectivamente de la manera más adecuada a las particularidades de su territorio».

Bajo el actual escenario político y social en Chile, el MAT plantea como fundamental seguir levantando las demandas por la desprivatización del agua, y las alternativas que permitan transitar hacia un post extractivismo.

 

La experiencia de los Cabildos por el Agua

En enero de este año, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) definió como prioridad hacer algún tipo de ejercicio para analizar las distintas visiones de la gestión comunitaria del agua en diversos territorios.

En el VII Encuentro Plurinacional por el Agua y los Territorios, realizado el 23 y 24 de marzo, en Rangue, Paine, se trabajó en la elaboración de una agenda de trabajo y movilización conjunta, y en la visibilización de la situación de escasez hídrica de la cuenca de Aculeo, territorio que se encuentra en una profunda crisis socioambiental debido al acaparamiento y desvíos de las aguas por parte de las haciendas y empresas vinculadas a la gran agricultura de exportación.

En dicho encuentro se decidió generar los Cabildos por el Agua. Así lo relata Francisca Fernández, integrante del MAT, quien precisa que los objetivos de los Cabildos fueron diagnosticar la actual situación del agua en los territorios, identificar las figuras privatizadoras, las empresas extractivas vinculadas a su usurpación, el despojo, y los niveles del derecho de aprovechamiento de agua. Para luego proponer una gestión comunitaria de este bien natural, que derivara -a partir de esta experiencia- en una suerte de decálogo de la gestión comunitaria del agua en Chile.

“Su finalidad radica en que, desde el 2013, hemos planteado que la única posibilidad real de hacer un cambio estructural respecto a la gestión del agua es a través de la derogación del Código de Aguas, vía Asamblea Constituyente. Nunca pensamos que esta reflexión iba a ser posible tan pronto. El decálogo sería presentado en la Cumbre de los Pueblos, que se realizaría en diciembre a la par de la COP25 en Chile”, asegura Francisca Fernández.

A partir del estallido social en Chile -admiten- que fueron superadas las expectativas del MAT. Si bien continúa trabajando en los Cabildos por el Agua, siendo más de 50 los desarrollados este año de Arica a Magallanes, ha debido incorporar nuevos elementos, a partir de la coyuntura, centrados en cómo pensar la derogación del Código de Aguas, a través de una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.

También ha logrado instalar estas temáticas en las Asambleas Territoriales y en otros Cabildos. “Como MAT nos posicionamos como anticapitalistas, anti-extractivistas, siendo necesario denunciar el capitalismo verde y el feminismo funcional, señalando que la alternativa al extractivismo es posible, desde las economías locales, territoriales y solidarias”, dice su declaración.

La capacidad de incidir a nivel político

Para Francisca Fernández es posible la incidencia política en este proceso constituyente. “Esa es la idea, incidir. Es fundamental en este proceso de Asamblea Constituyente, que solo la entendemos como Plurinacional y Paritaria, que una de las indicaciones a incorporar sea que el agua se reconozca como un derecho humano, que implique derogar el Código de Aguas, que si bien establece que es un bien de uso público, la forma de otorgarlo es a través del derecho de aprovechamiento, que finalmente crea el mercado del agua”.

La integrante del MAT agrega que es posible una incidencia concreta porque están pensando cuáles debieran ser las características de la gestión del agua: «Primero su reconocimiento constitucional como derecho humano y por otro lado surge una apuesta, que es más riesgosa, cuál es entender el agua en sí misma como sujeto de derecho, desde la matriz de reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho».

Experiencias constituyentes y los Derechos de la Naturaleza

Países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, India, Nueva Zelandia y Suecia ya han incluido Derechos a la Naturaleza en diferentes marcos legales, siendo Ecuador el país que ya ha reconocido Derechos a la Naturaleza en su Constitución, tales como respecto a su existencia, ciclos de vida, estructura, funciones, procesos evolutivos y restauración.

Esta semana en la Cumbre de Los Pueblos se realizó el Foro: “Experiencias Latinoamericanas de Asambleas Constituyentes y Derechos de la Naturaleza”, en la Universidad de Santiago, donde Francisca Fernández participó como panelistas, junto a representantes de Bolivia, Ecuador y Uruguay.

“La experiencia de los países Andinos es un gran insumo para elaborar una propuesta constitucional desde la lucha socioambiental. Solo la Constitución ecuatoriana reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, en cambio en la boliviana encontramos una serie de artículos que hacen referencia al respeto de la madre tierra”, asevera Francisca Fernández.

La Constitución de Ecuador, en su Art. 71, indica que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos».

La académica y activista advierte que tal cambio constitucional “no garantiza el término de las prácticas extractivistas por parte de los Estados. Ecuador y Bolivia también tienen complejidades porque el modelo extractivista ha seguido vigente”.

EL MAT además de las diversas actividades organizadas, junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), en la Cumbre de los Pueblos, participó en el  5.º Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza presentando el caso «Privatización del agua en Chile».

Las exigencias mínimas que no se transan en el proceso constituyente: Plurinacional y Paritaria

La demanda del MAT y del movimiento social chileno en general es la realización de una Asamblea Constituyente y no otra figura, como la Convención Constitucional, que propuso el Gobierno.

Tal Asamblea Constituyente -afirma Fernández- debe incorporar el enfoque Plurinacional, entendiendo que existen distintos pueblos, comunidades y territorios que deben ser partícipes en este proceso: pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes.; además de ser Paritaria. «En la gestación de una Asamblea Constituyente, la elección de las y los constituyentes, no puede pasar por el sistema partidista, porque de ser así nos vamos a encontrar con una sobrerepresentación de los partidos políticos», precisa la integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios.

En este proceso, el MAT ha tratado de instalar otras figuras posibles que den cuenta de la independencia y la realidad territorial diversa de los distintos pueblos. En este marco de violencia estructural, de represión ante las manifestaciones sociales, resulta aún más complejo. “Visibilizar las violaciones a los derechos humanos es un criterio que estamos estableciendo y por otra parte el garantizar mecanismos democráticos en la forma de gestación de la Asamblea Plurinacional Feminista Paritaria”.

Entre los grandes desafíos, Francisca Fernández menciona el interpelar a instancias como Unidad Social, donde el MAT participa, con dificultades -reconoce- para posicionar estas lecturas; además de intentar incidir en la agenda de la política pública, no siendo un camino fácil. Añade que para tales objetivos, surgen dos vías: continuar participando en los Cabildos y en las Asambleas Autoconvocadas, y seguir movilizados en la calle

Por Pablo Bruetman de la Revista Cítrica

Si más del 45% de gases con efecto invernadero provienen de la cadena de la agricultura industrial, fundamentalmente por la gran cantidad de combustible que se utiliza en el transporte de alimentos, ¿por qué cuando hablamos de combatir el cambio climático no hablamos de soberanía alimentaria?

El secreto está en la comida. La solución está en la comida. A Rosalia Pellegrini, integrante fundadora de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) le pasa cada vez más seguido. “Hace años que venimos batallando contra el cambio climático y diciendo que hay que pasar del discurso a la acción y ustedes ya lo estaban haciendo”. En la Argentina, en el territorio de Vaca Muerta, en el país invadido por los transgénicos y los agrotóxicos, en el de las rutas saturadas de camiones que gastan combustibles en alimentos que se echan a perder por los grandes traslados, en el que el Estado, según el cálculo realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales- FARN-,  utiliza el 6,5% del Presupuesto en subsidios a los combustibles fósiles. Y peor aún: apenas 10% del presupuesto de Energía se dedica a otros tipos de energía. En esa misma Argentina está gran parte de la respuesta al cambio climático: la vuelta al campo, la vuelta a la agroecología, las colonias agrícolas, a producir alimento en los cordones urbanos, en los territorios en donde vive la gente. Acercar al consumidor con el producto. Romper las grandes distancias entre las cosechas y nuestras bocas.

¿Sabías que más del 45% de gases con efecto invernadero provienen de la cadena de la agricultura industrial, fundamentalmente por la gran cantidad de combustible que se utiliza en el transporte de alimentos, materias primas y todos los derivados del petróleo en el packaging, que es fundamentalmente utilizado en la cadena de distribución de los grandes hipermercados?

Entonces, ¿por qué cuando hablamos de cambio climático, por qué cuando los presidentes viajan a cumbres por el clima para elaborar medidas y tomar decisiones que eviten que la tierra se caliente dos grados y estemos todes en peligro, los y las representantes de cada país no hablan de soberanía alimentaria? ¿No saben que es la soberanía alimentaria?¿No saben que la soberanía alimentaria puede disminuir una cifra cercana al 45% de los gases de efecto invernadero?

Seguramente lo saben. Pero son los mismos dirigentes que permitieron la concentración de los alimentos no solo en pocas empresas sino también en pocos espacios geográficos. Así, un país como la Argentina, históricamente ganadero, en donde no hay motivos geográficos que no permitan acceder a la leche a escasos kilómetros de los lugares de producción, la leche se la pasa viajando por todas las rutas argentinas. Para Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, la leche es el ejemplo más claro de la agricultura industrial: “Actualmente la industria se ha concentrado. En el caso de Mastellone con La Serenísima, se trata de una gran industria que traslada miles de kilómetros a la leche, desde los tambos hasta la industria, y luego otros cientos o miles de kilómetros, ya con la leche industrializada, hasta los mercados. Esto rompe un esquema histórico en el cual antes se abastecía desde el tambo a pequeñas industrias locales, las cuales abastecían los mercados de cercanías. Ahí se podría ahorrar muchísimo combustible en transporte, y esto directamente incide en disminuir y mitigar el cambio climático».

«La soberanía alimentaria es el camino fundamental para resolver la crisis climática», asegura Carlos Vicente, integrante de Acción por la Biodiversidad y miembro de Grain. Carlos asegura lo obvio, lo que dicen los números, lo que dicen las estadísticas, lo que el agua, los territorios, el sol y toda la naturaleza nos dan amanecer tras amanecer. Tan obvio y tan visible es que tuvieron que invisibilizarlo. Con millones de dólares, con comestibles ultraprocesados, con miles de segundos de publicidades en todos los países, con productos de etiquetas coloridas y marketineras. Y fundamentalmente con un mito (o mejor dicho con un verso): que -como la población mundial creció mucho- la única manera de alimentarla es produciendo comida a gran escala y con agrotóxicos en lugares casi deshabitados para luego trasladarla hacia los centros urbanos. ¿Qué dicen los números?¿Qué dicen las estadísticas? Según el informe Quién Nos Alimentará del ETC Group, un tercio de la producción total de la cadena agroindustrial se desperdicia debido a los largos traslados y la mala distribución. Son 2.49 billones de dólares gastados en chatarra que ni siquiera sirven para disimular el hambre de los sectores más necesitados. ¿Entonces por qué nos dicen que necesitan de transgénicos y “fitosanitarios” para producir más y terminar con el hambre en el mundo cuando con lo que producen ya sobra?¿No será que la comida que producen no sirve, que es antinatural y contaminante?

“Nos enseñaron a alimentarnos en base a una pauta alimentaria que corresponde al mercado y negocio de unos pocos y que genera una irracionalidad de transporte de alimentos”, explica Rosalia. “Claro que el sistema agroindustrial no funciona, no solo no ayuda a terminar con el hambre sino que trae y traerá más hambre en el futuro porque genera un daño ambiental irreparable: el tomate que compramos en los supermercados se cosecha hoy totalmente verde para que madure en una cámara. Se gasta combustible y se gasta energía que es escasa. Ese tomate que se siembra en Argentina se define a miles y miles de kilómetros atravesando el mar y no tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro territorio ni con las comunidades que lo habitan, ni con nuestras costumbres alimenticias. Sin embargo el tomate ese es hoy un tomate hegemónico”.

Ese tomate hegemónico es el ejemplo más claro de tomate que no se come, que se desperdicia y contamina: en octubre de 2016 los productores del departamento correntino de Santa Lucía decidieron directamente regalar toneladas de tomates antes de que se desperdicien. Cobraban un peso el kilo en la zona de producción e invertían 9 pesos en logística. La dificultad no estaba en producir sino en llegar a los consumidores. “Es increíble no sólo lo que estamos perdiendo, sino lo que ganan los supermercados y lo que le roban al consumidor”, declaró por entonces el presidente de la Asociación de Horticultores, Pablo Blanco.

Peor es lo que pasa con el tomate que se conoce como industrial, aquel que se utiliza para hacer salsas y ketchup. A pesar del tomate que se producen en el país, el tomate industrial se importa desde Asia y Europa. «El 50% del tomate triturado concentrado que se comercializa en Argentina es importado. El grueso que viene de Italia, y se puede comparar al calcular cuánto combustible gasta -en avión y camión- una botella o un extracto que viene de allá, frente a uno que se comercialice a menos de 50 kilómetros de donde se produce», detalla Montón.

Pero si hay un tomate hegemónico debe de haber uno también que no lo es. Lo inmensamente extraño es que el tomate no hegemónico sea el tomate de verdad: el que tiene sabor y valor. El valor de no contaminar con camiones de largas distancias que funcionan a base de petróleo ni con la refrigeración de esos productos que generar un gasto innecesario de gas. Y tiene sabor. Por eso en la ciudad de Gualeguaychú, donde a través de un Programa municipal para Alimentos Sanos y Soberanos (PASS), que da la posibilidad a las familias campesinas que trabajan la agroecología de acercar sus productos a los lugares de consumo, los tomates reales se agoten todos los sábados.

La creación de colonias agrícolas y el fomento de las ya existentes podría ser una de las principales políticas de Estado para cumplir con las metas de reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero comprometidas en el Acuerdo de París.

En la localidad bonaerense de Mercedes se está construyendo una colonia agrícola. Será de producción, distribución y comercialización. Se producirá alimento agroecológico. No necesitará más transporte que el que haga el consumidor o la consumidora hasta su hogar. No utiliza combustibles fósiles. No emite gases de efecto invernadero. Por eso decimos que una respuesta al cambio climático es alimentarnos a través de colonias agrícolas. En la actualidad, tanto los distribuidores de Mercedes como de las localidades cercanas como Junín, Chivilcoy y Bragado se trasladan más de 100 kilómetros hasta el Mercado Central. «Tenemos como objetivo hacer que funcione un puesto mayorista, un mercado concentrador en el que nucleemos a todos los compradores de aquí, de la zona de Mercedes, los verduleros, los vecinos; y también de los pueblos aledaños. Hoy en día los productores mercedinos tienen que llevar su producción a vender a los mercados alejados del pueblo. Queremos cambiar eso”, se entusiasma Rolando Ortega, productor de la zona. Quiere producir en Mercedes y para Mercedes. Todavía falta mucho para el objetivo pero el camino ya está iniciado: el municipio les cedió en comodato un campo lleno de monte a cambio de que lo cultiven en forma agroecológica. Y la familia de Máximo producirá berenjenas, zapallitos y, por supuesto, tomate. Otras familias se dedicarán a los frutales. “Acá en Mercedes es la Fiesta Nacional del Durazno pero ya casi no se produce. Queremos recuperar eso”. Duraznos y tomates que no se pudren viajando kilómetros y ayudan realmente en la mitigación a la crisis climática.

Otro caso de colonia agrícola que otorga soberanía alimentaria a una región y combate de esa forma la combustión de combustibles fósiles es la que tiene la organización de Productores Independientes de Piray en la provincia de Misiones. En 2013 consiguieron una ley provincial que les otorga tierras. Mejor dicho se las devuelve: se las expropia a Alto Paraná S.A. (APSA), una empresa forestal que tiene el 70% de las tierras de la zona. La ley les da 600 hectáreas, por ahora solo pudieron recuperar 166. Se las distribuyeron de la siguiente manera: una hectárea por familia para el autoconsumo y el resto se trabaja de forma cooperativa y se comercializa. Los alimentos y productos agroecológicos tienen destino alrededor de los pueblos cercanos como El Dorado, Puerto Piray y Montecarlo.

Cerca. Bien cerca están las colonias agrícolas de los sitios en donde se consume su producción. Uno de los tantos problemas de la agricultura industrial está en el gran trayecto que hay desde el campo hasta el plato. Según datos del informe “Alimentos y cambio climático: el eslabón olvidado”, publicado por Grain, la agricultura es responsable de entre 44% y 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero surgidas del consumo de combustibles fósiles. Se espera que las emisiones de la agricultura se incrementen en 35% hacia 2050, aun cuando se hagan recortes masivos de emisiones. Puesto que la cadena agroindustrial controla más del 75% de las tierras de cultivo, y que para la cría de ganado emplea la mayoría de la maquinaria agrícola, de los fertilizantes y plaguicidas y produce la mayor parte de la carne, es justo estimar que la cadena agroindustrial es responsable entonces de entre 85% y 90% de todas las emisiones provenientes de la agricultura, cálculo que incluye a los barcos pesqueros que reciben subsidios para combustible y que liberan mil millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, mientras que navíos menores pueden capturar la misma cantidad de pescado con una quinta parte del combustible. Entonces la pregunta es ¿Cómo piensan cumplir las metas del acuerdo de París sin darle prioridad a la soberanía alimentaria?

“El principal responsable del cambio climático es el sistema agroalimentario industrial, donde se incluye la quema del combustible fósil, pero también otras emisiones de gases de efecto invernadero como -por ejemplo- el gas metano, que se produce en la cría industrial de ganado, y el que surge de las enormes montañas de desperdicios de alimentos que se producen”, remarca Carlos Vicente.

Diego Montón agrega otras formas menos convencionales de consumo de combustibles fósiles en el modelo de producción de alimentos hoy dominante: «El combustible para las grandes maquinarias y la mayoría de los fertilizantes y agrotóxicos son derivados de hidrocarburos y del petróleo. Además para la elaboración e industrialización de agroquímicos también se utiliza una gran cantidad de derivados de hidrocarburos. Así como también para el packaging en donde van los alimentos en los supermercados. El sistema agroalimentario industrial es responsable de las principales crisis que se están viviendo a nivel global. Es decir: la crisis alimentaria, no sólo por hambre sino también por sobrepeso y obesidad; la crisis por pérdida de biodiversidad; la crisis por la destrucción de los suelos; la crisis que está provocando el uso excesivo de agrotóxicos; y también la crisis climática. Es muy clara la situación, y están todas las cifras disponibles para demostrar esta realidad».

Para los dos, para Vicente y Montón, la respuesta al cambio climático es dejar de hacer lo que lo ocasionó: el “alimento” agroindustrial. Volver al alimento que alimenta. Al que la tierra necesita. «La soberanía alimentaria —es decir, la producción local sin transportar alimentos durante miles de kilómetros; producir sin destruir los suelos que son el primer reservorio de carbono que tenemos en el mundo además de los bosques; sin destruir los bosques; produciendo de manera agroecológica con base campesina centrada en producir alimentos para los pueblos y no para las grandes corporaciones; no utilizando insumos químicos que consumen combustibles no renovables para producirse; reciclar la materia orgánica que proviene del estiércol de los animales, que es uno de los grandes alimentos para los suelos— es el camino fundamental para resolver la crisis climática», propone Carlos Vicente.

 

«Exigiremos una actuación inmediata, audaz, impulsada por las personas y respetuosa con los derechos humanos de magnitud sin precedentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger así a las personas, los ecosistemas y la biodiversidad frente al colapso climático. Esta actuación requiere una transformación de nuestros sistemas económicos, sociales y políticos para abordar las desigualdades existentes en todos los aspectos de la vida, que incluye la distribución equitativa de los recursos, en particular mediante la reducción del consumo innecesario por grupos privilegiados».

Para lograr justicia climática, quienes firmamos esta declaración acordamos lo siguiente:

1. Intensificaremos nuestros esfuerzos para que los derechos humanos ocupen un lugar primordial en el activismo climático. Lo haremos siguiendo el ejemplo de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, personas que viven en la pobreza, personas con discapacidad, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería, comunidades locales, personas trabajadoras y otros grupos afectados de manera desproporcionada que lideran la lucha contra las actividades que destruyen el planeta y en favor de la justicia climática.

2. Exigiremos una actuación inmediata, audaz, impulsada por las personas y respetuosa con los derechos humanos de magnitud sin precedentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger así a las personas, los ecosistemas y la biodiversidad frente al colapso climático. Esta actuación requiere una transformación de nuestros sistemas económicos, sociales y políticos para abordar las desigualdades existentes en todos los aspectos de la vida, que incluye la distribución equitativa de los recursos, en particular mediante la reducción del consumo innecesario por grupos privilegiados. Es fundamental que logremos una importante y rápida reducción de las emisiones globales y un futuro sin combustibles fósiles para limitar el aumento de la temperatura lo más posible, y en todo caso a 1,5 °C como máximo, pues los actuales niveles de calentamiento ya están causando violaciones de derechos humanos.

3. Exigiremos que todas las políticas, medidas y acciones climáticas de los gobiernos respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos, incluido el derecho de las personas a ser plenamente informadas y empoderadas para participar de forma significativa en la toma de decisiones relacionadas con el clima, y que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Nos opondremos a toda política o acción destinada a combatir el cambio climático o a facilitar la adaptación climática que sacrifique los derechos humanos, o que tenga como resultado el agravamiento de las desigualdades, el empobrecimiento, el hambre, la desposesión y la exclusión económica, social y política.

4. Incrementaremos la presión sobre los países y empresas con mayor responsabilidad en el cambio climático y con más recursos. Exigimos que todos los países establezcan y cumplan con urgencia objetivos de reducción de las emisiones basados en datos científicos y compatibles con la protección de los derechos humanos, ajustándose a los plazos para su cumplimiento o adelantándose a ellos. Nos opondremos a los intentos de trasladar la carga y la responsabilidad que conlleva esta transformación de los países con elevadas emisiones a aquellos que tienen menos recursos y un historial de emisiones más bajo, y de empresas y grupos privilegiados a grupos menos privilegiados. Obligaremos a quienes tienen más responsabilidad en la crisis a reconocer sus propios actos y tomar medidas en consecuencia.

5. Instaremos a los Estados con más recursos y responsabilidad en el cambio climático a proporcionar los medios económicos y tecnológicos necesarios a los países del Sur global para facilitar sus ambiciosos planes de mitigación del cambio climático y adaptación a él. Exigimos que esos Estados también proporcionen los medios adecuados —indemnizaciones incluidas— a las comunidades y particulares afectados para hacer frente a las pérdidas y los daños causados por la crisis climática, consultándolos siempre y respetando sus costumbres y derechos individuales y colectivos. Fomentaremos la transparencia y el uso adecuado de esos recursos y nos opondremos a la creación de cargas económicas y deudas adicionales como consecuencia de este apoyo.

6. Combatiremos sin descanso el control empresarial de las políticas y las instituciones, y exigiremos rendición de cuentas a los sectores que destruyen el clima y a quienes los financian.

7. Exigiremos una transición justa, equitativa e inclusiva en el proceso de abandonar los combustibles fósiles e ir hacia una agricultura sostenible y una energía renovable que empodere a pueblos indígenas, personas trabajadoras, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería y comunidades locales, en lugar de privarlos de sus derechos. Reclamaremos medidas que garanticen que todas las personas, especialmente las que sufren discriminación, tienen acceso a educación en asuntos relacionados con el clima y a los recursos, la formación, el conocimiento y los empleos dignos que son necesarios para una transición impulsada por las personas hacia una sociedad sin emisiones de carbono y resiliente.

8. Trabajaremos para conseguir la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a sus tierras y territorios ancestrales. Reclamaremos la protección, el reconocimiento y la promoción de los conocimientos locales y tradicionales que han demostrado ser eficaces y adecuados para abordar la crisis climática y para hacer posible la transición y la resiliencia tan necesarias en nuestros sistemas de alimentación, siempre con el consentimiento de los pueblos indígenas y en su beneficio.

9. Exigiremos un acceso efectivo y adecuado a la justicia de aquellas personas y comunidades cuyos derechos se vean afectados por la crisis climática o la falta de acción climática, incluidas las afectadas por pérdidas y daños de origen climático y aquéllas cuyos derechos están amenazados debido a los desplazamientos relacionados con el clima. Trabajaremos para garantizar que pueden disfrutar del acceso a la justicia y a recursos efectivos y que se piden cuentas a los responsables de los daños relacionados con el cambio climático. Utilizaremos proactivamente los instrumentos jurídicos y órganos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos para garantizar que las obligaciones en materia de derechos humanos se respetan de manera efectiva para promover la justicia climática.

10. Apoyaremos a todos los defensores y defensoras de los derechos ambientales, en particular a quienes individual y colectivamente protegen sus territorios, su acceso a la tierra, sus medios de vida y el ambiente, y a quienes trabajan para defender a las personas y al planeta de las actividades destructivas y del colapso climático. Exigiremos un entorno seguro y propicio, en el que todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular quienes sufren formas múltiples y entrecruzadas de discriminación y desigualdad, reciban protección efectiva y puedan defender y promover los derechos humanos sin temor a castigos, represalias o actos de intimidación.

 

¿Cómo enfrentamos el cambio climático? Con sólo pensarlo nos vienen imágenes de grandes nubes, corrientes marinas, inundaciones, huracanes y sequías frente a los cuales lo que podamos hacer parece nulo. Frente a ellos no hay cartelitos con frases piolas, ni marchas que sirvan. El poder responsable de esta crisis también se ha encargado de eso: de ponernos la cancha lejos…

En Madrid empieza la 25° Conferencia de las Partes o COP25 que es el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En ella, los gobiernos debaten y se plantean medidas para mitigar los efectos de la crisis climática derivados de la acción humana… y hasta ahora han fracasado rotundamente.

Mientras las emisiones de gases de efecto invernadero no han parado de crecer, las lógicas que sustentan los modelos de “desarrollo económico” responsables de esta crisis gozan de buena salud. Aún más, las “soluciones” que se plantean “por arriba” parten de las mismas lógicas que nos llevan al abismo. Si “cada crisis es una oportunidad” el capital ha sabido aprovechar cada una, y en este caso no es distinto: geoingeniería, bonos de carbono, etc. Los nuevos negocios del capital con la crisis climática que generó.

Pero por abajo los pueblos no sólo somos los que sufrimos con más crudeza los efectos del cambio climático, sino que hemos ido instalando el debate sobre sus verdaderas causas y construimos alternativas que abren horizontes nuevos para todos y todas.

Aprovechando el inicio de la COP25 conversamos con compañeros y compañeras sobre distintos aspectos de un problema complejo, pero con causas y soluciones mucho más cerca de lo que parece.

#COP25 | Conversamos con Carlos Vicente – GRAIN y Acción por la Biodiversidad

Mientras las evidencias del cambio climático son cada vez más contundentes y se reconocen niveles de emisiones que lejos de disminuir aumentan…

Huerquen: ¿Qué rol tiene la agricultura industrial en la emisión de gases de efecto invernadero?

Carlos Vicente: Nosotros hacemos el análisis contemplando todo el sistema agroalimentario industrial que es más amplio que la agricultura industrial; que va desde la producción en los campos y la deforestación hasta lo que significa el transporte de los alimentos por el mundo: la refrigeración, la enorme cantidad de los alimentos que se tira (el 30% del total), lo que son las cadenas de frío para llevar la carne del otro lado del mundo, lo que significa las grandes procesadoras de alimentos y toda la energía para que ellas consumen; lo que significan las grandes cadenas de supermercados y todo el consumo de energía y de combustibles fósiles que ellas tienen para empaquetar los alimentos y vendérnoslos con formas comercializables aptas para la vista y no para la alimentación.

También de todo lo que significa la cadena industrial ganadera que implica enormes emisiones de gas metano. Lo que significa la industria de los fertilizantes que se consumen en millones de toneladas y que implica la emisión por el sobre uso de gases como óxido nitroso. Tanto este como el metano que son mucho más potentes como gases de efecto invernadero que el dióxido de carbono.

Estos tres son los gases de efecto invernadero más importantes, y nuestros estudios demuestran que la mitad de las emisiones de estos tres gases, provienen del sistema agroalimentario industrial. Entonces no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando del principal factor. Porque uno siempre vincula a la emisión de gases de efecto invernadero con los autos o con las fábricas, que por supuesto son importantes, pero nunca miramos al sistema agroalimentario industrial como el principal responsable: En nuestras investigaciones entre el 44 y el 57% de los gases de efecto invernadero provienen del sistema agroalimentario industrial. Y uno de los grandes afectados por el avance de la agricultura y la ganadería industrial son los ecosistemas más frágiles, por ejemplo los incendios en el Amazonas de los últimos meses. Justamente hablamos de incendios intencionales que se produjeron incitados por el mismo Bolsonaro para que pudiera avanzar la frontera agrícola. Estamos hablando, literalmente, de quemar el planeta.

Nosotros desde hace más de 10 años que venimos denunciando la enorme emisión de gases de efecto invernadero por el sistema agroalimentario industrial. Ahora el IPCC en su informe para esta COP, pone en el centro del debate la emisión de gases de efecto invernadero a partir de la agricultura industrial, a partir de la destrucción de los bosques, a partir de la destrucción de los suelos que son uno de los grandes afectados por este modelo de agricultura. Además de los bosques, el suelo es el principal captador de carbono ya que los suelos son organismos vivos. En cada gramo de suelo hay millones de microorganismos y esos millones de microorganismos son los que procesan la materia orgánica que cae y fijan nitrógeno. Cuidar el suelo es uno de los grandes desafíos a futuro.

Hqn: Mientras las corporaciones apellidan “sustentable” a todo lo que hacen y toda su propaganda es en la gama de los verdes. Distintas voces de la agroindustria empiezan a hablar (de nuevo) del mercado de bonos de carbono. Brevemente ¿de qué se trata?

CV: Bueno, las organizaciones sociales desde hace décadas… ya en 1992 denunciábamos el maquillaje verde de las corporaciones planteando que había todo un discurso “ambiental” y “sustentable”. Me acuerdo que en aquel momento había un periódico que salía cada día en la ECO´92 en el cual Leonardo Boff en un reportaje decía “no queremos desarrollo sustentable, queremos una sociedad sustentable”; en ese momento se necesitaba romper con el mito del desarrollo, y hoy en día también la “sustentabilidad” ha caído en las manos de las corporaciones y en la realización de negocios. Quizá el Convenio de Cambio Climático es de los principales afectados por esta mercantilización total de las ”alternativas” a la crisis climática y al hecho de que lo único que buscan las corporaciones con la complicidad de los gobiernos es realizar nuevos “negocios verdes”. Ahí nace lo de la “economía verde”, nace todo este tema de los bonos de carbono, nacen todas las falsas soluciones tecnológicas como son la “agricultura climáticamente inteligente” o la geoingeniería como respuestas a la crisis climática. En todos los casos de lo único que se trata es de negocios y de ninguna manera se va responder de fondo a los verdaderos desafíos que tenemos enfrente.

Los bonos de carbono simplemente son mecanismos para compensar la emisión de gases de efecto invernadero en alguna parte del mundo, de industrias contaminantes, con la protección de bosques o cultivo de árboles en el sur de manera de ponerle un precio a la captura de carbono y se hacen negocios. Con ellos alguien puede seguir contaminando mientras supuestamente se captura carbono en otra parte del mundo. El mecanismo más perverso de todo este sistema implica lo que acá viene difundiendo Aapresid (asociación de productores en siembra directa) que pretende cobrar bonos por la supuesta captura de carbono que significa a siembra directa. Simplemente negocios, falsas soluciones y la sustentabilidad del poder corporativo.

Hqn: ¿Por qué desde GRAIN y La Vía Campesina dicen “nosotros y nosotras podemos enfriar el planeta”?

CV: Bueno la afirmación de “juntos y juntas podemos enfriar el planeta” nace en primer lugar de una declaración y un convencimiento de las organizaciones campesinas de que ellas tienen la solución para responder a la crisis climática a partir de la agricultura campesina, a partir de la producción agroecológica de base campesina. Cuidar los ecosistemas, promover mercados locales, hacer una agricultura y cuidar los suelos manteniendo el carbono ahí. Nosotros desde GRAIN lo que hicimos fue simplemente investigar qué es lo que pasaba en números concretos y las conclusiones fueron contundente. Es muy claro que cuidando el suelo, que haciendo prácticas agroecológicas que convivan y coexistan con la biodiversidad, fomentando mercados locales, se puede hacer agricultura y producir alimentos para todos sin destruir el clima.

Nosotros en algunos de los cálculos que hicimos veíamos que simplemente el cuidado del suelo, el volver a recuperar el carbono en el suelo durante los próximos 30 años, podría absorber el 50% de los gases de efecto invernadero que están en exceso en la naturaleza. Pero bueno, para eso es muy claro que hacen falta políticas que apunten en esa dirección: hace falta una redistribución global de las tierras y hace falta cuestionar todas las falsas soluciones que hoy se están imponiendo. Es evidente que ninguna manera los gobiernos del mundo están dispuestos a frenar ese poder corporativo e impulsar esto que las organizaciones campesinas están haciendo en la práctica en distintas partes del planeta.

Hqn: En tu opinión de qué depende que podamos revertir el rumbo de abismo que representa el aumento de la temperatura global.

CV: Vamos a estar en la Cumbre de los Pueblos en Chile diciendo que juntas y juntos podemos enfriar el planeta. En la COP25 en Madrid (ya que Piñera desistió de hacerla en Chile frente a las movilizaciones) no hay ninguna posibilidad de avanzar. De ninguna manera los gobiernos están a la altura de tomar las decisiones que hacen falta para enfrentar realmente la crisis climática.

No hay duda que en los próximos 10 años esto se va a agudizar y muy probablemente sea esta agudización de la crisis la que lleve a profundizar las movilizaciones de los pueblos y continúen haciendo escuchar sus voces reclamando dar los pasos que hacen falta para revertir el desastre… el desastre que estamos viviendo. Pero probablemente (y lamentablemente) esto va a ocurrir cuando se agudice la crisis.

Esto va a traer mucho sufrimiento, muchos problemas para los sectores más vulnerables, los pueblos originarios, las comunidades campesinas, a los pobladores rurales de distintas partes del planeta. Y esto es imperdonable. Esto es un crimen, un crimen climático el que están cometiendo. Los informes de estos mismos días de las Naciones Unidas le dicen a la COP25 que no son suficientes las decisiones que se tomaron en el marco del Acuerdo de París, que no sirven, porque el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero son mucho mayores a lo esperado y cada año se va confirmando que la crisis va a ser mayor, por lo tanto estoy convencido que lo que nos espera de la cumbre de Madrid es más show, poco compromiso, mayor presencia corporativa, y que está claramente en manos de los pueblos en la calle donde van a estar las respuestas y las posibles transformaciones a futuro.

Movilización por la Crisis Climática – BsAs, septiembre de 2019

Hqn: Desde GRAIN acaban de publicar un informe importante sobre los efectos del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea en términos de crisis climática.

CV: La Unión Europea que aparece en el mundo como el gran abanderado de la lucha contra la crisis climática, que plantea los compromisos más firmes, etc… es quién firmó con el Mercosur un tratado de libre comercio. En las últimas investigaciones que estamos difundiendo esta semana, donde hemos hecho una auditoría climática del acuerdo Mercosur-UE con la información que ellos mismos difunden, hemos descubierto que para 8 productos para los que se va a liberalizar el comercio (algunos de exportación del Mercosur a la UE y otros de la UE para el Mercosur) las emisiones van crecer un tercio. Un 34%. Esto demuestra claramente qué poco le importa a la UE el cuidado del clima.

Con este acuerdo se va a profundizar la deforestación en la Amazonía y va a avanzar la frontera agrícola. Se estima que va a aumentar un 50% la de carne vacuna de exportación. Más producción industrial de carne con sus emisiones de gases y más plantaciones de soja y maíz transgénico para alimentar al ganado. Es claro entonces que todo eso de “la presión de la UE sobre Bolsonaro para que Brasil se mantenga en el Acuerdo de París” bueno, es simplemente un show. En la práctica lo que va a ocurrir es que de concretarse la aprobación del acuerdo Mercosur-UE por los parlamentos, la emisión de gases de efecto invernadero va a aumentar significativamente.

Y vinculado al tema de la ganadería reforzar que la ganadería industrial, no el consumo de carne por la gente, es decir, este modelo de producción de carne industrializada, ya sea en feed lot o deforestando grandes extensiones también va a tener un fuerte impacto a nivel global. Nosotros hemos comprobado que todos los grandes frigoríficos juntos producen más gases de efecto invernadero que lo que producen las grandes compañías petroleras. Entonces tenemos que poner la mira ahí. Y como digo, no se trata de no consumir carne sino de volver a lo que fue históricamente la producción de carne para la alimentación de los pueblos por los campesinos y campesinas; en la cual la producción de carne siempre estuvo integrada a la producción agrícola aportando abonos a los suelos y otros bienes para las familias. Hay un problema con la carne industrializada, sea de cerdo, gallinas o vacas, que también el último informe del IPCC diagnostica como un problema grave como venimos denunciando.

Buenos Aires, diciembre de 2019

Entrevista a Enrique Viale realizada por el Colectivo de Comunicaciónde cara a la realización de la 25 Conferencia de las Partes del Convenio de Cambio Climático.

¿Cómo enfrentamos el cambio climático? Con sólo pensarlo nos vienen imágenes de grandes nubes, corrientes marinas, inundaciones, huracanes y sequías frente a los cuales lo que podamos hacer parece nulo. Frente a ellos no hay cartelitos con frases piolas, ni marchas que sirvan. El poder responsable de esta crisis también se ha encargado de eso: de ponernos la cancha lejos…

En Madrid empieza la 25° Conferencia de las Partes o COP25 que es el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En ella, los gobiernos debaten y se plantean medidas para mitigar los efectos de la crisis climática derivados de la acción humana… y hasta ahora han fracasado rotundamente.

Mientras las emisiones de gases de efecto invernadero no han parado de crecer, las lógicas que sustentan los modelos de “desarrollo económico” responsables de esta crisis gozan de buena salud. Aún más, las “soluciones” que se plantean “por arriba” parten de las mismas lógicas que nos llevan al abismo. Si “cada crisis es una oportunidad” el capital ha sabido aprovechar cada una, y en este caso no es distinto: geoingeniería, bonos de carbono, etc. Los nuevos negocios del capital con la crisis climática que generó.

Pero por abajo los pueblos no sólo somos los que sufrimos con más crudeza los efectos del cambio climático, sino que hemos ido instalando el debate sobre sus verdaderas causas y construimos alternativas que abren horizontes nuevos para todos y todas.

Aprovechando el inicio de la COP25 conversamos con compañeros y compañeras sobre distintos aspectos de un problema complejo, pero con causas y soluciones mucho más cerca de lo que parece.

#COP25Conversamos con Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

Mientras las evidencias del cambio climático son cada vez más contundentes y se reconocen niveles de emisiones que lejos de disminuir aumentan…

Huerquen: En pocos días arranca COP25 y la Contracumbre de los pueblos. Brevemente contanos ¿qué es COP25 y qué escenario se plantea?

Enrique Viale: Está por arrancar la COP25 que como se sabe, originariamente era en Chile, en el sur global, y por el estallido social en ese país fue trasladada a Madrid. Esto es muy preocupante y enmarca un poco también la tendencia de que el norte global termina monopolizando todos estos debates. Había mucha expectativa de que se iba a realizar en el sur, con una gran participación de organizaciones sociales y de la sociedad civil; incluso con la llegada de Greta Thumberg que generaba mucha expectativa. Así que por ese lado hay una decepción muy grande pero a la vez muchos y muchas hemos decidido mantener las actividades que se iban a realizar paralelamente a la cumbre del cambio climático. Es decir que vamos a estar en Santiago y, en los mismos días en que se iba a realizar la cumbre, vamos a hacer la cumbre de los pueblos como una convención paralela de la sociedad civil.

Hqn: ¿Por qué hay una contra cumbre de los pueblos? Y ¿qué se espera que suceda allí?

EV: En la contra cumbre vamos a desarrollar los temas que la mayoría de las veces no se tratan en la cumbre oficial. Era interesante que sea en el mismo espacio físico o ciudad y al mismo tiempo. Sin embargo vamos a continuar con eso, que es claramente debatir los modelos de desarrollo. No sólo debatir cómo bajar emisiones, como se plantea en las cumbres oficiales muchas veces con discursos vacíos, sino discutir realmente qué es lo que pasa en los territorios. Por eso era tan importante que se haga en el cono sur donde el extractivismo está generando grandes vulneraciones de derechos de la naturaleza y obviamente también derechos humanos con centenares de muertes anuales de líderes y lideresas protectoras de la naturaleza y sociales. Todos esos debates se van a mantener. Nosotros vamos a participar de varios de ellos y esperemos que pueda ser una caja de resonancia sobre todo esto.

Hqn: En Argentina se acaba de aprobar la llamada “Ley de Cambio Climático”. Contanos en qué consiste la norma y cómo fue la génesis de su redacción y aprobación.

EV: La Ley de Cambio Climático es una ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático, es un marco normativo básico en el contexto de las leyes de presupuestos mínimos que no es para nada menor, porque su existencia es a partir de la reforma de la constitución y hay pocas leyes de presupuestos mínimos. Es un marco básico para enfrentar a confrontar y enfrentar tanto las consecuencias como las causas del cambio climático en la Argentina. Como en toda ley de presupuestos mínimos no sólo obliga al Estado Nacional sino también a las provincias. Esto es muy importante porque hay muchas provincias que no tienen dentro de su políticas públicas ningún tipo de iniciativa relacionadas con este flagelo que es uno de los mayores desafíos de la humanidad. La ley es muy interesante en muchos aspectos, que quizá no han trascendido tanto; tiene el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas expresamente expuesto en el texto. Es decir que somos todos responsables del cambio climático
pero hay algunos que son más responsables de él. Y esto no sólo a nivel internacional, o sea norte y sur; los países del norte han contribuido de manera desproporcionada a generar las causas del cambio climático sino, también dentro del país: No es lo mismo una minera que consume la energía de una provincia entera como La Alumbrera que cualquier habitante de Catamarca donde está ubicada por ejemplo.

La ley tiene también otras cuestiones como el principio de prioridad de atender a los sectores más vulnerables con las políticas públicas de cambio climático. Sobre ellos se acentúan sus efectos; impactan con más fuerza lesionando derechos. Los sectores sociales más vulnerables de la sociedad sufren desproporcionadamente sus efectos.

Esta ley se trabajó muchos años. Fueron 5 años trabajando para lograr los consensos, con modificaciones etc, y por eso ha salido por unanimidad. En julio en el senado y ahora en diputados, sin votos en contra también. Es decir que ha tenido los consensos necesarios para que se convierta en una política de Estado y resulta fundamental también ante la posibilidad de que tengamos un futuro Bolsonaro o Trump, que son negacionistas del cambio climático, y en este caso hay una ley que obliga a tener políticas públicas sobre esto y no pueden ser desconocido por ningún funcionario.

Hqn: Alrededor de las leyes y su aplicación, y salvando distancias con antecedentes como bosques, glaciares, agricultura familiar o todo lo referente a los derechos de los pueblos originarios ¿estamos frente a una “declaración de buenas intenciones” o una herramienta concreta?

EV: Claramente yo soy de la teoría de que las leyes no son sólo “buenas intenciones”, y mucho menos la ley de glaciares o la de bosques, junto a esta ley de cambio climático. Siendo abogado siento que me da herramientas concretas para exigir políticas públicas o confrontar. Si bien en muchos casos no hemos logrado su plena aplicación, por ejemplo en glaciares o bosques (esta ley es nueva), pero no olvidemos que gracias a la Ley de Glaciares hay 44 proyectos mineros que no están avanzando. Esto es concreto y por eso tienen permanentemente una espada de Damocles sobre ella para modificarla y que puedan avanzar. Lo mismo la Ley de Bosques, si bien no logramos su plena aplicación sí ha otorgado herramientas concretas para enfrentar desmontes que antes estaban absolutamente legalizados, y más aún por las provincias no? Obviamente que las leyes no son la solución a todo, lo sabemos muy bien; en Argentina sobre todo en las luchas antiextractivistas hay una relación de ida y vuelta con la legislación. Por ejemplo provincias tienen prohibida la minería con sustancias tóxicas, y eso fue algo logrado a partir de movimientos ciudadanos. Es decir que esto se gana en las calles; en las calles confrontando, en las calles generando debates en la opinión pública no? Ese es el gran desafío del momento; las leyes no son la solución a todo pero sí son una herramienta para la lucha.

Hqn: En tu opinión ¿de qué depende que podamos revertir el rumbo de abismo que representa el aumento de la temperatura global?

EV: Cualquier discusión sobre el cambio climático, sus causas y consecuencias, sin abordar los modelos de maldesarrollo imperantes serán sólo habladurías. Nosotros creemos que es fundamental discutir a nivel nacional, regional y mundial los modelos de producción que existen y se imponen. La división internacional del trabajo, con América Latina como exportadora de naturaleza como si fuese un destino. Qué pasa con las economías regionales; qué pasa con el agronegocio que en nuestro caso ocupa 23 millones de hectáreas sólo de soja transgénica; el modelo de fracking en la Patagonia con Vaca Muerta; el modelo de megaminería en la cordillera. Si no discutimos eso serán sólo parches superficiales y me parece que por ahí pasan las discusiones del momento. La discusión sobre el cambio climático tiene que ir por ese lado.

Buenos Aires, noviembre de 2019